Modelo 750. Nueva declaración tributaria especial. Condiciones y procedimiento de la amnistía fiscal.

La disposición adicional primera del Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, establece para los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades o Impuesto sobre la Renta de no Residentes que sean titulares de bienes o derechos que no se corresponden con las rentas declaradas en dichos impuestos, la posibilidad de presentar una declaración tributaria especial con el objeto de regularizar su situación tributaria, siempre que hubieran sido titulares de tales bienes o derechos con anterioridad a la finalización del último período impositivo cuyo plazo de declaración hubiera finalizado antes del 31 de marzo de 2012, fecha de entrada en vigor de la citada disposición adicional. Pues bien, la Orden HAP/1182/2012, de 31 de mayo desarrolla dicha disposición, aprobando el modelo 750, declaración tributaria especial, y regulando las condiciones generales y procedimiento para la presentación de la misma.

Declarantes y bienes o derechos objeto de declaración.

Podrán presentar la declaración tributaria especial los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que sean titulares de cualquier bien o derecho cuya titularidad se corresponda con rentas no declaradas en los citados impuestos.

Por lo tanto, tendrán la consideración de titulares quienes ostenten la titularidad jurídica de los bienes o derechos. No obstante, cuando el titular jurídico del bien o derecho objeto de la declaración tributaria especial no resida en territorio español y no coincida con el titular real, se podrá considerar titular a este último siempre que llegue a ostentar la titularidad jurídica de los bienes o derechos con anterioridad al 31 de diciembre de 2013.

Como en otras parcelas de la legislación tributaria, no se permite la presentación de la declaración tributaria especial cuando previamente se haya iniciado un procedimiento de comprobación o investigación respecto del titular real o jurídico de los bienes o derechos que se correspondan con las rentas no declaradas.

Se exige que la titularidad de los bienes o derechos objeto de declaración deberán de haberse adquirido por el declarante en una fecha anterior al 31 de diciembre de 2010, salvo que el período impositivo del declarante no coincida con el año natural, en cuyo caso la titularidad deberá haberse adquirido con anterioridad a la finalización del último período impositivo cuyo plazo de declaración hubiera finalizado antes del 31 de marzo de 2012. Podrá acreditarse la titularidad de dichos bienes o derechos por cualquier medio de prueba admisible en Derecho.

Sin embargo, se produce una excepción para el caso de que el bien se trate de dinero en efectivo, puesto que para acreditar su titularidad será suficiente la manifestación, a través del modelo de declaración, de ser titular de dicho bien con anterioridad al 31 de diciembre de 2010, o a la fecha de finalización del período impositivo referido anteriormente, siempre que con carácter previo a la presentación de la declaración tributaria especial se hubiera depositado en una cuenta cuya titularidad jurídica corresponda al declarante.   

Importe a declarar y cuantía a ingresar.

Los bienes o derechos que se incluyan en la declaración especial deberán declararse por su valor de adquisición, y aquellos cuya titularidad se corresponda parcialmente con rentas declaradas, se declararán por la parte del valor de adquisición que corresponda con rentas no declaradas.

En el caso de cantidades depositadas en cuentas abiertas en entidades que se dediquen al tráfico bancario o crediticio se declararán por el importe total del saldo a 31 de diciembre de 2010, aunque podrá declararse el importe total del saldo de una fecha anterior cuando sea superior al existente al 31 de diciembre de 2010, siempre que la diferencia entre ambos importes no se hubiera destinado a la adquisición de otro bien o derecho objeto de declaración.

Y por último, las cantidades de dinero en efectivo se valorarán por el importe que se deposite en una entidad de crédito.

La cuantía a ingresar mediante la declaración especial será del 10 por ciento del importe que resulte de la valoración de los bienes consignados en la misma, no exigiéndose sanciones, intereses ni recargos sobre el resultado de dicha declaración.

Si tenemos en consideración que los tipos impositivos más habituales en el Impuesto sobre Sociedades son del 20, 25 ó 30 por ciento, y que las rentas más altas estarán tributando a un 45 por ciento aproximadamente por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se puede llegar a la conclusión de que las rentas no declaradas de manera fraudulenta van a tributar a un tipo impositivo muy por debajo por el que deberían de haber tributado, produciéndose un agravio importante para aquellos contribuyentes que han declarado todas las rentas que han obtenido según lo legalmente establecido a tal efecto.

Efectos y carácter reservado de la declaración tributaria especial.

Se entenderán regularizadas respecto del I.R.P.F., del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, las rentas no declaradas que no excedan del importe declarado y que correspondan a la adquisición de los bienes o derecho objeto de la declaración especial, considerándose el importe declarado como renta declarada a los efectos previstos en el artículo 39 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no residentes y sobre el Patrimonio, y en el artículo 134 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

Además, los datos relativos a la declaración tributaria especial obtenidos por la Administración tributaria tienen carácter reservado conforme a lo establecido en el artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.

Estableciéndose estas cuestiones, se pretende dar cierta seguridad a los contribuyentes que presenten estas declaraciones especiales, intentado asegurarles que no existirá ningún tipo de acción contra ellos por la presentación de la citada declaración. Sin embargo, el hecho es que la información reflejada en esas declaraciones y la identidad de los declarantes estarán en poder de la Administración Tributaria, y eso es suficiente para no confiar en una inmunidad plena y total, no ya por  las operaciones que hayan generado las rentas no declaradas sino por las consecuencias que se puedan derivar de situaciones futuras.

Condiciones generales y plazo para la presentación de la declaración especial.

La declaración especial sólo podrá presentarse por vía telemática, y dicha presentación deberá coincidir con el ingreso del resultado de la misma. No obstante, en el caso de que existan dificultades técnicas que impidan efectuar la transmisión telemática de la declaración en la misma fecha del ingreso, podrá realizarse dicha transmisión telemática hasta el segundo día hábil siguiente al del ingreso.

El plazo de presentación e ingreso de la declaración tributaria especial, tanto de la declaración inicial como, en su caso, de las complementarias que pudieran efectuarse, finalizará el 30 de noviembre de 2012. 

Autor: Oscar Ordúñez Estévez. Economista. Dpto. Fiscal. 

La jubilación parcial: características principales y estudio comparativo entre la normativa vigente y el régimen que entrará en vigor en 2013.

El siguiente artículo trata de delimitar el régimen de esta figura jurídica -la jubilación parcial- haciendo una comparativa de su régimen actual con el que entrará en vigor el 1 de enero de 2013, que, como veremos, en algunos aspectos ya está en vigor, puesto que algunos aspectos vienen aplicándose de facto a los contratos de jubilación parcial realizados desde el 2 de agosto de 2011, fecha de publicación en el BOE de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, aunque las consecuencias se producirán desde el 1 de enero de 2013.

Como los lectores podrán apreciar, esta figura jurídica de la jubilación parcial ha pasado de ser el “instrumento estrella” de los sucesivos gobiernos para promocionar el relevo generacional sin provocar perjuicios para el jubilado parcial, en los tiempos de bonanza económica en que las arcas de la Seguridad Social estaban llenas, a convertirse en un problema en estos momentos de crisis económica, en que se ha tomado conciencia de la falta de recursos del Sistema de Seguridad Social para hacer frente al pago de pensiones de todo tipo, motivo éste por el que desde 2013 se han aumentado las cargas sociales para la empresa con jubilado parcial como medio evidente para disuadir a las empresas del uso de esta modalidad contractual en el futuro o, al menos, intentar que asuman un mayor coste de la Seguridad Social que supone la realización de este contrato.

En primer lugar, para situarnos, podemos definir la jubilación parcial como aquella por la que un trabajador con una edad mínima fijada legalmente reduce la jornada que viene realizando en su empresa, en los límites establecidos, de forma que pasa a realizar una jornada a tiempo parcial en su empresa, cobrando su salario en proporción a dicho porcentaje de jornada, encontrándose en situación de jubilación y, por tanto, cobrando el resto de porcentaje de la jornada que reduce como pensión de jubilación deberá en algunos casos de ir acompaña de un contrato de relevo en la empresa, con otro trabajador, como más adelante se dirá.

Una vez expuestos los términos genéricos procederemos a continuación a detallar los diferentes aspectos de la jubilación parcial:

1.- Beneficiarios / Requisitos / Modalidades: Podrán ser beneficiarios de la jubilación parcial los trabajadores por cuenta ajena, integrados en cualquier Régimen de la Seguridad Social, que tengan 60 años cumplidos y reúnan las demás condiciones exigidas para tener derecho a la pensión de jubilación contributiva de la Seguridad Social. En ese caso, dichos trabajadores podrán acceder a la jubilación parcial en los siguientes términos:

A) Jubilación parcial con 65 años (o cumplida la edad ordinaria de jubilación del trabajador que proceda a partir de 1 de enero de 2013): En este caso, la edad mínima exigida será de 65 años reales (sin aplicación de coeficiente reductores de la edad de jubilación). Evidentemente, dado que a partir de 1 de enero de 2013 la edad de jubilación ordinaria se irá aumentando progresivamente hasta 2027 para el paso de la jubilación de los 65 a 67 años, la edad mínima a partir de 1 de enero de 2013 para acceder a esta jubilación parcial será la edad en la que el trabajador pueda acceder a la pensión ordinaria de jubilación (que podrá ser 65 años, 65 años y 2 meses, 67 años

o la que proceda en cada caso).

Estos trabajadores que accedan a esta modalidad de jubilación parcial pueden estar contratados a jornada completa o parcial y la reducción de su jornada de trabajo en virtud de este tipo de jubilación deberá estar comprendida entre un mínimo de un 25% y un máximo del 75% de la jornada.

El período mínimo de cotización exigido sería de 15 años, de los cuales 2 deberán estar incluidos dentro de los 15 años anteriores al hecho causante, sin que se exija una antigüedad mínima en la empresa.

Así mismo, para este tipo de jubilación, dado que se accede a la edad ordinaria de jubilación del trabajador, no se exige que la empresa formalice un contrato de relevo con otro trabajador que sustituya al jubilado parcial, aunque podrá realizarse si la empresa lo desea.

B) Jubilación parcial de menores de 65 años:

En primer lugar, hay que tener en cuenta que esta modalidad actualmente prevista para menores de 65 años, a partir de 1 de enero de 2013 (momento en que irá aumentando progresivamente la edad de jubilación) irá referida a cualquier jubilación parcial realizada con anterioridad a la edad ordinaria de jubilación que corresponda al trabajador.

En esta modalidad, el que va a ser jubilado parcial deberá estar contratado a jornada completa, si bien se asimilan los contratados a tiempo parcial cuyas jornadas, en conjunto, equivalgan en días teóricos a los de un trabajador a tiempo completo comparable, siempre que se reúnan en los distintos empleos los requisitos de antigüedad, reducción de jornada y contratación del relevista.

Esta modalidad exige que se celebre simultáneamente un contrato de relevo con un trabajador que sustituya al jubilado parcial, en los términos que desarrollamos en los siguientes apartados.

La edad mínima para acceder a esta jubilación podrá ser cualquiera de las siguientes (sin aplicación de las reducciones de edad de jubilación):

-Si tienen la condición de "mutualistas", 60 años de edad real. 

-Si no tienen la condición de mutualistas, 61 años de edad real. Hasta 31-12-2012, los trabajadores afectados por compromisos adoptados en expedientes de regulación de empleo o por medio de convenios y acuerdos colectivos de empresa, aprobados o suscritos antes de 25-05-2010, podrán acceder a las siguientes edades:

*

 60 años, si el contrato de relevo es a jornada completa y por tiempo indefinido.

 *

 60 años y 6 meses en el resto de los casos.

El período mínimo de cotización para acceder a este tipo de jubilación será de 30 años de cotizaciones efectivas (sin que pueda tenerse en cuenta la parte proporcional de pagas extras) y el trabajador debe tener una antigüedad en la empresa de, al menos, 6 años, inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial.

La reducción de jornada estará comprendida entre un mínimo del 25% y un máximo del 75%, pudiendo alcanzar el 85% si el contrato de relevo es a jornada completa y por tiempo indefinido.

2.-Contrato a tiempo parcial del trabajador que se jubila: Como consecuencia de la jubilación parcial, empresa y trabajador deben formalizar un nuevo contrato a tiempo parcial, por escrito y en el modo oficial establecido, en el que, aparte de los datos propios del contrato, ha de figurar la jornada que el trabajador realizaba antes de la jubilación parcial y la que resulte como consecuencia de la reducción de jornada.

3.-Contrato de relevo: Como se ha expuesto, en las jubilaciones parciales de trabajadores antes de su edad ordinaria de jubilación (actualmente 65 años), la empresa vendrá obligada a contratar un nuevo trabajador en puesto del jubilado parcial mediante el denominado contrato de relevo, siendo opcional para la empresa en el caso de que el jubilado parcial ya haya alcanzado su edad ordinaria de jubilación.

El referido contrato de relevo se formalizará por escrito en el modelo oficial y en él deberá constar necesariamente el nombre, edad y circunstancias profesionales del trabajador sustituido, así como las características del puesto de trabajo que vaya a desempeñar el relevista.

Dicho contrato podrá celebrarse a jornada completa o a tiempo parcial. En todo caso, la duración de la jornada deberá ser, como mínimo, igual a la reducción de jornada acordada por el trabajador sustituido. El horario de trabajo del trabajador relevista podrá completar el del trabajador sustituido o simultanearse con él.

Así mismo, el contrato deberá celebrarse obligatoriamente con un trabajador en situación de desempleo o bien con un trabajador que ya estuviese trabajando en la empresa mediante un contrato de duración determinada.

Por lo que se refiere al puesto de trabajo del trabajador relevista, podrá ser el mismo del trabajador sustituido o uno similar, entendiendo por tal el desempeño de tareas correspondientes al mismo grupo profesional o categoría equivalente. Sin embargo, en los supuestos en que debido a los requerimientos específicos del trabajo realizado por el jubilado parcial, el puesto de trabajo de éste no pueda ser el mismo o uno similar que el que vaya a desarrollar el trabajador relevista, deberá existir una correspondencia entre las bases de cotización de ambos, de modo que la correspondiente al trabajador relevista no podría ser inferior al 65 % de la base por la que venía cotizando el trabajador que acceda a la jubilación parcial.

Respecto a este requisito, hay que tener en cuenta que la regulación que entrará en vigor el 1 de enero de 2013 (aunque hay un dilema interpretativo, en virtud del cual podría entenderse que la nueva regulación en este ámbito está en vigor para todos los contratos de jubilación parcial celebrados a partir del 2 de agosto de 2011) lo modifica en parte señalando que deberá existir una correspondencia entre las bases de cotización del trabajador relevista y del jubilado parcial, de modo que la correspondiente al trabajador relevista no podrá ser inferior al 65 por 100 del promedio de las bases de cotización correspondientes a los seis últimos meses del período de base reguladora de la pensión de jubilación parcial. Se trata con ello de evitar un fraude bastante evidente como sería, para conseguir la correspondencia del 65 por 100, bajar la base de cotización del jubilado parcial en el mes anterior a su jubilación  durante dicho período. Del mismo modo, la nueva reforma elimina las referencias a que se trate de un puesto de la misma categoría, señalando únicamente que el puesto de trabajo del trabajador relevista podrá ser el mismo que el del trabajador sustituido.

Por lo que se refiere a la duración del contrato, tendrá una duración indefinida o al menos igual a la del tiempo que falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad de jubilación ordinaria (actualmente 65 años, pero que irá aumentando a partir de 1 de enero de 2013). Si al cumplir dicha edad, el trabajador jubilado parcialmente continuase en la empresa, el contrato de relevo que se hubiera celebrado por duración determinada podrá prorrogarse mediante acuerdo de las partes por períodos anuales, extinguiéndose, en todo caso, al finalizar el período correspondiente al año en el que se produzca la jubilación total del trabajador relevado. 

En el caso del trabajador jubilado parcialmente después de haber alcanzado la edad de jubilación, la duración del contrato de relevo que podrá celebrar la empresa para sustituir la parte de jornada dejada vacante por el mismo podrá ser indefinida o anual. En este segundo caso,  el contrato se prorrogará automáticamente por períodos anuales, extinguiéndose en la forma señalada en el párrafo anterior.

4.-Cuantía de la jubilación parcial: La cuantía de la pensión es el resultado de aplicar el porcentaje de reducción de jornada al importe de la pensión que le correspondería al jubilado parcial, de acuerdo con los años de cotización que acredite el trabajador en la fecha del hecho causante, calculada de conformidad con las normas generales del Régimen de la Seguridad Social de que se trate, pero sin la aplicación del coeficiente adicional del 2%.

El importe de la pensión así calculada no podrá ser inferior, en ningún caso, a la cuantía que resulte de aplicar ese mismo porcentaje al importe de la pensión mínima vigente en cada momento para los jubilados mayores de 65 años, de acuerdo con las circunstancias familiares del jubilado.

A efectos de determinar el porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión de jubilación parcial, cuando se acceda a la misma antes del cumplimiento de los 65 años, no se aplicarán coeficientes reductores en función de la edad.

En los casos en que se solicite por el jubilado parcial el incremento del porcentaje de reducción de jornada, con la conformidad del empresario y la misma resulte procedente, se modificará la cuantía de la pensión, aplicando a la reconocida inicialmente el porcentaje que corresponda en función de la nueva reducción de jornada. La nueva pensión será objeto de actualización con las revalorizaciones que hayan tenido lugar desde la fecha de efectos de la pensión inicial de jubilación parcial hasta la de efectos del nuevo importe de pensión.

Para poder ampliarse la cuantía de la pensión en los términos indicados, en los casos en que, para el percibo de la pensión de jubilación parcial, resulte necesario el mantenimiento de un contrato de relevo, la empresa deberá ofrecer al trabajador relevista la ampliación de su jornada de trabajo, en proporción a la reducción de la del jubilado parcial. Si la jornada de trabajo del relevista fuese superior a la jornada dejada vacante, la ampliación tendrá como límite la jornada a tiempo completo establecida en el convenio colectivo aplicable o, en su defecto, la jornada ordinaria máxima legal.

Si el relevista no acepta la ampliación de su jornada, la empresa deberá contratar, por la jornada reducida por el jubilado parcial, a otro trabajador en situación de desempleo

o que tenga concertado con la empresa un contrato de duración determinada, es decir, a otro trabajador relevista.

5.-Hecho causante de la jubilación parcial: El hecho causante se producirá el día del cese en la jornada del trabajo que se viniese realizando con anterioridad, siempre que, en dicha fecha, se haya suscrito el contrato a tiempo parcial y, en caso de ser necesario, el contrato de relevo.

6.-Efectos económicos de la jubilación parcial: Se producirán el día siguiente al del hecho causante, siempre que en dicha fecha haya entrado en vigor el correspondiente contrato a tiempo parcial y, en caso de ser necesario, el de relevo,  si la solicitud se presenta dentro de los 3 meses anteriores o posteriores al cese en el trabajo que venía realizándose y que es objeto de la correspondiente reducción de jornada. 

En los casos en que se solicite un incremento de la reducción de jornada, los efectos del nuevo importe de pensión se producirán en la misma fecha en que se inicie la realización de la nueva jornada de trabajo por el jubilado parcial y, en su caso, por el relevista.

Si la solicitud se presenta transcurridos más de 3 meses desde el cese en el trabajo que venía realizándose y que es objeto de la correspondiente reducción de jornada o desde la fecha en que surta efectos la nueva reducción de jornada, los efectos tendrán una retroactividad máxima de 3 meses contados desde la fecha de presentación de solicitud.

7.-Efectos para el jubilado parcial:

-El jubilado parcial tendrá la condición de pensionista a efectos del reconocimiento y percepción de prestaciones sanitarias, tanto médicas como farmacéuticas, así como de las prestaciones de servicios sociales.

-El trabajador acogido a la jubilación parcial podrá solicitar la pensión de jubilación ordinaria o anticipada en cualquiera de las modalidades legalmente previstas y de acuerdo con las normas del Régimen de Seguridad Social de que se trate.

Para determinar el porcentaje aplicable a la base reguladora, se tomará, como período cotizado a tiempo completo, el período cotizado que medie entre la jubilación parcial y la jubilación ordinaria o anticipada, siempre que, en ese período, se hubiese simultaneado la jubilación parcial con un contrato de relevo.

8.-Compatibilidades de la jubilación parcial: La pensión de jubilación parcial será compatible con:

-El trabajo a tiempo parcial en la empresa y, en su caso, con otros trabajos a tiempo parcial anteriores a la situación de jubilación parcial, siempre que no se aumente la duración de su jornada. En caso de aumentarse la jornada, la pensión de jubilación parcial se suspende.

-Los trabajos a tiempo parcial concertados con posterioridad a la situación de jubilación parcial, cuando se haya cesado en los trabajos que se venían desempeñando con anterioridad en otras empresas, siempre que no se aumente la duración de la jornada realizada hasta entonces. En caso de aumentarse la jornada, la pensión de jubilación parcial se suspende.

-Con la pensión de viudedad, la prestación de desempleo y con otras prestaciones sustitutorias de las retribuciones que correspondieran a los trabajos a tiempo parcial concertados con anterioridad a la situación de jubilación parcial, en los términos indicados en el párrafo anterior, a excepción de lo indicado en el apartado siguiente.

9.-Incompatibilidades de la jubilación parcial: La pensión de jubilación parcial será incompatible con:

-Las pensiones de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez.

-La pensión de incapacidad permanente total para el trabajo que se preste en virtud del contrato que dio lugar a la jubilación parcial.

-La pensión de jubilación que pudiera corresponder por otra actividad distinta a la realizada en el contrato a tiempo parcial.

10.-Extinción de la jubilación parcial: La pensión de jubilación parcial se extingue por:

-Fallecimiento del pensionista.

-Reconocimiento de la jubilación ordinaria o anticipada en virtud de cualquiera de las modalidades legalmente previstas.

-Reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente declarada incompatible.

-La extinción del contrato de trabajo a tiempo parcial, realizado por el jubilado parcial, salvo cuando se tenga derecho a prestación de desempleo, compatible con la jubilación parcial, o a otras prestaciones sustitutorias de las retribuciones percibidas en aquél, en cuyo caso, la extinción de la jubilación parcial  se producirá en la fecha de la extinción de las mismas.

Lo previsto en párrafo anterior no será de aplicación a las extinciones del contrato de trabajo declaradas improcedentes, en cuyo caso, se mantendrá el derecho a la jubilación parcial, sin perjuicio de las obligaciones legalmente establecidas para la empresa, que detallamos en el apartado siguiente.

11.-Obligaciones de la empresa en relación con el jubilado parcial y con el trabajador relevista:

Si durante la vigencia del contrato de relevo, antes de que el trabajador sustituido alcance la edad que le permite acceder a la jubilación ordinaria o anticipada, se produjera el cese del trabajador relevista, el empresario:

*Deberá sustituirlo por otro trabajador desempleado o que tuviese concertado con la empresa un contrato de duración determinada.

*Concertará con dicho trabajador un nuevo contrato de relevo en el plazo de 15 días naturales siguientes a aquél en que se haya producido el cese.

*La jornada pactada en el nuevo contrato será, como mínimo, igual a la que realizaba el trabajador en el momento de la extinción de su contrato.

Si el trabajador jubilado parcialmente fuera despedido improcedentemente antes de cumplir la edad que le permita acceder a la jubilación ordinaria o anticipada y no se procediera a su readmisión, la empresa:

*Ofrecerá al trabajador relevista la ampliación de su jornada de trabajo. Si la jornada de trabajo del relevista fuera superior a la jornada dejada vacante, la ampliación tendrá como límite la jornada a tiempo completo establecida en el convenio colectivo de aplicación o, en su defecto, la jornada ordinaria máxima legal.

*Si la ampliación de jornada no fuera aceptada, deberá contratar a otro trabajador desempleado o que tuviese concertado con la empresa un contrato de duración determinada. La nueva contratación deberá hacerse en la modalidad de contrato de relevo en el plazo de 15 días naturales siguientes a aquél en que se haya producido la decisión de no readmisión tras la declaración de improcedencia del despido.

*La jornada pactada será, como mínimo, igual a la que realizaba el trabajador en el momento de la extinción de su contrato.

En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en los párrafos anteriores, el empresario deberá abonar a la Entidad gestora correspondiente el importe de la prestación de jubilación parcial devengado desde el momento de la extinción del contrato hasta que el jubilado parcial acceda a la jubilación ordinaria o anticipada.

12.-Cotizaciones del jubilado parcial y del trabajador relevista: Hemos querido dejar este punto para el final por ser el verdadero caballo de batalla de la nueva regulación establecida por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. 

Hasta dicha norma la cotización del jubilado parcial la asumía la empresa por el porcentaje de jornada que trabajase el jubilado parcial, asumiendo la cotización restante la Seguridad Social, y evidentemente, respecto al relevista la empresa cotizaba por la jornada que realizase. De este modo, en un ejemplo clásico en el que el jubilado parcial reduce su jornada un 75% y se contrata a un trabajador relevista para cubrir ese 75%, la empresa pagaba la cotización por el 75% que trabajaba el relevista (la jornada para la que está contratado) y, respecto al jubilado parcial, cotizaba el 25%, coincidente con la jornada que seguía realizando para la empresa, en tanto que el 75% restante de la cotización a cargo de la empresa lo asumía la Seguridad Social.

Pues bien, con la ya referida Ley 27/2011, se introduce un apartado absolutamente sorprendente, en virtud del cual durante el período que dure la jubilación parcial, empresa y trabajador cotizarán por la base de cotización que, en su caso, hubiere correspondido de seguir trabajando éste a jornada completa. Es decir, el trabajador se jubila parcialmente y la empresa sigue pagando el 100% de su cotización, además de la que corresponde por el trabajador relevista que contrata para sustituirle. En el  ejemplo anterior, la empresa abonaría el 100% de la cotización del jubilado parcial (aunque sólo realiza para la empresa el 25% de la jornada) y la cotización del relevista por el 75% de la jornada que trabaja.

Como es lógico, esta medida pensada para ahorrar costes a la Seguridad Social, conllevaría que con efectos inmediatos ninguna empresa accediese a realizar jubilaciones parciales. Por ello, la propia norma establece un período transitorio en el que lo que va cotizando la empresa por el jubilado parcial va aumentando progresivamente año a año, hasta llegar al 100% de la base que tiene que asumir la empresa, como hemos señalado en el párrafo anterior. Así, durante el año 2013, la base de cotización que asume la empresa del jubilado parcial será equivalente al 30% de la base que hubiera correspondido al trabajador a jornada completa, y por cada año transcurrido a partir del año 2014 se incrementará en un 5% más hasta alcanzar el 100% de la base de cotización que le hubiera correspondido a jornada completa, lo que se producirá en el año 2027. Conclusión: En el 2027 ya no habrá jubilaciones parciales, aunque muy probablemente desaparezcan antes, ya que evidentemente no sólo dentro de unos años no van a aportar ningún aliciente a las empresas sino que les va a suponer aumentar sus costes. Por seguir con el ejemplo anterior, pongamos por caso que el contrato de jubilación parcial se formaliza en 2013 y el jubilado parcial accede a su jubilación ordinaria en 2017. En este caso los porcentajes de cotización que asumiría la empresa por el jubilado parcial sobre la jornada completa que hubiera correspondido serían:

 -2013: 30%

 -2014: 35%

 -2015: 40%

 -2016: 45%

 -2017: 50%

Nótese que durante todos estos años el jubilado parcial sólo ha trabajado para la empresa el 25% de la jornada completa que venía realizando con anterioridad a la jubilación parcial. Nótese también que durante todos estos años la empresa ha tenido contratado a un trabajador por el 75% de la jornada completa para cubrir al jubilado parcial y evidentemente el coste de Seguridad Social de ese 75% de la jornada lo asume íntegro. Es decir, el coste de Seguridad Social aumenta considerablemente y evidentemente a la hora de realizar una jubilación parcial en los próximos años habrá que analizar el porcentaje que reduce el jubilado parcial y el tiempo que le queda al trabajador para acceder a la jubilación ordinaria para no cargar a la empresa con cotizaciones sociales extras. A modo de ejemplo, si quiero jubilar a un trabajador que tiene fijada su jubilación ordinaria para 2016, no reduciría su jornada más de un 65% 65% restante). Y ello porque, al menos, en esos años voy a llegar a cotizar por la aplicación transitoria de la norma en un porcentaje del 45% en 2016. Dado que la norma tampoco permite cotizar por porcentajes inferiores al porcentaje de actividad laboral efectivamente realizada, durante toda la vigencia del contrato cotizaré por el jubilado parcial el 45% y por el relevista el 65% pero en ningún momento haré cotizaciones adicionales, en el sentido de que la suma de ambas cotizaciones excedan de la que supondría un trabajador a jornada completa (100%). 

El otro problema que ha suscitado la nueva norma es la determinación de los contratos de jubilación parcial a los que resulta aplicable este nuevo régimen transitorio de cotizaciones. Por un lado, la norma señala que su entrada en vigor se producirá el 1 de enero de 2013, de lo que cabría extraer que este régimen de cotizaciones sólo es aplicable a los contratos de jubilación parcial realizados con posterioridad a dicha fecha. Sin embargo, al mismo tiempo señala que las normas anteriores sobre jubilación parcial sólo serán aplicables a los contratos celebrados con anterioridad a la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (2 de agosto de 2011). A sensu contrario, cabría entender que dichas normas no son aplicables a los contratos posteriores a 2 de agosto de 2011 y, por tanto, que dichos contratos se someten al nuevo régimen de cotizaciones con lo que, a partir de 2013, la empresa empezará a aumentar progresivamente el porcentaje de cotización del jubilado parcial del que se hace cargo.

Esta es la interpretación del que suscribe, aunque el legislador ha creado una especie de limbo jurídico para estos contratos formalizados entre el 2 de agosto de 2011 y el 31 de diciembre de 2012, que se presta a muchas interpretaciones y que deberán aclarar los tribunales en el futuro. Lo que sí queda claro es que los contratos formalizados antes del 2 de agosto de 2011, se someten al régimen anterior y, por ende, no tienen estas cotizaciones adicionales.

Autor: Jose María Barroso Pellico – Abogado. 

Nuevos intentos del gobierno de dinamización de la economía y del consumo.

El BOE del 26 de mayo pasado publica el Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios con el objetivo, declarado en el propio artículo, de impulsar y dinamizar la actividad comercial minorista y de determinados servicios, mediante la supresión de licencias de ámbito municipal vinculadas con establecimientos comerciales, sus instalaciones y determinadas obras previas.

El comercio interior viene sufriendo varios años consecutivos fuertes caídas en el consumo. Es necesario, sin duda, como declara la exposición de motivos de esta norma, reducir las cargas administrativas que dificulten el comercio y, dinamizar el sector permitiendo un régimen más flexible de aperturas. Otra cuestión es que, en el momento actual, esta norma sirva para reactivar el consumo.

El comercio minorista es, verdaderamente, un ámbito especialmente dinamizador de la actividad económica y del empleo. Para favorecer la recuperación económica en el actual contexto resulta fundamental la adopción de medidas que faciliten la actividad y eliminen obstáculos que impiden el desarrollo de la iniciativa empresarial en este ámbito.

En atención a los datos de la OCDE España es, de hecho, el segundo país de Europa donde más trámites es necesario realizar para crear una empresa. Resulta, por lo tanto, necesario sustituir en lo posible estas cargas administrativas por otros procedimientos de control menos gravosos, garantizando en todo caso el cumplimiento de la normativa vigente.

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, incorporó a la Ley de Bases de Régimen Local, Ley 7/1985, de 2 de abril, los artículos 84, 84 bis y 84 ter,  estableciendo con carácter general la inexigibilidad de licencia y otros medios de control preventivos para el ejercicio de actividades, salvo que resultase necesario para la protección de la salud o seguridad públicas, el medioambiente o el patrimonio histórico-artístico, o cuando requiriesen de un uso privativo y ocupación del dominio público.

A pesar del impulso de reducción de cargas y licencias de estas reformas en el ámbito del comercio minorista, el marco normativo sigue siendo muy complejo y poco claro y sigue existiendo una enorme dispersión normativa y de procedimientos, especialmente gravosa para las PYMES en general y para las microempresas. La realidad concreta del sector comercial minorista pone de manifiesto, por tanto, que es necesario hacer un mayor esfuerzo en la remoción de los obstáculos administrativos que existen en la actualidad para ejercer determinadas actividades, estableciendo las bases e instando a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales a una adaptación de su normativa que redunde en un beneficio real para las PYMES en el inicio y ejercicio de su actividad.

Mediante este real decreto-ley se avanza un paso más eliminando todos los supuestos de autorización o licencia municipal previa, motivados en la protección del medio ambiente, de la seguridad o de la salud públicas, ligados a establecimientos comerciales y otros que se detallan en el anexo con una superficie de hasta 300 metros cuadrados. Se considera, que no son necesarios controles previos por tratarse de actividades que, por su naturaleza, por las instalaciones que requieren y por la dimensión del establecimiento, no tienen un impacto susceptible de control a través de la técnica autorizatoria, la cual se sustituye por un régimen de control ex post basado en una declaración responsable. La flexibilización se extiende también a todas las obras ligadas al acondicionamiento de estos locales que no requieran de la redacción de un proyecto de obra de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. De esta manera, se podrá iniciar la ejecución de obras e instalaciones y el ejercicio de la actividad comercial y de servicios con la presentación de una declaración responsable o comunicación previa, según el caso, en la que el empresario declara cumplir los requisitos exigidos por la normativa vigente y disponer de los documentos que se exijan, además de estar en posesión del justificante del pago del tributo correspondiente cuando sea preceptivo.

El control administrativo pasará a realizarse a posteriori, aplicándose el régimen sancionador vigente en materia de comercio interior, ordenación del suelo y urbanismo, protección de la salud, del medio ambiente y del patrimonio histórico artístico.

La sustitución de la licencia por otros actos de control ex post no supondrá en ningún caso merma alguna de los ingresos fiscales de los Ayuntamientos o de los organismos  que expidieran con anterioridad las licencias previas de apertura. Por el contrario, en la medida que se agilice la apertura de nuevos establecimientos, podrá registrarse un incremento en la recaudación obtenida por este concepto al facilitarse la apertura de más y nuevos comercios.

Las medidas previstas en este real decreto-ley se dirigen sobre todo a las pequeñas y medianas empresas comerciales y de servicios complementarios que constituyen más del 90 por ciento de las empresas que desarrollan su actividad en estos sectores, normalmente en establecimientos cuya superficie útil de exposición y venta al público no supera los 300 metros cuadrados, superficie que da cabida a la mayoría de las actividades recogidas en el anexo de este real decreto-ley. Por ello se considera que, a través de este real decreto-ley, se promoverá la apertura de nuevos locales y la generación de empleo en este sector.

La reforma que se introduce responde a la finalidad positiva de adoptar unos fines y orientaciones generales en el plano de la reactivación económica, estableciendo un mínimo común denominador para todo el Estado, sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, puedan regular un régimen de mayor alcance en la eliminación de cualquier tipo de control previo. Por aplicación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, cualquier norma, disposición o acto, adoptado por cualquier órgano de las administraciones autonómicas o locales que contravenga o dificulte la aplicación de este régimen, podrá ser declarado nulo de pleno derecho, sin perjuicio de la exigencia, en su caso, de la correspondiente responsabilidad patrimonial a la administración pública incumplidora.

La eliminación de licencias de apertura y actividad se consagra en un total de cinco artículos, en los que se regula el objeto, ámbito de aplicación, inexigibilidad de licencias municipales previas a la apertura de establecimiento, régimen de declaración responsable y sujeción al régimen general de control.

Este contenido además se completa con dos disposiciones adicionales. En la primera, se dispone, de una parte, la elaboración de modelos de comunicación previa y declaración responsable tipo con objeto de que faciliten la cooperación administrativa y, de otra, el desarrollo de una ordenanza tipo de materia de licencias municipales. En la segunda de las disposiciones adicionales se otorga habilitación a las entidades de colaboración privadas para la comprobación de los requisitos de los declarantes. Se introduce una disposición transitoria, en la que se fija el régimen aplicable a los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de este real decreto-ley que seguirán rigiéndose por la normativa vigente en el momento de la presentación de la solicitud, sin perjuicio de que el interesado, con anterioridad a la resolución, podrá  desistir de su solicitud y optar por la aplicación de la nueva normativa en lo que ésta

resulte de aplicación.

Además se recogen once disposiciones finales que tienen por objeto modificar la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para que la reforma que se emprende en materia de licencias no perjudique el régimen fiscal de las primeras. Se permite que el Gobierno pueda ampliar el catálogo de las actividades comerciales y servicios, a los efectos de la inexigibilidad de las licencias, así como el umbral de superficie, se salvaguarda asimismo, la competencia de las Comunidades Autónomas para ampliar dicho catálogo y umbral, y se determina que su entrada en vigor se producirá el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Según declaración de la exposición de motivos, todo ello contribuirá a la dinamización de la actividad en beneficio del crecimiento económico y del empleo, en línea acorde con los objetivos de reducción de las cargas administrativas, la mejora del entorno empresarial, en especial para las PYMES, y la promoción del espíritu empresarial de la Estrategia Europa 2020.

La norma, desde luego, es una buena receta para facilitar la actividad empresarial, si bien, debería haberse puesto en marcha mucho antes, en el inicio de la crisis, para que hubiera surtido algún efecto considerable. En el momento actual, con una sociedad deprimida tras cuatro largos años de crisis, con permanentes noticias económicas negativas, y con unos hábitos de consumo totalmente diferentes a los anteriores a 2008, año de inicio de la crisis, las medidas pueden considerarse positivas, pero sin efectos reales a corto plazo.

Autor: Ángel Jiménez Martín -Abogado. 

Declaración de Sociedades 2011 y novedades 2012

 1.            Introducción

Como otros años, cuando llega la hora de declarar para la mayor parte de las sociedades, elaboramos un pequeño trabajo que sirve para recordar, tanto a los profesionales como a las entidades, las novedades de esta declaración (la de ejercicios iniciados en 2011), los cambios normativos que afectan a los ejercicios iniciados en 2012, una serie de aspectos que siempre hay que tener en cuenta al enfrentarnos  con esta obligación anual y unas tablas numéricas para recoger los números del Impuesto: declaraciones presentadas, tipos de empresa que declaran y la base imponible o la cuota líquida según el nivel de ingresos de las entidades.

Los cambios normativos han venido de la mano de la situación económica que atravesamos y, por ello, se han producido en su mayor parte a través de Reales Decretos-leyes. Desde 2010 hasta ahora, prácticamente en cada Real Decreto-ley que se ha publicado se incluye alguna modificación tributaria, lo que dificulta enormemente el seguimiento por parte de las empresas.

Entre las modificaciones que afectan a esta declaración que se va a presentar, a ejercicios iniciados en 2011, merece la pena destacar las limitaciones para grandes empresas a la compensación de bases imponibles negativas o a la deducibilidad del fondo de comercio financiero, la ampliación del ámbito de aplicación del régimen especial de empresas de reducida dimensión o la supresión del requisito de mantenimiento de empleo para aplicar la libertad de amortización en las inversiones en elementos nuevos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias afectos a actividades económicas.

Por lo que respecta a las novedades para ejercicios iniciados en 2012, se puede destacar la rebaja del límite aplicable sobre la cuota líquida a la suma de deducciones por incentivos a la inversión, incluyendo en dicho límite también la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios, y aumentando, en paralelo, el periodo de compensación de dichas deducciones. En lo tocante a los pagos fraccionados, se establece un importe mínimo a pagar referenciado al resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias. Por otra parte, en algunos casos se limita la deducibilidad de los gastos financieros.

Por último, como medidas excepcionales, se arbitran dos: se permite tributar a un tipo del 8% a las entidades que repatríen dividendos o rentas generadas en la transmisión de participaciones en entidades residentes en un territorio calificado como paraíso fiscal, siempre que el devengo se produzca hasta la fecha tope del 30 de noviembre próximo; y se abre la posibilidad de presentar, también hasta dicha fecha, a los sujetos pasivos de este impuesto (y a los del IRPF e IRNR), una declaración tributaria especial para regularizar bienes o derechos de su titularidad (si la tienen antes de la finalización del último periodo impositivo cuyo plazo de declaración hubiera terminado antes del 31 de marzo de 2012) que no se correspondan con rentas declaradas en dichos impuestos, lo cual les permitirá eludir en este tributo la presunción establecida en el artículo 134 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto en el sentido de entender que han sido adquiridos con renta no declarada los elementos descubiertos que no estén registrados en contabilidad.

2.            Los números del Impuesto

Cuadro Nº 1                                           Recaudación total Estado (millones de euros)
	2007	2008	2009	2010	2011	% 07 - 11	% 10 - 11
Impuesto sobre la Renta	72.614	71.341	63.857	66.977	69.803	-3,87%	4,22%
Impuesto sobre Sociedades	44.823	27.301	20.188	16.198	16.611	-62,94%	2,55%
IRNR	2.427	2.262	2.342	2.564	2.040	-15,95%	-20,44%
Otros	1.104	1.120	74	88	118	-89,31%	34,09%
Total I. Directos y Cotiz. Social	120.968	102.024	87.521	85.827	88.572	-26,78%	3,20%
Impuesto sobre el Valor Añadido	55.850	48.015	33.573	49.086	49.302	-11,72%	0,44%
Impuestos Especiales	19.787	19.570	19.349	19.806	18.983	-4,06%	-4,16%
Otros	3.223	3.086	2.741	3.001	2.965	-8,00%	-1,20%
Total I. Indirectos	78.860	70.671	55.661	71.893	71.250	-9,65%	-0,89%
Varios	14.416	16.010	19.278	1.816	1.938	-86,56%	6,72%
Total Ingresos no Financieros	214.244	188.705	162.460	159.536	161.760	-24,50%	1,39%
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda

Cuadro Nº 2                    Evolución del número total de declarantes en IS
Ejercicios	Número de declarantes	Tasas de variación
2002	1.011.557
2003	1.044.117	3,22%
2004	1.119.635	7,23%
2005	1.202.637	7,41%
2006	1.296.060	7,77%
2007	1.413.095	9,03%
2008	1.421.543	0,60%
2009	1.419.070	-0,17%
Fuente: Dirección General de Tributos. S.G. Política tributaria

   Cuadro Nº 3                           Beneficios fiscales proyectados para 2012

	Total
Deducciones: Reinversión de beneficios extraordinarios	677.120,00
Tipos reducidos: Tipo del 25% para PYME	507.450,00
Ajuste B.I: Libertad amortización y amort. especiales	501.640,00
Reducc. Tipo PYME por mantenimiento o creación empleo	342.910,00
Deducc: Saldo ptes. incentivos inver. ejercicios anteriores	326.150,00
Deducciones: Actividades de I+D e innovación tecnológica	271.640,00
Deducciones: Acontecimientos de especial interés público	223.470,00
Tipos reducidos: Restantes entidades	148.580,00
Ajuste B.I: Reserva para inversiones en Canarias	142.230,00
Deducciones: Inversiones en Canarias	117.120,00
Deducciones: Donaciones	86.460,00
Bonificaciones: Venta de bienes corporales producidos Canarias	65.740,00
Ajuste B.I: Rég. esp. Ent. Navieras en función tonelaje	38.740,00
Bonificaciones: Actividades export. y prest. serv. pub. loc.	38.620,00
Bonificaciones: Operaciones financieras	38.500,00
Tipo del 1% para sociedades de inversión	34.320,00
Bonificaciones: Entidades que operan en Ceuta y Melilla	33.630,00
Deducciones: Protección del medio ambiente	32.020,00
Bonificaciones: Empresas navieras de Canarias	29.940,00
Bonificaciones: Cooperativas especialmente protegidas	11.530,00
Deducciones: Producciones cinematográficas	10.480,00
Ajuste B.I: Determinadas ayudas e indemnizaciones públicas	8.380,00
Bonificaciones: Entidades dedicadas al arrendamiento viviendas	3.780,00
Deducciones: Formación profesional	3.520,00
Ajuste B.I: Incentivos fiscales al mecenazgo	3.430,00
Deducciones: Creación de empleo para minusválidos	2.490,00
Deducciones: Edición de libros	620,00
Deducciones: Patrimonio Histórico	30,00
TOTAL	3.700.540,00

                    Cifras en miles de euros

Cuadro Nº 4	Distribución de declarantes por situación económica				Ejercicio 2009
Tramos de ingresos                       (miles de euros)	Inactivas		Con pérdidas		B. Imponible <= 0		B. Imponible > 0
	Número	Distribución	Número	Distribución	Número	Distribución	Número	Distribución
<6	240.797	100	158.715	25,74	345.777	36,02	9.061	1,97
jun-60			150.956	24,48	190.952	19,89	63.878	13,92
60 - 150			108.509	17,6	147.054	15,32	81.626	17,78
150 - 300			72.718	11,79	100.517	10,47	76.478	16,66
300 - 600			53.260	8,64	73.980	7,71	74.008	16,12
600 - 1.500			40.090	6,5	55.600	5,79	74.657	16,26
1.500 - 6.000			23.464	3,8	32.757	3,41	57.767	12,58
6.000 - 12.000			4.297	0,7	6.172	0,64	10.315	2,25
12.000 - 30.000			2.864	0,46	4.278	0,45	6.705	1,46
30.000 - 45.000			634	0,1	999	0,1	1.533	0,33
45.000 - 60.000			329	0,05	525	0,05	754	0,16
60.000 - 90.000			299	0,05	493	0,05	765	0,17
90.000 - 180.000			312	0,05	523	0,05	711	0,15
>180.000			250	0,04	427	0,04	758	0,17
TOTALES	240.797	100	616.697	100	960.054	100	459.016	100
Fuente: AEAT

Cuadro Nº 5	Cuota líquida positiva				Ejercicio 2009
Tramos de Ingresos	DECLARANTES		DECLARANTES DE ESTA PARTIDA
(miles de euros)	Número	Distribución	Número	Distribución	Importe partida	Distribución	Media
				Declarantes		Importe
< 6	354.838	25	7.918	1,79	10.679.315	0,04	1.349
6 -60	254.830	17,96	61.624	13,96	125.070.858	0,47	2.030
60 - 150	228.680	16,11	79.351	17,98	291.201.399	1,09	3.670
150 - 300	176.995	12,47	74.176	16,81	418.419.646	1,57	5.641
300 - 600	147.988	10,43	71.713	16,25	629.801.615	2,36	8.782
600 - 1500	130.257	9,18	71.952	16,3	1.154.216.840	4,33	16.041
1500 - 6000	90.524	6,38	55.048	12,47	2.512.130.424	9,43	45.635
6000 - 12000	16.487	1,16	9.498	2,15	1.474.760.302	5,54	155.271
12000 - 30000	10.983	0,77	6.081	1,38	2.096.366.697	7,87	344.740
30000 - 45000	2.532	0,18	1.368	0,31	987.565.567	3,71	721.905
45000 - 60000	1.279	0,09	675	0,15	723.612.548	2,72	1.072.019
60000 - 90000	1.258	0,09	678	0,15	1.562.516.945	5,86	2.304.597
90000 - 180000	1.234	0,09	624	0,14	1.814.860.529	6,81	2.908.430
> 180000	1.185	0,08	673	0,15	12.840.867.654	48,2	19.080.041
Total	1.419.070	100	441.379	100	26.642.070.340	100	60.361
Fuente AEAT

Cuadro Nº 6                  Distribución de declarantes por tipo de empresa             Ejercicio 2009

Ingresos (miles de euros)	Empresas de Reducida Dimensión	Gran Empresa	Sociedades Sin Entidades	Entidades de Crédito	Aseguradoras	Inst. Inversión
	Número	Número	Número	Número	Número	Número
<6	288.654	288	354.607	7	17	207
jun-60	227.820	130	254.567	S.E.	S.E.	247
60 - 150	206.960	223	228.260	S.E.	S.E.	410
150 - 300	161.741	154	176.180	S.E.	S.E.	797
300 - 600	132.922	201	146.786	6	15	1.181
600 - 1.500	112.408	415	128.808	14	26	1.409
1.500 - 6.000	67.035	2.925	89.199	46	53	1.226
6.000 - 12.000	3.697	9.709	16.120	40	42	285
12.000 - 30.000	398	8.409	10.705	36	55	187
30.000 - 45.000	26	2.008	2.441	26	21	44
45.000 - 60.000	9	1.044	1.212	26	16	25
60.000 - 90.000	13	1.004	1.189	30	21	18
90.000 - 180.000	S.E.	1.015	1.168	28	30	8
>180.000	S.E.	1.033	1.012	88	81	4
TOTALES	1.201.697	28.558	1.412.254	355	413	6.048

Fuente AEAT

S.E: secreto estadístico

El Cuadro N.º 1 demuestra claramente la debacle que se ha producido en la recaudación del Impuesto sobre Sociedades durante los años que llevamos de crisis económica, reduciéndose ésta casi en un 63% y perdiendo por el camino más de 28.000 millones de euros. Por este motivo, el Impuesto ha pasado de significar un 31% de la recaudación tributaria estatal a solamente un 10%.

En el Cuadro N.º 2 se recogen el número de autoliquidaciones que se presentan, habiéndose estabilizado después de 2007.

El Cuadro N.º 3 recoge el ranking de beneficios fiscales según el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012, ocupando el primer puesto la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios que, junto con el tipo reducido de la empresas de reducida dimensión, suponen casi un tercio de todos los beneficios fiscales. También llama la atención que, en tercer lugar, se haya colocado la libertad de amortización y las amortizaciones especiales.

En el Cuadro N.º 4 , de Distribución de declarantes por situación económica, vemos que son muchas más las autoliquidaciones presentadas con Base Imponible negativa o cero, 960.054, que las que tienen base positiva. Este dato global no se cumple a partir de ingresos superiores a 600.000 euros. Hasta dicha cifra de ingresos, la que tienen más del 80% de las entidades, son muchas más las declaraciones con bases negativas y, a partir de dicho nivel de ingresos, son más las empresas con bases positivas.

Según el Cuadro N.º 5, el 48% de la cuota líquida se recauda en 2009 a través de las 673 empresas con ingresos superiores a 180 millones de euros que tienen bases positivas, ingresando una media de más de 19 millones de euros cada una.

Por último, si examinamos el Cuadro N.º 6 nos damos cuenta de que el régimen especial de las empresas de reducida dimensión, por el número de entidades que lo utilizan, es el más general, con 1.201.697 autoliquidaciones, el 85% de todas, siendo las grandes empresas 28.558, y el resto son entidades de crédito, aseguradoras e instituciones de inversión colectiva.

3.            Principales novedades normativas 2011

Recogemos las novedades normativas con incidencia en la declaración de ejercicios iniciados en 2011. Las principales son las siguientes:

Régimen de grupos fiscales

Con efectos para los períodos iniciados a partir de 1 de enero de 2011 la comunicación obligatoria de la dominante de un grupo fiscal, de los cambios en la composición del grupo, debe de hacerla en la declaración del primer pago fraccionado al que afecte la nueva composición. Esta norma flexibiliza la obligación formal ya que, hasta ahora, la comunicación se debía realizar antes del inicio del período impositivo en el que consolidaba la nueva composición del grupo.

 

Deducción por gastos o inversiones para habituar a los empleados en las nuevas tecnologías

Esta deducción, cuyo porcentaje es del 1 por 100 (2 por 100 si en el período esos gastos son mayores que la media de los 2 anteriores), se prorroga a 2011, ejercicio en el que se habría perdido según el calendario de reducción y eliminación de deducciones establecido por la Ley 35/2006.

Deducción por innovación tecnológica

Para ejercicios iniciados a partir del 6 de marzo de 2011 el porcentaje de esta deducción, que en 2010 era del 8 por 100, se fija en el 12 por 100.

Asimismo, se incrementa el porcentaje máximo de la cuota íntegra, minorada en las deducciones por doble imposición y por bonificaciones, del 50 al 60 por 100, que se puede deducir por incentivos en el caso de que las de I+D+i  y por fomento de las TIC’s del período excedan del 10 por 100 de la cuota íntegra, con las minoraciones mencionadas anteriormente.

 

Deducciones medioambientales

Con efectos para ejercicios iniciados a partir del 6 de marzo de 2011, el porcentaje de la deducción por inversiones en bienes del activo material destinadas a la protección del medio ambiente pasa a ser del 8 por 100, cuando en el año anterior era del 2 por 100.

Además, se extiende el ámbito de aplicación de la deducción a los incentivos que tienen por objeto evitar la contaminación acústica procedente de instalaciones industriales y se matiza que las inversiones relativas a residuos industriales son aplicables solo cuando dichos residuos hayan sido producidos por la propia entidad.

 

Fondo de comercio financiero

Se modifica temporalmente la deducción del fondo de comercio financiero que surge en las adquisiciones de participaciones adquiridas en entidades no residentes para los períodos impositivos iniciados durante los años 2011, 2012 y 2013. El porcentaje del 5 por 100 pasa a ser del 1 por 100 en dichos períodos.

Recordamos que, para los períodos impositivos que concluyan a partir de 21 de diciembre de 2007, solo se puede aplicar el ajuste negativo en la base imponible del Impuesto por los fondos de comercios surgidos por las adquisiciones de participaciones en empresas extranjeras establecidas en China, India o en otros países en los que se pueda demostrar la existencia de obstáculos jurídicos explícitos a las combinaciones transfronterizas de empresas y siempre que la adquisición se haya realizado antes del día 21 de mayo de 2011. Las adquisiciones de participaciones efectuadas con posterioridad a dicha fecha no gozarán del incentivo fiscal.

Compensación de bases imponibles negativas

En 2011 la última base imponible negativa a compensar es la generada en el año 1996, de no hacerlo se perderá definitivamente.

Se limita para los períodos 2011, 2012 y 2013 el importe a compensar de las bases imponibles negativas que tienen pendientes de aplicar las grandes empresas, aquellas cuyo volumen de operaciones supera los 6.010.121,04 € en el período impositivo anterior. Se aplica un porcentaje sobre la base que varía en función de la cuantía de la cifra de negocios de la entidad.

En el siguiente cuadro recogemos los límites temporales de compensación de las bases negativas pendientes:

Cifra de negocios €	% de compensación
< 20.000.000,00	100 %
³ 20.000.000,00 < 60.000.000,00	75 %
³ 60.000.000,00	50 %

Pagos fraccionados

Se elevan los importes a satisfacer de los pagos fraccionados para las empresas obligadas a determinarlos por el sistema de base corrida. Recordamos que esta modalidad es obligatoria para las empresas cuyo volumen de operaciones, calculado según la Ley del IVA, haya superado los 6.010.121,04 €. Esta medida se aprueba con carácter temporal para los períodos impositivos iniciados dentro de los años 2011, 2012 y 2013. En el siguiente cuadro recogemos los nuevos porcentajes que se van a aplicar según el importe de la cifra de negocios, en el caso de que el tipo de gravamen sea del 30 por 100

Cifra de negocios €	%
< 20.000.000,00	5/7 x tg	=	21%
³ 20.000.000,00 < 60.000.000,00	8/10 x tg	=	24%
³ 60.000.000,00	9/10 x tg	=	27%
tg = tipo de gravamen

Libertad de amortización en inversiones nuevas

Se amplía el incentivo de la libertad de amortización para elementos nuevos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias nuevas puestos a disposición del sujeto pasivo para los períodos que abarcan desde el 2011 hasta el 2015, y sin condicionarlo al incremento de plantilla media.

Este incentivo también es aplicable a los contratos de más de 2 años cuando la puesta a disposición se realiza en ejercicios siguientes, aunque solo por la inversión realizada en el período.

Tipo del 20 por 100 para micropymes

En 2011 aplicarán este tipo las micropymes (empresas con una cifra de negocios inferior a 5.000.000 € y con menos de 25 empleados) si, al menos, mantienen plantilla respecto a la de los 12 meses anteriores al inicio del primer período impositivo que comience a partir de 2009. En entidades cuyo ejercicio coincide con el año natural si mantienen la plantilla de 2011 respecto a la de 2008.

La novedad es que el tipo del 20 por 100 en lugar de aplicarse a una base de 120.202,41 € como hasta ahora, se aplicará a los primeros 300.000 €, tributando al 25 por 100 el exceso sobre dicho importe.

Régimen especial de empresas de reducida dimensión

Para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2011 se ha ampliado de 8.000.000 a 10.000.000 € el umbral para aplicar este régimen especial e incrementando de 120.202,41 a 300.000 € el tramo de base imponible al que se aplica el tipo reducido del 25 por 100.

Se mantiene la posibilidad de continuar tributando por este régimen en los tres ejercicios siguientes, aunque se supere en el ejercicio anterior el umbral de 10.000.000 € de cifra de negocios, siempre que la entidad se pueda calificar como empresa de reducida dimensión en el ejercicio en el que se llegó al límite y en los dos anteriores. La posibilidad de continuar tributando por el régimen será aplicable cuando el importe de la cifra de negocios se alcance como consecuencia de que se haya realizado una operación de reestructuración empresarial a condición de que las entidades que hayan realizado la operación cumplan las condiciones para ser consideradas como empresas de reducida dimensión tanto en el período impositivo en que se realice la operación como en los dos períodos anteriores a este último.

Deducción por doble imposición de dividendos de fuente interna

Para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2011, cuando se tenga una participación de al menos el 5 por 100 del capital de una sociedad residente y esta última haya realizado una operación de concentración con otras entidades o, bien una operación en el ámbito de las ofertas públicas de adquisición de valores, de manera que como consecuencia de estas operaciones la participación en aquella sociedad quede por debajo del 5 por 100 pero, al menos, sea del 3 por 100, se seguirá aplicando la deducción por doble imposición al 100 por 100 sobre los dividendos distribuidos en el plazo de los 3 años desde la realización de la operación, siempre que en el ejercicio en que se realiza la distribución no se transmita totalmente la participación o el porcentaje de participación no quede por debajo del 3 por 100. Transcurridos 3 años, si no se tiene el 5 por 100, se aplicará la deducción al 50 por 100.

 

Documentación de las operaciones vinculadas

Para los períodos impositivos iniciados a partir de 2011 no se exige la documentación a las personas o entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios habida en el período impositivo sea inferior a 10.000.000 €, (en 2010 el límite era de 8.000.000 €) siempre que el total de las operaciones realizadas en dicho período con personas o entidades vinculadas no supere el importe conjunto de 100.000 € de valor de mercado.

No obstante, deberán documentarse en todo caso las operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas que residan en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal, excepto que residan en un Estado miembro de la Unión Europea y el sujeto pasivo acredite que las operaciones responden a motivos económicos válidos y que esas personas o entidades realizan actividades económicas.

A este respecto conviene recordar que, si no se cumplen estos requisitos, la norma reglamentaria establece otros que, si concurren, pueden exonerar también a la empresa de documentar las operaciones vinculadas.

Régimen fiscal de las transmisiones de activos realizadas en cumplimiento de disposiciones con rango de Ley y de la normativa de defensa de la competencia

Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2011, no se integran en la base imponible las rentas positivas que se pongan de manifiesto con ocasión de las transmisiones de acciones y participaciones sociales en la sociedad gestora de mercado residente en España a que se refiere el artículo 4 del Convenio internacional relativo a la constitución de un mercado ibérico de la energía eléctrica entre el Reino de España y la República portuguesa, hecho en Santiago de Compostela el 1 de octubre de 2004, que se realicen para la creación de dicho mercado, siempre que la contraprestación recibida en dichas transmisiones, en su totalidad o parte, sean acciones o participaciones sociales en la sociedad gestora de mercado residente en Portugal a que se refiere el artículo 4 citado anteriormente.

Dichas rentas positivas se integrarán en la base imponible del período impositivo en el que se transmitan, o por cualquier otro motivo se den de baja en el balance las citadas acciones o participaciones recibidas, o cuando se compute en estas últimas una corrección de valor fiscalmente deducible, en proporción al importe de dicha baja o corrección de valor.

4.            Algunos aspectos a tener en cuenta

Diferencias permanentes o temporarias

 

La base imponible del Impuesto toma como punto de partida inicial y fundamental el resultado contable, efectuando sobre el mismo única y exclusivamente las modificaciones que prevé la norma. A continuación recogemos algunas diferencias que pueden surgir y que es necesario chequear.

ü                   Ajustes positivos

·                     Gastos no deducibles como multas o sanciones y donaciones o donativos.

·                     Excesos de amortizaciones y provisiones o pérdidas por deterioro.

·                     Operaciones que a efectos fiscales deben valorarse a valor normal de mercado.

·                     Recuperación de la libertad de amortización practicada en ejercicios anteriores.

·                     Recuperación del exceso de amortización de ejercicios anteriores en operaciones de arrendamiento financiero.

·                     Recuperación de rentas, en el ejercicio del cobro, de operaciones con pago aplazado computadas según el criterio del devengo.

·                     Recalificación de intereses como dividendos en el caso de subcapitalización.

·                     Recuperación de valor de los elementos que generaron pérdidas fiscales en una transmisión anterior.

·                     Imputación de rentas en el caso de la transparencia fiscal internacional.

·                     Deterioro del fondo de comercio cuando el importe del mismo se haya computado en la base imponible de los ejercicios anteriores.

·                     Los gastos no deducibles incompatibles con la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios.

ü                   Ajustes negativos

·                     Libertad de amortización.

·                     Exceso de amortizaciones contabilizadas en ejercicios anteriores.

·                     Exceso de provisión contabilizada en ejercicios anteriores.

·                     Exceso de pérdidas por deterioro contabilizadas en ejercicios anteriores.

·                     Cesión del uso a terceros de determinados activos intangibles.

·                     Deducción del fondo de comercio financiero en la adquisición de participaciones en el capital de entidades no residentes.

·                     Corrección de la depreciación monetaria en las plusvalías obtenidas en la transmisión de elementos del inmovilizado material.

·                     Operaciones con pago aplazado computadas según el criterio de devengo.

·                     Operaciones de arrendamiento financiero.

·                     Dividendos y plusvalías exentas derivadas de participaciones en entidades no residentes.

·                     Rentas obtenidas en el extranjero a través de establecimientos permanentes.

·                     Dividendos distribuidos por sociedades que tributaron por el régimen de  transparencia fiscal y que corresponden con beneficios imputados en la base imponible de sus socios.

·                     Corrección del valor fiscal del fondo de comercio que no se corresponde con el deterioro del mismo.

·                     Deducción por activos intangibles de vida útil indefinida no amortizables contablemente.

 

Cifra de negocios

Se determina restando, a la suma de las ventas y de las prestaciones de servicios de la actividad ordinaria, los descuentos comerciales, rappels y las devoluciones. Esta magnitud es importante tenerla presente porque es la referencia para aplicar diferentes aspectos regulados en la normativa del Impuesto. A continuación indicamos algunos.

ü       Empresa de reducida dimensión

A partir de 2011 lo será cuando la cifra de negocios sea inferior a 10.000.000 € en el período impositivo inmediatamente anterior.

En el caso de que la entidad forme grupo, en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, el importe de la cifra de negocios a tener en cuenta es la suma de todas las empresas y, si en conjunto no se supera la cifra de 10.000.000 €, todas las empresas podrán tributar por el régimen especial de reducida dimensión

ü       Micropyme

Si la cifra de negocios no supera los 5.000.000 € el sujeto pasivo podrá durante los períodos de 2009, 2010, 2011 y 2012 aplicar los tipos reducidos de 20-25 por 100 si mantienen empleo respecto a los 12 meses anteriores al primer ejercicio iniciado en 2009. En este caso se toma la cifra de negocios del propio ejercicio.

ü       Obligación de documentar operaciones vinculadas

No existirá esta obligación cuando el conjunto de las operaciones vinculadas no supere los 100.000 € valoradas a precio de mercado y la cifra de negocios del propio ejercicio sea inferior a 10.000.000 €. En el caso de que la entidad forme grupo, en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, el importe de la cifra de negocios a tener en cuenta es la suma de todas las empresas y, si en conjunto no se supera la cifra de 10.000.000 €, todas las empresas podrán tributar por el régimen especial de reducida dimensión.

ü       Limitación para la compensación de bases imponibles negativas

Si la cifra de negocios en el período impositivo inmediatamente anterior es superior a 20.000.000 € el sujeto pasivo, durante los ejercicios 2011, 2012 y 2013, no podrá compensar la totalidad de las bases imponibles negativas, cuando el volumen de sus operaciones supere los 6.101.121,04 €.

ü       Pagos fraccionados

Si la cifra de negocios en el período impositivo inmediatamente anterior es superior a 20.000.000 € el sujeto pasivo debería haber pagado más importe por los pagos fraccionados realizados a partir del mes de octubre de 2011 y los que realice en los períodos 2012 y 2013, siempre que el volumen de operaciones supere los 6.101.121,04 €. A partir de 2012 se deberá de determinar un importe mínimo a satisfacer que se calcula en función del resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Imputación temporal de los gastos e ingresos

ü       Contabilización de un gasto en un período anterior al de su devengo o un ingreso en un período posterior al de su devengo.

Tanto el gasto como el ingreso se imputarán en la base imponible del Impuesto correspondiente al período impositivo del devengo. Debemos tener en cuenta que surgirá una diferencia positiva en el ejercicio de la contabilización y una negativa en el ejercicio del devengo.

ü       Contabilización de un gasto en un período posterior al de su devengo o un ingreso en un período anterior al de su devengo.

Tanto el gasto como el ingreso se imputarán en la base imponible correspondiente al período impositivo de la contabilización, salvo que resulte una tributación inferior a la que correspondería de haber sido imputado en el ejercicio del devengo, en cuyo caso se imputarán en el período del devengo y no en el de su contabilización. Si se trata de un gasto se deberá presentar una rectificación de la autoliquidación del período del devengo incluyendo el importe del gasto y solicitando la devolución del ingreso indebidamente realizado y, paralelamente, un ajuste positivo en la declaración del período impositivo de la contabilización. Si se trata de un ingreso se presentará una rectificación de la autoliquidación excluyendo el importe del ingreso contabilizado, solicitando la devolución de la cuota correspondiente, practicando paralelamente un ajuste positivo en la declaración del período del devengo.

Operaciones a plazo

Las rentas se entenderán obtenidas proporcionalmente a medida que se efectúen los cobros (criterio de caja), excepto que la entidad decida aplicar el criterio de devengo. Son operaciones a plazo las ventas y ejecuciones de obra cuyo precio se perciba, mediante pagos sucesivos o en un solo pago, y entre la entrega y el vencimiento del último o único plazo transcurra un plazo superior al año. Este criterio especial de imputación no se aplica a las prestaciones de servicios ni a las indemnizaciones.

En caso de endoso, descuento o cobro anticipado, la renta se entenderá obtenida en dicho momento.

Corrección monetaria

Los coeficientes correctores del componente inflacionario se utilizan, a efectos del cálculo del valor de adquisición, para hallar la ganancia o pérdida patrimonial producida en las ventas de bienes inmuebles. Para las transmisiones efectuadas durante el año 2011 se aplican los siguientes:

	Coeficiente
Con anterioridad a 1 de enero de 1984	2,2719
En el ejercicio 1984	2,0630
En el ejercicio 1985	1,9052
En el ejercicio 1986	1,7937
En el ejercicio 1987	1,7087
En el ejercicio 1988	1,6324
En el ejercicio 1989	1,5612
En el ejercicio 1990	1,5001
En el ejercicio 1991	1,4488
En el ejercicio 1992	1,4167
En el ejercicio 1993	1,3982
En el ejercicio 1994	1,3730
En el ejercicio 1995	1,3180
En el ejercicio 1996	1,2553
En el ejercicio 1997	1,2273
En el ejercicio 1998	1,2114
En el ejercicio 1999	1,2030
En el ejercicio 2000	1,1969
En el ejercicio 2001	1,1722
En el ejercicio 2002	1,1580
En el ejercicio 2003	1,1385
En el ejercicio 2004	1,1276
En el ejercicio 2005	1,1127
En el ejercicio 2006	1,0908
En el ejercicio 2007	1,0674
En el ejercicio 2008	1,0343
En el ejercicio 2009	1,0120
En el ejercicio 2010	1,0000
En el ejercicio 2011	1,0000

Valoración especial de determinados hechos imponibles

 

Aunque nuestra fiscalidad, en general, admite los valores contables, sí contiene ciertas normas especiales cuando se transmiten elementos sin contraprestación dineraria, casos en los que, en general, la norma fiscal manda reconocer los ingresos por diferencia entre el valor de mercado del bien entregado y su valor contable, o entre el valor de mercado del bien recibido y el valor contable de la participación, y la norma contable en algunos de estos supuestos no computa el beneficio.

Si la contabilidad no refleja estas operaciones a valor de mercado surgirán diferencias positivas en la base imponible del Impuesto en el momento de producirse el hecho imponible. Esta norma se aplica en los siguientes supuestos:

 

ü                   Los transmitidos o adquiridos a título lucrativo.

ü                   Los aportados a entidades y los valores recibidos en contraprestación.

ü                   Los transmitidos a los socios por causa de disolución, separación de éstos, reducción del capital con devoluciones de aportaciones, reparto de la prima de emisión y distribución de beneficios.

ü                   Los transmitidos en virtud de fusión, absorción y escisión total o parcial.

ü                   Los adquiridos por permuta.

ü                   Los adquiridos por canje o conversión.

Operaciones vinculadas

Además de obligar a las personas y entidades que estén vinculadas a valorar a valor de mercado las transacciones que realicen entre ellas, con unos determinados métodos, se les exige asimismo elaborar una documentación que soporte ese ejercicio de valoración, y se anuda a este último deber un régimen sancionador estricto.

La Dirección General de Tributos ha establecido que, en base al principio general del derecho, según el cual la ley especial prevalece sobre la general, debe tenerse en cuenta que las operaciones reguladas en el artículo 15 del TRLIS son operaciones especiales con unas reglas de valoración específicas que pueden ser realizadas por personas o entidades tanto vinculadas como no vinculadas. En este sentido, teniendo en cuenta que tanto el artículo 15 como el 16 del TRLIS establecen ambos reglas de valoración y el primero resulta ser más especial que el segundo, que regula las operaciones vinculadas en general, prevalece aquél sobre éste sin que sea necesario, por tanto que las operaciones allí reguladas se vean afectadas por el artículo 16 ni por las obligaciones de documentación que este artículo conlleva. También considera, por el mismo principio, que no es obligatorio documentar las operaciones vinculadas realizadas entre una cooperativa y sus socios.

 

 

Gastos y pérdidas contables que fiscalmente no son deducibles

 

No constituyen partidas deducibles los siguientes gastos contables:

ü                   Los que representen una retribución de los Fondos Propios.

ü                   Los derivados de la contabilización del Impuesto sobre Sociedades.

ü                   Las multas y sanciones penales y administrativas, el recargo de apremio y extemporáneo.

ü                   Las pérdidas del juego.

ü                   Los donativos y liberalidades.

ü                   Las dotaciones a fondos internos de pensiones.

ü                   Los gastos de servicios correspondientes a operaciones realizadas con personas o entidades residentes en Paraísos Fiscales.

ü                   Gastos financieros ocasionados por la compra de participaciones de entidades de un mismo grupo mercantil.

Donativos y liberalidades

Se tratan de partidas de gastos que nacen de la voluntad unilateral del sujeto pasivo mediante la disposición de un elemento patrimonial de la empresa en favor de un tercero en donde está ausente una función retributiva, no siendo deducible el gasto contabilizado que se corresponda con donativos y liberalidades, por lo que surgirá un ajuste permanente positivo en la base imponible.

Además de la no deducibilidad de estos gastos, la diferencia entre el valor normal de mercado de los bienes entregados de forma gratuita y su valor contable, debe integrarse en la base imponible de la sociedad, surgiendo otro ajuste permanente positivo en la base imponible del Impuesto.

Se considera que la condonación parcial de deudas sin intentar previamente su cobro se considera una liberalidad. No son donativos ni liberalidades los siguientes gastos:

ü                   Los obsequios a clientes y proveedores, comidas con los mismos y el coste de hospedaje y manutención consecuencia de los desplazamientos de los clientes y proveedores a cargo de la empresa.

ü                   Bienes entregados a los empleados por la permanencia en la empresa un número determinado de años.

ü                   Las celebraciones anuales en Navidad y entrega de regalos en esas fechas.

ü                   Los que tienen como finalidad promocionar los productos de la empresa (venta de bienes y prestación de servicios), en la medida en que tales gastos están de una manera u otra correlacionados con sus ingresos.

Amortización fiscal

Para que la amortización sea deducible, en principio, como ocurre con otros tipos de gasto, debe estar contabilizada, teniendo además que ser efectiva. La amortización es efectiva cuando resulte de aplicar alguno de los métodos siguientes:

ü                   Coeficientes según tablas.

ü                   Porcentaje constante sobre el valor pendiente.

ü                   Números dígitos.

ü                   Plan formulado a la Administración y aceptado por ésta o la depreciación probada por el sujeto pasivo.

Amortización por tablas

Si en algún período un elemento es amortizado por debajo del coeficiente mínimo de tablas, el exceso de amortización sobre dicho mínimo, realizado en un período posterior, se entiende que corresponde al período impositivo en el que no se llegó al mínimo. Estaremos aplicando en este caso el apartado 3 del artículo 19 del TRLIS que permite deducir un gasto de ejercicios anteriores en uno posterior en el que se haya contabilizado.

No obstante, debemos de tener cuidado, ya que la deducibilidad queda condicionada a que de ello no se derive una tributación inferior a la que se habría producido si la deducción se efectuase por devengo, máxime si consideramos que la Administración viene entendiendo que se produce menor tributación si el ejercicio en el que se produjo el gasto está prescrito.

Libertad de amortización

En determinados supuestos el legislador admite que se amorticen libremente los activos, lo que dará lugar a ajustes negativos en la base imponible del Impuesto que revertirán en años posteriores, por ejemplo, en los siguientes casos:

                                                        

ü                   En las sociedades anónimas laborales y sociedades limitadas laborales el inmovilizado material, intangible y las inversiones inmobiliarias afectos a sus actividades cuando se adquieren en los 5 primeros años de su calificación como tales.

ü                   Los activos mineros y las cantidades abonadas en concepto de canon de superficie de las empresas que aplican el régimen especial de la minería.

ü                   Los elementos del inmovilizado material e intangible afectos a las actividades de I+D, excluidos los edificios.

ü                   Los gastos de I+D activados como intangible (sin tener en cuenta las amortizaciones de los elementos que tengan libertad de amortización).

ü                   Los elementos nuevos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias de las empresas de reducida dimensión, aunque la deducibilidad se somete a unos límites y requisitos.

 

Arrendamiento financiero

Para poder aplicar el régimen especial de los contratos de arrendamiento financiero es necesario que el contrato contenga una opción de compra a favor del arrendatario y recaer sobre bienes, muebles o inmuebles, que queden afectados a las actividades empresariales de éste. Su duración mínima será de 2 años, tratándose de bienes muebles, y de 10 si recae sobre bienes inmuebles o establecimientos industriales.

Las cuotas de arrendamiento distinguirán el componente financiero y el de recuperación del valor del bien cedido. El importe de este segundo componente no podrá ser decreciente durante el período contractual. Es gasto fiscal el componente financiero y el componente de recuperación de valor, con el límite del duplo de la amortización lineal máxima según tablas o del triple si el arrendatario es una empresa de reducida dimensión. Hay que advertir que aquellos contratos vigentes con períodos anuales de duración iniciados en 2009, 2010 y 2011, quedan eximidos de cumplir este último requisito. Con ello se salva el problema, agudizado en época de crisis, de que una refinanciación alargando los plazos de pago del contrato invalide toda la aplicación de este régimen especial, lo cual llevaría al sujeto pasivo a realizar regularizaciones por todos los ejercicios en los que estuvo vigente el contrato.

Amortización de intangibles

Conforme a la normativa contable, los elementos del inmovilizado intangible los podemos clasificar en los que tienen vida útil definida e indefinida.

Los primeros tendrán una amortización contable en función de dicha vida útil. Si ésta es superior a 10 años la amortización contable será igual que la fiscal y, si es inferior a 10 años, la amortización fiscal coincidirá siempre que se pruebe que la vida útil es menor de 10 años. En las tablas reglamentarias de amortización, uno de los elementos que se regulan son los Sistemas y Programas Informáticos, correspondiéndoles un coeficiente máximo de amortización del 33 por 100 y un período máximo de 6 años de vida útil.

En cuanto a los intangibles de vida útil indefinida, que no se amortizan desde el punto de vista contable, la fiscalidad permite deducir su valor de adquisición por décimas partes lo que, naturalmente, habrá de llevarse a cabo a través de un ajuste extracontable negativo.

Esta deducibilidad por décimas partes del intangible de vida útil indefinida viene condicionada a dos requisitos: que dicho elemento se haya puesto de manifiesto en virtud de una adquisición a título oneroso, y que no se haya adquirido a una entidad del grupo (en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio), salvo que aún así la transmitente a su vez lo hubiera adquirido a un tercero, aunque en este caso solo se podría deducir cada año la décima parte del precio satisfecho a ese tercero.

Fondo de Comercio Financiero

 

El porcentaje de deducción anual del fondo de comercio financiero que surge en las adquisiciones de empresas en el extranjero es del 1 por 100, en lugar del 5 por 100, para los períodos 2011, 2012 y 2013. La Dirección General de Tributos considera que una interpretación acorde a derecho debe permitir que la deducción fiscal del fondo de comercio financiero se haga extensivo a distintos niveles de participación, de manera que resulte aplicable no sólo al fondo de comercio existente en una entidad directamente participada, sino también el que se encuentre en segundos o ulteriores niveles de participación.

Para ello será necesario probar, a través del balance consolidado o por cualquier otro medio de prueba admitido en derecho, que existe una parte del precio de adquisición de la entidad holding directamente adquirida que, en el momento de realizarse la misma, inequívocamente se corresponde con un fondo de comercio financiero existente en una entidad indirectamente participada que de derecho a la exención para evitar la doble imposición internacional.

Deterioro del Fondo de Comercio

La norma fiscal no establece ninguna regulación específica relacionada con la corrección valorativa por deterioro del activo intangible de vida útil definida, por lo que dicha corrección será fiscalmente deducible, en la medida en que el deterioro se haya determinado de acuerdo con la normativa mercantil.

En el caso de que, con carácter previo a la aplicación del deterioro, el sujeto pasivo haya realizado ajustes negativos en la base imponible del Impuesto, las cantidades deducidas minorarán a efectos fiscales el valor del inmovilizado intangible. Por tanto, cualquier deterioro contable del activo intangible será deducible por aquella parte que exceda de las cantidades previamente deducidas fiscalmente.

Depreciación de la participación en empresas en el extranjero

No se integra en la base imponible del sujeto pasivo la depreciación de la participación derivada de la distribución de los beneficios, cualquiera que sea la forma y el período impositivo en que dicha depreciación se ponga de manifiesto hasta el importe de los dividendos cobrados. El sujeto pasivo deberá realizar un ajuste positivo en la base imponible.

El importe de la depreciación, que se produce cuando se cobre el dividendo, será el beneficio obtenido por la entidad que los distribuye con anterioridad a la adquisición de la participación sobre la misma.

Pérdidas por deterioro de instrumentos financieros

La norma contable clasifica los activos financieros en préstamos y partidas a cobrar, inversiones mantenidas hasta el vencimiento, activos financieros mantenidos para negociar, otros activos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias y activos financieros disponibles para la venta.

ü                   Los activos financieros mantenidos para negociar no sufren deterioro porque ya su valoración a fin de ejercicio ha de ser por su valor razonable, lo que significa que los incrementos o rebajas de valor respecto al de adquisición van directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias con plena eficacia fiscal.

ü                   El tratamiento de los valores de renta fija va a depender de si están admitidos a cotización, en cuyo caso solo es deducible la pérdida neta global obtenida en estos activos, o no están admitidos, para los que no será deducible la pérdida producida en los valores que tienen un valor cierto de reembolso.

ü                   Para la deducibilidad en el caso de deterioro de valores de renta variable tenemos que distinguir entre los valores negociados en mercados regulados y los no negociados.

·         El deterioro contable de los primeros no presenta ninguna limitación, excepto cuando se trate de participaciones de entidades residentes en paraísos fiscales, con la excepción a la excepción de participaciones de entidades que consoliden sus cuentas con la entidad socia o que residen en un Estado de la UE y se acredite que realizan actividades económicas y que existe motivo económico válido para su constitución. Tampoco se acepta el deterioro de valores mantenidos en autocartera.

·         En cuanto a los valores de renta variable que no cotizan en mercados regulados, en general, el deterioro será deducible cuando no supere la diferencia entre el valor de los fondos propios de la participada al inicio y al cierre del ejercicio.

No obstante, también es este caso se limita la posibilidad de deducir, como en los valores negociables, en valores de entidades que residan en un paraíso fiscal o cuando se trate de pérdidas de valores representativos del capital social del propio sujeto pasivo.

ü                   Créditos comerciales y no comerciales

Son deducibles las dotaciones para insolvencias contabilizadas cuando a la fecha de devengo del Impuesto han transcurridos 6 meses desde que se hizo la primera gestión de cobro del crédito. No es necesario que transcurra el plazo anterior cuando el deudor se encuentre en algunos de los siguientes casos:

·         Declarado en quiebra, concurso de acreedores, suspensión de pagos, incurso en un procedimiento de quita y espera, o situaciones análogas.

·         Procesado por el delito de alzamiento de bienes.

·         Si las obligaciones han sido reclamadas judicialmente o son objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa su cobro.

No se pueden deducir las dotaciones, excepto que sean objeto de un procedimiento arbitral o judicial, respecto de créditos que estén en alguna de las siguientes circunstancias:

·         Adeudados o afianzados por entidades de Derecho público, o por entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca.

·         Los garantizados mediante derechos reales, pacto de reserva de dominio y derecho de retención, excepto en los casos de pérdida o envilecimiento de la garantía.

·         Los garantizados mediante un contrato de seguro de crédito o caución.

·         Los que hayan sido objeto de renovación o prórroga expresa.

·         Tampoco van a ser deducibles las dotaciones para la cobertura del riesgo derivado de las posibles insolvencias de personas o entidades vinculadas con el acreedor, salvo que la insolvencia esté judicialmente declarada, ni las dotaciones basadas en estimaciones globales del riesgo de insolvencias de clientes y deudores.

Provisiones para gastos

Tienen por objeto el reconocimiento contable de pasivos no financieros de carácter no corriente que surgen de obligaciones expresas o tacitas, claramente especificados en cuanto a su naturaleza, pero que, en la fecha de cierre del ejercicio, son indeterminados en cuanto a su importe exacto o a la fecha en que se producirán.

ü                   Retribuciones a largo plazo al personal

Incluyen las prestaciones post-empleo, tales como pensiones y otras prestaciones por jubilación o retiro, así como las correspondientes a planes de prejubilación. Solamente son deducibles las contribuciones de los promotores de planes de pensiones y las realizadas a planes de previsión social empresarial siempre que:

·         No sean fondos internos.

·         Se imputen a los trabajadores.

·         Que se transmita de forma irrevocable el derecho a la percepción.

·         Se transmita la titularidad y gestión de los recursos.

ü                   Retribuciones al personal con pagos en instrumentos de patrimonio

No son deducibles los gastos de personal que se correspondan con pagos basados en instrumentos de patrimonio, utilizados como fórmula de retribución a los empleados. El gasto será deducible en el momento en que la provisión se aplique a su finalidad, es decir cuando se liquide en efectivo o, si se satisface mediante la entrega de instrumentos de patrimonio, cuando los mismos sean entregados.

ü                   Actuaciones medioambientales

Representan obligaciones legales, contractuales o implícitas, de cuantía indeterminada, para prevenir o reparar daños sobre el medio ambiente, y que no sean gastos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación (gastos de descontaminación, restauración de lugares contaminados, eliminación de residuos acumulados, etc).

Serán deducibles, aunque no respondan a obligaciones ciertas, siempre que respondan a un plan formulado y aprobado por la Administración Tributaria. Los gastos no deducibles fiscalmente se integrarán en la base imponible del período impositivo en el que se aplique la provisión a su finalidad.

ü                   Contratos onerosos

Se dotará contablemente la provisión cuando los costes que conlleva el cumplimiento de un contrato excedan a los beneficios económicos que se espera recibir del mismo. Desde el punto de vista fiscal estos gastos no son fiscalmente deducibles.

ü                   Por reestructuraciones

Solamente serían deducibles si se refieren a obligaciones legales o contractuales y no meramente tácitas. Entre las no deducibles estarían los planes voluntarios de bajas incentivadas. El Centro Directivo considera no deducible la provisión para cubrir el riesgo de una posible indemnización futura en caso de despido de un trabajador, por no corresponder a una obligación cierta. Sí son deducibles las siguientes:

·         Las derivadas de la existencia de contratos de obra o de duración temporal, a cuya finalización deba satisfacerse una indemnización determinada.

·         La dotada hasta un máximo de 45 días por año trabajado establecida por sentencia judicial que ha sido recurrida en un despido por causas objetivas.

·         La provisión dotada de los contratos de trabajo que contemplen un término cierto que determine la extinción de la relación laboral.

·         La provisión por indemnización por contratos de trabajo de duración determinada a cuyo término hay que paga una indemnización.

ü                   Devoluciones de ventas

No son deducibles los gastos incurridos por el riesgo de devolución de ventas. Será deducible cuando las devoluciones de las ventas se produzcan. No hay que confundir ésta provisión con la de gastos accesorios en devoluciones de ventas, que sí es deducible y que tiene por finalidad provisionar solamente la estimación de gastos asociados a las devoluciones, no las devoluciones en si mismas.

ü                   Garantías de reparación y revisiones y para la cobertura de gastos accesorios por devoluciones de venta

Esta provisión es deducible con el límite de multiplicar un porcentaje sobre el saldo de las ventas con garantía pendiente al finalizar el periodo impositivo. Dicho porcentaje se determina por el cociente entre:

·         En el numerador, los gastos en que incurrió el sujeto pasivo para hacer frente a las garantías habidas en el periodo impositivo y en los dos inmediatos anteriores.

·         En el denominador, las ventas con garantía realizadas en el periodo impositivo y en los dos inmediatos anteriores.

El mismo criterio se aplicará a la dotación para la cobertura de gastos accesorios a devoluciones de ventas y, en el caso de entidades de nueva creación, se atenderá a los periodos impositivos transcurridos.

ü                   Provisiones para impuestos

Si se ha dotado por el importe estimado de la deuda tributaria cuyo pago está indeterminado en cuanto a su importe exacto o en cuanto a la fecha en que se producirá, no será fiscalmente deducible si se corresponde al Impuesto sobre Sociedades, ya que el gasto contable de éste tributo no es fiscalmente deducible. Cuando se dote la provisión por deudas tributarias de otros impuestos, distintos del anterior, será fiscalmente deducible.

Reducción de ingresos obtenidos por la cesión del derecho de uso o explotación de intangibles

Desde el año 2008 se permite practicar una reducción del 50 por 100 de los ingresos  obtenidos por la cesión del derecho de uso o explotación de intangibles.

El sujeto pasivo tendrá que realizar un ajuste negativo en la base imponible del Impuesto por la mitad del ingreso. Los activos objeto de cesión de uso o explotación son las patentes, dibujos, modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, derechos sobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas. No se aplica la reducción a las marcas, obras literarias, artísticas o científicas, películas cinematográficas, derechos personales susceptibles de cesión, como los derechos de imagen, programas informáticos, equipos industriales o científicos.

Es necesario que el cedente haya sido el creador del activo objeto de cesión, por lo que si es titular por adquisición a terceros no hay derecho a reducción. El cesionario tiene que utilizar los derechos de uso o explotación en el desarrollo de una actividad económica, no ser residente en un paraíso fiscal o territorio de nula tributación y que los resultados de la utilización no se materialicen en la entrega de bienes y servicios por el cesionario al cedente, si están vinculados.

La reducción se aplicará hasta el ejercicio en que la suma de los ingresos obtenidos por la cesión supere el coste del activo creado multiplicado por 6. Este beneficio es compatible con la deducción por I+D+i.

 

Compensación de bases imponibles negativas

Se compensan dentro de los 15 años ó, 18 años a partir de 2012, y sucesivos a aquel en que se originó la base imponible negativa. Las entidades de nueva creación pueden compensar las bases imponibles negativas con las rentas positivas de los períodos impositivos que concluyan en el plazo de 15-18 años a partir del primer período impositivo cuya renta sea positiva. Con la ampliación del plazo las bases negativas generadas en 1997 y 1998, podrán ser compensadas hasta los ejercicios 2015 y 2016, respectivamente.

Para poder ejercer el derecho a compensar la base imponible negativa es obligatorio presentar la declaración, o que la Administración nos la reconozca en liquidación. También es necesario conservar la contabilidad y los soportes documentales que acrediten la cuantía y procedencia de la base imponible negativa, ante una eventual comprobación administrativa, aunque se hubiera generado en un periodo ya prescrito. En cada ejercicio se puede compensar la cuantía que se estime conveniente, pero el importe de la compensación no puede exceder de la renta positiva una vez afectada de las correcciones al resultado contable previas a la compensación. Como mínimo, el resultado de la compensación puede dar una base imponible cero, pero nunca negativa.

El importe de la compensación tampoco puede superar el importe acumulado de las bases imponibles negativas obtenidas en los 15-18 años inmediatos anteriores a la conclusión del período impositivo que se encuentran pendientes de compensación. Recordamos que desde el día 20 de agosto de 2011 se limita, a determinados sujetos pasivos, el importe a compensar de las bases imponibles negativas para los períodos impositivos iniciados dentro de los años 2011, 2012 y 2013.

Dividendos percibidos

En general, los dividendos percibidos que corresponden a reservas de la sociedad participada se computarán como ingresos financieros del ejercicio, aunque, si proceden de reservas que se hubieran generado antes de adquirir la participación, porque se repartan importes superiores a los beneficios generados por la participada durante la tenencia de la participación, estos ingresos minorarán el valor contable de la inversión.

En este caso, la percepción del dividendo no determina la integración de renta en la base imponible y, por lo tanto, en principio, queda vedada la aplicación de la deducción por doble imposición intersocietaria.

Sí será posible aplicar la deducción por doble imposición si se prueba que un importe equivalente a la depreciación del valor de la participación se ha integrado en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de la transmitente a los tipos general, al incrementado de empresas de hidrocarburos, al 25 por 100 (mutuas, cooperativas de crédito, colegios profesionales, etc.) o al tipo de las empresas de reducida dimensión y no ha tenido derecho a la aplicación de la deducción por doble imposición, si bien la deducción será el 18 por 100 si la renta se aprovechó de la deducción por reinversión en la transmitente. También se podrá aplicar cuando el transmitente de la participación es contribuyente del IRPF, aunque en este caso la deducción no podrá superar el producto del dividendo por el tipo aplicado a la renta en el IRPF (que habrá pagado como parte especial de la base imponible o como base del ahorro).

Tipos de gravamen

Para 2011 son los siguientes:

En general	30
Entidades de reducida dimensión	25/30 (*)
Cooperativas fiscalmente protegidas	20
Cajas rurales, mutuas de seguros, cooperativas de crédito y mutualidades de previsión social	25
Sociedades de garantía recíproca y sociedades de reafianzamiento	25
Entidades parcialmente exentas	25
Comunidades titulares de montes vecinales en mano común	25
Entidades sin fines lucrativos (Ley 49/2002)	10
Sociedades y fondos de inversión	1
Fondos de pensiones	0
Sociedades de hidrocarburos	35
Entidad Zona Especial Canaria (ZEC)	4
(*) Régimen transitorio mantenimiento empleo 25-20

 

Tipo de gravamen reducido

Continúa vigente, siendo aplicable para ejercicios iniciados en 2009, 2010, 2011 y 2012 el tipo reducido del 20 por 100 para micropymes que mantengan empleo, por los primeros 120.202,41 € de base imponible, gravándose al 25 por 100 el resto de base.

En primer lugar se ha de tratar de entidades que tengan un importe neto de su cifra de negocios inferior a 5 millones de € y que la plantilla media sea menor a 25 empleados.

En segundo lugar, en lo que se refiere al requisito de mantener plantilla, se exige que la plantilla media en los 12 meses siguientes al inicio del ejercicio del año 2009, 2010, 2011 ó 2012 sea, al menos, la unidad y, como poco, igual a la plantilla media de los 12 meses anteriores al inicio del primer ejercicio que comience a partir de 1 de enero de 2009. En definitiva, si el periodo impositivo de la entidad coincide con el año natural, se compara la plantilla del año en curso con la de 2008 y se podrá aplicar el tipo reducido si es de 1 hombre/año al menos y la del año no es inferior a la de 2008.

Para el cálculo de la plantilla se tienen en cuenta las personas contratadas en los términos dispuestos por la legislación laboral, considerando la jornada contratada en relación con la jornada completa.

Si la entidad se ha constituido en 2009, 2010, 2011 ó 2012 se permite aplicar el incentivo en el ejercicio de la constitución cuando en este la plantilla media es mayor de cero e inferior a la unidad, a condición de que, en los 12 meses siguientes a la conclusión del periodo de su creación, la plantilla llegue a un hombre/año. En el supuesto de que la condición se incumpla, se deberá ingresar lo no pagado en el ejercicio de inicio de actividad y los correspondientes intereses de demora, añadiendo todo a la cuota del ejercicio en el que se produjo el incumplimiento.

A efectos del cómputo de plantilla, se tienen en cuenta lo trabajadores que estén dados de baja por maternidad o enfermedad. No forman parte de la plantilla los socios que, conforme a la legislación laboral, no son empleados aunque presten servicios retribuidos a la empresa. La Dirección General de Tributos interpreta que tampoco se computan como plantilla los administradores cuando posean el control de la entidad por ostentar el 50 por 100 del capital o más.

Aplicación del régimen especial de empresas de reducida dimensión

Ya es conocido que la doctrina administrativa, a partir de la Resolución del TEAC de 29-01-09, considera que no es aplicable este régimen especial a una sociedad de mera tenencia de bienes basándose, fundamentalmente, en que, según la Real Academia de la Lengua, el término “empresa” se refiere a una unidad de organización de medios materiales y humanos para la realización de una auténtica actividad económica, lo que no sucede con estas sociedades que, por ejemplo, se dedican a alquilar inmuebles sin persona empleada o sin local afecto exclusivamente.

A este respecto conviene saber que algunos Tribunales Económico.Administrativos Regionales han resuelto en contra, sobre todo al considerar que esta doctrina no es predicable después de la desaparición, de la normativa del impuesto,  de la transparencia fiscal, y que la misma DGT, en la Consulta V2286-11, admite la aplicación del régimen a partir del momento en que una sociedad de estas características comienza a ejercer otra actividad económica (en el caso planteado la de consultoría de empresas)

Deducciones por doble imposición

Si se perciben dividendos procedentes de una participación de, al menos, un 5 por 100 de una entidad no residente que no hayan quedado exentos, es posible que podamos deducirnos el impuesto pagado por la filial en el extranjero que corresponda proporcionalmente a los dividendos recibidos. También se podrá aplicar la deducción cuando la compañía haya integrado rentas de una sucursal radicada en el extranjero que hayan sido gravadas allí. En ese caso podrá deducirse la menor de dos: el importe del impuesto satisfecho en el extranjero o el de la cuota correspondiente a esos ingresos que habría que haber pagado si se hubiera obtenido en nuestro país.

Recordamos que para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2011, cuando se tenga una participación de al menos el 5 por 100 del capital de una sociedad residente y esta última haya realizado una operación de concentración con otras entidades o bien una operación en el ámbito de las ofertas públicas de adquisición de valores, de manera que como consecuencia de estas operaciones la participación en aquella sociedad quede por debajo del 5 por 100 pero al menos sea del 3 por 100, se seguirá aplicando la deducción por doble imposición al 100 por 100 sobre los dividendos distribuidos en el plazo de los 3 años desde la realización de la operación, siempre que en el ejercicio en que se realiza la distribución el porcentaje de participación no quede por debajo del 3 por 100. Hay que tener en consideración lo siguiente:

ü       No se aplica la deducción por plusvalías obtenidas, solo por los dividendos.

ü       Si transcurridos los 3 años no se tiene el 5 por 100 del capital la deducción es del 50 por 100.

ü       Solo la aplica el socio de la sociedad absorbente que ve disminuida su participación pero sin transmitir sus acciones.

ü       El socio de la sociedad absorbida no aplica este régimen ya que la disminución que se le produce es como consecuencia de la transmisión de su participación.

Deducciones para incentivar determinadas actividades

Conforme al calendario marcado por la Ley 35/2006, los porcentajes de deducción que se aplican en 2011 y 2012 son los siguientes:

Concepto de deducción	2011	2012
Bienes del Patrimonio Histórico Español	6%	4%
Edición de libros	2%	2%
Largo metrajes	18-5%	18-5%
Investigación y desarrollo (I + D)	25-42%	25-42%
Gastos investigadores cualificados (I + D)	17%	17%
Innovación tecnológica (I + D)	8-12%	8-12%
Producción cinematográfica	18%	18%
Coproductor financiero	5%	5%
Protección del medio ambiente	2-8%	2-8%
Utilización de nuevas tecnologías para los empleados	1–2%	1–2%
Reinversión de beneficios extraordinarios	12%	12%
Creación empleo minusválidos	6.000 €	6.000 €

Deducción por reinversión de beneficios extraordinarios

Actualmente está fijada en el 12 por 100 de la renta obtenida en la transmisión de elementos del inmovilizado material, intangible o inversiones inmobiliarias afectos a las actividades económicas con, al menos, un año de funcionamiento en la empresa, dentro de los tres anteriores a la transmisión, o de valores representativos del capital o de los fondos propios de entidades, exigiéndose una participación mínima del 5 por 100 poseída, como poco, con un año de antelación.

La reinversión ha de efectuarse también en los bienes y derechos mencionados, sin que puedan utilizarse, ni en la transmisión ni en la reinversión, los valores que no otorguen participación en los fondos propios, que sean de entidades no residentes sin derecho a la exención de dividendos, que representen instituciones de inversión colectiva, ni los que otorguen participación en sociedades sin actividad económica. Si la participada cuenta con elementos no afectos en más de un 15 por 100 de su activo, se ve recortada la base de deducción proporcionalmente.

La reinversión debe realizarse entre el año anterior a la transmisión y los tres posteriores, salvo que se autorice un plan especial de reinversión. Por último, hay que tener en cuenta que el porcentaje aplicable será el que corresponde al ejercicio en el que se produjo el beneficio.

Incentivos al mecenazgo

Cuando los donativos, donaciones y aportaciones se realicen a las actividades y programas prioritarios de mecenazgo que enumera la disposición adicional trigésima de esta Ley, el porcentaje de la deducción previsto en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, en este Impuesto se incrementa en un 5 por 100, llegando por lo tanto al 30 por 100 de las donaciones relacionadas con determinados programas y actividades. Para el 2011 se han regulado las siguientes:

ü                   Las llevadas a cabo por el Instituto Cervantes para la promoción y la difusión de la lengua española y de la cultura mediante redes telemáticas, nuevas tecnologías y otros medios audiovisuales.

ü                   La promoción y la difusión de las lenguas oficiales de los diferentes territorios del Estado español llevadas a cabo por las correspondientes instituciones de las Comunidades Autónomas con lengua oficial propia.

ü                   La conservación, restauración o rehabilitación de los bienes del Patrimonio Histórico Español que se relacionan en el Anexo VIII de esta Ley, así como las actividades y bienes que se incluyan, previo acuerdo entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en el programa de digitalización, conservación, catalogación, difusión y explotación de los elementos del Patrimonio Histórico Español «patrimonio.es» al que se refiere el artículo 75 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

ü                   Los programas de formación del voluntariado que hayan sido objeto de subvención por parte de las Administraciones públicas.

ü                   Los proyectos y actuaciones de las Administraciones públicas dedicadas a la promoción de la Sociedad de la Información y, en particular, aquellos que tengan por objeto la prestación de los servicios públicos por medio de los servicios informáticos y telemáticos a través de Internet.

ü                   La investigación, desarrollo e innovación en las Instalaciones Científicas que, a este efecto, se relacionan en el Anexo XII de esta Ley.

ü                   La investigación, desarrollo e innovación en los ámbitos de las nanotecnologías, la salud, la genómica, la proteómica y la energía, y en entornos de excelencia internacional, realizados por las entidades que, a estos efectos, se reconozcan por el Ministerio de Economía y Hacienda, a propuesta del Ministerio de Ciencia e Innovación.

ü                   El fomento de la difusión, divulgación y comunicación de la cultura científica y de la innovación, llevadas a cabo por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

ü                   Los programas dirigidos a la lucha contra la violencia de género que hayan sido objeto de subvención por parte de las Administraciones públicas o se realicen en colaboración con éstas.

 

Acontecimientos de excepcional interés público

Son programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público el conjunto de incentivos fiscales específicos aplicables a las actuaciones que se realicen para asegurar el adecuado desarrollo de los acontecimientos que, en su caso, se determinen por Ley.

Se podrá deducir de la cuota íntegra del impuesto el 15 por 100 de los gastos que, en cumplimiento de los planes y programas de actividades establecidos por el consorcio o por el órgano administrativo correspondiente, realicen en la propaganda y publicidad de proyección plurianual que sirvan directamente para la promoción del respectivo acontecimiento.

Cuando el contenido del soporte publicitario se refiera de modo esencial a la divulgación del acontecimiento, la base de la deducción será el importe total del gasto realizado. En caso contrario, la base de la deducción será el 25 por 100 de dicho gasto.

Se declaran los siguientes para el año 2011

ü                   La celebración de los actos del V Centenario del Nacimiento en Trujillo de Francisco de Orellana, descubridor del Amazonas «2011: AÑO ORELLANA». La duración del programa de apoyo a este acontecimiento alcanzará desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2011.

ü                   El Campeonato del Mundo de Baloncesto de Selecciones Nacionales en Categoría Absoluta «Mundobasket 2014». La duración de este programa será de 1 de octubre de 2011 a 30 de septiembre de 2014.

ü                   El campeonato del Mundo de Balonmano Absoluto Masculino de 2013. La duración de este programa será de 1 de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2013.

ü                   La celebración del «Tricentenario de la Biblioteca Nacional de España». La duración del programa de apoyo a este acontecimiento alcanzará desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2011.

ü                   La celebración del «IV Centenario del fallecimiento del pintor Doménico Theotocópuli, conocido como El Greco», que se celebrará en 2014. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de julio de 2011 hasta el 30 de junio de 2014.

ü                   La celebración del «VIII Centenario de la Consagración de la Catedral de Santiago de Compostela». La duración del programa de apoyo a este acontecimiento alcanzará desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2011.

5.         Gestión del Impuesto

5.1.   Novedades

ü                   Desaparece el papel preimpreso como forma de presentación de las declaraciones correspondientes al modelo 200.

ü                   Se suprimen las casillas respecto de las deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades derogadas para el ejercicio 2011.

ü                   Se modifican las casillas relativas al nuevo tramo de la base imponible que se acoge al tipo reducido para empresas de reducida dimensión y micropymes, así como la reducción temporal del importe deducible por el fondo de comercio financiero en entidades extranjeras.

5.2.     Modelos de declaración

Como en el ejercicio anterior coexisten dos modelos:

           

ü                   Modelo 200: a presentar por todos los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes obligados a presentar y suscribir la declaración (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español).

ü                   Modelo 220:  a presentar por los grupos fiscales de consolidación fiscal, incluidos los de cooperativas, que tributen por el régimen fiscal especial de consolidación fiscal.

5.3.     Forma de presentación

ü                   Modelo 200: por el formato papel obtenido al imprimir el resultado en la sede electrónica de la AEAT, o por medios telemáticos. Esta última forma de presentación tendrá carácter obligatorio para los sujetos pasivos:

·         Adscritos a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o a las Unidades de Gestión de Grandes Empresas de la Agencia Tributaria.

·         Los que tengan forma de sociedad anónima o de responsabilidad limitada.

·         Quienes hayan consignado en la declaración una corrección al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias, como disminución, por importe igual o superior a 50.000 € en el apartado denominado “otras correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias”.

·         Cuando el importe de cualquiera de las siguientes deducciones sea igual o superior a 50.000 €:

o              Reinversión de beneficios extraordinarios.

o              Inversiones medioambientales.

o              Por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica.

ü                               Modelo 220:  por medios telemáticos.

ü                   Las declaraciones que deban presentarse ante la Administración del Estado los contribuyentes sometidos a la normativa foral podrán utilizar los modelos 200 o 220 o el modelo aprobado por la normativa foral correspondiente. Si optan por este último modelo deberán utilizar el documento de ingreso o devolución recogido en esta Orden.

5.4.     Documentos a incorporar junto con la declaración

ü                   Modelo 200. El sujeto pasivo deberá presentar por vía telemática a través de la sede electrónica de la AEAT los siguiente documentos:

·         Los sujetos pasivos que incluyan las rentas positivas obtenidas por entidades no residentes (Transparencia Fiscal Internacional) deberán presentar; de cada entidad no residente, los siguientes documentos:

o        Balance y cuenta de pérdidas y ganancias.

o        Justificación de los impuestos satisfechos respecto de la renta positiva incluida en la base imponible.

·         Los contribuyentes por IRNR: la Memoria informativa de los gastos deducibles de dirección y generales de administración que correspondan a los Establecimientos Permanentes.

·         Sujetos pasivos con una propuesta aprobada de valoración de operaciones vinculadas: el informe sobre la aplicación de la propuesta.

·         Comunicación de la materialización de inversiones anticipadas y de su sistema de financiación, realizadas con cargo a dotaciones futuras a la RIC.

·         Cuando se haya consignado una corrección al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias, como disminución, por importe igual o superior a 50.000 € en el apartado denominado “otras correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias” el contribuyente deberá, previamente a la presentación de la declaración, describir la naturaleza del ajuste realizado a través del formulario que figura en la Orden que aprueba los modelos y que se enviará por vía telemática a través de la sede electrónica de la AEAT.

ü                   Se solicitará información adicional, previamente a la presentación de la declaración, cuando el importe de cualquiera de las siguientes deducciones sea igual o superior a 50.000 €. Dicha información consistirá en:

o        Reinversión de beneficios extraordinarios: identificación de los bienes transmitidos y en los que se materializa la inversión.

o        Inversiones medioambientales: identificación de las inversiones realizadas.

o        Por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica: identificación de las inversiones y los gastos que dan derecho a esta deducción.

5.5.     Lugar de presentación del modelo 200, en caso de no hacerse telemáticamente.

ü                   Resultado a devolver:

·         En cualquiera de las entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria situadas en territorio español. Cuando el contribuyente solicite la devolución por transferencia bancaria en una cuenta abierta en entidad de crédito que no actúe como colaboradora en la gestión recaudatoria, la declaración deberá ser presentada en las oficinas de la AEAT.

·         Si el sujeto pasivo no tiene cuenta en territorio español. En este último caso la devolución se realizará mediante la emisión de cheque cruzado del Banco de España.

ü                   Resultado a ingresar: en cualquiera de las entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria sitas en territorio español. La presentación podrá realizarse directamente, mediante entrega personal en dichas oficinas, o por correo certificado dirigido a las mismas.

ü                   Los sujetos pasivos que se encuentren acogidos al sistema de cuenta corriente en materia tributaria, si no están obligados a la presentación por vía telemática, efectuarán la presentación en al Delegación o Administración que les corresponda.

5.6.         Plazo y presentación

ü                   Modelo 200

·         En el plazo de 25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores a la conclusión del período impositivo.

·         Si el pago se domicilia en una entidad de crédito colaboradora con la AEAT, el plazo será desde el 1 de julio hasta el 20 de julio de 2012, ambos inclusive.

·         En los 20 primeros días naturales de los meses de abril, julio, octubre y enero, atendiendo al trimestre en que se produce cualquiera de las siguientes circunstancias respecto al establecimiento permanente (EP):

o        Cuando concluya el período impositivo por el cese en la actividad de un EP.

o        Se realice la desafectación de la inversión realizada en el EP.

o        Se produzca la transmisión del EP.

o        Se produzca el traslado de residencia de la  central o el fallecimiento   del titular del establecimiento permanente.

o        El mismo plazo anterior se aplica a las entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, en el caso de que cesen en su actividad, a contar desde dicho cese.

ü                   Modelo 220

                Dentro del plazo correspondiente a la declaración en régimen de tributación individual de la sociedad dominante o entidad cabecera de grupo.

ü                   Los contribuyentes cuyo plazo de declaración se hubiera iniciado con anterioridad a 1 de julio de 2012 deberán presentar la declaración dentro de los 25 días naturales siguientes a dicha fecha, salvo que hubieran optado por presentar la declaración utilizando el modelo aprobado para el ejercicio 2010.

A continuación, en un cuadro, se reflejan los modelos, su forma de presentación, el lugar para efectuarla y los plazos.

Modelos

Puede utilizar

Forma de presentación

Lugar

Plazos

200	Con carácter general todos los sujetos pasivos del Impuesto y los no residentes con EP[1] y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español     Los grupos fiscales: todas las sociedades integrantes del grupo, incluso la dominante o cabecera del mismo	Vía telemática: Grandes Contribuyentes, S.A y S.L Formato papel de la sede electrónica AEAT: Los sujetos pasivos no obligados a presentar telemáticamente	Impreso: en entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria[2] o personalmente en la AEAT o por correo certificado[3]	En los 25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores a la conclusión del período impositivo Si el plazo de declaración se inició antes del 1 de julio de 2012 deberán presentar la declaración antes del 25 de julio, salvo que se hubiera presentado utilizando los modelos para ejercicios iniciados en  2010 Por cese en la actividad, transmisión EP o fallecimiento del titular del EP el plazo es de 20 primeros días naturales de los meses de abril, julio, octubre y enero
220	Grupos fiscales y cooperativas que tributen por     el régimen de consolidación fiscal	Vía telemática		Dentro del plazo correspondiente a la declaración en régimen de tributación individual de la sociedad dominante o entidad cabecera del grupo

6.            Novedades 2012

Fondo de comercio

Se rebaja el porcentaje de la deducción que aplican las empresas en la base imponible del Impuesto por el valor del fondo de comercio que aflora en las adquisiciones de empresas o en los procesos de reestructuración empresarial. Para los períodos impositivos correspondientes a 2012 y 2013 la deducción pasa de ser tan solo el 1 por 100 (antes 5 por 100).

Bases imponibles negativas

Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2012 se amplía el plazo de compensación de las bases imponibles negativas para todas las empresas hasta los 18 años inmediatos y sucesivos. El nuevo plazo será también de aplicación a las bases imponibles negativas que estuviesen pendientes de compensar al inicio del primer período impositivo que hubiera comenzado a partir de 1 de enero de 2012. Las bases negativas generadas, por ejemplo en 1997 ó 1998 podrán ser compensadas hasta el año 2015 y 2016, respectivamente.

Deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades

Por un lado, se reduce para los períodos impositivos iniciados durante 2012 y 2013 el límite conjunto que se aplica a las deducciones por incentivos, en concreto del actual 35 por 100 se pasa al 25 por 100. Paralelamente, también se reduce el límite cuando la deducción por I+D del ejercicio supera el 10 por 100 de la cuota íntegra, en este sentido se reduce del 60 por 100 hasta el 50 por 100. Además, la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios se computa a efectos del cálculo de este límite, cuando anteriormente no se tenía en cuenta.

Por otro lado, se amplía, de manera indefinida, el plazo para aplicar las deducciones pasando de 10 a 15 años, y de 15 a 18 cuando se trata de deducciones por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, y para el fomento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Si no se hubiera ampliado el plazo, el año 2012 sería el último para aplicar las deducciones generadas en 1997, con el nuevo plazo podrán aplicarse hasta el año 2015.

Pagos fraccionados

Para los períodos impositivos iniciados dentro de los años 2012 y 2013, se fija un importe mínimo a pagar por los pagos fraccionados que no podrán ser inferiores al 8 por 100 del resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias deducidas las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores. Este importe mínimo lo aplicarán las empresas cuyo importe neto de la cifra de negocios, en los doce meses anteriores, sea igual o superior a 20.000.000 €.

Naturalmente, como la magnitud de referencia para este límite es el resultado contable, será indiferente para su cálculo la existencia o no de gastos contables no deducibles fiscalmente o cualquier otra diferencia entre el resultado contable fiscal y el contable.

El porcentaje anterior se reduce a la mitad para los sujetos pasivos en los que, al menos, el 85 por 100 de sus ingresos procedan de rentas o dividendos exentos con derecho a deducción por doble imposición.

Gastos financieros

Se establece la no deducibilidad de determinados gastos financieros que correspondan a préstamos entre entidades de un grupo mercantil, en el sentido del artículo 42 de Código de Comercio. En concreto ya no son deducibles, salvo que se justifique motivo económico válido, los gastos que correspondan a préstamos concedidos por una entidad a otra del grupo cuyo destino sea la adquisición de las acciones de cualquier entidad que posee otra empresa del grupo o se destine a la ampliación de capital de una empresa del grupo.

Por otro lado, se limita hasta el 30 por 100 del beneficio operativo del ejercicio la deducibilidad de los gastos financieros netos, en supuestos distintos de los dos anteriores. No obstante, serán deducibles los gastos financieros por importe de hasta 1.000.000 €.

Los gastos que no hayan podido ser deducidos podrán aplicarse en los periodos impositivos que concluyan en los 18 años inmediatos y sucesivos, conjuntamente con los del período impositivo correspondiente. Esta limitación solo es aplicable a entidades que formen parte de un grupo mercantil o a los gastos derivados de deudas con personas o entidades que tengan una participación en la entidad, directa o indirectamente, en al menos el 20 por 100 o en las que participe la entidad en el mismo porcentaje, siempre que los gastos excedan del 10 por 100 de los gastos financieros netos.

Si los gastos financieros netos del período no alcanzan el límite anterior, la diferencia entre el citado límite y los gastos financieros del período se adicionará al límite, respecto de la deducción de gastos financieros netos en los períodos impositivos que concluyan en los 5 años inmediatos y sucesivos, hasta que se deduzca dicha diferencia.

En el caso de sociedades que apliquen el régimen especial de consolidación fiscal el límite de deducción se referirá al grupo fiscal. Los gastos financieros pendientes de deducir, por una entidad en el momento de su integración al grupo fiscal, se deducirán con el límite del 30 por 100 del beneficio operativo de dicha entidad.

 

Exención para evitar la doble imposición internacional

 

Se flexibilizan los requisitos para aplicar esta exención. Se introduce una regla de proporcionalidad en función del período de tiempo en el que se incumplen los requisitos para su aplicación, respecto del período de tenencia total de las participaciones.

La plusvalía que se corresponda con un incremento de reservas en un ejercicio en que se cumplen todos los requisitos no tributa, no quedando exenta la que se corresponda con un incremento de reservas en un ejercicio en que no se cumplen los requisitos. Si en la transmisión se ha generado alguna plusvalía tácita se entiende generada de forma lineal y se aplicará la exención proporcionalmente. Por la parte de la renta que no goce de exención podrá aplicarse la deducción por doble imposición internacional.

Libertad de amortización con o sin mantenimiento de empleo

Se deroga, a partir del 31 de marzo de 2012, el régimen de libertad de amortización que deja de aplicarse para las inversiones efectuadas a partir del día 31 de marzo de 2012. Además, para empresas que no sean de reducida dimensión si tienen a 30 de marzo de esta año importes de libertad de amortización pendientes de aplicar, se limita esta posibilidad en los siguientes términos: si el activo fue adquirido durante los años 2009 y 2010, por lo tanto, condicionado al requisito de mantenimiento de plantilla media,  las deducciones pendientes se limitan en cada ejercicio al 40 por 100 de la base imponible previa a la aplicación de la libertad de amortización y a la compensación de bases imponibles negativas; si el activo se adquirió en 2011 ó antes del 30 de marzo de 2012 las deducciones pendientes se limitan al 20 por 100 de la citada base previa.

En el caso de que los sujetos pasivos tengan cantidades pendientes de aplicar por activos condicionados y no condicionados al requisito de mantenimiento de empleo, aplicarán el límite del 40 por 100 hasta que agoten las cantidades pendientes generadas con mantenimiento de plantilla, entendiéndose aplicadas éstas en primer lugar. Se podrán aplicar en el mismo período impositivo las cantidades pendientes sin mantenimiento de empleo, hasta el importe de la diferencia entre el límite previsto y las cantidades ya aplicadas

Los límites  se aplicarán, igualmente, respecto de las inversiones en curso realizadas hasta el día 30 de marzo de 2012 que correspondan a elementos nuevos encargados en virtud de contratos de ejecución de obras o proyectos de inversión cuyo período de ejecución, en ambos casos, requiera un plazo superior a 2 años entre la fecha de encargo o inicio de la inversión y la fecha de su puesta a disposición o entrada en funcionamiento.

Por lo tanto, las entidades que hayan invertido en 2011 ó en años anteriores y tengan importes pendientes de aplicar por esta libertad de amortización, les interesará aplicarlos en la declaración que se va a presentar y así no verán limitada para su capacidad para amortizar libremente, afectándoles solo la limitación, en su caso, establecida para las bases imponibles negativas.

 

Tipo reducido para las micropymes

Se prorroga para el período impositivo 2012 los tipos reducidos de gravamen que aplican los sujetos pasivos cuando el importe neto de la cifra de negocios es inferior a 5.000.000 €, tengan menos de 25 empleados y mantengan plantilla.

Deducción por contratación de trabajadores

Se proyectan dos deducciones para incentivar la contratación de trabajadores jóvenes o que estén en situación de desempleo. La primera consiste en una deducción en la cuota del Impuesto de 3.000 €, para los sujetos pasivos que contraten a su primer trabajador menor de 30 años a través de un contrato por tiempo indefinido.

La segunda la podrán aplicar los sujetos pasivos que tengan una plantilla inferior a 50  trabajadores y concierten contratos de trabajo, por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores, con desempleados beneficiarios de una prestación contributiva por desempleo. La deducción será  del 50 por 100 del importe de la prestación por desempleo que el trabajador tuviera pendiente de percibir en el momento de la contratación, con el límite de 12 mensualidades y por un importe máximo de 6 mensualidades de la citada prestación por desempleo que hubiera percibido de no haber sido contratado y siempre que, en los 12 meses siguientes al inicio de la relación laboral, se produzca, respecto de cada trabajador, un incremento de la plantilla media total de la entidad en al menos la unidad respecto a la existente en los 12 meses anteriores.

Además, este incentivo se condiciona a que el trabajador contratado hubiera percibido la prestación por desempleo durante, al menos, 3 meses antes del inicio de la relación laboral. Se aplicarán en la cuota íntegra correspondiente a la finalización del periodo de prueba de 1 año exigido en el correspondiente tipo de contrato y estarán condicionadas al mantenimiento de esta relación laboral durante al menos 3 años desde la fecha de inicio. No se considera incumplida la obligación de mantenimiento de empleo cuando el contrato se extinga, una vez transcurrido el periodo de prueba, por causas objetivas o despido disciplinario cuando uno u otro sea declarado o reconocido como procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente o gran invalidez.

Exención de rentas derivadas de la transmisión de determinados inmuebles

Quedan exentas en un 50 por 100 las rentas positivas derivadas de la transmisión de bienes inmuebles de naturaleza urbana que tengan la condición de activo no corriente o que hayan sido clasificados como activos no corrientes mantenidos para la venta y que hubieran sido adquiridos a título oneroso a partir del 12 de mayo de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2012.

No formarán parte de la renta con derecho a la exención el importe de las pérdidas por deterioro relativas a los inmuebles, ni las cantidades correspondientes a la reversión del exceso de amortización que haya sido fiscalmente deducible en relación con la amortización contabilizada. La exención prevista en esta disposición será compatible, en su caso, con la aplicación de la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios

No resultará de aplicación la presente disposición cuando el inmueble se hubiera adquirido o transmitido a una persona o entidad que forme grupo mercantil, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, o al cónyuge de la persona anteriormente indicada o a cualquier persona unida a esta por parentesco, en línea recta o colateral, por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado incluido.

Gravamen especial sobre dividendos y rentas de fuente extranjera derivadas de la transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español

 

Se da la opción al sujeto pasivo de tributar, a un tipo fijo del 8 por 100, por los dividendos o participaciones en beneficios y por las plusvalías originadas por la venta de valores, devengados durante el año 2012, que provengan de una entidad residente en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. Hasta ahora dichas rentas tributaban al tipo general del Impuesto pues no tenían derecho a la exención.

Si se trata de dividendos y se produce una corrección de valor de las participaciones no será fiscalmente deducible y si se produce una reversión de la corrección de valor que fue gasto fiscalmente deducible se integrará al tipo general de la sociedad.

La base imponible del gravamen especial estará constituida por el importe íntegro de los dividendos acordados en Junta o de las rentas generadas en la venta de las participaciones. Los dividendos o participaciones en beneficios, así como las rentas derivadas de la transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español, sujetos a este gravamen especial, no generarán derecho a la aplicación de la deducción por doble imposición internacional. El gasto contable correspondiente a este gravamen especial no será fiscalmente deducible de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades.

El plazo de presentación del modelo 250 es de 25 días naturales desde el devengo finalizando el 30 de noviembre, por lo que el último día para su presentación será el 25 de diciembre. Debe presentarse telemáticamente y no es posible domiciliar el pago. Además, no se tiene que identificar la entidad de la que proceden las rentas, se permite presentar declaración complementaria y acompañar documentación que se puede aprovechar para identificar las participaciones transmitidas o la entidad que reparte los dividendos

Declaración Tributaria Especial

Se abre la posibilidad de que los sujetos pasivos de este Impuesto, titulares de bienes o derechos, antes de que finalice el último periodo impositivo cuyo plazo de declaración termine antes del 31 de marzo pasado, que no se correspondan con las rentas declaradas en este Impuesto, puedan presentar, hasta el próximo 30 de noviembre, una declaración satisfaciendo el 10% del valor de adquisición de dichos bienes.

De esta forma evitarán que, en caso de que se descubriera la existencia de dichos bienes o derechos no registrados en la contabilidad de la entidad, se impute su valor al último periodo no prescrito y se produzca la correspondiente liquidación administrativa. Asimismo, esta regularización exoneraría al obligado tributario de responsabilidad penal, siempre que se presente antes del inicio de actuaciones de comprobación e investigación.

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[1] Establecimientos Permanentes.

[2] La domiciliación bancaria puede realizarse desde el 1 de julio hasta el 20 de julio de 2012, ambos inclusive.

[3] Si la declaración resulta a devolver y el sujeto pasivo no dispone de una cuenta bancaria abierta en alguna de las entidades colaboradoras, deberá dirigir un escrito manifestando dicha circunstancia al Delegado de la AEAT de su domicilio social. En este caso la devolución se realizará mediante cheque cruzado del Banco de España.