2 septiembre, 2011
Andamos liados con una reforma de la Constitución que nos han vendido como una fórmula para atar con garantías un compromiso internacional sobre el equilibrio presupuestario. Sin embargo, al leer la letra pequeña, resulta que lo que dirá la Constitución al respecto limita mucho menos el déficit que lo que ordena la Ley de Estabilidad Presupuestaria y los compromisos con la Unión Económica y Monetaria europea. ¿Es una reforma fallida? ¿Los mercados son tontos? ¿O es otra cosa?
El pacto político para la reforma constitucional dice que una ley orgánica posterior desarrollará su contenido y aquí es donde se confiesa dónde está el truco: se limita el déficit, pero se trata del déficit estructural, es decir, el que no tiene en cuenta las recesiones (ni las expansiones) económicas. Claramente un compromiso mucho más lacio que el de la ley de estabilidad presupuestaria en vigor o que los compromisos con Europa, con su cóctel de amenaza de sanciones y/o presiones políticas de los socios europeos. Y eso por no hablar de que no pasa nada si no se cumple.
¿Nos están tomando el pelo? ¿Para esto la reforma de la Constitución ? No se sabe si queriendo o sin querer, pero parece que más que tomar el pelo se trate del resultado de la dura negociación entre las pretensiones de Zapatero, Rajoy y Rubalcaba. Como se sabe, este último no era el más partidario de hacer la reforma de esta manera. Pero veamos ¿qué se pretendía? Claramente y una vez más, enviar un mensaje a los mercados. Un mensaje firme. ¿Pero cuál? La respuesta se responde con otra pregunta ¿Qué es lo que preocupa a los mercados? Se podrá decir que la fortaleza de la economía española, la evolución del déficit público… pero, no nos engañemos, lo primero que preocupa en una crisis de Deuda mundial como la que vivimos, la primera preocupación, aunque esté relacionada con el déficit y le evolución del PIB, es la solvencia. Es decir, los mercados se preguntan ¿pagará España su deuda?
Y ahí es donde está la gran razón de la reforma constitucional. Y no ese lío en el que andamos enredados del debate sobre llevar los límites del déficit público a la Constitución. La Constitución española va a decir a partir de ahora lo siguiente: el pago del capital y los intereses de la deuda pública “gozará de prioridad absoluta”. Así es literalmente.
O sea, que si se llegara a una situación extrema, España ha realizado una declaración tajante (de mucho más calado en la Constitución que si la hace un Gobierno) de que pagará antes la deuda que los sueldos de, por ejemplo, los maestros, o los médicos de la sanidad pública, si fuera necesario. De hecho, en la reforma también se introduce que las comunidades autónomas (las que pagan estos sueldos) también estarán autorizados por ley para emitir deuda, a la vez que les obliga a la “prioridad absoluta” en su pago. Pagar antes la deuda o a los funcionarios es la disyuntiva a la que ya se han visto abocados otros gobiernos, pero que se decidían antes por la mora de la deuda que por no pagar.
¿Por qué se oculta en el debate público en compromiso con el pago de la deuda? Porque no se quiere insistir en ello para no hacer olas en los mercados financieros. Pasa lo mismo que cuando los mercados asociaban España a otros países en peor situación. Si salía Zapatero a desmentir esta asociación, los mercados se intranquilizaban más. Había que decirlo una vez, pero no más. ¿Otra razón? Porque llevar al debate político ese compromiso haría mucho daño electoral a las formaciones que lo defienden.
