En España debemos seguir pensando en crear nuevas centrales nucleares.

Resulta absurdo el debate que se ha iniciado a lo largo del fin de semana sobre los riesgos inherentes a la energía nuclear. Una polémica sacada completamente de madre que olvida que, en la raíz del problema, se encuentra el suceso absolutamente excepcional que ha tenido lugar en Japón. Un evento estadísticamente probable pero poco posible de una fuerza natural incontenible. Aprovechar tal fenómeno para cuestionar las bondades de este tipo de generación energética responde a la categoría de “coja usted el nabo por las hojas”, a ver si cuela. Es verdad que del acontecimiento se derivan una serie de consecuencias potencialmente peligrosas para la ciudadanía de los alrededores, que ha tenido que ser evacuada. Pero que pueden replicarse tanto ante la amenaza de reventón de una presa hidráulica, fruto de unas lluvias torrenciales desmesuradas o un terremoto como éste, como por escapes de crudo o un accidente en una refinería, fuera éste fortuito o provocado. El que esté libre de pecado, ya se sabe. Al final, el mundo no es binario y siempre se han de poner en el fiel de la balanza los pros y los contras de cualquier cuestión en un entorno de razonable normalidad, con independencia de que se contemplen también las situaciones más extremas.

Desde ese punto de vista, España no puede prescindir de la energía nuclear. Es más, debería reforzar su parque de reactores. La conversión reciente de Felipe González pone de manifiesto que, en cuanto los políticos salen de las trincheras de la permanencia en el poder y empiezan a ver mundo, se convencen de que los reactores han dejado hace tiempo de ser un mal necesario para pasar a convertirse en un bien imprescindible en el marco de una estrategia de planificación racional. Springfield, los Simpsons y ese malvado señor Burns al que algún malvado fisonomista ha equiparado al genial Leopoldo Abadía, son personajes de dibujos animados. De hecho, ya comentamos en estas mismas líneas hace ahora casi tres años, el carácter progresista de la fusión nuclear, en su doble acepción de avance y mejora: más producción, de modo más estable, a un coste más razonable, menos contaminante, con menos dependencia de los suministros de materias primas ajenas (aunque es verdad que el uranio no es ilimitado) y sin los inconvenientes tectónicos que afectan a otras áreas del planeta.

Aparte del riesgo de accidente, minimizado por la mejora de los mecanismos de prevención y reacción de las últimas décadas y del que no escaparíamos en caso de que se produjera un problema en alguna de las centrales francesas próximas a los Pirineos, dos siguen siendo los hándicaps principales de este tipo de generación eléctrica: el elevado coste de instalación y la eliminación de los desechos. La inversión en nuevos reactores es extraordinariamente elevada y se extiende durante largos periodos de tiempo. Como no podía ser de otra manera, aquí no sirve el aquí te pillo aquí te mato de las renovables o de las centrales de ciclo combinado, por citar dos de las alternativas. Estamos hablando de una década entre localización, permisos, construcción y puesta en marcha. Sin embargo la activación y el mantenimiento posterior de una infraestructura de este tipo va acompañada de elevados requerimientos de mano de obra y capital que se traducen en una enorme actividad en su zona de influencia, compensación indirecta de los riesgos que sus habitantes podrían asumir. Respecto a la basura nuclear, su importancia relativa ha ido menguando en la medida en que ha aumentado el grado de reutilización, avance paralelo al aumento de seguridad de los mecanismos de transporte y almacenamiento de los residuos.

España necesita de una Primavera Nuclear. Se hace perentorio no sólo mantener las ocho centrales actualmente en funcionamiento que suponen el 20% de las necesidades de consumo hoy día en nuestro país sino, en un entorno de precios de los suministros energéticos estructuralmente altos, aumentar el parque de instalaciones con objeto de potenciar nuestra independencia respecto de socios comerciales poco deseables o inestables. Una iniciativa que debería ir acompañada tanto de la creación de una reserva estratégica de uranio, para asegurar ese otro oro amarillo a los centros de generación en caso de carestía en el mercado, como de un plan de incentivos a la participación privada que permita compensar el freno que la actual situación de las cuentas públicas puede suponer para una propuesta de este tipo. Lo contrario es remar contra corriente cuando seríamos los primeros beneficiados de dejarnos arrastrar, con las lógicas precauciones, por ella. No en vano se espera que el parque nuclear mundial multiplique por dos en las próximas tres décadas, movimiento encabezado por naciones de perfil ideológico tan dispar como Estados Unidos, China, India, Rusia o la propia Japón. Quedarnos fuera sería un paso más hacia el suicidio energético y hacia unos precios inasumibles por buena parte de la población. El nuclear “no” ha dejado de ser una opción. Por más que muchos enciendan ahora las señales de alarma

España cuenta con los recursos necesarios para salir de la crisis y debemos hacerlo todos juntos

El presidente de BBVA, Francisco González, considera que “España cuenta con los recursos necesarios para salir de la crisis y debemos hacerlo todos juntos”. En su intervención en la Junta General de Accionistas celebrada esta mañana en el Palacio Euskalduna de Bilbao, señaló que el país "debe ejecutar rápidamente las medidas ya tomadas e impulsar un plan estratégico de modernización, con todas las reformas que sean necesarias, para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, generar suficiente crecimiento, eliminar el desempleo y mejorar nuestra competitividad". Además, subrayó la necesidad de recuperar la confianza de los mercados en la economía española y completar con rigor y rapidez el proceso de reestructuración del sector financiero. 

Francisco González comenzó su intervención en la Junta General de Accionistas con una descripción del entorno económico y financiero. En 2010, la economía global ha registrado una fuerte recuperación, con un crecimiento cercano al 5%. Las economías emergentes han vuelto a ser los motores, mientras que el avance de los países desarrollados ha sido mucho más moderado. Las turbulencias financieras han alcanzado al área euro, afectando duramente a los llamados países periféricos, especialmente a Grecia e Irlanda. 

“A pesar de este entorno difícil y complejo en Europa, BBVA ha cerrado un buen ejercicio 2010”, destacó. El resultado atribuido ha crecido un 9,4% hasta alcanzar los 4.606 millones de euros, debido a una buena gestión de ingresos y costes. Asimismo, han mejorado de manera generalizada los indicadores de riesgo más importantes, como la mora, que ha bajado al 4,1%, “lo que nos diferencia y demuestra lo acertado del ejercicio de anticipación que hicimos en el cuarto trimestre de 2009”, dijo. Además, BBVA ha reforzado su solvencia, alcanzando un ratio de core capital de 9,6%, tras la ampliación de capital que se cerró el pasado mes de noviembre. En definitiva, afirmó que “BBVA sigue siendo una de las entidades financieras más sólidas del mundo; una de las únicas cuatro grandes entidades financieras a nivel mundial que mantienen el rating AA”.

El presidente de BBVA enfatizó que “en 2010 hemos dado pasos muy importantes para impulsar nuestro crecimiento futuro”. Se refirió a la adquisición del 24,9% del banco Garanti en Turquía; en China, al incremento de la participación en China Citic Bank hasta el 15% y el desarrollo de proyectos conjuntos en banca privada y financiación de automóviles; a la entrada en la India, con un proyecto de creación de una empresa conjunta en el segmento de tarjetas de crédito con Bank of Baroda; y a la adquisición de Crédit Uruguay, que convierte a BBVA en el segundo banco del país suramericano.

A continuación, señaló que este buen resultado permite proponer a la Junta una retribución total por dividendo de 0,42 euros por acción. Como novedad, BBVA ofrece la posibilidad de cobrar en acciones o efectivo, a elección del accionista, los pagos de abril y octubre.

En cuanto a las perspectivas en 2011, estimó un crecimiento global del orden del 4,4%, con Asia y Latinoamérica como principales motores de la economía mundial, e incertidumbres en Europa, centradas en la sostenibilidad de su deuda y la salud de sus sistemas financieros nacionales. En este sentido, pidió mejorar el actual mecanismo de rescate, ampliar su importe y flexibilizar las fórmulas de ayuda.

En España, destacó los pasos dados para corregir las deficiencias estructurales más importantes y recuperar la confianza de los mercados. Así, mencionó el proceso de consolidación fiscal, que ha permitido cumplir los objetivos de reducción del déficit público en 2010; la reforma de las pensiones; las medidas en el mercado de trabajo, a su juicio insuficientes por el momento, así como el acuerdo social para avanzar en la reforma laboral; y la reestructuración de las cajas de ahorro. Respecto a este último punto, afirmó que “para recuperar la confianza en la economía española es imprescindible completar con rigor y con rapidez su proceso de reestructuración. Necesitamos entidades más solventes y con mecanismos de control adecuados para recuperar la capacidad del sistema financiero español de financiar a la economía real de manera sostenible”.

También subrayó la necesidad de impulsar el crecimiento económico. “Nuestro país no crece lo suficiente. Y no podemos continuar así, con 4,7 millones de personas sin empleo y una tasa de paro juvenil de casi el 43%”. En su opinión, “toda la clase política, de todos los partidos, todos los agentes sociales, todos los ciudadanos, hemos de corregir los errores pasados y reaccionar rápidamente y con decisión”. 

Reformas en España

El presidente de BBVA se mostró optimista. “España tiene los recursos para superar esta fase crítica y podemos hacerlo si nos concentramos en lo esencial. Debemos ejecutar rápidamente las medidas ya tomadas e impulsar un plan estratégico de modernización, con todas las reformas que sean necesarias, para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, generar suficiente crecimiento, eliminar el desempleo y mejorar nuestra competitividad”.

Para terminar, reflexionó sobre el futuro de la industria financiera y el posicionamiento de BBVA. A su modo de ver, existen tres fuerzas que van a cambiar la configuración del sector: el nuevo entorno regulatorio, el desplazamiento del peso económico desde los mercados desarrollados a los emergentes, y la tecnología. Estos factores configurarán un nuevo mapa bancario más concentrado, con menos entidades, pero más eficientes, que ofrecerán productos más sencillos, distribuidos por todo tipo de canales a precios unitarios más bajos.

La nueva regulación del sector bancario –con límites al apalancamiento, mayores exigencias de capital y liquidez, y fuertes inversiones para mejorar los sistemas de riesgos- presionan sobre la rentabilidad de los bancos, pero reducen los riesgos del conjunto del sistema y ponen freno a prácticas temerarias que han causado un gran daño a la economía mundial.

Por otro lado, la distribución del crecimiento económico mundial está cambiando hacia los países emergentes –denominados EAGLEs-, donde BBVA tiene "una posición envidiable", especialmente en México, China y, próximamente, Turquía.

Por último, la tecnología afecta directamente al negocio bancario, tanto a los procesos internos de fabricación, como al diseño de los productos, su precio y la manera de venderlos a los clientes. Ante todos estos cambios, explicó que “BBVA lleva ya años trabajando con visión de futuro”.

En definitiva, concluyó que “2010 ha sido un año difícil en España y 2011 también lo va a ser. Sin embargo, BBVA sigue generando resultados recurrentes, está sentando las bases para seguir creciendo y se posiciona de manera diferencial en la nueva industria del futuro”. Para Francisco González, “sólo los que seamos capaces de abordar esta transformación, como BBVA, podremos participar en la industria financiera del siglo XXI; una industria que creará valor, facilitará la vida de las personas e impulsará el crecimiento y el desarrollo”.

El ahorro, ¿defecto o virtud?

La tasa de ahorro de los hogares en los países avanzados ha disminuido hasta el 8% de la renta disponible

Servicio de Estudios de "la Caixa".– De pequeños, a muchos nos educaron en la virtud del ahorro y la previsión, junto con valores como el respeto, la responsabilidad y otras virtudes y hábitos de comportamiento que debían modelar y robustecer nuestro carácter. Pero en los momentos más críticos de la grave recesión por la que hemos atravesado, y ante un acusado rebrote del ahorro de las familias, se lanzó la consigna de que mejor era consumir. Si todos nos empeñábamos en ahorrar, se dijo, el gasto sería cada vez más pequeño y ello agravaría la recesión en curso en una espiral viciosa. ¿Es el ahorro una virtud privada y, al mismo tiempo, un vicio colectivo?

Desde el punto de vista colectivo, las respuestas son muy diversas si observamos la disparidad de las tasas de ahorro entre países. Los más ahorradores, en porcentaje del producto interior bruto, son los asiáticos, con China a la cabeza, que aparta el 54% del producto anual como ahorro. En el extremo opuesto encontramos a los Estados Unidos, que ahorran el 14% del producto.

En cualquier caso, la virtud o el vicio del ahorro tiende a menguar. En las últimas cuatro décadas, la tasa de ahorro de los hogares del conjunto de los países avanzados ha disminuido en promedio del 12% al 8% de la renta disponible. La crisis ha provocado un repunte de las tasas de ahorro por efecto de precaución, pero es probable que cuando el episodio de recesión y desempleo quede atrás se retome la tendencia de fondo.

Diversos factores explican la tendencia decreciente en la conducta ahorradora de los particulares en las economías avanzadas. La propia existencia de un Estado del Bienestar que asegura determinadas prestaciones en contingencias como desempleo, enfermedad o jubilación quita fuerza al argumento ahorrador. El grado de sofisticación del sistema financiero o los incentivos fiscales que establecen las autoridades también influyen sobre las preferencias de los particulares a la hora de decidirse entre ahorrar o consumir. Pero el factor de mayor peso es probablemente el demográfico. En la teoría del ciclo vital, los individuos ahorran a lo largo de su vida laboral y desahorran cuando dejan de trabajar; el envejecimiento de la población en nuestras sociedades, por tanto, implica un menor ahorro. Por el contrario, en las economías emergentes, la tasa de ahorro ha venido aumentando en los últimos años, gracias al dinamismo de su crecimiento y a la incorporación de generaciones jóvenes al mundo laboral.

Pese a esta tendencia decreciente del ahorro global, en los últimos años hemos oído hablar más bien de un exceso de ahorro. El actual presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, acuñó en 2005 el término saving glut para referirse a esta situación. El hecho es que en las economías avanzadas el volumen de ahorro ha venido superando el volumen de inversión en activos reales (infraestructuras, edificios, maquinaria, equipo), colaborando directamente en la notoria caída de los tipos de interés reales y en el consiguiente abaratamiento del capital. Sin embargo, podríamos estar a las puertas de importantes cambios estructurales. Las perspectivas para los años futuros son de contención del ahorro en los países emergentes por el mayor deseo de consumo de sus poblaciones, entre otros motivos. En las economías desarrolladas, la tendencia descendente del ahorro probablemente no va a variar. Al mismo tiempo, existe un cierto consenso en que la inversión global tenderá a aumentar, sobre todo por la demanda de países emergentes. Si ello es así, el resultado, entre otros, sería el fin de los bajos tipos de interés reales que hemos disfrutado hasta ahora, abriéndose una nueva etapa en el marco global del ahorro. 

La guerra del pasivo ha muerto, pero la batalla por las nóminas se recrudece ante la necesidad de liquidez

La fidelización de los nuevos clientes atraídos por elevadas remuneraciones y regalos es clave para poder rentabilizar esas ofertas tan agresivas

Miguel Ángel Valero.– La guerra del pasivo ha muerto, ¡viva la guerra del pasivo! El deterioro de los márgenes ha conseguido apaciguar la guerra del pasivo, que se avivó tras la campaña del Depósito Ganador del Santander en marzo del año pasado. Se pueden contar con los dedos de la mano las ofertas agresivas de captación de pasivo por parte de bancos y cajas en los tres meses y medio que llevamos de ejercicio. La banca ha moderado la agresividad de sus ofertas por el impacto negativo en los márgenes y, por tanto, en sus cuentas de resultados. Además, algunas cajas de ahorros que recurrieron al crédito del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) se vieron forzadas por el Banco de España a moderar la belicosidad de sus campañas de captación de ahorros de clientes de otras entidades. Para captar recursos de clientes, actuales o de la competencia, sin deteriorar los márgenes, bancos y cajas están volcándose en los depósitos a más plazo o en ofertas en las que la remuneración está muy ligada a la vinculación, a la contratación de más productos y servicios con la entidad. Y dentro de esa estrategia de buscar una mayor fidelización del cliente se encuentra la nueva batalla en la que están enzarzadas las entidades financieras en el mercado: la captación de las nóminas.

Conseguir ingresos recurrentes es la principal obsesión de las entidades financieras en una situación de incertidumbre sobre la evolución de los mercados internacionales de financiación mayorista. Y la nómina no sólo garantiza eso, sino que además facilita que el cliente captado utilice las tarjetas de crédito, invierta en depósitos, suscriba seguros y planes de pensiones, y contrate otros productos y servicios. Con la ventaja de que, una vez domiciliada el cobro de la nómina y el pago de los recibos, al cliente le es mucho más complicado abandonar la entidad.

Esa ventaja añadida de la fidelización en forma de nuevos ingresos y de más comisiones permite a la entidad ser más agresiva en la remuneración de la domiciliación de la nómina, ya sea vía tipo de interés, regalos o devoluciones de parte del importe de los recibos domiciliados, o mediante una combinación de todos estos elementos. Pero el cliente debe saber que se le va a exigir un período mínimo de permanencia. Desde 12 meses (‘la Caixa', Santander) a 40 meses (Banesto), pasando por 24 (Unoe, Pastor, Bankinter, Unicaja, Popular, BBVA o Banca Cívica) o 36 meses (Oficinadirecta.com).

Otra cuestión importante es que los regalos que la entidad entrega al cliente por domiciliar la nómina no salen gratis, salvo que el banco o la caja se haga cargo de los impuestos correspondientes. Los regalos se consideran rendimientos de capital mobiliario, tributan por su valor, que es fijado por la entidad financiera, y ésta tiene que efectuar una retención a cuenta del 19% o del 21%.

La última entidad en encender la batalla de las nóminas es Bankinter, que ha lanzado una cuenta nómina para "fomentar e incentivar la captación de nuevos clientes con vocación de permanencia". Esa cuenta se remunera al 4% el primer año, 3% el segundo, pero hasta un máximo de 5.000 euros. La nómina domiciliada debe ser superior a los 1.000 euros. Además de una atractiva rentabilidad, la cuenta no tiene comisión de mantenimiento, ni tampoco costes por realizar transferencias nacionales a través de Internet, y la tarjeta de crédito o débito asociada a la cuenta serágratuita durante el tiempo que el cliente mantenga domiciliada su nómina en Bankinter.

Además, Bankinter aplicará descuentos exclusivos de telefonía móvil para todas las líneas que contrate el cliente en la operadora virtual del banco, con descuentos del 5% mensual en consumo en todas sus líneas de telefonía móvil, y del 10% mensual en consumo en todas sus líneas de Internet 3G. Y cuentan con la posibilidad de solicitar un anticipo de nómina por importe de hasta una mensualidad neta, mediante disposición de saldo en descubierto en su cuenta, con un límite máximo de 6.000 euros; un seguro de accidentes gratuito con una cobertura de 6.000 euros, servicio de alertas y avisos SMS en su teléfono móvil y una suscripción a un servicio de asistencia en el hogar.

Los clientes cuya nómina domiciliada tenga un importe superior a 5.000 euros dispondrán, además, de exención de comisión en el ingreso de cheques nacionales, un seguro gratuito de protección de recibos domiciliados en caso de desempleo o incapacidad temporal, y un seguro gratuito de asistencia informática a distancia y recuperación de datos.

Pero la oferta es muy variada. OficinaDirecta.com, del Banco Pastor, regala un Ipad 3G por la domiciliación de una nómina superior a 3.000 euros, cuatro recibos, contratar tarjetas, y aportar 6.000 euros a un plan de pensiones o 12.000 a un fondo de inversión. Un Compaq Mini por una nómina de 2.000 euros, y un Ipod Nano por una de 1.200 euros. El Banco Pastor entrega una olla a presión o un Ipod Shuffle por una nómina de 600 euros; un Tablet PC o una TV LCD por otra de 1.000; y una TV LCD o un robot aspirador, por 1.800 euros. Además de domiciliar la nómina, hay que aportar domiciliar cuatro recibos y contratar las tarjetas 4B y Visa (la comisión anual de ésta no se cobrará si se realizan compras anuales por más de 1.200 euros).

Uno-e devuelve el 20% de la primera nómina domiciliada, con un máximo de 400 euros. Su casa matriz, el BBVA, regala un televisor LED o una suscripción a Digital + durante un año para nóminas de más de 600 euros; un portátil Sony Vaio Mini o un televisor junto con la suscripción a Digital + para nóminas de más 2.500 euros. Unicaja proporciona una tarjeta regalo de 180 euros para nóminas de más de 900 euros; de 300 euros para nóminas de más de 1.500 euros; y de 500 euros para nóminas de más de 2.000 euros. El Banco Popular regala un televisor LED de 22'' para nóminas de más de 900 euros; ordenador portátil de 15,6'' para nóminas de más de 1.500 euros.

El Santander regala una consola Xbox con Kinect por domiciliar la nómina y contratar un depósito a 24 meses o el seguro de vida Plan Protección con una prima mínima de 450 euros anuales durante dos años. Banesto entrega una tarjeta regalo de 500 euros para nóminas superiores a los 1.000 euros, y de 1000 euros para las de más de 2.500 euros. También se puede elegir entre un Ipad (para nóminas de más de 1.500 euros), un portátil o un televisor LED (nóminas de más de 800 euros). Hay que domiciliar tres recibos y contratar las tarjetas 4B (débito), Diez en Una y Match Point o tarjeta 123 (crédito).

Finalmente, ‘la Caixa' ofrece un reloj Kronos. Y Banca Cívica un Tablet con Android para nóminas superiores a 600 euros.

ECONOMÍA SOSTENIBLE: OBJETIVOS, PRINCIPOS Y ASPECTOS DESTACADOS DE LA LEY 2/2011

 

INTRODUCCIÓN

El pasado 4 de marzo ha quedado aprobada la Ley de Economía Sostenible, con la que el Gobierno ha pretendido seguir impulsando diversas acciones dirigidas a reforzar nuestro sistema financiero y a contener la acentuada caída de la actividad, paliando así sus consecuencias económicas y sociales, así como reforzar los elementos más sólidos y estables de nuestro modelo productivo, renovando este último y mejorando la competitividad, la innovación y la formación. Asímismo, se ha tratado de llevar a cabo una serie de actuaciones de aspectos tan variados como pueda ser en materia fiscal, laboral y de seguridad social, administrativa, mercantil y civil.

Esta Ley se basa en el seguimiento y desarrollo de una serie de principios, que responden al afán de impulsar la sostenibilidad de la economía española, entendiéndose por "Economía Sostenible": un patrón de crecimiento que concilie el desarrollo económico, social y ambiental en una economía productiva y competitiva, que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, y que garantice el respeto ambiental y el uso racional de los recursos naturales, de forma que permita satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades.

Los principios estructurales son:

. Mejora de la competitividad empresarial.

. Fomento de la capacidad innovadora de las empresas.

. Estabilidad de las finanzas públicas.

. Racionalización de las Administraciones Públicas.

. Ahorro y eficiencia energética.

. Promoción de las energías limpias, reducción de emisiones y eficaz tratamiento de residuos.

. Racionalización de la construcción residencial.

. Extensión y mejora de la calidad de la educación e impulso de la fomación continua.

. Fortalecimiento y garantía del Estado social.

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

A grandes rasgos caben destacar las siguientes medidas administrativas:

-  Se sientan las bases para la mejora la calidad de la regulación normativa de las Administraciones Públicas, en virtud de los principios de necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia.

-  Se regulan una serie de Organismos Reguladores, dentro de la mejora del entorno económico. Como tal, tendrán dicha consideración la Comisión Nacional de Energía, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y la Comisión Nacional del Sector Postal.

-  Se instrumenta un Plan de austeridad y una política de racionalización y contención del gasto de las Administraciones Públicas.

- Contratación pública: Se impulsa su eficiencia y la financiación de la colaboración público-privada, valorándose la innovación y la incorporación de alta tecnología como aspectos positivos en los procedimientos de contratación pública. Se establece una mayor transparencia de la información. Fomento en la realización decontratos de investigación y desarrollo e impulso de la participación de pequeñas y medianas empresas.Simplificación de los trámites administrativos. Establecimientos de reglas específicas para la "contratación precomercial".

- Catastro inmobiliario: Simplificación administrativa.

- Licencias municipales: Supresión de las mismas para actividades sin riesgo.

-  Intención de modificar el ámbito del silencio administrativo positivo, con el fin de agilizar la actuación de las Administraciones Públicas.

-  Mejora y ampliación en la utilización de nuevas tecnologías en el ámbito de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información.

-  Mayor hincapié en materia educativa, para garantizar su aportación a la economía sostenible, apoyando la formación universitaria y la calidad en la formación profesional; fomento de la colaboración entre las administraciones educativas y laborales; libre acceso de la Administración pública a la información del Registro Nacional de Títulos Universitarios, Registro Nacional de Títulos académicos y profesionales no universitarios y Registros Nacionales y Autonómicos de Certificados de Profesionalidad.

- Política energética: Objetivos nacionales en materia de ahorro y eficiencia energética y energías renovables; simplificación de procedimientos administrativos; ahorro energético de las Administraciones Públicas.

- Transporte y movilidad sostenible: Garantía de los derechos de los operadores y usuarios. Promoción de las condiciones que propicien la competencia; gestión eficiente por parte de operadores y Administraciones Públicas; coherencia entre los niveles de inversión y calidad de servicio y las necesidades y preferencias de los usuarios; fomento de los medios de transporte de menor coste ambiental y energético; promoción de la disminución del consumo de energía y la mejora de la eficiencia energética.

MEDIDAS FISCALES

I.   OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

-  Se sustituyen determinadas obligaciones de publicación de las administraciones tributarias en boletines oficiales por la posibilidad de la publicación electrónica.

II.   IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

-  Se incorpora la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente en el IRPF, ampliando el ámbito de la reducción del rendimiento neto de actividades económicas.

-  Se mantiene el tratamiento fiscal de los rendimientos derivados del ejercicio de opciones de compra sobre acciones concedidas a los trabajadores, si bien se deberá ejercitar dicha opción transcurrido más de dos años, si, además, no se conceden anualmente.

-  La escala autonómica determinada para las Comunidades Autonómicas en la Ley del Impuesto sobre la Renta también se aplicará a los residentes de Ceuta y Melilla.

III.   IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

-  Para los grupos fiscales se incorpora la simplificación de las obligaciones formales en la comunicaciónde sus variaciones. Dicha comunicación se realizará en la primera declaración del primer pago fraccionado.

-  Impulso del I+D+i: se incrementa el porcentaje de deducción aplicable a las actividades de innovación pasando al 12%.

-  Se amplía, también, el límite máximo de deducción, que pasa del 50% al 60% de la cuota íntegra.

-  Impulso de la red de convenios de doble imposición para favorecer la internacionalización de las empresas y la lucha contra el fraude.

-  Se mantiene la deducción medioambiental. Así, el porcentaje de deducción pasa a ser del 8% y se incluyen las inversiones que eviten la contaminación acústica.

-  Para los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2011 desaparece, en relación con ladeducción por inversiones medioambientales, aquellas inversiones realizadas en bienes de activo material nuevos destinadas al aprovechamiento de fuentes de energías renovables

IV.   IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES

-  Se amplía como rentas exentas los fondos de pensiones de residentes del Espacio Europeo siempre que se haya suscrito un convenio de doble imposición internacional con cláusula de intercambio de información en materia tributaria.

-  Se aplicará la exención de las rentas procedentes de los dividendos y participaciones en beneficios sin mediación de establecimiento permanente a las instituciones de inversión colectiva residentes en estados europeos.

V.   IMPUESTOS ESPECIALES

-  Se establece la necesidad de regular los plazos en los que se deberán presentar las solicitudes de devolución de los impuestos especiales de fabricación.

VI.   IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

-  En un plazo de tres meses el Gobierno elaborará un informe sobre la inclusión del IVA en procedimientos de contratación pública.

-  Se incorporan las Islas Canarias, Ceuta y Melilla en el del ámbito de aplicación para determinar la solicitud de devolución de empresarios o profesionales correspondiente a las cuotas soportadas por operaciones.

VII.   RÉGIMEN FISCAL DE CANARIAS

-  Se adaptan al IGIC los cambios realizados en la normativa estatal del IVA, en relación a las facturas originales, las importaciones y exportaciones y demás aspectos recogidos en la normativa comunitaria.

-  Se aclara el concepto de rehabilitación a efectos de la materialización de la Reserva para Inversiones en Canarias.

VIII.   HACIENDAS LOCALES. CATASTRO INMOBILIARIO

-  Se mejora la actividad catastral mejorando su coordinación con la propiedad inmobiliaria y agilizando su tramitación. Así, los notarios y registradores de la propiedad remitirán telemáticamente al Catastro, dentro de los veinte primeros días de cada mes, información relativa a los documentos por ellos autorizados.

-  El Ministerio de Economía y Hacienda, bajo determinadas condiciones, retendrá las entregas a cuenta de la participación en los tributos por incumplimiento de ciertas obligaciones de remisión de liquidaciones.

-  Se aprueba el cobro de tasas por las actividades de verificación para aquellas actividades no sujetas a autorización o control previo.

IX.   OTRAS NOVEDADES

-  Desaparece, a la hora de determinar las tasas, la definición que se da a los servicios que se prestan o a las actividades que se realizan en régimen de derecho público.

-  Se establece una reducción del 18% en tres años de diversas tasas en materia de propiedad industrial.

MEDIDAS MERCANTILES

Se pueden apreciar tres grandes tipos de medidas: medidas tendentes a mejorar el entorno económico, sobre todo en lo relativo a los mercados financieros, medidas dirigidas a mejorar la competitividad y medidas en favor de la sostenibilidad medioambiental.

I.   MEJORA DEL ENTORNO ECONÓMICO

Por un lado, se establecen mecanismos de colaboración y cooperación entre los organismos reguladores:

-  Los Presidentes de todos los organismos reguladores y de la Comisión Nacional de la Competencia deben reunirse con periodicidad al menos anual, para analizar la evolución de los mercados en sus respectivos sectores.

-  Los organismos reguladores y la Comisión Nacional de la Competencia deben establecer los protocolos de actuación necesarios para facilitar el cumplimiento de lo previsto en el artículo 17 de la Ley de Defensa de la Competencia.

Por otro lado, con respecto a los mercados financieros, las medidas se pueden clasificar en tres grandes grupos: medidas dirigidas a fomentar la transparencia y el buen gobierno corporativo, medidas orientadas a mejorar la eficiencia del mercado de seguros y fondos de pensiones y medidas destinadas a proteger a los clientes de servicios financieros.

Transparencia y buen gobierno corporativo

-  Obligación de las sociedades cotizadas de incrementar la transparencia en relación con la remuneración de consejeros y altos directivos.

-  Las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión deben aumentar la transparencia en sus políticas de remuneración y la coherencia de éstas con la promoción de una gestión del riesgo sólida y efectiva.

-  Protección de los usuarios de servicios financieros, mediante la imposición a las entidades de crédito de una serie de obligaciones:

a)   Evaluar, antes de celebrar el contrato de crédito o préstamo, la solvencia del potencial prestatario, sobre la base de una "información suficiente", incluyendo la consulta de ficheros automatizados de datos.

b)   Las entidades deben llevar a cabo prácticas para la "concesión responsable" de préstamos y créditos a los consumidores.

c)   Las entidades deben facilitar a los consumidores las "explicaciones adecuadas" para que puedan evaluar si los productos que les ofrecen se ajustan a sus necesidades y a su situación financiera.

Seguros y fondos de pensiones

Se persiguen las siguientes finalidades:

-  Mayor transparencia y eficiencia en la gestión de las entidades aseguradoras.

-  Simplificación de los trámites de autorización y registro de los fondos de pensiones.

-  Racionalización en la asignación de recursos propios exigibles a las entidades gestoras de fondos de pensiones.

-  Protección de los ahorradores y los tomadores de seguros y demás usuarios de los servicios prestados por entidades aseguradoras.

-  Mayor transparencia en la mediación de seguros y reaseguros.

Protección de los clientes de servicios financieros

A través de los servicios de reclamaciones del Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

II.   MEDIDAS DIRIGIDAS A MEJORAR LA COMPETITIVIDAD

Para mejorar la competitividad la norma apuesta por la promoción de los derechos de propiedad industrial estableciendo una serie de medidas, tales como:

-  Impulso en la difusión y utilización de estos derechos.

-  Agilización y simplificación en la concesión de los títulos de propiedad industrial.

-  Modificación periódica de las tasas en materia de propiedad industrial teniendo en cuenta la reducción progresiva de costes por la utilización de medios telemáticos de presentación de solicitudes.

III.   SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

En este escenario, la norma dedica gran parte de su articulado a asentar las líneas de actuación a seguir en elsector de los transportes. Los aspectos más destacados son los siguientes:

-  Se enumeran los principios de la regulación del sector del transporte: garantía de los derechos de igualdad en el acceso a los mercados de transporte, participación, queja y reclamación, promoción de las condiciones que propicien la competencia, gestión eficiente por parte de operadores y Administraciones Públicas.

-  El Consejo de Ministros deberá clasificar los mercados de transporte de acuerdo con la metodología europea y española, y de acuerdo con alguno de los siguientes modelos de competencia intramodal:

a)   Mercados con acceso libre

b)   Mercados con acceso restringido

c)   Mercados reservados a un operador en exclusiva

-  Se definen los servicios de transporte de interés público y se limita el otorgamiento de subvenciones a los servicios que se presten como compensación a la asunción de obligaciones de servicio público.

-  Planificación y gestión eficiente de las infraestructuras y de los servicios del transporte.

- Objetivos de la planificación estatal de las infraestructuras del transporte:

a)   Promoción de la competitividad mediante la reducción de costes, infraestructuras de gran capacidad, conexiones y enlaces transfronterizos de la red estatal de infraestructuras...

b)   Cohesión social y territorial, mediante la disponibilidad de una red estatal de infraestructuras económicamente sostenible, adecuada a la demanda y atendiendo particularmente a las necesidades propias de los territorios insulares.

c)   Movilidad sostenible económica y medioambientalmente, mediante la reducción de las emisiones contaminantes e incorporando innovaciones tecnológicas que mejoren la eficiencia energética del transporte.

d)   Potenciar la dimensión europea e internacional.

e)   Impulsar el transporte de mercancías por ferrocarril.

-  Algunas prioridades de la planificación estatal son las siguientes:

a)   Adaptar las líneas de la red básica para el transporte de mercancías por ferrocarril para posibilitar la circulación de trenes de mercancías de más de 750 metros de longitud.

b)   Introducir mejoras que permitan la conexión de la red ferroviaria de alta velocidad con la red convencional.

c)   Favorecer el desarrollo de las infraestructuras de transporte ferroviario metropolitano y de plataformas reservadas a autobuses y a vehículos de alta ocupación.

También se fijan los principios que deberán guiar la actuación de las Administraciones Públicas en materia demovilidad sostenible, así como los objetivos a alcanzar por dichas políticas.

- Principios en materia de movilidad sostenible:

a)   Derecho de los ciudadanos al acceso a los bienes y servicios en condiciones de movilidad adecuadas, accesibles y seguras, con el mínimo impacto ambiental y social posible.

b)   Participación de la sociedad en la toma de decisiones que afecten a la movilidad de personas y mercancías.

c)   Cumplimiento de los tratados internacionales vigentes relativos a la preservación del clima y la calidad ambiental.

d)   Establecimiento de nuevos servicios de transporte supeditado a un volumen de demanda acorde con los costes de inversión y mantenimiento.

-  Algunos objetivos de la política de movilidad sostenible:

a)   Contribuir a la mejora del medio ambiente urbano.

b)   Integrar las políticas de desarrollo urbano, económico y de movilidad para minimizar los desplazamientos habituales y facilitar la accesibilidad eficaz, eficiente y segura a los servicios básicos con el mínimo impacto ambiental.

c)   Promover la disminución del consumo de energía y la mejora de la eficiencia energética.

d)   Fomentar los medios de transporte de menor coste social, económico, ambiental y energético, así como el uso de los transportes público y colectivo y otros modos no motorizados.

MEDIDAS LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

- Mejora de la competitividad mediante la mejora de la productividad, en particular, a través de la formación, investigación (artículo 3.1) y mejora de la formación continua (artículo 3.8).

-  Se incluyen medidas de reforma de los fondos de pensiones, para simplificar y agilizar los trámites administrativos, la racionalización de la asignación de recursos propios y el reforzamiento de la seguridad jurídica de los mismos (artículo 30, DDTT tercera, cuarta y sexta y DDFF decimotercera y trigésima primera).

- Promoción de la responsabilidad social de las empresas, introduciendo un conjunto de indicadores para la autoevaluación en esta materia, y que atenderán a los derechos humanos, a la mejora de las relaciones laborales, a la promoción e integración de la mujer, a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, a la igualdad de oportunidades y a la accesibilidad universal de las personas con discapacidad (artículo 39).

-  Se introducen reformas en el sistema de formación profesional con el objetivo de facilitar la adecuación de la oferta formativa a las demandas del sistema productivo y ampliar la oferta de formación profesional favorecer la colaboración de las empresas en la materia y fomentar e impulsar el papel de la formación profesional en los campos de la innovación y la iniciativa emprendedora (artículos 72 y ss.).

-  Las Administraciones competentes fomentarán el desarrollo de planes de transporte en las empresas, con vistas a reducir el uso del automóvil y promover modos menos contaminantes en los desplazamientos de los trabajadores. Estos planes de transporte se tratarán en el marco del diálogo social, y tendrán carácter voluntario para las empresas. En los centros de trabajo de titularidad pública o privada cuyas características así lo aconsejen por dimensión de la plantilla, actividad, procesos o ubicación, las Administraciones competentes impulsarán la adopción de planes mancomunados y la designación de un coordinador de movilidad en empresas con más de 400 trabajadores, para facilitar la aplicación y el seguimiento del plan de transporte adoptado en su caso (artículo 103).

MEDIDAS CIVILES

-  Medidas de reforma del mercado financiero.

-  Medidas de reforma de los mercados de seguros y fondos de pensiones para mejorar la tutela de los derechos de los asegurados y fomentar el desarrollo de la actividad económica en este sector mediante la transparencia en la mediación de seguros y reaseguros, simplificar y agilizar los trámites y aumentar la protección de los ahorradores y tomadores de seguros.

- Refuerzo en la colaboración que prestan al catastro los notarios y registradores de la propiedad, se amplían los supuestos en los cuales la información que comunican suple la obligación de presentar declaración.Mejora la conciliación entre la base de datos catastral y la realidad física inmobiliaria. Habrá acceso público al catastro inmobiliario.

-  Impulso a la implantación de la sociedad de la información. Se regula la utilización de nuevas tecnologías.

-  Impulso del sector del transporte para incrementar su eficiencia económica y medioambiental y la competitividad del mismo.

-  Obras e instalaciones necesarias para la mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano.

-  Modificación de la compensación equitativa por copia privada.

-  El Ministerio de Cultura, en el ámbito de sus competencias, velará por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de la información en los términos previstos en los artículos 8 y concordantes de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.

-  Se crea en el Ministerio de Cultura la Comisión de la Propiedad Intelectual para el ejercicio de lasfunciones de mediación, arbitraje y de salvaguarda de los derechos de la propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de la información. Podrá adoptar medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información que vulnere derechos de propiedad intelectual o para retirar los contenidos que vulneren esos derechos siempre que el prestador, directa o indirectamente, actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar daño patrimonial.

NORMATIVA AFECTADA

. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: Añade artículos 84 bis y 84 ter.

.  Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: Modifica artículo 20.4.i).

. Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Modifica artículo 32.2.2.º, DD segunda.2; añade DA trigésima primera y DA trigésima segunda.

. Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades: Modifica artículos 35.2.c), 39.1, 44.1, 70.6, 99.f), DA décima.1, DA decimotercera, DT vigésima primera.1; añade DT trigésima segunda.

. Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria: Modifica artículo 112.

.  Ley 10/1970, de 4 de julio, por la que se modifica el régimen del Seguro de Crédito a la Exportación: Añade DA segunda.

.  Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos: Añade DF tercera.5.

. Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico: Modifica DA sexta.9.primero.f), DA sexta.9.cuarto; añade DA sexta.9.quinto.

. Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia: Añade DA primera, pasando la primera actual a ser la DA segunda.

. Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas: Modifica artículos 93.2.d) y 93.4.

.  Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia: Modifica artículos 8.1, 12.2, 17, 20, 28.2, 29.2, 30.1, 33.1, 3 y 5, 34.

.  Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores: Modifica artículos 70 bis.1 y 3, 84.1.a), b) y g), 85.2 y 3, 86.2, 87.bis.3, 95, 97.1, 98.1, primer párrafo y 3, 99.a), c), l bis), m), ñ), p), u), z bis) y z ter), 100.a), b), j), k) y t), 101, 102.h) y 107.párrafo segundo; añade artículos 35.1, capítulo VI del Título IV (artículos 61 bis y 61 ter), artículo 81.2 párrafo nuevo, 84.2.c.bis), 85.6 y 7, 90.4.ll), 99.c bis), c ter), c quater), e quinquies), z quinquies) y z sexies), 100.ll bis), z quater y z quinquies), 101 bis, 106 ter, 107 bis, DA vigésima y DF tercera.

.  Ley 26/2003, de 17 de julio, por la que se modifican la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades anónimas cotizadas: Añade la DA segunda.2.i).

.  Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva: Modifica artículos 25.3, 26.4, 69, 70, 77, 80, 81, 82, 83.3, 88, 92.c) y d) y 93; añade artículo 88 bis y DT séptima.

.  Ley 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las entidades de capital riesgo y de sus sociedades gestoras: Modifica artículos 49.2.párrafo segundo, 50.3, 51.1 y 53.6; añade artículos 50.7, 52.1.i) y 55.

.  Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros: Modifica artículo 10 bis.1, 10 ter.1 y 11.3.

.  Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito: Modifica artículos 5.e), 9.a), 10.a), 11.b) 12.1.a), 13.1.c), 29.1, 30 bis.1 bis; añade artículos 5.x), 43 bis.1 bis, párrafo tercero, 1 ter y 1 quáter.

.  Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero: Modifica artículo 30.

. Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados: Modifica artículos 4.1, 8, 13.4, 21.3.e), g), h) y 4, 25.1, 27.2, 35.2, 49, 52.1, 53.1, 53.1.b), 54.1, 55.2.r) y DA cuarta. Añade artículos 19.2 y 3, 24.2 y 53.1.g).

. Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, Texto Refundido de la Ley de Regulación de los planes y fondos de pensiones: Modifica artículos 8.8, 9.5, 11, 15.3, 20.1.a), 21, 24.1, 2 y 5, 35, 36, DA segunda; añade artículo 11 bis, 20.7, 26 bis,DA sexta.

.  Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, Texto Refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados: Modifica artículos 40.1.a), 50 (título), 60.3, 74.1, 81.1, 86.1 primer párrafo; añade artículo 24.1, nuevo inciso, 50.4, 60.3 y 4, Título III, Capítulo I, sección 4.ª (artículos 86 bis y 86 ter).

.  Ley 28/2006, de 28 de julio, de Agencias Estatales para la Mejora de los Servicios Públicos: Modifica DA décima.2.

.  Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del sector Público: Modifica artículos 8.1, 11, 20.2, 76.1, 91.1 segundo párrafo, 118, 155.b), 158.b), 195, 202, 206, 207, 210.7, 216, 217, 220, 221, 225, 226, 232, 233, 241, 243, 244, 258, 272, 275, 282, 284, 309.1 y DF octava.2; añade artículo 4.1.r), Libro I, Título II, capítulo III (artículos 73 bis), Libro I, Título V (Artículo 92 bis a 92 quinquies), artículo 208.5 y 6, DA trigésima quinta.

.  Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria: Modifica artículos 114.2.b) y 115.1

. Real Decreto Legislativo 1/2004, Texto refundido de la Ley Reguladora del Catastro Inmobiliario: Modifica artículos 3, 6.3, 11.2, 14.a) y c), 18, 33, 36.2 y 3, 47.2, 48, 62; añade artículo 46.2, DA segunda y DT octava.

. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: Modifica DA octava.2.

.  Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional: Modifica DA primera.1; añade artículo 15 bis.

. Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de Transportes Terrestres: Modifica artículos 72.3, 73.3 y 74.1.

.  Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario: Modifica artículos 40, 82, 83 y 84; añade artículo 8.7

.  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación: Modifica artículos 37.1, 39.3, 41 y 44.1 y 2.

. Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital: Modifica artículo 497.

.  Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias: Modifica artículos 11.4, 12.7, 14.1.7.º, 9 y 11, 17.3.a), 17.tres.uno.2, 31.1.3.º, 32, 33.4, 59.1.c); añade artículo 48.8.

.  Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos: Modifica DA undécima.1.2.º y 3.º, DA undécima.3.1.ºdecimocuarta y decimoquinta, DA undécima.3.5.º; añade DT vigésima segunda, DA undécima.4 y 5.

. Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias: Modifica artículo 27.4.A y C.

. Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones: Modifica artículo 48.

.  Ley 23/2007, de 8 de octubre, de creación de la Comisión Nacional del Sector Postal: Modifica artículos 1.2 y 3, 2, 3, 4, 6; añade artículo 1.4.

. Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales: Añade artículo 18.7.e).

.  Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal: Modifica artículos 37, 39; añade DT cuarta.

.  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común: Modifica artículo 142.3.

.  Ley 7/2010, de 31 de marzo, general de la Comunicación Audiovisual: Modifica artículos 5.3.párrafo séptimo, 49.1.párrafo primero; añade DA séptima.

.  Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre régimen fiscal de Cooperativas: Modifica artículos 9.2.a) y 3 párrafo primero, 13.10.

. Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico:Añade artículo 8.1.e) y 2, con renumeración correlativa de los actuales 2, 3, 4 y 5.

. Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual:Modifica artículo 158; añade DA quinta.

.  Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: Modifica artículo 80.1.d) y DA cuarta.5; añade artículos 9.2 y 122 bis.

. Real Decreto-Ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario en el sector eléctrico: Modifica DA primera.4 y DF primera.

. Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo: Añade párrafo a la DT. Primera.2

.  Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación:Modifica artículos 2.4, 6.1 y su rúbrica; añade artículo 17.

.  Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido: Modifica artículo 117 bis.

.  Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social: Modifica artículo 38.

. Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes: Modifica DA segunda.1.A).

.  Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010: Modifica DA quincuagésima cuarta.dos.

. Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para reducción del déficit público: Modifica DA cuarta.

.  Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal: Modifica artículos 43.2, 44.2 a 4, 45.1 a 5, 46.1 a 3 y 49; añade artículo 46.6, renumerando los 6 y 7 actuales.

.  Real Decreto legislativo 5/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes: Modifica artículo 14.1.k) y l).

DEROGACIÓN NORMATIVA

.  Artículos 23.c), 114.2 y 3, 116 y 116 bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

.  Artículos 22 a 28 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.

.  Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los comisionados para la defensa del cliente de servicios financieros.

.  Disposición adicional tercera de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados.

.  Artículo 23.5 del Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero.

.  Artículo 52.2.h) de la Ley 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las entidades de capital riesgo y de sus sociedades gestoras.

.  Artículo 12.6 del Real Decreto Legislativo 1/2004, Texto refundido de la Ley Reguladora del Catastro Inmobiliario.

.  DA undécima.1.4.º, 5.º y 6.º; DA undécima.2.3.ºde la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

.  Artículo 5 de la Ley 23/2007, de 8 de octubre, de creación de la Comisión Nacional del Sector Postal.

.  Artículo 38 de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal.

.  DA cuarta.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

.  Artículo 2.2.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

RÉGIMEN TRANSITORIO

.  Los contratos administrativos regulados por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, que hayan sido adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, se regirán por la normativa anterior.

ENTRADA EN VIGOR

. Al día siguiente de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado", salvo la modificación que afecta al artículo 60.3 del Texto Refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, que entrará en vigor para todas las pólizas de seguro suscritas o renovadas a partir de 1 de enero de 2013.