La nueva pruebas de resistencia .El nuevo requerimiento de capital deberá ser calculado considerando que la deuda griega mantenida en cartera sufrirá una quita del 60%, la portuguesa del 40% y la italiana y española del 20%.

Jesús Sánchez-Quiñones  18/10/2011 06:00h

La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha llevado a cabo dos ediciones de ‘pruebas de resistencia’ a la banca europea, la última el pasado mes de julio.  El resultado ha sido una enorme pérdida de credibilidad de la EBA y de las autoridades europeas y una incredulidad de los resultados.
Las pruebas no han analizado por igual a los sistemas financieros de los distintos países. Así, frente a un examen que abarcaba más del 95% del sistema financiero español, las entidades alemanas sometidas a examen apenas representaban el 50% de su sistema bancario. Incluso una entidad, Helaba Landesbank, se retiró de las últimas pruebas de resistencia el día anterior a la publicación de los resultados para evitar aparecer entre las entidades suspendidas.
La escasa fiabilidad de los resultados quedó puesta de manifiesto cuandoDexia, que obtuvo una calificación que le situaba entre las entidades más solventes, tuvo que ser rescata apenas dos meses después del examen.
Otro de los motivos de la falta de credibilidad de los resultados del último examen a la banca europea ha sido ignorar en las hipótesis planteadas un eventual riesgo de la deuda pública de determinados países, principalmente Grecia, cuando el mercado ya estaba descontando quitas cercanas al 50% a la deuda helena.
Pues bien, dado que la EBA ha fallado dos veces, parece decidida a equivocarse una tercera vez. Aunque todavía quedan criterios por concretar, se plantea que los bancos aumenten su base de capital hasta un porcentaje todavía por determinar (entre el 7% y el 9%) sensiblemente por encima del 5% exigido en los últimos test de estrés. El nuevo requerimiento de capitaldeberá ser calculado considerando que la deuda griega mantenida en cartera sufrirá una quita del 60%, la portuguesa del 40% y la italiana y española del 20%. Sobre el resto de activos no se aplica ninguna quita.
Se pretende que las entidades que necesiten capital adicional acudan a los mercados financieros. Si esto no es posible deberán acudir a su Estado correspondiente, y en último extremo al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (EFSF).
Esta forma de calcular el capital adicional necesario para la banca puede generar efectos indeseados:
- Tal y como ha aparecido en medios de comunicación durante este fin de semana, parece que la quita del 20% a la deuda española es una realidad, y no ejercicio teórico de cálculo de necesidades de capital en un escenario tremendamente adverso. El efecto desconfianza creado es brutal y perverso.
- Mientras todo este proceso se aplica, los países tienen que seguir emitiendo bonos y financiándose en el mercado. Las entidades financieras europeas, que son los principales compradores de bonos estatales, se lo pensarán dos veces antes de ampliar su cartera de bonos públicos que les va a exigir un 20% de capital exigido. Si invierten será exigiendo mayores intereses.
- El sistema seguido es tan absurdo que una entidad que en lugar de tener deuda pública sólo tuviera préstamos directos a ayuntamientos y comunidades autónomas no se le aplicaría ninguna quita, por lo que no tendría necesidad de ampliar capital, mientras otra que hubiera invertido en bonos del Estado sí tendría que aumentar sus recursos propios.
- Tras el fuerte castigo recibido por las cotizaciones bancarias las entidades preferirán reducir su activo para cumplir con los ratios de capital que emitir nuevas acciones a los precios actuales. Como consecuencia asistiríamos a una contracción todavía mayor del crédito.
- El análisis parece que no se va a aplicar a la totalidad de cada unos de los sistemas bancarios europeos. Por tanto, España sería tremendamente ingenua en términos de imagen de país si aplica las medidas a un mayor número de entidades del estrictamente necesario.
- Si se supone que el problema de la banca es la deuda soberana, y al final los estados se van a ver obligados a emitir más deuda soberana para recapitalizar los bancos, se produce un bucle perverso. Los estados empeorarán su situación financiera al emitir más deuda para capitalizar a la banca; los mercados exigirán más tipo de interés a su deuda; y la calidad de la deuda pública mantenida en cartera por los bancos será peor.
En el caso de la banca española el problema no es la deuda soberana sino la valoración en los balances de los créditos a promotores y construcción con finalidad inmobiliaria, donde la tasa de morosidad de los seis principales bancos se situaba de media en el 19% al final del primer trimestre. El importe total de los activos considerados problemáticos, entendiendo por tales activos inmobiliarios adjudicados o comprados, los saldos deudores y los créditos que pese a estar al corriente de pago se considera que tienen un elevado riesgo de convertirse en dudosos, ascienden a 100.000 millones de euros considerando los seis principales bancos nacionales (sin incluir cajas convertidas en bancos). La cobertura media de dichos activos se sitúa en el 45%. Si se les exigiera una cobertura hasta el 60% necesitarían en conjunto 15.000 millones € adicionales de capital.
Pese a considerar un error la forma en que se ha planteado la recapitalización de la banca europea, el hecho de que exista una entidad como el EFSF que aportaría los recursos en última instancia, puede ser una oportunidad única para limpiar el balance de exposición problemática al inmobiliario de determinadas entidades. De momento sigue la confusión.

La Champions quedó atrás, estamos en la lucha por la permanencia. La teta no da más de sí y es hora de fomentar la actividad, luchar contra el fraude y ajustar servicios a presupuestos realistas.

. McCoy  05/10/2011 06:00h

Corre España un riesgo no suficientemente explicitado. Que llegue un día en que los que se están echando a la espalda este país digan "ahí os quedáis". Y el último que apague la luz. No estamos tan lejos de dicha amenaza. Las cifras son como para poner los pelos de punta. La atención pública se ha centrado en un demoledor dato de paro que, contra sus erróneas previsiones, le ha estallado en la cara al candidato Rubalcaba. Vaya. Fuera de los ecos mediáticos, la realidad laboral subyacente es aún más dramática y exige una reflexión perentoria y radical sobre dónde estamos y dónde podemos estar, qué cesta podemos hacer con estos debilitados mimbres una vez superada la ilusión de riqueza de la que tan bruscamente andamos despertando. La teta no da más de sí y es hora de fomentar la actividad, luchar contra el fraude y ajustar servicios a presupuestos realistas. Será duro pero es que la alternativa, liquidación por cierre del local, es aún peor. No les quepa la menor duda.

Vean si no la cuenta de la vieja que un servidor ha echado a través de la profusión de cifras del Instituto Nacional de Estadística. En España hay 47'15 millones de habitantes, 41'42 nacionales y el resto extranjeros, una distinción irrelevante a los efectos que nos ocupan toda vez que hay prestaciones universales y gratuitas, hasta ahora, que no distinguen entre procedencias. Pues bien, de ellos, 38'5 millones son mayores de 16 años. Eso significa que, para empezar, hay 8 millones y medio largos de ciudadanos que, justificadamente y por razón de una edad inferior a ese rango, no contribuyen al sistema y, sin embargo, son receptores naturales de servicios como la educación y la sanidad que hay que sufragar entre todos. Poco que censurar ya que es inversión en el presente y futuro del propio país, por más que desde estas líneas hayamos defendido la adecuación de los beneficios de tales derechos a las responsabilidades olvidadas e inherentes a su ejercicio. El porcentaje de paro entre los analfabetos es superior al 50%.

De esos 38'5 millones, la población activa asciende a 23'1. Llevamos solo un par de pasitos y podemos ya constatar que solo uno de cada dos habitantes de ese particular planeta llamado España tiene un empleo o se encuentra en su búsqueda. Una sencilla resta sirve para comprobar que los inactivos ascienden, por tanto, a 15'4 millones de personas. Bien. Estos se pueden dividir a su vez en dos categorías: los que reciben prestación y los que no. Dentro de los primeros destacan los jubilados y prejubilados (5'5 millones), las personas con incapacidad permanente (1'15) y los perceptores de otro tipo de prestación (1'72). Otros 8,5 millones, grosso modo, a los que hay que añadir 2'45 millones de estudiantes y 4'1 que desempeñan tareas del hogar. Algunos han contribuido en el pasado, otros no; los más lo hacen de modo indirecto en la actualidad. Pero en cualquier caso todos hacen uso de los mecanismos arbitrados por el estado del bienestar. Los excluidos por edad o actividad suman ya 24 millones en total.

Vayamos ahora esos 23'1 millones teóricamente activos, los restantes. Se dividen entre ocupados y parados. Pues bien, los primeros, es decir aquellos que tienen la fortuna de ir cada día a fichar, son 18'3 que, divididos entre el total del censo de 47 millones, apenas suponen el 40% del total. Más, de esa cantidad 3'2 millones entran dentro de la categoría de “asalariados del sector público”, esto es: son funcionarios o personal laboral que trabajan para la administración central, regional o local (pagan impuestos y cobran de las arcas públicas, efecto boomerang). De este modo el empleo privado, resultado de la iniciativa de empresarios particulares o autónomos, queda en 15'1 millones. Su representatividad sobre el total de la población se reduce al 32%. Sumen a eso gente que desempeña sus tareas en sociedades que contratan fundamentalmente con entes públicos y el porcentaje se contraería aún más. La ratio es de 3 a 7 entre paganinisestrictamente privados y receptores directos o indirectos -vía servicios- de sueldos, facturas y contribuciones de la Seguridad Social o el Presupuesto del Estado. Añadan los pagos derivados del desempleo -esos 2'75 millones de parados que todavía reciben algún tipo de prestación por este concepto- y verán que el estrechamiento por la base de quienes tienen que financiar tal cúmulo de desembolsos hace imposible su sostenimiento en el tiempo.

Ese es el problema al que me refería al inicio de este post. O se rompe esta inercia a través de políticas activas de creación de empleo y estímulo a la iniciativa privada, incluidas rebajas impositivas y de cotizaciones sociales, o esto se va al garete más antes que después. La alta correlación entre nivel de paro, personal público y percepción de prestaciones en algunas comunidades autónomas, caso de Andalucía o Extremadura, aparte de suponer caldo de cultivo ideal para actuaciones irregulares, advierte de un efecto expulsión de la iniciativa empresarial de su economía que seguro acarreará consecuencias graves a medio plazo. Hay que revertir el proceso.No son más tributos sino lucha contra el fraude, denunciado primero por aquellos que asisten indiferentes al expolio fiscal del fruto de su nómina a través de millones de trapacerías diariamente por ellos consentidas, que suponen menor ingreso y más desembolso colectivo para el Estado. ¿Cuándo tomarán conciencia de que su pasividad es su condena? No es menor gasto, sino mejor, ajustado a una realidad que es la que es, no la que algunos se empeñan en creer en sus mejores sueños. La Champions quedó atrás, estamos en la lucha por la permanencia. A ver si nos vamos enterando.