El objeto del presente recurso es
resolver si el incumplimiento por una sociedad promotora de viviendas de la
obligación de garantizar al
comprador las cantidades anticipadas en caso de resolución del contrato de
compraventa exigidas por la Ley de Ordenación de la Edificación, constituye un
incumplimiento que puede ser, además, imputable a los administradores para
exigirles responsabilidad a título individual, y si tal responsabilidad es
subsidiaria o solidaria con la sociedad.
Según el Tribunal Supremo, en este caso se dan todos los presupuestos necesarios para que prospere la acción individual de responsabilidad:
a) El incumplimiento de una norma, en este caso, la Ley de Ordenación de la Edificación, debido al comportamiento omisivo de los administradores.
b) La imputabilidad de la conducta omisiva a los administradores, como órgano social.
c) Que la conducta antijurídica, culposa o negligente, sea susceptible de producir un daño.
d) Que el daño que se infiere sea directo al tercero que contrata, en este caso, al acreedor, sin necesidad de lesionar los intereses de la sociedad.
e) La relación de causalidad entre la conducta contraria a la ley y el daño directo ocasionado al tercero (pues el incumplimiento de la obligación de garantizar la devolución de las cantidades ha producido un daño al comprador).
Debe tenerse en cuenta, no obstante, que «la responsabilidad de los administradores en ningún caso se puede conectar al hecho objetivo del incumplimiento o defectuoso cumplimiento de las relaciones contractuales, convirtiéndolos en garantes de las deudas sociales o en supuestos de fracasos de empresa que han derivado en desarreglos económicos que, en caso de insolvencia, pueden desencadenar otro tipo de responsabilidades en el marco de otra u otras normas. Pero en el presente caso, la responsabilidad directa de los administradores proviene del carácter imperativo de la norma que han incumplido y de la importancia de los intereses jurídicos protegidos por dicha norma. Ello supone que incumbe a los administradores asegurarse del cumplimiento de esta exigencia legal, y que su incumplimiento les sea directamente imputable.»
Por último, señala el Alto Tribunal, que esta acción individual de responsabilidad es una acción directa y principal, no subsidiaria, que se otorga a los socios y terceros para recomponer su patrimonio particular, que resultó afectado directamente por los actos de administración. Afirmar que la acción de responsabilidad es subsidiaria y solo ejercitable en caso de insolvencia de la sociedad, supondría un blindaje y, en la práctica, una exoneración de responsabilidad de los administradores.
Según el Tribunal Supremo, en este caso se dan todos los presupuestos necesarios para que prospere la acción individual de responsabilidad:
a) El incumplimiento de una norma, en este caso, la Ley de Ordenación de la Edificación, debido al comportamiento omisivo de los administradores.
b) La imputabilidad de la conducta omisiva a los administradores, como órgano social.
c) Que la conducta antijurídica, culposa o negligente, sea susceptible de producir un daño.
d) Que el daño que se infiere sea directo al tercero que contrata, en este caso, al acreedor, sin necesidad de lesionar los intereses de la sociedad.
e) La relación de causalidad entre la conducta contraria a la ley y el daño directo ocasionado al tercero (pues el incumplimiento de la obligación de garantizar la devolución de las cantidades ha producido un daño al comprador).
Debe tenerse en cuenta, no obstante, que «la responsabilidad de los administradores en ningún caso se puede conectar al hecho objetivo del incumplimiento o defectuoso cumplimiento de las relaciones contractuales, convirtiéndolos en garantes de las deudas sociales o en supuestos de fracasos de empresa que han derivado en desarreglos económicos que, en caso de insolvencia, pueden desencadenar otro tipo de responsabilidades en el marco de otra u otras normas. Pero en el presente caso, la responsabilidad directa de los administradores proviene del carácter imperativo de la norma que han incumplido y de la importancia de los intereses jurídicos protegidos por dicha norma. Ello supone que incumbe a los administradores asegurarse del cumplimiento de esta exigencia legal, y que su incumplimiento les sea directamente imputable.»
Por último, señala el Alto Tribunal, que esta acción individual de responsabilidad es una acción directa y principal, no subsidiaria, que se otorga a los socios y terceros para recomponer su patrimonio particular, que resultó afectado directamente por los actos de administración. Afirmar que la acción de responsabilidad es subsidiaria y solo ejercitable en caso de insolvencia de la sociedad, supondría un blindaje y, en la práctica, una exoneración de responsabilidad de los administradores.
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