Recopilacion de noticias 20/10/2011

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Moody's rebaja la nota de Catalunya y de otras nueve comunidades

La agencia valora la austeridad de la Generalitat y sitúa la deuda de Castilla-La Mancha a la altura del bono basura

También reduce la calificación del Santander, el BBVA, La Caixa y CaixaBank y de la patronal de las cajas, la CECA

Jueves, 20 de octubre del 2011 - 11:58h.

AGENCIAS / Madrid

Dos días después de rebajar la calificación de la deuda española, la agencia de calificación Moody's ha rebajado la calificación de la deuda a largo plazo de Catalunya y de otras nueve autonomías, así como la de la patronal de las cajas de ahorros, laCECA, y de cuatro grandes entidades financieras; Banco Santander, BBVA, La Caixa y CaixaBank. En el caso de las comunidades autónomas, Moody's justifica la rebaja por las presiones económicas pero destaca positivamente los esfuerzos de la Generalitat por reducir costes y estabilizar sus finanzas.

Así, Catalunya baja un escalón y pasa de la nota Baa1 a la Baa2 con perspectiva negativa. Moody's ha valorado las "significativaspresiones de liquidez" que sufre Catalunya a raíz de "un entorno de mercado cada vez más difícil y con un acceso limitado a fuentes de financiación a largo plazo". La agencia menciona expresamente que, a diferencia de otras autonomías, la Generalitat "ha tomado medidas para controlar los gastos y está viendo cómo su trayectoria fiscal se estabiliza progresivamente".

En el otro extremo se sitúa Castilla-La Mancha, cuya calificación baja cinco escalones, de A3 a Ba2 y queda situada al nivel de bono basura. En este caso, la agencia ha considerado la debilidad de esta autonomía para financiarse y ha denunciado que la "mala contabilidad" y "los controles inadecuados" han acrecentado las "deficiencias" existentes dentro del funcionamiento de la Administración. La situación de esta comunidad hará que, para cumplir sus compromisos con los inversores, tenga que endeudarse más aún o solicitar apoyo financiero del Estado, según la agencia.

Voto de confianza a Cospedal

Moody's admite que el nuevo Gobierno de María Dolores de Cospedal ha emprendido unas "ambiciosas" medidas de ahorro, pero que será en la próxima revisión cuando analice su "viabilidad".

También han visto bajar su nota Euskadi, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Andalucía, Castilla y León, Murcia y Comunidad Valenciana, en todos los casos con perspectiva negativa y por "presiones crecientes" en materia de liquidez y "persistentes" desequilibrios en sus presupuestos. La Comunidad Valenciana ha pasado de A2 a Baa2; Murcia cae de A2 a Baa1; Andalucía y Castilla y León de Aa3 a A2; Extremadura, Galicia y Comunidad de Madrid de Aa2 a A1; y el País Vasco de Aa3 a Aa1.

La agencia Moody's siguió el martes los pasos de Fitch y Standard & Poor's y modificó la nota de la deuda española de Aa2 a A1, lo que supuso una rebaja de dos escalones que ahora ha vinculado también con las revisiones a la baja de las autonomías señaladas en el nuevo aviso.

Bancos y cajas

Al mismo tiempo, Moody's ha rebajado la calificación de algunas de los principales entidades financieras españolas, entre ellas el Banco Santander y el BBVA, en un movimiento que vincula directamente con la revisión del rating de la deuda soberana de España. En concreto, las entidades afectadas por este nueve aviso son el Banco Santander, el BBVA, La Caixa y CaixaBank, a las que se suma la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA). 
En todos los casos, la calificación baja un escalón y se sitúa en perspectiva negativa.

Una justicia agil evita muchas incertidumbres

Pleitos por valor del 20% del PIB catalán, atascados en los juzgados

La 'consellera' de Justícia y las patronales exigen reformas en el sistema judicial para agilizarlo

Más de 40.000 millones de euros pendientes de resolución judicial se acumulan en los tribunales

Sábado, 22 de octubre del 2011

J. G. ALBALAT
BARCELONA

los juzgados catalanes acumulan pleitos pendientes de resolución judicial por valor de más de 40.000 millones de euros, una cifra que supone el 20% del producto interior bruto (PIB) de la autonomía o el presupuesto anual de la Generalitat, incluyendo las empresas públicas, según un estudio elaborado por la Conselleria de Justícia. Esta suma es la que está en disputa en los 870.000 litigios que en la actualidad se están tramitando o que están a la espera de la ejecución de sentencia. La consellera de Justícia, Pilar Fernández Bozal, alertó ayer del grave impacto que supone para la economía catalana esta situación y anunció que se están diseñando las bases de una nueva estructura judicial para agilizar los procesos. Los empresarios volvieron a exigir ayer al conocer estas cifras que se tomen medidas para desatascar los juzgados.

«El sistema actual es diabólico». Con esta expresión tan contundente se refirió Fernández Bozal a la situación de la administración de justicia en Catalunya en una conferencia celebrada en el Fòrum Europa Tribuna Catalunya. En la actualidad, según datos del Consejo General del Poder Judicial, hay 870.000 procedimientos en trámite o pendientes de ejecución definitiva (mitad y mitad) en la comunidad autónoma.

Del análisis de las cantidades exigidas en los miles de litigios interpuestos se desprende que actualmente se encuentran en trámite en los juzgados asuntos que suponen, al menos, reclamaciones pendientes del orden de 40.000 millones de euros.Y eso sin tener en cuenta otros procedimientos de cuantía indeterminada, como los que fijan indemnizaciones de accidentes en el momento de dictar sentencia u otros asuntos civiles o contenciosos.

REDUCCIÓN DE LOS PLAZOS / «El equivalente a una quinta parte del PIB catalán está a la espera de saber si ha de cambiar o no de manos; y los correspondientes demandantes o demandados, a la espera de saber si, como consecuencia de una sentencia judicial, obtendrán o no, continuarán o no contando con cierto dinero», aseguró de forma explícita Fernández Bozal. El arreglo pasa por la reducción de los plazos de tramitación y de resolución de asuntos. De los primeros resultados del estudio de Justícia se desprende que el efecto económico de reducir a la mitad el periodo de tramitación de los procedimientos concursales (antiguas suspensiones de pagos o quiebras), que como promedio suelen prolongarse tres años, la economía catalana podría recuperar entre 110 y 135 millones de euros anuales, de forma directa o indirecta.

Salvador Gallego, director de Estudios de Foment de Treball, y Antoni Cañete, secretario general de Pimec, coincidieron ayer con la consellera en la necesidad de modernizar el sistema judicial para agilizar los procedimientos. En consonancia con un documento presentado esta semana por las patronales CEOE y CEPYME, Gallego aseguró ayer a EL PERIÓDICO que debe promulgarse una legislación «con más claridad, calidad y estabilidad», así como promover medios alternativos a los judiciales para solucionar los conflictos, como el arbitraje o mediación. «Hay una excesiva judicialización», sostuvo. «La fijación de tasas en algunos procesos puede hacer reflexionar a las personas si vale o no la pena pleitear, porque los procesos judiciales tienen un coste», agregó.

MÁS CELERIDAD / La administración de Justicia, en su opinión, debe funcionar como la Agencia Tributaria. Con agilidad y con medios para actuar y cumplir su función (en un caso ejercer justicia y en otro recaudar impuestos). «No se entiende la justicia sin la debida celeridad. Pero, para mejorar, los juzgados tienen que estar dotados de las herramientas informáticas necesarias», insistió el representante de Foment.

Cañete apostó por ganar eficacia «en una situación dramática económicamente» como la actual y puso de relieve un dato: «Tres de cada cuatro empresas que cierran lo hacen por impago». Y recurrir a la justicia es lento y caro y, en algunos casos, ineficaz. Menos del 10% de los concursos de acreedores consiguen salvar la empresa. Además, estos procesos están aumentando en comparación con otras anualidades. «En los primeros 10 meses del año la cifra de estos procesos ha superado el total que hubo en el 2010 en Catalunya», destacó el directivo. «La agilización de los procesos concursales generaría un efecto inmediato», insistió.

El copago sanitario castigaría a los pobres y a los enfermos crónicos

Profesores del IESE proponen eximir de tasas médicas a la población vulnerable

Sábado, 22 de octubre del 2011

ÀNGELS GALLARDO
BARCELONA

una hipotética aplicación en Catalunya, y en el resto de España, de una tasa que obligase a pagar de forma indiscriminada 10 o 15 euros por acudir al servicio de urgencias de un hospital, al médico de familia del CAP o al canjear una receta de fármacos conseguiría reducir el uso de los servicios sanitarios y, de forma general, no alteraría la salud de la población, excepto para los sectores más empobrecidos de la sociedad y los enfermos crónicos que necesitan actualizar su constante medicación. Esta es una de las conclusiones del estudio desarrollado por tres profesores de la escuela de negocios IESE, de Barcelona, que proponen estructurar, si llega el caso, tasas que se adapten al nivel de renta y situación personal de los usuarios.

Los sectores vulnerables de la sociedad deberían quedar exentos del copago, o abonar tasas inferiores a las del resto, concluye la investigación de los profesores Núria Mas, Laia Cirera y Guillem Viñolas. El estudio confirma que el copago no tiene sentido si su objetivo es financiar el sistema sanitario -«para eso, hay que subir los impuestos», afirma Mas- pero puede resultar eficaz, dice, si busca disuadir a aquellos ciudadanos que, «al ser todo siempre gratuito», utilizan los servicios de forma abusiva.

LA MAYORÍA / El trabajo analiza los copagos sanitarios que se aplican en Europa (los tienen todos los países excepto Grecia, Gran Bretaña y España) y advierte del riesgo de que al disuadir de la visita médica, los ciudadanos prescindan en primer lugar de los controles preventivos del cáncer -las mamografías-, las revisiones de los niños, la hipertensión o el colesterol, programas que tratan de evitar dolencias graves que no están causando dolor cuando se aplican. En consecuencia, sugieren no incluir en un eventual copago los programas de prevención.

«El copago solo puede aplicarse en las situaciones en que el ciudadano toma la decisión de ir al médico: en los centros de asistencia primaria, en los servicios de urgencia y en el consumo de fármacos -explica Mas-. Pero el usuario no es un experto en salud y si tiene problemas económicos puede tomar decisiones erróneas y perjudiciales». Consideran inapropiado fijar tasas sobre la comida de los hospitalizados.

En caso de decidir un copago, proponen optar en primer lugar por aplicarlo en las urgencias de los hospitales, unos servicios objeto de frecuente mal uso. Desaconsejan aplicar tasas solo en la visita a los CAP, ya que haciéndolo aumentaría la demanda en los hospitales. Estas medidas, alertan los investigadores, deberían ir acompañadas de un profundo cambio en la organización del sistema sanitario. Los estados con tradición en el cobro de copagos sanitarios, explicaron, disponen de sistemas de salud eficaces. En Suecia se paga entre 15 y 25 euros por visitar al médico de familia. Francia aplica una tasa variable.