Una justicia agil evita muchas incertidumbres

Pleitos por valor del 20% del PIB catalán, atascados en los juzgados

La 'consellera' de Justícia y las patronales exigen reformas en el sistema judicial para agilizarlo

Más de 40.000 millones de euros pendientes de resolución judicial se acumulan en los tribunales

Sábado, 22 de octubre del 2011

J. G. ALBALAT
BARCELONA

los juzgados catalanes acumulan pleitos pendientes de resolución judicial por valor de más de 40.000 millones de euros, una cifra que supone el 20% del producto interior bruto (PIB) de la autonomía o el presupuesto anual de la Generalitat, incluyendo las empresas públicas, según un estudio elaborado por la Conselleria de Justícia. Esta suma es la que está en disputa en los 870.000 litigios que en la actualidad se están tramitando o que están a la espera de la ejecución de sentencia. La consellera de Justícia, Pilar Fernández Bozal, alertó ayer del grave impacto que supone para la economía catalana esta situación y anunció que se están diseñando las bases de una nueva estructura judicial para agilizar los procesos. Los empresarios volvieron a exigir ayer al conocer estas cifras que se tomen medidas para desatascar los juzgados.

«El sistema actual es diabólico». Con esta expresión tan contundente se refirió Fernández Bozal a la situación de la administración de justicia en Catalunya en una conferencia celebrada en el Fòrum Europa Tribuna Catalunya. En la actualidad, según datos del Consejo General del Poder Judicial, hay 870.000 procedimientos en trámite o pendientes de ejecución definitiva (mitad y mitad) en la comunidad autónoma.

Del análisis de las cantidades exigidas en los miles de litigios interpuestos se desprende que actualmente se encuentran en trámite en los juzgados asuntos que suponen, al menos, reclamaciones pendientes del orden de 40.000 millones de euros.Y eso sin tener en cuenta otros procedimientos de cuantía indeterminada, como los que fijan indemnizaciones de accidentes en el momento de dictar sentencia u otros asuntos civiles o contenciosos.

REDUCCIÓN DE LOS PLAZOS / «El equivalente a una quinta parte del PIB catalán está a la espera de saber si ha de cambiar o no de manos; y los correspondientes demandantes o demandados, a la espera de saber si, como consecuencia de una sentencia judicial, obtendrán o no, continuarán o no contando con cierto dinero», aseguró de forma explícita Fernández Bozal. El arreglo pasa por la reducción de los plazos de tramitación y de resolución de asuntos. De los primeros resultados del estudio de Justícia se desprende que el efecto económico de reducir a la mitad el periodo de tramitación de los procedimientos concursales (antiguas suspensiones de pagos o quiebras), que como promedio suelen prolongarse tres años, la economía catalana podría recuperar entre 110 y 135 millones de euros anuales, de forma directa o indirecta.

Salvador Gallego, director de Estudios de Foment de Treball, y Antoni Cañete, secretario general de Pimec, coincidieron ayer con la consellera en la necesidad de modernizar el sistema judicial para agilizar los procedimientos. En consonancia con un documento presentado esta semana por las patronales CEOE y CEPYME, Gallego aseguró ayer a EL PERIÓDICO que debe promulgarse una legislación «con más claridad, calidad y estabilidad», así como promover medios alternativos a los judiciales para solucionar los conflictos, como el arbitraje o mediación. «Hay una excesiva judicialización», sostuvo. «La fijación de tasas en algunos procesos puede hacer reflexionar a las personas si vale o no la pena pleitear, porque los procesos judiciales tienen un coste», agregó.

MÁS CELERIDAD / La administración de Justicia, en su opinión, debe funcionar como la Agencia Tributaria. Con agilidad y con medios para actuar y cumplir su función (en un caso ejercer justicia y en otro recaudar impuestos). «No se entiende la justicia sin la debida celeridad. Pero, para mejorar, los juzgados tienen que estar dotados de las herramientas informáticas necesarias», insistió el representante de Foment.

Cañete apostó por ganar eficacia «en una situación dramática económicamente» como la actual y puso de relieve un dato: «Tres de cada cuatro empresas que cierran lo hacen por impago». Y recurrir a la justicia es lento y caro y, en algunos casos, ineficaz. Menos del 10% de los concursos de acreedores consiguen salvar la empresa. Además, estos procesos están aumentando en comparación con otras anualidades. «En los primeros 10 meses del año la cifra de estos procesos ha superado el total que hubo en el 2010 en Catalunya», destacó el directivo. «La agilización de los procesos concursales generaría un efecto inmediato», insistió.