Valeriano Gomez, un ministro poco agil. Posiblemente se irá sin dar contenido a las normas aprobadas. Ese contenido debería estar previsto a la vez que la aprobación de las normas

El Ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha declarado que en lo que queda de legislatura ya no habrá más medidas importantes en materia laboral, pero si queda pendiente el desarrollo de reglamentos como el del Consejo de Relaciones Laborales, que sustituirá a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, el fortalecimiento de los procedimientos no judiciales de solución de conflictos laborales, la instrumentación del nuevo contrato de formación, y otras tareas pendientes que es establecieron la reforma laboral y la de la negociación colectiva.





Durante su participación en la jornada “Recursos humanos y reestructuración: nuevos enfoques”, Valeriano Gómez, ministro de Trabajo, ha abierto la posibilidad de rebajar las cotizaciones a las empresas que contraten a perceptores de prestaciones por desempleo, para tratar de “activar y hacer más útil” este gasto, que asciende a 30.000 millones de euros anuales.
La justificación de esta medida radica en la necesidad de “activar” parte del gasto utilizado en la protección por desempleo para incentivar la contratación. Según los cálculos del Gobierno, el gasto por desempleo llegará en 2011 a los 30.000 millones de euros, mientras que sólo 4.000 millones se dedican a las políticas activas empleo, excluido el gasto en formación profesional.
El ministro de Trabajo aclaró, sin embargo, que esto no quiere decir que los desempleados que cobran prestación estén por delante de quienes no tienen derecho a ella por no haber cotizado los suficiente o al haberla consumido. “También habrá que establecer una buena política de estímulos para los que no tienen este derecho”, añadió.
Otro de los objetivos que se ha marcado el Ejecutivo es el de dotar de más personal a los Servicios Públicos de Empleo (SPEE). “Los SPEE están mal dotados de recursos humanos”, según Gómez, quien apuntó que el personal de los SPEE autonómicos asciende a 7.700 personas, diez veces menos que en Alemania, por ejemplo. Además, señaló que los SPEE carecen aún de un marco eficiente de colaboración con las instituciones privadas de colocación.
Por último, Gómez también defendió la necesidad de seguir incorporando mejoras en la aplicación de los expediente de regulación de empleo suspensivos, para evitar que los ajustes de las plantillas se realicen acudiendo al despido.