Buscar este blog

martes, 18 de octubre de 2011

La nueva pruebas de resistencia .El nuevo requerimiento de capital deberá ser calculado considerando que la deuda griega mantenida en cartera sufrirá una quita del 60%, la portuguesa del 40% y la italiana y española del 20%.


Jesús Sánchez-Quiñones  18/10/2011 06:00h
La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha llevado a cabo dos ediciones de ‘pruebas de resistencia’ a la banca europea, la última el pasado mes de julio.  El resultado ha sido una enorme pérdida de credibilidad de la EBA y de las autoridades europeas y una incredulidad de los resultados.
Las pruebas no han analizado por igual a los sistemas financieros de los distintos países. Así, frente a un examen que abarcaba más del 95% del sistema financiero español, las entidades alemanas sometidas a examen apenas representaban el 50% de su sistema bancario. Incluso una entidad, Helaba Landesbank, se retiró de las últimas pruebas de resistencia el día anterior a la publicación de los resultados para evitar aparecer entre las entidades suspendidas.
La escasa fiabilidad de los resultados quedó puesta de manifiesto cuandoDexia, que obtuvo una calificación que le situaba entre las entidades más solventes, tuvo que ser rescata apenas dos meses después del examen.
Otro de los motivos de la falta de credibilidad de los resultados del último examen a la banca europea ha sido ignorar en las hipótesis planteadas un eventual riesgo de la deuda pública de determinados países, principalmente Grecia, cuando el mercado ya estaba descontando quitas cercanas al 50% a la deuda helena.
Pues bien, dado que la EBA ha fallado dos veces, parece decidida a equivocarse una tercera vez. Aunque todavía quedan criterios por concretar, se plantea que los bancos aumenten su base de capital hasta un porcentaje todavía por determinar (entre el 7% y el 9%) sensiblemente por encima del 5% exigido en los últimos test de estrés. El nuevo requerimiento de capitaldeberá ser calculado considerando que la deuda griega mantenida en cartera sufrirá una quita del 60%, la portuguesa del 40% y la italiana y española del 20%. Sobre el resto de activos no se aplica ninguna quita.
Se pretende que las entidades que necesiten capital adicional acudan a los mercados financieros. Si esto no es posible deberán acudir a su Estado correspondiente, y en último extremo al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (EFSF).
Esta forma de calcular el capital adicional necesario para la banca puede generar efectos indeseados:
- Tal y como ha aparecido en medios de comunicación durante este fin de semana, parece que la quita del 20% a la deuda española es una realidad, y no ejercicio teórico de cálculo de necesidades de capital en un escenario tremendamente adverso. El efecto desconfianza creado es brutal y perverso.
- Mientras todo este proceso se aplicalos países tienen que seguir emitiendo bonos y financiándose en el mercado. Las entidades financieras europeas, que son los principales compradores de bonos estatales, se lo pensarán dos veces antes de ampliar su cartera de bonos públicos que les va a exigir un 20% de capital exigido. Si invierten será exigiendo mayores intereses.
- El sistema seguido es tan absurdo que una entidad que en lugar de tener deuda pública sólo tuviera préstamos directos a ayuntamientos y comunidades autónomas no se le aplicaría ninguna quita, por lo que no tendría necesidad de ampliar capital, mientras otra que hubiera invertido en bonos del Estado sí tendría que aumentar sus recursos propios.
- Tras el fuerte castigo recibido por las cotizaciones bancarias las entidades preferirán reducir su activo para cumplir con los ratios de capital que emitir nuevas acciones a los precios actuales. Como consecuencia asistiríamos a una contracción todavía mayor del crédito.
- El análisis parece que no se va a aplicar a la totalidad de cada unos de los sistemas bancarios europeos. Por tanto, España sería tremendamente ingenua en términos de imagen de país si aplica las medidas a un mayor número de entidades del estrictamente necesario.
- Si se supone que el problema de la banca es la deuda soberana, y al final los estados se van a ver obligados a emitir más deuda soberana para recapitalizar los bancos, se produce un bucle perverso. Los estados empeorarán su situación financiera al emitir más deuda para capitalizar a la banca; los mercados exigirán más tipo de interés a su deuda; y la calidad de la deuda pública mantenida en cartera por los bancos será peor.
En el caso de la banca española el problema no es la deuda soberana sino la valoración en los balances de los créditos a promotores y construcción con finalidad inmobiliaria, donde la tasa de morosidad de los seis principales bancos se situaba de media en el 19% al final del primer trimestre. El importe total de los activos considerados problemáticos, entendiendo por tales activos inmobiliarios adjudicados o comprados, los saldos deudores y los créditos que pese a estar al corriente de pago se considera que tienen un elevado riesgo de convertirse en dudosos, ascienden a 100.000 millones de euros considerando los seis principales bancos nacionales (sin incluir cajas convertidas en bancos). La cobertura media de dichos activos se sitúa en el 45%. Si se les exigiera una cobertura hasta el 60% necesitarían en conjunto 15.000 millones € adicionales de capital.
Pese a considerar un error la forma en que se ha planteado la recapitalización de la banca europea, el hecho de que exista una entidad como el EFSF que aportaría los recursos en última instancia, puede ser una oportunidad única para limpiar el balance de exposición problemática al inmobiliario de determinadas entidades. De momento sigue la confusión.

La Champions quedó atrás, estamos en la lucha por la permanencia. La teta no da más de sí y es hora de fomentar la actividad, luchar contra el fraude y ajustar servicios a presupuestos realistas.


. McCoy  05/10/2011 06:00h
Corre España un riesgo no suficientemente explicitado. Que llegue un día en que los que se están echando a la espalda este país digan "ahí os quedáis". Y el último que apague la luz. No estamos tan lejos de dicha amenaza. Las cifras son como para poner los pelos de punta. La atención pública se ha centrado en un demoledor dato de paro que, contra sus erróneas previsiones, le ha estallado en la cara al candidato Rubalcaba. Vaya. Fuera de los ecos mediáticos, la realidad laboral subyacente es aún más dramática y exige una reflexión perentoria y radical sobre dónde estamos y dónde podemos estar, qué cesta podemos hacer con estos debilitados mimbres una vez superada la ilusión de riqueza de la que tan bruscamente andamos despertando. La teta no da más de sí y es hora de fomentar la actividad, luchar contra el fraude y ajustar servicios a presupuestos realistas. Será duro pero es que la alternativa, liquidación por cierre del local, es aún peor. No les quepa la menor duda.
Vean si no la cuenta de la vieja que un servidor ha echado a través de la profusión de cifras del Instituto Nacional de EstadísticaEn España hay 47'15 millones de habitantes, 41'42 nacionales y el resto extranjeros, una distinción irrelevante a los efectos que nos ocupan toda vez que hay prestaciones universales y gratuitas, hasta ahora, que no distinguen entre procedencias. Pues bien, de ellos, 38'5 millones son mayores de 16 años. Eso significa que, para empezar, hay 8 millones y medio largos de ciudadanos que, justificadamente y por razón de una edad inferior a ese rango, no contribuyen al sistema y, sin embargo, son receptores naturales de servicios como la educación y la sanidad que hay que sufragar entre todos. Poco que censurar ya que es inversión en el presente y futuro del propio país, por más que desde estas líneas hayamos defendido la adecuación de los beneficios de tales derechos a las responsabilidades olvidadas e inherentes a su ejercicio. El porcentaje de paro entre los analfabetos es superior al 50%.
De esos 38'5 millones, la población activa asciende a 23'1. Llevamos solo un par de pasitos y podemos ya constatar que solo uno de cada dos habitantes de ese particular planeta llamado España tiene un empleo o se encuentra en su búsqueda. Una sencilla resta sirve para comprobar que los inactivos ascienden, por tanto, a 15'4 millones de personas. Bien. Estos se pueden dividir a su vez en dos categorías: los que reciben prestación y los que no. Dentro de los primeros destacan los jubilados y prejubilados (5'5 millones), las personas con incapacidad permanente (1'15) y los perceptores de otro tipo de prestación (1'72). Otros 8,5 millones, grosso modo, a los que hay que añadir 2'45 millones de estudiantes y 4'1 que desempeñan tareas del hogar. Algunos han contribuido en el pasado, otros no; los más lo hacen de modo indirecto en la actualidad. Pero en cualquier caso todos hacen uso de los mecanismos arbitrados por el estado del bienestar. Los excluidos por edad o actividad suman ya 24 millones en total.
Vayamos ahora esos 23'1 millones teóricamente activos, los restantes. Se dividen entre ocupados y parados. Pues bien, los primeros, es decir aquellos que tienen la fortuna de ir cada día a fichar, son 18'3 que, divididos entre el total del censo de 47 millones, apenas suponen el 40% del total. Más, de esa cantidad 3'2 millones entran dentro de la categoría de “asalariados del sector público”, esto es: son funcionarios o personal laboral que trabajan para la administración central, regional o local (pagan impuestos y cobran de las arcas públicas, efecto boomerang). De este modo el empleo privado, resultado de la iniciativa de empresarios particulares o autónomos, queda en 15'1 millones. Su representatividad sobre el total de la población se reduce al 32%. Sumen a eso gente que desempeña sus tareas en sociedades que contratan fundamentalmente con entes públicos y el porcentaje se contraería aún más. La ratio es de 3 a 7 entre paganinisestrictamente privados y receptores directos o indirectos -vía servicios- de sueldos, facturas y contribuciones de la Seguridad Social o el Presupuesto del Estado. Añadan los pagos derivados del desempleo -esos 2'75 millones de parados que todavía reciben algún tipo de prestación por este concepto- y verán que el estrechamiento por la base de quienes tienen que financiar tal cúmulo de desembolsos hace imposible su sostenimiento en el tiempo.
Ese es el problema al que me refería al inicio de este post. O se rompe esta inercia a través de políticas activas de creación de empleo y estímulo a la iniciativa privada, incluidas rebajas impositivas y de cotizaciones sociales, o esto se va al garete más antes que después. La alta correlación entre nivel de paro, personal público y percepción de prestaciones en algunas comunidades autónomas, caso de Andalucía o Extremadura, aparte de suponer caldo de cultivo ideal para actuaciones irregulares, advierte de un efecto expulsión de la iniciativa empresarial de su economía que seguro acarreará consecuencias graves a medio plazo. Hay que revertir el proceso.No son más tributos sino lucha contra el fraude, denunciado primero por aquellos que asisten indiferentes al expolio fiscal del fruto de su nómina a través de millones de trapacerías diariamente por ellos consentidas, que suponen menor ingreso y más desembolso colectivo para el Estado. ¿Cuándo tomarán conciencia de que su pasividad es su condena? No es menor gasto, sino mejor, ajustado a una realidad que es la que es, no la que algunos se empeñan en creer en sus mejores sueños. La Champions quedó atrás, estamos en la lucha por la permanencia. A ver si nos vamos enterando.

lunes, 17 de octubre de 2011

Lo que está por venir: el pago directo por prestaciones públicas al no dar la vaca más de sí.


S. McCoy  18/10/2011 06:00h
Coincide en el tiempo una comida con mi amigo Antonio Rubio -filósofo de vocación al que el destino ha “condenado” gustosamente a la dirección financiera de una compañía cotizada española y cuyo pensamiento plasma esporádicamente en su blog, Piensa en Libertad-, con una charla con un consejero de comunidad autónoma con el que pude departir largo y tendido sobre la sostenibilidad del estado del bienestar en España. Lo curioso es que uno, conscientemente y desde la reflexión, y el otro, de manera intuitiva y a través de la acción política a la que la crisis le obliga ahora, llegan a los postulados ultraliberales de Ayn Rand, Dios pille confesada a la socialdemocracia. Un hecho sorprendente en el caso del político, ya que la autora –cuyo racionalismo acérrimo me aleja de sus postulados- no repara en censurar la acción pública a lo largo de su obra. Cosas veredes, amigoMcCoy.
De un modo u otro ambos concluyen de que hay dos tipos de derechos: los positivos y los negativos, forma avanzada de distinguir entre normas de origen humano o divino. Desde su compartido punto de vista, el Estado se debería limitar a salvaguardar los segundos: que no te roben, que no te violen, que no te maten. Apuntalar de este modo unos estándares mínimos de convivencia. Por el contrario tendría que desmontar la falacia sobre los derechos positivos que son universales pero nunca gratuitos, ya que alguien paga por ellos. De forma directa la administración y de modo indirecto el contribuyente. Deberían rebautizarse como derechos de imposición, que se financian con impuestos. La adopción de esta nueva nomenclatura allanaría el camino a lo que está por venir: el pago directo por prestaciones públicas al no dar la vaca más de sí.
Es revelador conocer la inelasticidad de las cuentas regionales a modificaciones en el gasto. Para una comunidad estándar, entre sanidad, educación y transporte se le va cerca del 80% del presupuesto. En un momento en el que la recaudación brilla por su ausencia, la capacidad de corregir el desequilibrio por la vía del gasto se limita a ese 20% discrecional, no estructural. Problema adicional es que el contenido en tan sensibles materias se define en sede estatal, que identifica prestaciones, mientras que la ejecución es local. “Hemos sido gilipollas”, comenta el consejero, “porquesabiendo esto nos hemos empeñado en acercar el servicio al ciudadano hasta límites innecesarios. No solo eso, le hemos otorgado una calidad tal que lo hemos equiparado a la opción privada. Se ha multiplicado el uso, y por ende el coste, en un momento en el que dinerariamente no damos más de sí. O la calidad se paga o no hay salida más que tomar medidas como las que están aplicando en Catalunya”.
¿Qué es lo que nos deparará el futuro inmediato? Ambos llegan al mismo corolario. Al final, la gratuidad será beneficiencia, es decir: protección de un derecho negativo que es el rol que debería corresponder a la Administración. Todo lo que sea susceptible de ser abonado por el usuario, dentro de unos límites razonables, tendrá que ser cobrado. En su defensa, un doble argumento: es económicamente disuasorio, busca evitar el abuso que se puede estar produciendo (la media de atenciones médicas anuales por ciudadano en la comunidad del consejero se sitúa en 14, más de una por mes, sin incluir la sanidad privada); invita socialmente a la responsabilidad ya que la identificación del coste asociado a la prestación debería conducir a una utilización más racional de la misma por parte del usuario. No me miren, que yo me limito a constatar la senda por la que el pensamiento intelectual y la acción administrativa se están aventurando, sea por voluntad propia o por necesidad aunque personalmente comparto el argumento. Ahora, que se atrevan. Ahí te quiero ver.

El PER (Plan de Empleo Rural)


El Plan de Empleo Rural, más conocido como PER, fue un plan de subvenciones a los ayuntamientos de Andalucía y Extremadura para que contratasen a trabajadores eventuales agrarios (jornaleros) en paro y facilitar así un periodo de empleo y el acceso a un subsidio especial de desempleo. Fue establecido en 1986 por el Gobierno de España durante el mandato de Felipe González, en sustitución del llamado "empleo comunitario". En diciembre de 1996 como consecuencia del Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios (AEPSA) pasó a llamarse Plan de Fomento del Empleo Agrario y pasó a aplicarse a más comunidades autónomas, aunque Andalucía y Extremadura copan el 86,5% de las ayudas.1

Implicaciones

Ocupar los puestos de trabajo temporales financiados por el PER (ahora PFEA) ha permitido el acceso de numerosos jornaleros del campo al Subsidio por desempleo a favor de los trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario2 . Los jornaleros que hayan trabajado en el campo al menos 35 jornadas tienen derecho a cobrar seis meses de subsidio por, siempre que se cumplan ciertas condiciones en función de la edad, situación familiar e ingresos mínimos. Desde 2002, los trabajadores eventuales agrarios deben cotizar a la Seguridad Social por desempleo y pueden tener derecho a una prestación contributiva.
El subsidio equivalente actual, AEPSA, requiere de 20 días trabajados y fue ampliado a seis comunidades autónomas más.
En 2008 los fondos dedicados por comunidades del total de 203,65 millones de euros son:[cita requerida]
§                     ANDALUCÍA 134.458.594,48 €
§                     EXTREMADURA 35.742.158,03 €
§                     CASTILLA-LA MANCHA 8.730.463,30 € [cita requerida]
§                     COMUNIDAD VALENCIANA 7.236.708,50 € [cita requerida]
§                     CASTILLA Y LEÓN 3.681.038,60 € [cita requerida]
§                     MURCIA 4.326.554,07 € [cita requerida]
§                     CANARIAS 2.699.428,31 € [cita requerida]
§                     ARAGÓN 774.371,59 € [cita requerida]

 

Polémica

El PER fue polémico desde su creación: sus defensores argumentan que contribuye a mejorar las condiciones de vida en el medio rural y a evitar un éxodo de población de este a las ciudades; sus detractores argumentan que evita un verdadero desarrollo de los pueblos y que lleva aparejado diversos tipos de fraude (trabajadores que declaran peonadas falsas para alcanzar el subsidio, o que continúan trabajando ilegalmente mientras lo reciben)3
Otro argumento de crítica al PER habla de voto cautivo, en el sentido de que la entrega de subsidios por parte del gobierno favorece el que los subsidiados le voten.4 Sin embargo, un estudio de la Universidad de Granada5 apunta a un beneficio de IU frente a un perjuicio del PP, sin que el PER repercutiera en los apoyos al PSOE.
La reducción del número de peonadas requeridas para cobrar el subsidio de 35 a 20 fue duramente criticada por algunos sectores que la tildaron de artefacto para reducir la cifra real de parados en más de 200.00 personas en el segundo trimestre de 2010, de compra de votos o motivo de la posterior subida del IVA. 6
De los fondos destinados al PAC , 5100 Millones de Euros (2008), solo 203 millones fueron destinados a AEPSA, partida reducida en comparación con las ayudas recibidas por otros sectores como la banca con 50.000 Milones de euros 7 o el sector del automóvil con 5200 millones 8

 

Referencias

1.                               [1]
2.                               http://www.mtin.es/es/Guia/texto/guia_9/contenidos/guia_9_23_3.htm
3.                               Los bares del PER
4.                               «Un diputado de IU-CA cree que los que dependen del PER adoptan una mentalidad que no les hace libres» en El Mundo (Martes, 16 de agosto de 1994)
5.                               *«El PER no beneficia electoralmente al PSOE según la profesora de la Universidad de Granada Susana Corzo» (14 de enero de 2003)
6.                               http://www.abc.es/20100318/economia-economia/zapatero-baja-mitad-peonadas-20100318.html

[editar]Enlaces externos

§                     «Los requisitos para cobrar el nuevo PER», en Su Dinero, semanario de El Mundo (domingo, 29 de diciembre de 1996)

Sobre prejubilaciones, jubilaciones anticipadas y conceptos equívocos

Desde que saltó la noticia hace unos días de que Telefónica tiene previsto prescindir de veinte mil trabajadores en España, se ha recrudecido el debate sobre la oportunidad, costes y justicia de las prejubilaciones.
Cuando uno se asoma a la prensa, escucha la radio o ve la televisión, escucha múltiples opiniones que reflejan un profundo desconocimiento de aquello de lo que se habla y de lo que se pretende informar. Digo pretende porque en vez de informar, se confunde a la audiencia que no es experta, produciendo repulsa hacia medidas que de conocerse bien, serían aceptadas por cualquiera de ellos de serles ofrecidas. En este sentido se cumple la Ley de Murphy sobre los medios de comunicación que señala como nuestra credibilidad en una noticia aumenta conforme su foco se aleja de nosotros.
En primer lugar es preciso distinguir los términos prejubilación y jubilación anticipada. Muchos confunden la primera con la segunda.
La prejubilación es una medida que utilizan las empresas para fomentar las bajas de sus empleados mediante el abono de una determinada renta mensual hasta que el trabajador en cuestión alcanza una edad determinada que le permite acceder a la pensión de jubilación.
La jubilación anticipada supone el acceso de un trabajador que cumple con los requisitos fijados por la Ley de la Seguridad Social, para acceder al cobro de su pensión de jubilación en una edad anterior a los 65 años. Esto conlleva la aplicación de unos coeficientes reductores en la cuantía a percibir, que actúan como penalizadores.
Efectuada la distinción, se puede analizar con mayor detenimiento cómo funciona una prejubilación. En puridad, una prejubilación real, nunca supone coste al erario público. La empresa se compromete a abonar una renta mensual al trabajador, a la vez que éste suscribe lo que se denomina un Convenio Especial con la Seguridad Social para seguir cotizando al sistema hasta que llega la edad de la jubilación que se pacta con la empresa, que puede ser desde los 65 años, hasta los 60. Depende de cada empleado. La empresa gana, puesto que la retribución a abonar al empleado siempre es inferior a la que éste tenía en activo. El trabajador también gana, puesto que con la edad a la que firma el acuerdo puede dejar de trabajar y disfrutar de unos de los mejores años de su vida, con una renta asegurada y su pensión de jubilación asegurada. Todos ganan, aunque es cierto que unos más que otros.
Otra cuestión son las falsas prejubilaciones, en las que las empresas y trabajadores pactan esa misma renta, pero instrumentada a través de un despido reconocido como improcedente. En estos casos, existe coste para el erario público, que abona el desempleo y las cotizaciones a la Seguridad Social durante, en su caso, los dos años posteriores al presunto despido. En este caso, empresa y trabajador ganan, mientras que el Estado pierde. No obstante muchos dirán que el trabajador durante toda su vida laboral ha estado cotizando al desempleo y tiene derecho a su cobro. Esto podría ser discutible.
Alguien podría decir que el Estado también pierde en las prejubilaciones que implican adelantar la edad de jubilación, anticipando su cobro a los 60, 61, 62, 63 ó 64 años. También esto es discutible, puesto que la penalización que se impone a los trabajadores en estos casos supone un ahorro considerable a la Seguridad Social. Solo la esperanza de vida de cada persona que se acoge a esta situación, determinará, en el futuro, quien ganó y quién perdió. En principio, incluso puede que la Seguridad Social resulte beneficiada.

Por tanto, son muchos los factores en juego y los conceptos que se barajan. Las prejubilaciones parecen positivas para todos los intervinientes en la ecuación. Las jubilaciones anticipadas pueden beneficiar a unos u otros. Lo que sí que está claro es que instrumentar despidos, perjudica al Estado. Pongamos el acento en este último caso.

Mira dentro, antes de mirar fuera ¿Esta es una administración de los recursos deseable? Administraciones, en general, que no pagan, pero parece que sí dilapidan.

Los abogados, entre nuestros “entretenimientos” diarios, tenemos el de la lectura del BOE. No siempre es una lectura pausada, siquiera atenta. En muchas ocasiones se limita a los títulos de las secciones en las que se desarrolla nuestra labor profesional.
Con esto me quiero excusar porque no fuera hasta hoy, cuando un amigo me ha enviado un extracto del BOE publicado el pasado día 12 de agosto, en plena canícula veraniega, que me he dado cuenta de la Resolución que da pie a esta entrada.
Ese día de agosto, el BOE publicaba la Resolución de 29 de julio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en la que se anunciaban una serie de subvenciones y ayudas de cooperación internacional concedidas en el segundo trimestre del año 2011.
El importe prácticamente alcanza los 92 millones de euros.
Entre las diferentes iniciativas a subvencionar, unas más loables que otras, sin duda a expensas de las opiniones y creencias propias, destaco las siguientes:
Desarrollo y fortalecimiento del turismo rural comunitario en el Perú, 168.480 euros. Programa de descentralización y reforma del estado de la República de Perú, 550.000 euros.Fortalecimiento de la cámara de diputados en el desempeño de sus funciones, fase III 95.000 eurosSubvención para analizar las causas de las divisiones que ponen en peligro la paz y propone una serie de medidas concretas de carácter político, 650.000 euros. Beneficiario: Alianza de Civilizaciones.Financiación del proyecto “Contra la pena de muerte”, 200.000 euros.
Algunos dirán que es necesario que un Estado sea altruista y colabore al desarrollo de otros países. Estoy de acuerdo.
Lo que ya me cuadra menos es que mientras nuestro Gobierno dona, alguno diría “regala”, 97 millones de euros, en cuestiones tan accesorias como las descritas, cientos de miles de autónomos tengan que cerrar sus negocios porque la Administración no les paga desde hace trimestres. Que mientras el Gobierno dona 92 millones de euros, residencias de ancianos concertadas, tengan que despedir a sus empleados porque la Comunidad Autónoma les debe 80.000 euros (les comento el ejemplo del amigo de un conocido). Que mientras el Gobierno dona 97 millones de euros, Farmaindustria anuncie el despido de 19.000 empleados porque no puede seguir suministrando medicamentos a unos hospitales públicos con una deuda reconocida superior a los 5.000 millones.
 Que mientras el Gobierno dona 92 millones de euros, las PYMES siguen destruyendo empleo porque los Ayuntamientos, las Comunidades Autónomas, el Estado, no les paga lo debido. La deuda reconocida ronda la friolera de 30.000 millones de euros. Estos días una empresa cortaba la electricidad a polideportivos y bibliotecas de la capital de provincia por los impagos acumulados.
Y es que una de las razones de la destrucción de empleo de estos últimos años y muy acentuadamente de este año 2011 y del próximo 2012, se debe y va a deberse a que las empresas se ahogan con facturas de una Administración Pública que no paga. Que no paga, pero parece que sí dilapida.
Donemos, seamos solidarios, pero miremos primero dentro, cumplamos los compromisos adquiridos y seamos justos, simplemente justos, con los propios ciudadanos.
Hay una frase que suele decirse con mucho criterio: “Antes el deber que la devoción”. Es un deber de justicia.

Banca on line: decálogo de seguridad

Opera seguro a través de internet con este decálogo de seguridad en la red. Ponlo en práctica y evita que los ciberdelincuentes se hagan con tus datos, tu información o tu dinero.
El número de fraudes en las transacciones bancarias y monetarias por internet es preocupante. ¿Cómo evitar estos problemas y operar con tranquilidad por la red? La prevención es la mejor defensa. Aquí tienes 10 reglas básicas de seguridad: si las pones en práctica, los ciberdelincuentes lo tendrán difícil para hacerse con tus datos o con tu dinero.
  • 1. Si dispones de un DNI electrónico y tu entidad lo permite, accede a tus cuentas a través del DNIe: es mucho más seguro que hacerlo con claves.
  • 2. Si sigues utilizando claves, mantenlas siempre en secreto: no las anotes en ningún sitio, y desde luego, no crees un documento en el ordenador que las contenga. Sigue los mismos consejos para las claves del DNIe.
  • 3. Usa claves aleatorias, que no coincidan con fecha de cumpleaños, matrícula del coche o similares. Tampoco es conveniente utilizar palabras genéricas sin modificar, ya que existen delincuentes que utilizan programas que prueban miles de palabras de uso común como contraseña, por lo que es mejor no usar palabras que vengan en un diccionario. Una buena idea es utilizar combinaciones de letras y números. Conviene cambiar las claves periódicamente, y desde luego siempre que intuyas que pueden ser conocidas.
  • 4. Desconfía de los mensajes de correo electrónico o SMS procedentes de supuestas entidades bancarias. Confirma llamando a tu sucursal bancaria cualquier petición de datos de banca electrónica que recibas.
  • 5. Si usas ordenadores distintos al tuyo, o acudes a locutorios o cibercafés, no accedas a tu banco. Nadie garantiza que el ordenador que uses no esté infectado por algún virus diseñado para capturar tus datos personales o las claves. Si no tienes más remedio que hacerlo, cambia las claves lo antes posible desde un ordenador seguro.
  • 6. Una vez que hayas accedido a la entidad, no abandones el ordenador hasta que no termine la sesión.
  • 7. Cuando termines las operaciones, no olvides pulsar el botón de desconectar para cerrar la sesión. Conviene que cierres el navegador.
  • 8. Es imprescindible mantener actualizado el sistema operativo, el navegador y el antivirus, además de contar con un cortafuegos que permita aislar nuestro PC de ataques externos.
  • 9. Acceder al banco a través del DNI electrónico es más seguro, pero también hay que tener precauciones. Por ejemplo, una vez hayas autenticado o firmado electrónicamente una operación, debes retirar el DNI del lector.
  • 10. Si utilizas sistemas Windows, trabaja con una cuenta de usuario que no tenga privilegios de administrador. De esta forma evitarás que se instalen muchos programas maliciosos.