Mi voto otorga poder de representacion, limitado a programa electoral; y sino preguntas. Debemos siempre avanzar en el perfeccionamiento de la democracia. . .MARCOS JAVIER JIMENEZ . . Esto nos hará más libres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
domingo, 11 de marzo de 2012
sábado, 10 de marzo de 2012
La UE confirma que España pudo tener que ser rescatada
La Comisión Europea sube el tono sobre España. El portavoz Amadeu Altafaj ha tachado hoy
de grave el desvío del déficit de 2012 y ha alertado de que el país evitó el rescate por cumplir el
objetivo en 2012.
de grave el desvío del déficit de 2012 y ha alertado de que el país evitó el rescate por cumplir el
objetivo en 2012.
La noticia cayó el viernes como una bomba. Tras semanas de tiras y aflojas verbales con
Bruselas, Mariano Rajoy, presidente del Gobierno español, desveló que el objetivo de déficit de
este año será del 5,8%, muy por encima del 4,4% comprometido con la Unión. Lo dijo a la
prensa al término de la Cumbre europea celebrada en la capital belga, y aseguró que no se lo
había comunicado previamente a sus homólogos. Sinembargo, la prensa nacional asegura
que la cifra fue pactada con líderes clave.
La Comisión Europea sostiene que, como país “vulnerable”, España debe cumplir la meta.
Finlandia y Suecia, en esta misma línea, rechazan dar un trato diferenciado a Madrid.
El cambio de planes en la consolidación fiscal, unido a la revisión a la baja de las previsiones
de crecimiento chinas, se ha notado en el Ibex 35, que presenta una caída superior al 1%.
También lo refleja la prima de riesgo, que ha subido a los 315 puntos. Este indicador refleja el
diferencial de rentabilidad que han de ofrecer los bonos españoles con vencimiento a diez
años respecto a sus homólogos alemanes, considerados un valor de referencia.
El desvío del objetivo de déficit de este año se debe al empeoramiento de los pronósticos
económicos para España, que en vez de crecer en 2012 va a caer, y a que 2011 los números
rojos ascendieron al 8,5% del Producto Interior Bruto (PIB), frente al 6% previsto.
viernes, 9 de marzo de 2012
Tomado de John Stuart Mill. Sobre la libertad.
El
objeto de este ensayo no es el llamado libre arbitrio, sino la libertad social
o civil, es decir, la naturaleza y los límites del poder que puede ejercer
legítimamente la sociedad sobre el individuo, cuestión que rara vez ha sido
planteada y casi nunca ha sido discutida en términos generales, pero influye
profundamente en las controversias prácticas del siglo por su presencia
latente, y que, según todas las probabilidades, muy pronto se hará reconocer
como la cuestión vital del porvenir. Está tan lejos de ser nueva
esta cuestión, que en cierto sentido ha dividido a la humanidad, casi desde las
más remotas edades, pero en el estado de progreso en que los grupos más
civilizados de la especie humana han entrado ahora, se presenta bajo nuevas
condiciones y requiere ser tratada de manera diferente y más fundamental.
La lucha entre la libertad y la autoridad es el rasgo más
saliente de esas partes de la
Historia con las cuales llegamos antes a
familiarizarnos, especialmente en las historias de Grecia, Roma e
Inglaterra. Pero en la antigüedad esta disputa tenía lugar entre los súbditos o
algunas clases de súbditos y el Gobierno. Se entendía por libertad la
protección contra la tiranía de los gobiernos políticos. Se consideraba que éstos
(salvo en algunos gobiernos democráticos de Grecia), se encontraban
necesariamente en una posición antagónica a la del pueblo que gobernaban. El
Gobierno estaba ejercido por un hombre, una tribu o una casta que derivaba su
autoridad del derecho de sucesión o de conquista, que en ningún caso contaba
con el asentamiento de los gobernadores y cuya supremacía los hombres no
osaban, ni acaso tampoco deseaban, discutir, cualesquiera que fuesen las
precauciones que tomaran contra su opresivo ejercicio. Se consideraba el poder
de los gobernantes como necesario, pero también como altamente peligroso; como
un arma que intentarían emplear tanto contra sus súbditos como contra los
enemigos exteriores. Para impedir que los miembros más débiles de la comunidad
fuesen devorados por los buitres, era indispensable que un animal de presa, más
fuerte que los demás, estuviera encargado de contener a estos voraces animales.
Pero como el rey de los buitres no estaría menos dispuesto que cualquiera de
las arpías menores a devorar el rebaño, hacía falta estar constantemente a la
defensiva contra su pico y sus garras. Por esto, el fin de los patriotas era
fijar los límites del poder que al gobernante le estaba consentido ejercer
sobre la comunidad, y esta limitación era lo que entendían por libertad. Se
intentaba de dos maneras: primera, obteniendo el reconocimiento de ciertas
inmunidades llamadas libertades o derechos políticos, que el Gobierno no podía
infringir sin quebrantar sus deberes, y cuya infracción, de realizarse, llegaba
a justificar una resistencia individual y hasta una rebelión general. Un
segundo posterior expediente fue el establecimiento de frenos constitucionales,
mediante los cuales el consentimiento de la comunidad o de un cierto cuerpo que
se suponía el representante de sus intereses, era condición necesaria para
algunos de los actos más importantes del poder gobernante. En la mayoría de los
países de Europa, el Gobierno ha estado más o menos ligado a someterse a la
primera de estas restricciones. No ocurrió lo mismo con la segunda; y el llegar a
ella, o cuando se la había logrado ya hasta un cierto punto, el lograrla
completamente fue en todos los países el principal objetivo de los amantes de
la libertad. Mientras la humanidad estuvo satisfecha con combatir a un enemigo
por otro y ser gobernada por un señor a condición de estar más o menos
eficazmente garantizada contra su tiranía, las aspiraciones de los liberales
pasaron más adelante.
Llegó un momento, sin embargo, en el progreso de los
negocios humanos en el que los hombres cesaron de considerar como una necesidad
natural el que sus gobernantes fuesen un poder independiente, con un interés
opuesto al suyo. Les pareció mucho mejor que los diversos magistrados del
Estado fuesen sus lugartenientes o delegado revocables a su gusto. Pensaron que
sólo así podrían tener completa seguridad de que no se abusaría jamás en su
perjuicio de los poderes de gobierno. Gradualmente esta nueva necesidad de
gobernantes electivos y temporales hizo el objeto principal de las
reclamaciones del partido popular, en donde quiera que tal partido existió; y
vino a reemplazar, en una considerable extensión, los esfuerzos procedentes
para limitar el poder de los gobernantes. Como en esta lucha se trataba de
hacer emanar el poder gobernante de la elección periódica de los gobernados,
algunas personas comenzaron a pensar que se había atribuido una excesiva
importancia a la idea de limitar el poder mismo. Esto (al parecer) fue un
recurso contra los gobernantes cuyos intereses eran habitualmente opuestos a
los del pueblo. Lo que ahora se exigía era que los gobernantes estuviesen
identificados con el pueblo, que su interés y su voluntad fueran el interés y
la voluntad de la nación. La nación no tendría necesidad de ser protegida
contra su propia voluntad. No habría temor de que se tiranizase a sí misma.
Desde el momento en que los gobernantes de una nación eran eficazmente
responsables ante ella y fácilmente revocables a su gusto, podía confiarles un
poder cuyo uso a ella misma correspondía dictar. Su poder era el propio poder
de la nación concentrado y bajo una forma cómoda para su ejercicio. Esta manera
de pensar, o acaso más bien de sentir, era corriente en la última generación
del liberalismo europeo, y, al parecer, prevalece todavía en su rama
continental. Aquellos que admiten algunos límites a lo que un Gobierno puede
hacer (excepto si se trata de gobiernos tales que, según ello, no deberían
existir), se distinguen como brillantes excepciones, entre los pensadores
políticos del continente. Una tal manera de sentir podría prevalecer
actualmente en nuestro país, si no hubieran cambiado las circunstancias que en
su tiempo la fortalecieron.
Pero en las teorías políticas y filosóficas, como en las
personas, el éxito saca a la luz defectos y debilidades que el fracaso nunca
hubiera mostrado a la observación. La idea de que los pueblos no tienen
necesidad de limitar su poder sobre sí mismo podía parecer un axioma cuando el
gobierno popular era una cosa acerca de la cual no se hacía más que soñar o
cuya existencia se leía tan sólo en la historia de alguna época remota. Ni hubo
de ser turbada esta noción por aberraciones temporales tales como las de la Revolución francesa, de
las cuales las peores fueron obra de una minoría usurpadora y que, en todo
caso, no se debieron a la acción permanente de las instituciones populares,
sino a una explosión repentina y convulsiva contra el despotismo monárquico y
aristocrático. Llegó, sin embargo, un momento en que una república democrática
ocupó una gran parte del superficie de la tierra y se mostró como uno de los
miembros más poderosos de la comunidad de las naciones; y el gobierno electivo
y responsable se hizo blanco de esas observaciones y críticas que se dirigen a
todo gran hecho existente. Se vio entonces que frases como el “poder sobre sí
mismo” y el “poder de los pueblos sobre sí mismos”, no expresaban la verdadera
situación de las cosas; el pueblo que ejerce el poder no es siempre el mismo
pueblo sobre el cual es ejercido; y el “gobierno de sí mismo” de que se habla,
no es el gobierno de cada uno por sí, sino el gobierno de cada uno por todos
los demás. Además la voluntad del pueblo significa, prácticamente, la voluntad
de la porción más numerosa o más activa del pueblo; de la mayoría o de aquellos
que logran hacerse aceptar como tal; el pueblo, por consiguiente, puede desear
oprimir a una parte de sí mismo, y las precauciones son tan útiles contra esto
como contra cualquier otro abuso del Poder. Por consiguiente, la limitación del
poder de gobierno sobre los individuos no pierde nada de su importancia aun
cuando los titulares del Poder sean regularmente responsables hacia la
comunidad, es decir, hacia el partido más fuerte de la comunidad. Esta visión
de las cosas, adaptándose por igual a la inteligencia de los pensadores que a
la inclinación de esas clases importantes de la sociedad europea a cuyos
intereses, reales o supuestos, es adversa la democracia, no ha encontrado
dificultad para hacerse aceptar; y en la especulación política se incluye ya la
“tiranía de la mayoría” entre los males, contra los cuales debe ponerse en
guardia la sociedad.
Como las demás tiranías, esta de la mayoría fue al principio
temida, y lo es todavía vulgarmente, cuando obra, sobre todo, por medio de
actos de las autoridades públicas. Pero las personas reflexivas se dieron
cuenta de que cuando es la sociedad misma el tirano -la sociedad
colectivamente, respecto de los individuos aislados que la componen- sus medios
de tiranizar no están limitados a los actos que puede realizar por medio de sus
funcionarios políticos. La sociedad puede ejecutar, y ejecuta, sus propios
decretos; y si dicta malos decretos, en vez de buenos, o si los dicta a
propósito de cosas en las que no debería mezclarse, ejerce una tiranía social
más formidable que muchas de las opresiones políticas, ya que si bien, de
ordinario, no tiene a su servicio penas tan graves, deja menos medios de
escapar a ella, pues penetra mucho más en los detalles de la vida y llega a
encadenar el alma. Por esto no basta la protección contra la tiranía del
magistrado. Se necesita también protección contra la tiranía de la opinión y
sentimiento prevalecientes; contra la tendencia de la sociedad a imponer, por
medios distintos de las penas civiles, sus propias ideas y prácticas como
reglas de conducta a aquellos que disientan de ellas; a ahogar el
desenvolvimiento y, si posible fuera, a impedir la formación de
individualidades originales y a obligar a todos los caracteres a moldearse
sobre el suyo propio.
Hay un límite a la intervención legítima de la opinión
colectiva en la independencia individual; encontrarle y defenderle contra toda
invasión es tan indispensable a una buena condición de los asuntos humanos,
como la protección contra el despotismo político.
Pero si esta proposición, en términos generales, es casi
incontestable, la cuestión práctica de colocar el límite -como hacer el ajuste
exacto entre la independencia individual y la intervención social- es un asunto
en el que casi todo está por hacer. Todo lo que da algún valor a nuestra
existencia, depende de la restricción impuesta a las acciones de los demás.
Algunas reglas de conducta debe, pues, imponer, en primer lugar, la ley, y la
opinión, después para muchas cosas a las cuales no puede alcanzar la acción de
la ley. En determinarlo que deben ser estas reglas consiste la principal
cuestión en los negocios humanos; pero si exceptuamos algunos de los casos más
salientes, es aquella hacia cuya solución menos se ha progresado.
No hay dos siglos, ni escasamente dos países, que hayan
llegado, respecto de esto, a la misma conclusión; y la conclusión de un siglo o
de un país es causa de admiración para otro. Sin embargo, las gentes de un siglo
o país dado no sospechan que la cuestión sea más complicada de lo que sería si
se tratase de un asunto sobre el cual la especie humana hubiera estado siempre
de acuerdo. Las reglas que entre ellos prevalecen les parecen evidentes y
justificadas por sí mismas.
Esta completa y universal ilusión es uno de los ejemplos de
la mágica influencia de la costumbre, que no es sólo, como dice el proverbio,
una segunda naturaleza, sino que continuamente está usurpando el lugar de la
primera. El efecto de la costumbre, impidiendo que se promueva duda alguna
respecto a las reglas de conducta impuestas por la humanidad a cada uno, es
tanto más completo cuanto que sobre este asunto no se cree necesario dar
razones ni a los demás ni a uno mismo, La gente acostumbra a creer, y algunos
que aspiran al título de filósofos la animan en esa creencia, que sus
sentimientos sobre asuntos de tal naturaleza valen más que las razones, y las
hacen innecesarias.
El principio práctico que la guía en sus opiniones sobre la
regulación de la conducta humana es la idea existente en el espíritu de cada
uno, de que debería obligarse a los demás a obrar según el gusto suyo y de
aquellos con quienes él simpatiza. En realidad nadie confiesa que el regulador
de su juicio es su propio gusto; pero toda opinión sobre un punto de conducta
que no esté sostenida por razones sólo puede ser mirada como una preferencia
personal; y si las razones, cuando se alegan, consisten en la mera apelación a
una preferencia semejante experimentada por otras personas, no pasa todo de ser
una inclinación de varios, en vez de ser la de uno solo. Para un hombre
ordinario, sin embargo, su propia inclinación así sostenida no es sólo una
razón perfectamente satisfactoria, sino la única que, en general, tiene para
cualquiera de sus nociones de moralidad, gusto o conveniencias, que no estén
expresamente inscritas en su credo religioso; y hasta su guía principal en la
interpretación de éste. Por tanto, las opiniones de los hombres sobre lo que es
digno de alabanza o merecedor de condena está afectadas por todas las diversas
causas que influyen sobre sus deseos respecto a la conducta de los demás,
causas tan numerosas como las que determinan sus deseos sobre cualquier otro
asunto. Algunas veces su razón; en otros tiempos sus prejuicios o sus
supersticiones; con frecuencia sus afecciones sociales; no pocas veces sus
tendencias antisociales, su envidia o sus celos, su arrogancia o su desprecio;
pero lo más frecuentemente sus propios deseos y temores, su legítimo o
ilegítimo interés. En donde quiera que hay una clase dominante, una gran parte
de la moralidad del país emana de sus intereses y de sus sentimientos de clase
superior. La moral, entre los espartanos y los ilotas, entre los plantadores y
los negros, entre los príncipes y los súbditos, entre los nobles y los
plebeyos, entre los hombres y las mujeres, ha sido en su mayor parte criatura
de esos intereses y sentimientos de clase; y las opiniones así engendradas
reabran a su vez sobre los sentimientos morales de sus miembros de la clase
dominante en sus recíprocas relaciones. Por otra parte, donde una clase, en
otro tiempo dominante, ha perdido su predominio, o bien donde este predominio
se ha hecho impopular, los sentimientos morales que prevalecen están
impregnados de un impaciente disgusto contra la superioridad. Otro gran
principio determinante de las reglas de conducta impuestas por las leyes o por
la opinión, tanto respecto a los actos como respecto a las opiniones, ha sido
el servilismo de la especie humana hacia las supuestas preferencias o
aversiones de sus señores temporales o de sus dioses. Este servilismo, aunque
esencialmente egoísta, no es hipócrita, y ha hecho nacer genuinos sentimiento
de horror; él ha llevado a los hombres a quemar nigromantes y herejes. Entre
tantas viles influencias, los intereses evidentes y generales de la sociedad
han tenido, naturalmente, una parte, y una parte importante en la dirección de
los sentimientos morales: menos, sin embargo, por su propio valor que como una
consecuencia de las simpatías o antipatías que crecieron a su alrededor;
simpatías y antipatías que, teniendo poco o nada que ver con los intereses de
la sociedad, han dejado sentir su fuerza en el establecimiento de los
principios morales.
Así los gustos o disgustos de la sociedad o de alguna
poderosa porción de ella, son los que principal y prácticamente han determinado
las reglas impuestas a la general observancia con la sanción de la ley o de la
opinión.
Y, en general, aquellos que en ideas y sentimientos estaban
más adelantados que la sociedad, han dejado subsistir en principio, intacto,
este estado de cosas, aunque se hayan podido encontrar en conflicto con ella en
algunos de sus detalles. Se han preocupado más de saber qué es lo que a la
sociedad debía agradar o no que de averiguar si sus preferencias o repugnancias
debían o no ser ley para los individuos. Han preferido procurar el cambio de
los sentimientos de la humanidad en aquello en que ellos mismos eran herejes, a
hacer causa común con los herejes, en general, para la defensa de la libertad.
El caso de la fe religiosa es el único en que por todos, a parte de
individualidades aisladas, se ha adoptado premeditadamente un criterio elevado
y se le ha mantenido con constancia: un caso instructivo en muchos aspectos, y
no en el que menos en aquel en que representa uno de los más notables ejemplos
de la falibilidad de lo que se llama el sentido moral, pues el odium
theologicum en un devoto
sincero es uno de los casos más inequívocos de sentimiento moral. Los que
primero se libertaron del yugo de lo que se llamó Iglesia Universal estuvieron,
en general, tan poco dispuestos como la misma Iglesia a permitir la diferencia
de opiniones religiosas. Pero cuando el fuego de la lucha se apagó, sin dar
victoria completa a ninguna de las partes, y cada iglesia o secta se vio
obligada a limitar sus esperanzas y a retener la posesión del terreno ya
ocupado, las minorías, viendo que no tenían probabilidades de convertirse en
mayorías, se vieron forzadas a solicitar autorización para disentir de aquellos
a quienes no podían convertir. Según esto, los derechos del individuo contra la
sociedad fueron afirmados sobre sólidos fundamentos de principio, casi
exclusivamente en este campo de batalla, y en él fue abiertamente controvertida
la pretensión de la sociedad de ejercer autoridad sobre los disidentes. Los
grandes escritores a los cuales debe el mundo la libertad religiosa que posee,
han afirmado la libertad de conciencia como un derecho inviolable y han negado,
absolutamente, que un ser humanos pueda ser responsable ante otros por su
creencia religiosa. Es tan natural, sin embargo, a la humanidad la intolerancia
en aquello que realmente le interesa, que la libertad religiosa no ha tenido
realización práctica en casi ningún sitio, excepto donde la indiferencia que no
quiere ver turbada su paz por querellas teológicas ha echado su peso en la
balanza. En las mentes de casi todas las personas religiosas, aun en los países
más tolerantes, no es admitido sin reservas el deber de la tolerancia. Una
persona transigirá con un disidente en materia de gobierno eclesiástico, pero
no en materia de dogma; otra, puede tolerar a todo el mundo, menos a un papista
o un unitario; otra, a todo el que crea en una religión revelada; unos cuentos,
extenderán un poco más su caridad, pero se detendrá en la creencia en Dios y en
la vida futura. Allí donde el sentimiento de la mayoría es sincero e intenso se
encuentra poco abatida su pretensión a ser obedecido.
En Inglaterra, debido a las peculiares circunstancias de
nuestra historia política, aunque el yugo de la opinión es acaso más pesado, el
de la ley es más ligero que en la mayoría de los países de Europa; y hay un
gran recelo contra la directa intervención del legislativo, o el ejecutivo, en
la conducta privada, no tanto por una justificada consideración hacia la
independencia individual como por la costumbre, subsistente todavía, de ver en
el Gobierno el representante de un interés opuesto al público. La mayoría no
acierta todavía a considerar el poder del Gobierno como su propio poder, ni sus
opiniones como las suyas propias. Cuando lleguen a eso, la libertad individual
se encontrará tan expuesta a invasiones del Gobierno como ya lo está hoy a
invasiones de la opinión pública. Más, sin embargo, como existe un fuerte
sentimiento siempre dispuesto a salir al paso de todo intento de control legal
de los individuos, en cosas en las que hasta entonces no habían estado sujetas
a él, y esto lo hace con muy poco discernimiento en cuanto así la materia está
o no dentro de la esfera del legítimo control legal, resulta que ese
sentimiento, altamente laudable en conjunto, es con frecuencia tan
inoportunamente aplicado como bien fundamentado en los casos particulares de su
aplicación.
Realmente no hay un principio generalmente aceptado que permita
determinar de un modo normal y ordinario la propiedad o impropiedad de la
intervención del Gobierno. Cada uno decide según sus preferencias personales.
Unos, en cuanto ven un bien que hacer o un mal que remediar instigarían
voluntariamente al Gobierno para que emprendiese la tarea; otros, prefieren
soportar casi todos los males sociales antes que aumentar la lista de los
intereses humano susceptibles de control gubernamental. Y los hombres se
colocan de un lado o del otro, según la dirección general de sus sentimientos,
el grado de interés que sienten por la cosa especial que el Gobierno habría de
hacer, o la fe que tengan en que el Gobierno la haría como ellos prefiriesen,
pero muy rara vez en vista de una opinión permanente en ellos, en cuanto a qué cosas
son propias para ser hechas por un Gobierno. Y en mi opinión, la consecuencia
de esta falta de regla o principio es que tan pronto es un partido el que yerra
como el otro; con la misma frecuencia y con igual impropiedad se invoca y se
condena la intervención del Gobierno.
El objeto de este ensayo es afirmar un sencillo principio
destinado a regir absolutamente las relaciones de la sociedad con el individuo
en lo que tengan de compulsión o control, ya sean los medios empleados la
fuerza física en forma de penalidades legales o la coacción moral de la opinión
pública.
Este principio consiste en afirmar que el único fin por el
cual es justificable que la humanidad, individual o colectivamente, se
entremeta en la libertad de acción de uno cualquiera de sus miembros, es la
propia protección. Que la única finalidad por la cual el poder puede, con pleno
derecho, ser ejercido sobre un miembro de una comunidad civilizada contra su
voluntad, es evitar que perjudique a los demás. Su propio bien, físico o moral,
no es justificación suficiente. Nadie puede ser obligado justificadamente a
realizar o no realizar determinados actos, porque eso fuera mejor para él,
porque le haría feliz, porque, en opinión de los demás, hacerlo sería más
acertado o más justo.
Estas son buenas razones para discutir, razonar y
persuadirle, pero no para obligarle o causarle algún perjuicio si obra de
manera diferente Para justificar esto sería preciso pensar que la conducta de
la que se trata de disuadirle producía un perjuicio a algún otro. La única
parte de la conducta de cada uno por la que él es responsable ante la sociedad
es la que se refiere a los demás. En la parte que le concierne meramente a él,
su independencia es, de derecho, absoluta. Sobre sí mismo, sobre su propio
cuerpo y espíritu, el individuo es soberano.
Casi es innecesario decir que esta doctrina es sólo
aplicable a seres humanos en la madurez de sus facultades. No hablamos de los
niños ni de los jóvenes que no hayan llegado a la edad que la ley fije como la
de la plena masculinidad o femineidad. Los que están todavía en una situación
que exige sean cuidados por otros, deben ser protegidos contra sus propios
actos, tanto como contra los daños exteriores. Por la misma razón podemos
prescindir de considerar aquellos estados atrasados de la sociedad en los que
la misma raza puede ser considerada como en su minoría de edad. Las primeras
dificultades en el progreso espontáneo son tan grandes que es difícil poder
escoger los medios para vencerlas; y un gobernante lleno de espíritu de
mejoramiento está autorizado para emplear todos los recursos mediante los
cuales pueda alcanzar un fin, quizá inaccesible de otra manera. El despotismo
es un modo legítimo de gobierno tratándose de bárbaros, siempre que su fin sea
su mejoramiento, y que los medios se justifiquen por estar actualmente
encaminados a ese fin. La libertad, como un principio, no tiene aplicación a un
estado de cosas anterior al momento en que la humanidad se hizo capaz de
mejorar por la libre y pacífica discusión. Hasta entonces, no hubo para ella
más que la obediencia implícita a un Akbar o un Carlomagno, si tuvo la fortuna
de encontrar alguno. Pero tan pronto como la humanidad alcanzó la capacidad de
ser guiada hacia su propio mejoramiento por la convicción o la persuasión (largo
período desde que fue conseguida en todas las naciones, del cual debemos
preocuparnos aquí), la compulsión, bien sea en la forma directa, bien en la de
penalidades por inobservancia, no es que admisible como un medio para conseguir
su propio bien, y sólo es justificable para la seguridad de los demás.
Debe hacerse constar que prescindo de toda ventaja que
pudiera derivarse para mi argumento de la idea abstracta de lo justo como de
cosa independiente de la utilidad. Considero la utilidad como la suprema
apelación en las cuestiones éticas; pero la utilidad, en su más amplio sentido,
fundada en los intereses permanentes del hombre como un ser progresivo. Estos
intereses autorizan, en mi opinión, el control externo de la espontaneidad
individual sólo respecto a aquellas acciones de cada uno que hacer referencia a
los demás. Si un hombre ejecuta un acto perjudicial a los demás, hay un motivo
para castigarle, sea por la ley, sea, donde las penalidades legales no puedan
ser aplicadas, por la general desaprobación. Hay también muchos actos
beneficiosos para los demás a cuya realización puede un hombre ser justamente
obligado, tales como atestiguar ante un tribunal de justicia, tomar la parte
que le corresponda en la defensa común o en cualquier otra obra general
necesaria al interés de la sociedad de cuya protección goza; así como también
la de ciertos actos de beneficencia individual como salvar la vida de un
semejante o proteger al indefenso contra los malos tratos, cosas cuya
realización constituye en todo momento el deber de todo hombre, y por cuya
inejecución puede hacérsele, muy justamente, responsable ante la sociedad. Una
persona puede causar daño a otras no sólo por su acción, sino por su omisión, y
en ambos casos debe responder ante ella del perjuicio. Es verdad que el caso
último exige un esfuerzo de compulsión mucho más prudente que el primero. Hacer
a uno responsable del mal que haya causado a otro es la regla general; hacerle
responsable por no haber prevenido el mal, es, comparativamente, la excepción.
Sin embargo, hay muchos casos bastante claros y bastante graves para justificar
la excepción. En todas las cosas que se refieren a las relaciones externas del
individuo, éste es, de
jure, responsable ante aquellos cuyos intereses fueron atacados, y sin necesario
fuera, ante la sociedad, como su protectora. Hay, con frecuencia, buenas
razones para no exigirle esta responsabilidad; pero tales razones deben surgir
de las especiales circunstancias del caso, bien sea por tratarse de uno en el
cual haya probabilidades de que el individuo proceda mejor abandonado a su
propia discreción que sometido a una cualquiera de las formas de control que la
sociedad pueda ejercer sobre él, bien sea porque el intento de ejercer este
control produzca otros males más grandes que aquellos que trata de prevenir.
Cuando razones tales impidan que la responsabilidad sea exigida, la conciencia
del mismo agente debe ocupar el lugar vacante del juez y proteger los intereses
de los demás que carecen de una protección externa, juzgándose con la mayor
rigidez, precisamente porque el caso no admite ser sometido al juicio de sus
semejantes.
Pero hay una esfera de acción en la cual la sociedad, como
distinta del individuo, no tiene, si acaso, más que un interés indirecto,
comprensiva de toda aquella parte de la vida y conducta del individuo que no
afecta más que a él mismo, o que si afecta también a los demás, es sólo por una
participación libre, voluntaria y reflexivamente consentida por ellos. Cuando
digo a él mismo quiero significar directamente y en primer lugar; pues todo lo
que afecta a uno puede afectar a otros a través de él, y ya será ulteriormente
tomada en consideración la objeción que en esto puede apoyarse. Esta es, pues,
la razón propia de la libertad humana. Comprende, primero, el dominio interno
de la conciencia; exigiendo la libertad de conciencia en el más comprensivo de
sus sentidos; la libertad de pensar y sentir; la más absoluta libertad de
pensamiento y sentimiento sobre todas las materias, prácticas o especulativas,
científicas, morales o teológicas. La libertad de expresar y publicar las
opiniones puede parecer que cae bajo un principio diferente por pertenecer a
esa parte de la conducta de un individuo que se relaciona con los demás; pero
teniendo casi tanta importancia como la misma libertad de pensamiento y
descansando en gran parte sobre las mismas razones, es prácticamente
inseparable de ella. En segundo lugar, es prácticamente inseparable de ella. En
segundo lugar, la libertad humana exige libertad en nuestros gustos y en la
determinación de nuestros propios fines; libertad para trazar el plan de
nuestra vida según nuestro propio carácter para obrar como queramos, sujetos a
las consecuencias de nuestros actos, sin que nos lo impidan nuestros semejantes
en tanto no les perjudiquemos, a un cuando ellos puedan pensar que nuestra
conducta es loca, perversa o equivocada. En tercer lugar, de esta libertad de
cada individuo se desprende la libertad, dentro de los mismos límites, de
asociación entre individuos: libertad de reunirse para todos los fines que no
sean perjudicar a los demás; y en el supuesto de que las personas que se
asocian sean mayores de edad y no vayan forzadas ni engañadas.
No es libre ninguna sociedad, cualquiera que sea su forma de
gobierno, en la cual estas libertades no estén respetadas en su totalidad; y
ninguna es libre por completo si no están en ella absoluta y plenamente
garantizadas. La única libertad que merece este nombre es la de buscar nuestro
propio bien, por nuestro camino propio, en tanto no privemos a los demás del
suyo o les impidamos esforzarse por conseguirlo. Cada uno es el guardián
natural de su propia salud, sea física, mental o espiritual. La humanidad sale
más gananciosa consintiendo a cada cual vivir a su manera que obligándole a vivir
a la manera de los demás.
Aunque esta doctrina no es nueva, y a alguien puede
parecerle evidente por sí misma, no existe ninguna otra que más directamente se
oponga a la tendencia general de la opinión y la práctica reinantes. La
sociedad ha empleado tanto esfuerzo en tratar (según sus luces) de obligar a
las gentes a seguir sus nociones respecto de perfección individual, como en
obligarles a seguir las relativas a la perfección social. Las antiguas
repúblicas se consideraban con título bastante para reglamentar, por medio de
la autoridad pública, toda la conducta privada, fundándose en que el Estado
tenía profundo interés en la disciplina corporal y mental de cada uno de los
ciudadanos, y los filósofos apoyaban esta pretensión; modo de pensar que pudo ser
admisible en pequeñas repúblicas rodeadas de poderosos enemigos, en peligro
constante de ser subvertidas por ataques exteriores o conmociones internas, y a
las cuales podía fácilmente ser fatal un corto período de relajación en la
energía y propia dominación, lo que no las permitía esperar los saludables y
permanentes efectos de la libertad. En el mundo moderno, la mayor extensión de
las comunidades políticas y, sobre todo, la separación entre la autoridad
temporal y la espiritual (que puso la dirección
de la conciencia de los hombres en manos distintas de
aquellas que inspeccionaban sus asuntos terrenos), impidió una intervención tan
fuerte de la ley en los detalles de la vida privada; pero el mecanismo de la
represión moral fue manejado más vigorosamente contra las discrepancias de la
opinión reinante en lo que afectaba a la conciencia individual que en materias
sociales; la religión, el elemento más poderoso de los que han intervenido en
la formación del sentimiento moral, ha estado casi siempre gobernada, sea por
la ambición de una jerarquía que aspiraba al control sobre todas las
manifestaciones de la conducta humana, sea por el espíritu del puritanismo.
Y algunos de estos reformadores que se han colocado en la más
irreductible oposición a las religiones del pasado, no se han quedado atrás, ni
de las iglesias, ni de las sectas, a afirmar el derecho de dominación
espiritual: especialmente M. Comte, en cuyo sistema social, tal como se expone
en su Traité
de Politique Positive, se tiende (aunque más bien por medios morales que
legales) a un despotismo de la sociedad sobre el individuo, que supera todo lo
que puede contemplarse en los ideales políticos de los más rígidos
ordenancistas, entre los filósofos antiguos.
Aparte de las opiniones peculiares de los pensadores
individuales, hay también en el mundo una grande y creciente inclinación a
extender indebidamente los poderes de la sociedad sobre el individuo, no sólo
por la fuerza de la opinión, sino también por la de la legislación; y como la
tendencia de todos los cambios que tienen lugar en el mundo es a fortalecer la
sociedad y disminuir el poder del individuo, esta intromisión no es uno de los
males que tiendan a desaparecer espontáneamente, sino que, por el contrario, se
hará más y más formidable cada día. Esta disposición del hombre, sea como
gobernante o como ciudadano, a imponer sus propias opiniones e inclinaciones
como regla de conducta para los demás, está tan enérgicamente sostenida por
algunos de los mejores y algunos de los peores sentimientos inherentes a la
naturaleza humana que casi nunca se contiene si no es por falta de poder; y
como el poder no declina, sino que crece, debemos esperar, a menos que se
levante contra el mal una fuerte barrera de convicción moral, que en las
presentes circunstancias del mundo hemos de verle aumentar.
Será conveniente para el argumento que en vez de entrar,
desde luego, en la tesis general, nos limitemos en el primer momento a una sola
rama de ella, respecto de la cual el principio aquí establecido es, si no
completamente, por lo menos hasta un cierto punto, admitido por las opiniones
corrientes.
Esta rama es la libertad de pensamiento, de la cual es
imposible separar la libertad conexa de hablar y escribir. Aunque estas
libertades, en una considerable parte, integran la moralidad política de todos
los países que profesan la tolerancia religiosa y las instituciones libres, los
principios, tanto filosóficos como prácticos, en los cuales se apoyan, no son
tan familiares a la opinión general ni tan completamente apreciados aún por
muchos de los conductores de la opinión como podría esperarse. Estos
principios, rectamente entendidos, son aplicables con mucha mayor amplitud de
la que exige un solo aspecto de la materia, y una consideración total de esta
parte de la cuestión será la mejor introducción para lo que ha de seguir.
Espero me perdonen aquellos que nada nuevo encuentren en lo que voy a decir,
por aventurarme a discutir una vez más un asunto que con tanto frecuencia ha
sido discutido desde hace tres siglos.
¿Como reducir la costosa factura energetica española? La Caixa
¿Cómo
reducir la costosa factura energética española?
En
febrero, la Comisión
Europea ha alertado del riesgo que supone el elevado déficit
corriente español para la sostenibilidad de nuestra economía. De hecho, a pesar
de la intensa disminución del desequilibrio exterior a partir de 2008, cuando
superaba el 10% del producto interior bruto (PIB) español, este aún se mantenía
entre los más altos de la zona del euro en 2011, con un 3,9% del PIB. El
elevado déficit energético, cercano al 4% del PIB el año pasado, supone el
principal obstáculo para el ajuste del déficit corriente. Reducir la factura
energética es, por lo tanto, uno de los principales retos de nuestra economía,
especialmente ante las perspectivas de mantenimiento del
precio de
los bienes energéticos en cotas relativamente elevadas. El aumento de la
eficiencia y del autoabastecimiento energético son las principales vías que
permitirán avanzar hacia dicho objetivo. La cuestión radica en cuál es el
margen de mejora del déficit energético.
La costosa
factura energética española responde, principalmente, a dos factores: el
reducido autoabastecimiento energético español y el nivel de eficiencia
energética de la economía. En referencia al primero, el gráfico anterior muestra
que la producción energética en España solo cubría el 26,2% del total de
energía consumida en el país en 2010. Esta proporción se encuentra lejos de la
media de la Unión
Europea , del 47,2% concretamente.
La menor
dependencia europea se debe a varios motivos. En algunos países, viene
explicada por la existencia de importantes yacimientos energéticos. Este es el
caso de Países Bajos o el Reino Unido, cuyas fuentes principales de energía
nacional fueron, en 2010, el gas natural y el petróleo, respectivamente. En
otros países, por el contrario, las energías renovables (que engloban la
hidráulica, solar, eólica, geotérmica y biocarburantes principalmente) y la energía
nuclear copan el grueso de la producción energética nacional. Así, en Francia,
el 41,2% de la energía consumida
en ese
mismo año provenía de sus centrales nucleares, mientras que en Austria, el
intenso uso de fuentes renovables permitía abastecer el 24,8% del consumo
energético interno. Por su lado, en Suecia, ambas fuentes de energía generaron
el 63,0% del total de la energía consumida.
Por lo que
respecta a España, la energía nuclear y las renovables generaron,
respectivamente, el 47,0% y el 43,0% de la producción energética nacional. Los
combustibles sólidos aportaron, por su lado, un 9% adicional. Sin duda, destaca
el aumento del peso relativo de las energías renovables, que en 2010 ya
producían el 11,4% del consumo total de energía frente el 5,4% registrado en
2002.
A pesar
del buen comportamiento del sector renovable, el importante peso del petróleo y
del gas natural en el total de consumo energético español mantiene elevada la
dependencia energética del exterior. De hecho, las importaciones de ambos
productos representaron alrededor del 70% del consumo energético a finales de
2010, una cifra 20 puntos porcentuales superior a la media europea. Ello expone
a la economía española a la intensa volatilidad del precio de los bienes
energéticos. Un claro ejemplo fue la escalada del precio del petróleo a
principios de 2008, que aumentó el déficit energético del primer trimestre de
ese año hasta el 4,7% del PIB trimestral, 1,6 puntos porcentuales
mayor que
el registrado medio año atrás. Por otro lado, estas importaciones proceden de
muy pocos
países que
presentan, además, una elevada inestabilidad política. Así, el 67,3% de las
importaciones españolas de petróleo y el 79,1% de las de gas proceden de países
de Oriente Medio o del Norte de África, lo que no hace pensar que esta
vulnerabilidad pueda disminuir a medio plazo.
La
necesidad de reducir la dependencia energética del exterior es, por lo tanto,
evidente. En esta línea se encuentra el objetivo recogido en el Plan de Acción
Nacional de Energías Renovables de España (PANER) que pretende elevar, en 2020,
la producción energética con fuentes renovables hasta el 17,9% de la energía
primaria consumida en el país. De cumplirse este objetivo, y manteniendo
estable la cobertura del resto de fuentes energéticas, el autoabastecimiento
español
seguirá dibujando una senda creciente hasta alcanzar cerca del 33% del consumo
final. De
hecho, de
haber alcanzado este nivel en 2010, las importaciones de productos energéticos
habrían sido un 7,0% menores, lo que habría significado una disminución del
déficit energético de 3 décimas, hasta el 3,1% del PIB. Una reducción
importante pero quizás no suficiente para reducir la presión sobre el déficit
por cuenta corriente. Si se tomaran medidas más profundas que consiguieran
elevar el autoabastecimiento español hasta un nivel similar al registrado por
el conjunto de la Unión
Europea , el déficit energético podría reducirse
aproximadamente en 1 punto porcentual, hasta el 2,4% del PIB.
Además del
aumento en la producción de energía doméstica, un segundo factor que permite
corregir el déficit energético es la mejora de la eficiencia energética de la
economía. Si tomamos como referencia el consumo de energía por unidad de PIB
español, también denominado índice de intensidad energética, se observa una
importante reducción a partir del año 2005 (o lo que es lo mismo, una mejora de
la eficiencia). Como muestra el gráfico anterior,
ello permitió aproximarse hasta los niveles de eficiencia registrados por el
conjunto de países de la zona del euro. Así, en 2010, la intensidad energética
española superaba tan solo en un 4,9% a la de la zona del euro, frente al 14,0%
de 2007. Esta mejora de la brecha de eficiencia puede explicarse por dos
factores: en primer lugar, la mayor sensibilidad del consumo energético español
a las contracciones del PIB significó una reducción del consumo de energía más
intensa que en el resto de Europa. En segundo lugar, el aumento del peso de la
energía renovable en la composición del
consumo energético español impulsado, en parte, por importantes subvenciones, también
han favorecido esta mejora de la eficiencia. Ello se debe al mayor rendimiento
en la generación de energía eléctrica a partir de estas fuentes frente a otros
tipos de tecnología empleada.
Continuando
con el cálculo anterior, el efecto potencial de converger hacia el nivel de
eficiencia del resto de países de la zona del euro supondría una reducción del
déficit energético en relación con el PIB de 2 décimas adicionales.
Ello,
junto con un autoabastecimiento igual al europeo, situaría el saldo energético
en el 2,2% del PIB, un nivel cercano al desequilibrio medio registrado por el
conjunto de países europeos.
En
definitiva, el margen para corregir la elevada factura energética española es
amplio. Sin embargo, para lograr este objetivo es necesario profundizar en las
reformas adicionales que acerquen la eficiencia
y el autoabastecimiento energéticos hasta niveles similares a los europeos. Los
avances realizados en ambas direcciones estos últimos años marcan la senda a
seguir pero, sin duda, aún se debe recorrer un largo camino para lograr una
menor dependencia exterior.
Un año de toma de medidas y no enderezamos el rumbo
2011
febrero
Firma del Acuerdo Social y Económico por parte del Gobierno, sindicatos y patronal, incluyendo la reforma de las pensiones.
El Gobierno aprueba un decreto ley que refuerza la solvencia de las entidades de crédito.
marzo
Se aprueba el Pacto por el Euro Plus y se ponen las bases para el establecimiento del Mecanismo Europeo de Estabilidad en el Consejo Europeo.
abril
El Banco Central Europeo sube el tipo de interés oficial al 1,25%.
mayo
El Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea aprueba el plan de ayuda financiera a Portugal por un importe de 78.000 millones de euros.
Celebración de elecciones en trece comunidades autónomas y en los municipios.
junio
El Gobierno aprueba un decreto ley por el que se reforma la negociación colectiva.
julio
El Banco Central Europeo sube el tipo de interés oficial al 1,50%.
Los países de la zona del euro aprueban un segundo plan de ayudas públicas a Grecia entre otras medidas para gestionar la crisis de la deuda soberana.
agosto
Los dirigentes de Alemania y Francia, Angela Merkel y Nicolas Sarkozy, proponen un reforzamiento de las instituciones de la zona del euro, con un conjunto de mecanismos para una mayor coordinación de la política económica.
El Gobierno aprueba un paquete de medidas de política económica, con el avance del pago del impuesto de sociedades para las grandes empresas, la racionalización del gasto farmacéutico y la reducción temporal del IVA para las viviendas nuevas.
El Congreso aprueba reformar la Constitución para introducir el principio de estabilidad presupuestaria.
septiembre
El Congreso de los Diputados convalida el real decreto ley 13/2011 que restablece el impuesto sobre el patrimonio para 2011 y 2012.
octubre
La cumbre del euro acuerda lanzar un nuevo programa de ayuda para Grecia, con una quita del 50% de la deuda para los inversores privados, ampliar sustancialmente la capacidad financiera de la FEEF y subir la ratio de capital de máxima calidad de los bancos al 9%.
noviembre
El Banco Central Europeo baja el tipo de interés oficial al 1,25%.
El Partido Popular gana las elecciones generales por mayoría absoluta.
diciembre
El Banco Central Europeo baja el tipo de interés oficial al 1,00% y anuncia dos subastas extraordinarias de liquidez a 36 meses, la ampliación de los activos elegibles como colateral y la reducción de la ratio de reservas.
La Cumbre europea sella un pacto para asegurar una mayor disciplina fiscal por la vía de un tratado que involucraría a los 17 de la zona euro más otros países de la UE que quieran sumarse al mismo.
El Gobierno aprueba un paquete de medidas de política económica que incluye recortes de gastos y elevaciones de impuestos.
2012
enero
Los agentes sociales firman un acuerdo de moderación salarial con vigencia de 2012 a 2014.
febrero
El Gobierno aprueba un decreto ley de saneamiento del sector financiero.
El Gobierno aprueba un decreto ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
El año 2012 empieza en Europa bajo el signo de la recesión. La Caixa
La economía mundial atraviesa un cierto bache debido al ya previsto retroceso de la
economía europea en el cuarto trimestre de 2011 y a la no tan anticipada contracción
del producto interior bruto (PIB) de Japón.
Estados Unidos, por su parte, registró un crecimiento significativo, si no brillante,
mientras que los emergentes mantienen su ritmo, algo más pausado que hace unos trimestres.
El principal foco de inestabilidad sigue siendo la crisis de la deuda soberana
europea, a la que se une ahora la reciente subida del precio del petróleo, resultado de
la situación en Oriente Medio. En cambio, los principales bancos centrales han dado
nuevas muestras de activismo frente a los riesgos de recesión o estancamiento, lo que
ha favorecido una mejora del pulso de los mercados financieros.
En Estados Unidos, la recuperación gana en solidez, apoyada en un mercado laboral
que está dejando atrás los presagios más lúgubres y en una política fiscal que, siendo
2012 año electoral, será más expansiva de lo que se venía anticipando. Sin embargo,
el crecimiento que esperamos para el conjunto del año es del 2%, insuficiente para
que el país pueda conjurar definitivamente los efectos de la crisis. El PIB repuntó en el
cuarto trimestre para crecer un 0,7% intertrimestral, un 1,6% interanual, lo que deja el
avance para el conjunto de 2011 en el 1,7%.
Pese al repunte, un vistazo a los componentes del PIB muestra una imagen menos
boyante de lo que sugiere el dato agregado.
Primero, porque fue la reposición de existencias el componente que aportó más de
la mitad del crecimiento. Y, segundo, porque el avance del consumo privado, que fue
el principal motor de la actividad en la segunda mitad de 2011, se fundamentó más
en la disminución de la tasa de ahorro que en una mejora de los ingresos, que avanzan
con parsimonia. Y ello en un contexto en el que las familias todavía soportan una deuda
bruta del 114% de su renta disponible.
En Japón, la reconstrucción después del tsunami
de marzo se estanca. El PIB del
cuartotrimestre retrocedió un 0,7% intertrimestral, un cambio abrupto si se compara
con el crecimiento del 1,7% del tercer trimestre. Esto dejó el descenso interanual
en el 1,0%, a la vez que hizo que la economía se contrajera un 0,9% para el conjunto
de 2011. Este descenso, aunque mayor de lo esperado, no introduce cambios sustanciales
en nuestra previsión de crecimiento para 2012, que se mantiene en el 1,6%,
siempre bajo el supuesto de una recuperación de las exportaciones.
En China los indicadores correspondientes a los primeros compases de 2012 se hallan
distorsionados por el efecto de las festividades del Año Nuevo, pero seguimos contemplando
una expansión superior al 8% en 2012. Asia, en general, comienza a recuperarse
de los efectos que sobre las cadenas de suministro han tenido las inundaciones
de Tailandia.
En cuanto a la zona del euro, el avance del cuarto trimestre del PIB publicado por
Eurostat señala una caída del 0,3% en relación con el trimestre anterior (crecimiento
interanual del 0,7% en el conjunto del año).
Se trata del primer descenso de la actividad desde el segundo trimestre de 2009. El retroceso
probablemente continuará en este primer trimestre de 2012,
por lo que puede
afirmarse que el área del euro ha entrado de nuevo en recesión, según la convención
aceptada (dos trimestres consecutivos de retroceso). Por países, a finales de 2011 Italia,
Países Bajos y Bélgica ya se hallaban en recesión, sumándose a Portugal. También
puede ser este el caso de Irlanda y Dinamarca, si bien no se dispone de información
del último trimestre para estos países.
Como dato positivo, hay que señalar el crecimiento intertrimestral del 0,2% de Francia,
superior a lo esperado, si bien no pudo compensar totalmente la reducción del
0,2% de Alemania.
Algunos indicadores apuntan a una estabilización del deterioro de la situación económica
en la zona del euro en diciembre, como son las ventas minoristas, la confianza
de los consumidores o las exportaciones. Es especialmente relevante la evolución de
Alemania, principal economía de la eurozona, ya que en los últimos meses sus indicadores
de clima económico se han revertido y apuntan a una estabilización o incluso
a un leve crecimiento en el primer trimestre de 2012. De este modo, la economía
alemana, a diferencia de otros países del área del euro, escaparía a la recesión, si
bien no podrá sustraerse enteramente a la debilidad económica de la mayoría de sus
socios comerciales europeos.
Varios factores confluyen en el debilitamiento de la actividad en la eurozona en la
última parte de 2011. Uno de los más importantes, quizás el que más, es el nerviosismo
que causa la persistencia de la crisis de la deuda pública de la eurozona, ahora ya
por su tercer año. Una crisis que extiende la desconfianza sobre la capacidad de algunos
Estados miembros de hacer frente a sus obligaciones pecuniarias, genera dudas sobre
la solvencia del sector financiero en general y frena la circulación del crédito. El
resultado es una ralentización del crecimiento, en un círculo vicioso de complicada
salida. Los intentos de romper el círculo y normalizar el
funcionamiento de la economía
y los mercados en la zona del euro no han sido muy exitosos hasta ahora.
Hay que señalar, sin embargo, la luz verde que el Eurogrupo dio al segundo rescate financiero
de Grecia el 21 de febrero, que asciende a 130.000 millones de euros. El
pacto se alcanzó tras la aprobación de un paquete de medidas de política económica
por parte del Parlamento griego y tras obtener garantías de los líderes de la coalición
de gobierno griega respecto a la implementación de las reformas tras las elecciones
generales que se celebrarán en abril. Por otra parte, los acreedores privados y Grecia
habrían llegado a un acuerdo para realizar una quita voluntaria de la deuda pública
del 53,5% del valor nominal de los bonos griegos. El objetivo es rebajar la deuda griega
desde el 164,0% del PIB previsto para 2011 hasta el 120,5% en 2020.
Los avances en la situación griega son importantes, pero el mayor esfuerzo de estabilización
lo está desarrollando el Banco Central Europeo (BCE), que apuesta por
una política monetaria expansiva para apoyar a la economía, a la vez que abastece de
abundante liquidez al sistema financiero e incluso adquiere directamente deuda pública
de los Estados sometidos a mayor presión.
Como se ha señalado anteriormente, otros bancos centrales siguen esta línea,
como la
Reserva Federal de Estados Unidos, cuya estrategia es mantener los tipos
de interés oficiales en el rango mínimo posible (0%-0,25%) hasta finales de 2014.
Por su parte, el Banco de Inglaterra ha anunciado una ampliación de su programa
de compra de activos hasta los 325.000 millones de libras esterlinas. En cuanto a
los países emergentes, la mayoría de los bancos centrales han comenzado a dotar a
sus políticas monetarias de un sesgo más expansivo, siendo la reducción de los tipos
de interés el principal instrumento para llevar a cabo su propósito. El reciente repunte
del precio del petróleo, al hilo de las tensiones en Oriente
Medio, puede suponer
un obstáculo en el diseño de esta estrategia de relajamiento.
La relativa mejora de la situación financiera en la eurozona ha permitido, entre otros,
que el Tesoro español haya logrado colocar desde enero un tercio del total previsto de
emisiones de deuda pública para 2012, a menor precio que en anteriores subastas y
con una afluencia importante de inversores.
La coyuntura actual también puede favorecer la aplicación del decreto aprobado a
principios de febrero de saneamiento del sistema financiero. El principal objetivo
del mismo es disipar las dudas sobre la solvencia de la banca ante el aumento de los
activos inmobiliarios problemáticos en su balance. Para ello, se exige un incremento
de la cobertura de la cartera inmobiliaria de las entidades bancarias, de manera que la
dotación para cubrir las potenciales pérdidas de los activos inmobiliarios aumentará
significativamente. Así, la cobertura se ampliará hasta el 80% en el caso del suelo, el
65% para las promociones en curso y el 35% para viviendas y promociones terminadas.
Con este incremento, el sector bancario refuerza su solvencia ante eventuales caídas
del precio de los activos inmobiliarios.
Otra acción importante del nuevo Gobierno ha sido la reforma del mercado laboral.
Los cambios introducidos van en la dirección de eliminar rigideces en la aplicación
de los convenios colectivos y de facilitar la flexibilización de las condiciones de trabajo
dentro de la empresa con el fin de garantizar la supervivencia de la misma. La reforma
acerca la legislación española a la vigente en la mayor parte de países de Europa
continental y se espera que ayude a muchas empresas a adaptarse a la crisis, animando
la contratación indefinida en el momento en que se alcance la recuperación.
El cambio en la regulación laboral era inexcusable ante una economía cuyo paro alcanzaba
el 22,9% de la población activa en enero, según Eurostat, y
afecta a casi la mitad
de la población joven, unas cifras que no tienen parangón en los países desarrollados.
Sin embargo, no cabe esperar efectos inmediatos de la reforma en términos de empleo,
debido a la fase recesiva en la que ha entrado la economía española. Según el Instituto
Nacional de Estadística, el PIB se estancó en el tercer trimestre de 2011, cayó un 0,3%
en el cuarto y todos los indicadores apuntan a que en este primer trimestre de 2012 el
retroceso ha continuado. La recaída en recesión se explica por la debilidad de la demanda
interna. Las familias frenan el consumo ante el deterioro del clima económico y la
escalada del desempleo. Las empresas tratan de contener sus gastos corrientes y de inversión
por las magras perspectivas de la demanda y por el endurecimiento de las condiciones
crediticias. Cabe señalar el anuncio, a finales de febrero, de un mecanismo para
liquidar los impagos de las entidades locales.
Esta medida permitiría proporcionar una importante inyección de liquidez a las
empresas proveedoras.
El sector público también está tratando de ajustar sus gastos ante la necesidad de sanear
sus cuentas. Pese a que en 2011 el consumo público cayó más de un 2%, finalmente
la primera estimación oficial sobre el déficit del conjunto de las administraciones
públicas en 2011 asciende al 8,5% del PIB. Se trata de una mejora desde el déficit
del 9,3% de 2010, pero queda apreciablemente lejos del objetivo del 6,0%. La desviación
responde principalmente a una coyuntura macroeconómica mucho peor
de lo esperado y a la dificultad de contener los gastos en partidas que tienen una inercia
muy importante, si bien todavía se desconoce el detalle de las cuentas. Los presupuestos
de 2012, todavía pendientes de presentación, deberán abordar un delicado
equilibrio entre la ineludible contención del déficit y la necesidad de mantener la
actividad en niveles aceptables.
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