Irregularidades contables en un concurso de acreedores

Como ya sabemos el concurso ha de ser calificado culpable cuando se acredite que la insolvencia ha sido generada o agravada con dolo o culpa grave. Este mecanismo causal obliga al administrador concursal a probar la relacion causal, algo que evidentemente no es sencillo. Por tanto, el daño causado a la sociedad y derivativamente a los acreedores debe ser imputable a los administradores según la doctrina mayoritaria, exigiendo que dicha imputabilidad sea título de dolo o culpa grave. En definitiva, la calificación culpable del concurso exige que la generación o agravación del estado de insolvencia sea imputable a título de dolo o culpa grave a los administradores, sin conducir automáticamente a la imposición de la responsabilidad concursal.

Debido a esta dificultad probatoria el legislador ha establecido presunciones de culpabilidad que no admiten prueba en contrario, calificando el concurso culpable en todo caso. (La calificación de concurso culpable conlleva unas consecuencias automáticas, como puede ser la inhabilitación, pero la que es más importante, la responsabilidad concursal, no es automática y podría no condenar al administrador al pago de todo o parte de los créditos concursales). Entre estas presunciones encontramos los “incumplimientos contables”:

¿Qué es un incumplimiento contable? Incumplir de forma sustancial de la obligación legal de llevanza de la contabilidad. Básicamente sería:

a).- Falta de llevanza de contabilidad.

b).- Irregularidad relevante para la comprensión de la situación financiera o patrimonial (supuesto más usual en la práctica).

Estos son algunos supuestos de irregularidades contables relevantes, así como irregularidades que nos se consideran sustanciales y que por tanto no tienen como consecuencia la calificación del concurso como culpable.

Supuestos de irregularidades contables que SI determinan la calificación culpable del concurso:

1.- Doble contabilidad.

2.- Se exige, en todo caso, la llevanza de los libros contables, libro diario, de inventarios y a cuentas anuales, por tanto la falta de llevanza de los mismos supone la culpabilidad. Si disponemos de ellos, pero con graves anomalías, también determina la culpabilidad del concurso.

3.- Es considerada irregularidad relevante la irregularidad que genera confusión sobre la verdadera situación financiera. (contabilidad que no permite el seguimiento de las operaciones realizadas).

4.- Falta de provisión de saldos de dudoso cobro, cuando estos se venían arrastrando desde hacía 3 años, distorsionando con ello los resultados y la situación financiera, pues de haberlos contabilizado habría sufrido pérdidas en lugar de beneficios y estaría en situación de fondos propios negativos. (AP Madrid 17-3-09). En este caso lo arrastró tres años, pasó de pérdidas a beneficios e incluso estaba en fondos propios negativos. Existen situaciones que las consecuencias de la falta de provisión no provocarían tales consecuencias y en mi opinión, so se consideraría una irregularidad relevante.

5.- No reflejar deudas fiscales en el balance y que el importe sea significativo.

6.- Cancelación masiva, sin justificación alguna, de las cuentas a cobrar. (AP. Alicante 27-1-09)

7.-Falta de mención en la Memoria de garantías prestadas a favor de terceros o de sociedades del grupo.

8.- Inclusión en los fondos propios de una partida correspondiente a un aumento de capital que no existió, lo que se efectuó fue un préstamo de accionista, incidiendo directamente en la situación patrimonial de la sociedad.

9.- Simulación de situación patrimonial con consecuencias graves, como por ejemplo consignar partidas de activo como pueden ser cuentas a cobrar con un saldo falso.

10.- Inclusión de facturas de cuantía elevada que no responden en realidad.

Otras actuaciones no enmarcadas en el concepto de irregularidad contable, pero sí muy comunes: Desvío previo al concurso, de la actividad y la clientela a una sociedad distinta, sería un alzamiento de bienes en perjuicio de acreedores.

Supuestos de irregularidades contables que NO determinan la culpabilidad del concurso:

1.- El incumplimiento de llevar los libros de Actas y de socios no parece determinar la culpabilidad del concurso, ya que nos son propiamente libros contables.

2.- Si la sociedad ha preparado de forma incorrecta el informe de auditoría con arreglo al modelo abreviado,pero no induce a error, esto no se considera irregularidad relevante.

3.- La aplicación de un criterio contable razonable, por más que sea incorrecto, no da lugar a la culpabilidad del concurso.

4.- Disposición de efectivo a favor de administradores, si se ha documentado como préstamos.

5.- La mayoría de las actuaciones relacionadas en el apartado anterior si no son considerados incumplimientos sustanciales y significativos teniendo  en cuenta el principio de importancia relativa cuando la variación, en términos relativos es escasamente significativa (JM Barclona n 4, 31-5-06).

Conclusiones:

a) La calificación de concurso culpable no lleva aparejada automáticamente la responsabilidad concursal del pago por parte del administrador de las deudas del concurso. El concurso de mi empresa puede ser calificado como culpable, pero al mismo tiempo únicamente puede que me condenen a una inhabilitación de por ejemplo 2 años, pero no a pagar las deudas del concurso.

b) Respecto a las irregularidades contables, debe tenerse en cuenta el principio de importancia relativa cuando la variación, en términos relativos es escasamente significativa (JM Barclona n 4, 31-5-06).

c) El incumplimiento sustancial se remite también al criterio de imagen fiel (CCom. art. 28 y 34).

Ejemplo de irregularidad contable que no se considera sustancial por parte del juez:

Según la SAP Jaén 15.11.2007 (JUR 2008/93868).“ La administración concursal ciertamente considera que el concurso debe de ser declarado culpable, por concurrir además de las circunstancias apreciadas por el Juzgador de instancia, la circunstancia prevista en el artículo 164-2-1º de la Ley Concursal, por cometerseirregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera, y ello en base a realizarse una apariencia en las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004, que no eran reales,figurando en las mismas un beneficio por importe de 21.674’75 euros, cuando la realidad debía de haber sido pérdidas ascendentes a 1.493.325’25 euros, por haberse incluido una partida de ingreso de 1.515.000 euros, irregularidad relevante, que tras ser analizada exhaustivamente por el Juzgador es rechazada, coincidiendo la Sala con aquél, tras el examen de las actuaciones y pruebas practicadas, esencialmente la documental aportada, ya que si bien es cierto que tal hecho constituye una irregularidad, también lo es que su consignación en el balance y en la memoria, dicho asiento contable podía ser conocido y así también la situación patrimonial de la entidad, ya que en la referida memoria se detallaba dicha partida como factura pendiente.

Pues bien, sentado lo que antecede, resulta difícil sustentar que dicha irregularidad, constituya conducta dolosa o gravemente culposa que por su propia índole lleva inserto el nexo causal que directamente conduce a la agravación o generación del estado de insolvencia. De aquí que no pueda afirmarse que los casos tipificados en elnº 2 del artículo 164 constituyan presunciones iuris et de iure de conductas determinantes de un estado de insolvencia que deban desembocar en la calificación como culpable del concurso, cuando se haya acreditado su presencia”.

En este caso, podemos la Audiencia considera que al haber consignado la partida en el balance y en la memoria, como factura pendiente, dicho estado contable podía ser conocido así como la situación patrimonial del deudor.

Carlos Guerrero, socio responsable área concursal de MAB Legal & Corporate

Rajoy «Habrá que inyectar dinero público en los bancos. No hay alternativa»

Domingo, 23 de octubre del 2011

ENRIC HERNÀNDEZ
BARCELONA

-¿Qué efectos tendría la devaluación de la deuda española que se está debatiendo en Bruselas?

-Es inaceptable cualquier ajuste que afecte al valor de la deuda soberana. No acepto que se cuestione la capacidad del Tesoro español de cumplir sus compromisos. Además de dañar a los bancos, que deberían provisionar cifras muy importantes, encarecería la financiación de las administraciones y dificultaría el acceso al crédito, lo que alejaría la recuperación. Estoy radicalmente en contra de que se tome esa decisión.

-Esta crisis amenaza la supervivencia del euro, en parte por la torpeza de los líderes europeos…

-La construcción europea es un proceso complicado, que lleva su tiempo, pero que ha tenido más efectos beneficiosos que perjudiciales. El euro es un gran éxito, y yo apuesto por más Europa, porque todo el mundo haga sus deberes en casa, que cumpla sus compromisos, y desde luego que se ayude a quienes estamos dispuestos a cumplirlos.

-Sí, pero antes hay que resolver el actual enredo del euro. ¿Cómo?

-Primero hay que reestructurar la deuda griega, evitar el contagio y demostrar a los mercados que la UE cumple sus compromisos. Ello requiere que la facilidad financiera de 440.000 millones de euros entre en vigor ya, aumentarla y destinar esos fondos a recapitalizar los bancos y a comprar bonos soberanos.

-Alemania, a la que le toca financiar el grueso de la operación, se resiste porque tiene la sensación de que lleva demasiados años pagando la fiesta de otros, incluida España…

-Hay que cambiar la imagen de España. Tenemos que ser un Estado fiable y cumplidor, que no cree problemas a los demás. Debemos cumplir el compromiso de dejar el déficit de este año en el 6%, un 4,4% en el 2012. Hay que reestructurar y sanear el sistema financiero y acometer reformas estructurales para ser más competitivos, crecer y crear empleo.

-¿Habrá más recursos públicos para salvar a los bancos?

-Primero hay que completar la reestructuración hasta que haya un número de bancos capaces de cumplir sus compromisos y dar crédito. Los balances de los bancos deberán reflejar el verdadero valor de los activos. Y entonces, si hay que inyectarles dinero público, habrá que volver a hacerlo, para luego recuperarlo. Lo peor es no hacer nada.

-Es obvio que un colapso financiero hundiría al país, pero el rescate de la banca genera una injusticia: se salva con dinero público a los bancos y se deja a la intemperie a quienes no pueden pagar la hipoteca…

-Pero es que no hay alternativa. Hay que usar los mínimos recursos públicos posibles, que sean préstamos y se devuelvan. Y exigir responsabilidades, como se está haciendo con las cajas. No me gusta nada que encima algunos cobren indemnizaciones.

-En el primer tramo de la legislatura, usted calificó de «letal» la política económica. ¿Por qué el PP le negó su apoyo en mayo del 2010, cuando tuvo que rectificarla?

-El 5 de mayo del 2010 Zapatero me pidió apoyo para reestructurar el sistema financiero, y yo se lo di. Le advertí de que teníamos un problema con el déficit público y él me lo negó, pero una semana después, sin llamarme, anunció el recorte del gasto. Voté en contra de la congelación de pensiones y planteé una alternativa que no quiso ni negociar. Pero es verdad que en la última etapa ha querido negociar, y hemos pactado cosas.

-Como la reforma constitucional, exigida por carta por el Banco Central Europeo. ¿Son muy gravosas el resto de las medidas que exige?

-A mí nadie me dirigió una carta. Se la pedí tres veces al presidente y nunca me respondió.

-Cuando preguntaba por ella conocía de su existencia y contenido...

-Pero él es el presidente. En Italia se dio a conocer y aquí, no. Es evidente que tenemos que hacer cosas. No podemos seguir en esta situación.

-¿Qué reformas estructurales acometerá si es presidente?

-Primero, la reforma de la ley de estabilidad presupuestaria para fijar techos de gasto y endeudamiento a todas las administraciones. La segunda, el apoyo a los emprendedores con varias medidas: bajada de cinco puntos del impuesto de sociedades, y 10 para quienes reinviertan los beneficios; el IVA no se ingresará hasta que se cobre la factura; y los acreedores de las administraciones podrán compensar la deuda con el pago de impuestos. Son medidas importantes para ayudar a las empresas, y acometeremos una reforma laboral, porque la actual legislación no sirve para crear empleo.

-¿El contrato único con 12 días de indemnización que pide la CEOE?

-Este Gobierno ha permitido encadenar contratos temporales sin límite, lo que agrava la dualidad del mercado laboral. Con los agentes sociales buscaremos un modelo que estimule la contratación y dé al trabajador un horizonte de empleo indefinido, y flexibilizaremos la negociación colectiva.

-¿Cómo combatirá el paro juvenil, que supera el 45%?

-El modelo alemán funciona muy bien. Los chicos que estudian Formación Profesional pueden compatibilizarlo con una especie de trabajo-aprendizaje en una empresa, por el que cobran una cantidad.

-Constato que no se cierra en banda al contrato único de la CEOE…

-Lo que no puede haber es una tipología de contratos tan amplia como la actual. Habrá que plantear un contrato estándar o varios modelos. Se pueden buscar fórmulas, pero lo que es evidente es que el modelo actual no funciona.

-Si no se suben los impuestos, habrá que recortar el gasto público...

-No soy partidario de subir impuestos porque ello reduce el consumo y, por tanto, los ingresos. Sí soy partidario de hacer recortes en lo que sea

superfluo, pero en principio yo soy un firme partidario de un sistema público de pensiones, educación y sanidad, este último más eficiente. Son

las últimas partidas que recortaría.

-¿Descarta el copago sanitario?

-Sí, yo no quiero el copago.

-¿Sobran funcionarios en España?

-A veces se estigmatiza a los funcionarios. Los hay magníficos y, en todo caso, hacen falta médicos y maestros, por ejemplo. Eso sí, lo que está claro es que en los próximos años no hay que aumentar el número de empleados públicos.

-¿Descongelará el sueldo de los funcionarios y las pensiones?

-Mi gran prioridad será no castigar más a los pensionistas. En cuanto a los funcionarios, veremos cómo están las cuentas públicas.

-¿Sabe ya quién será su ministro de Economía?

-Sí, pero como puede suponer…

-¿Y lo sabe él?

-No.

El nuevo Gobierno deberá ser valiente y fuerte, pero dialogante»

Domingo, 23 de octubre del 2011

E. H.
BARCELONA

-Ante la dureza de algunas de las medidas a tomar en breve, ¿teme que haya conflictos sociales?

-Espero que no. La sociedad es consciente de lo que pasa, pero eso también depende del estilo de gobierno. Hay que decir la verdad y ser realista, actuar con mucha responsabilidad, rigor y seriedad. El futuro Gobierno debe ser valiente. Prudente, pero valiente. España necesita un Gobierno fuerte, muy apoyado por la sociedad, que busque complicidades con otros partidos -sea cual sea el resultado electoral-, con empresarios, con sindicatos y con todos los españoles. Si gobierno hablaré con todos y escucharé a todos, porque la firmeza en la defensa de los intereses generales es compatible con el diálogo.

-Como ministro le tocó gestionar el pacto del Majestic, y tras lograr la mayoría absoluta declaró a este diario: «Sería un error que ahora machacáramos a CiU.» ¿Ofrecerá a CiU entrar en el Gobierno, como hizo entonces Aznar?

-Ahora eso no está encima de la mesa, pero sí me gustaría contar con la colaboración, sobre todo en la economía, de todos los que quisieran construir y trabajar lealmente para sacarnos de esta situación tan complicada. Serán años difíciles y determinantes. El nuevo Gobierno necesitará complicidades, porque es muy difícil hacer las cosas en solitario.

-CiU condiciona cualquier colaboración en Madrid a que Catalunya tenga una financiación similar al concierto vasco. ¿El pacto fiscal entra en sus planes?

-A mí nadie me ha pedido nada, ni he visto ningún papel. En la vida hay que fijar prioridades, y la prioridad hoy es crecer, crear empleo y, por tanto, también aumentar los ingresos de las administraciones. La Generalitat ya recibe el 50% del IRPF y el IVA y el 58% de los impuestos especiales, aparte de los tributos propios. Lo que hay que hacer es crear empleo y crecer económicamente, porque entonces se ingresarán más impuestos y la Generalitat recaudará más. Y, oiga, ya veremos luego qué nos depara el futuro.

-El otro escollo para el acuerdo con CiU es el rechazo del PP a la inmersión lingüística. Rechazo relativamente reciente, porque cuando gobernaba no lo manifestó...

-Mi posición es conocida: yo creo en la libertad. Tengo dos hijos y me gusta decidir la educación que quiero para ellos. Y, francamente, creo que tengo derecho. A mí, en materia educativa siempre me encontrará en la defensa de la libertad de los padres.

-En el 2003 el PP excluyó el corredor mediterráneo de la red básica de conexiones ferroviarias europeas. Ahora que Bruselas lo ha incluido, ¿le dará prioridad o invertirá en todos los corredores por igual?

-Es un corredor muy importante, pero hay otros que también lo son. Habrá que ver cómo está la economía y qué puede aportar la UE. Lo cierto es que en el tema de mercancías deberemos hacer un esfuerzo.

-¿Pero su prioridad será el eje mediterráneo, el atlántico o el central?

-Habrá que hablarlo entre todos.

-¿Resucitará el trasvase del Ebro?

--No figurará en nuestro programa.

-¿Energía nuclear sí o no?

-Sí.

-¿Revocará el cierre de Garoña?

-Si el informe del Consejo de Seguridad Nuclear es favorable, en efecto, Garoña no se cerrará.

-Para acabar, un pregunta de índole personal. Del 9 al 10 de marzo del 2008, tras su segunda derrota electoral, algunos en su partido y aledaños le dieron por muerto, políticamente hablando, y procuraron que ese pronóstico se cumpliera. Ahora, a un paso de superar tal vez la mayoría absoluta de Aznar, ¿qué recuerdo conserva de aquellos días?

-En la vida hay que hacer un esfuerzo para actuar con el mayor equilibrio posible. Yo creo tener un equilibrio personal. A lo mejor no está bien que yo lo diga, pero, sinceramente, creo tenerlo. Y soy persona de mirar hacia el futuro, tengo la fortuna de no acordarme de lo malo. Por eso cuento con cuantos quieran trabajar lealmente en este proyecto, y al hacer las listas electorales creo haberlo demostrado.

-¿Se compromete a no estar más de dos legislaturas, como Aznar?

-La verdad, no me lo he planteado. Mi objetivo ahora es ganar las próximas elecciones. En fin, ¡estoy yo ahora para pensar en eso!

Mariano Rajoy: «A los terroristas hay que aplicarles la ley y punto»

Domingo, 23 de octubre del 2011

Enric Hernàndez, director de El Periódico de Catalunya, entrevista al candidato del PP a la Presidencia del Gobierno. E.SOTOS - R. FADRIQUE

ENRIC HERNÀNDEZ
BARCELONA

A un mes escaso de las elecciones, Mariano Rajoy afronta la campaña con aparente calma. Los sondeos invitan al líder del PP al optimismo, incluso a la euforia; los datos económicos, a un cierto pánico. Convencido de que conquistará la Moncloa al tercer intento, no quiere arriesgar. Ni con el fin de ETA, ni con un plan económico que se resiste a concretar.

-ETA dio el jueves, según la valoración que usted mismo hizo, un «paso muy importante» con el anuncio del cese definitivo de la violencia. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

-En primer lugar, por el aguante de la sociedad española, que ha tenido que soportar durante décadas la amenaza contra la vida, la libertad y los derechos de muchas personas. El aguante de la sociedad y la confianza en la ley y el Estado de derecho han sido decisivos. En segundo lugar, por la eficacia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que a lo largo de muchos años han puesto a ETA en una posición cada vez más difícil. En tercer lugar, por el trabajo de muchos gobiernos y de muchos representantes políticos, jueces y fiscales. Y, por supuesto, por la referencia que constantemente han sido en la lucha antiterrorista las víctimas del terrorismo.

El país ha sabido aguantar, no se ha rendido y ha dicho claramente que la ley, la democracia y el Estado de derecho están por encima de personas que se sitúan fuera y al margen del sistema, y que se erigen en jueces de la vida y de los derechos de los demás. Ha sido un triunfo, en definitiva y sobre todo, del conjunto de la sociedad española.

-En el proceso de paz del 2006, usted se quejó de no haber sido informado por el presidente Zapatero. ¿Ha fluido la información esta vez?

-Bueno, en esta legislatura el terrorismo no ha constituido objeto de debate político en las Cortes, fundamentalmente por una razón: porque yo creía que las cosas se estaban haciendo mejor. Ya se había roto una negociación política que no conducía a ninguna parte, como desgraciadamente quedó demostrado. Pero es que, además, la política se hace en los parlamentos y con los partidos políticos que se presentan a las elecciones. Un estado no puede negociar con un grupo terrorista de ninguna manera. En definitiva, ha habido un mayor entendimiento en esta legislatura porque los mensajes y las actuaciones han sido distintos. Y sí, ha habido más información: la que el Gobierno ha considerado que debería darnos en cada momento.

-Curiosamente, la primera entrevista que concedió tras el atentado de la T-4, que dinamitó la anterior tregua, fue también con EL PERIÓDICO. Decía entonces: «Zapatero dejó creer a ETA que obtendría un pago político». Entiendo que esto es lo que ha cambiado desde entonces...

-Sí, yo creo que fundamentalmente ETA lo que ha hecho es rendirse. La banda ha sido muy debilitada y adquirió la conciencia de que la sociedad española de ninguna manera iba a aceptar el pago de un precio político por matar o por dejar de hacerlo. Eso es lo más significativo de lo que ha ocurrido, y por eso ETA ha anunciado en un comunicado que cesa definitivamente de matar, de chantajear y de extorsionar.

-A su juicio, ¿ha existido alguna continuidad entre el proceso de diálogo Gobierno-ETA celebrado en el 2006 y el que ha desembocado en el comunicado del pasado jueves?

-No, en mi opinión. No tengo datos para afirmar eso. Si los hubiera tenido, mi actitud hubiera sido muy distinta. Creo que aquí ha triunfado el no negociar, el dejar claro que no se estaba dispuesto a pagar ningún precio, la eficacia de las fuerzas y cuerpos de seguridad el Estado y el apoyo de toda la sociedad a una política basada en principios, valores y que, además, se ha demostrado que es la más eficaz. También hay que subrayar que la tranquilidad total no la tendremos hasta que se produzca la disolución irreversible de esta organización terrorista.

-Hay voces en su partido, como las de Jaime Mayor Oreja o Carlos Iturgaiz, que denuncian que ha habido «contrapartidas» y atribuyen el comunicado etarra a una negociación entre el Gobierno y la banda. Entiendo que no comparte esa tesis...

-A mí no me consta. Tengo en cuenta su diagnóstico pero, a día de hoy, ETA no ha conseguido ni la autodeterminación ni la territorialidad. Y, desde luego, si el PP gana las próximas elecciones generales y tiene la responsabilidad de gobernar, no me consta que tenga que pagar ningún precio por el cese definitivo de la violencia. Y, en todo caso, ya le adelanto que no estoy dispuesto a hacerlo.

-¿Atenderá el PP la invitación del lendakari, que acaba de anunciar el inicio de una ronda de consultas políticas que incluye a Bildu?

-Estamos apoyando al Gobierno vasco y eso lo tienen que gestionar mis compañeros del País Vasco, pero nosotros en principio hablamos con todo el mundo. Tenemos un acuerdo parlamentario que se limita a apoyar las leyes que emanan del acuerdo que se firmó. Defendemos lo acordado y no respaldamos lo que no compartimos. Estamos apoyando al lendakari y no sabemos qué nos quiere plantear. Nosotros hablamos muy a menudo con él y ya le hemos advertido de que, en democracia, las conversaciones políticas se llevan en el parlamento. En este caso, en el Parlamento vasco.

-¿El cese definitivo de ETA convierte a Bildu en interlocutor político?

-Bueno, nosotros en su día apoyamos al Gobierno para que Bildu no pudiera presentarse a las elecciones municipales, y el Tribunal Supremo nos dio la razón, sentenció que no podía presentarse a los comicios. De momento, ETA sigue siendo una organización terrorista que ha anunciado que deja de matar, pero no se disuelve. Tendremos que ver cómo se producen los acontecimientos, pero Bildu para nosotros -también para el Tribunal Supremo y para el Gobierno, que impugnó sus candidaturas- sigue siendo el brazo político de una organización terrorista.

-Pero no para el Tribunal Constitucional, que permitió a Bildu concurrir a las elecciones municipales...

-Efectivamente, no para el TC.

-¿El Gobierno y la fiscalía deberían, en su opinión, impedir la legalización de Sortu? ¿Tendrían que recurrir también la concurrencia de Amaiur a las elecciones del 20-N?

-Creo que el Gobierno y la fiscalía tienen la obligación de recopilar todos los datos que sean necesarios y, a la vista de ellos, si creen que existe una conexión de estas formaciones con ETA y que esta es demostrable, deben acudir a los tribunales, como hicieron la vez pasada.

-El Gobierno ha anunciado que no tomará ninguna decisión sobre las «consecuencias del conflicto» -presos y prófugos-, que eso queda en manos del nuevo Ejecutivo. Si usted gobierna tras el 20-N, ¿cómo gestionará el nuevo escenario?

-Mire, ETA ha anunciado el cese definitivo de las armas, no ha puesto ninguna condición, no hay ningún compromiso por parte de nadie. Yo desde luego, no lo tengo, y si alguien lo tuviera, que no lo creo porque se me hubiera informado, a mí no me incumbe. A partir de ahora tendremos que trabajar todos unidos: partidos, víctimas, representantes sociales y el conjunto de la sociedad española. Todos unidos en la ley y en el Estado de derecho, que es lo que ha triunfado y lo que ha dado lugar al cese definitivo de la violencia.

-Concrete un poco más. ¿Ofrecerá un pacto al PSOE y el PNV para pilotar la desaparición del terrorismo?

-Lo que digo es que creo que en el futuro todos deberemos trabajar juntos, en el marco que establecen las leyes y el Estado de derecho.

-Sin cambiar la legislación, ha habido procesos en los que esta se ha aplicado con flexibilidad. Por ejemplo en 1982, cuando ETA político-militar se disolvió. ¿Un Gobierno del PP será flexible en la aplicación de la ley para hacer irreversible la paz?

-Un Gobierno del PP aplicará el Estado de derecho, como se aplica habitualmente. Lo único que puede hacer irreversible la paz es aplicar la ley. La paz exige justicia; en caso contrario, no es paz. Y lo que garantiza la justicia es la aplicación de la ley.

-¿El movimiento que cabe esperar ahora, o que esperaría usted para dar nuevos pasos, sería la entrega de las armas y la disolución formal?

-Yo creo que es un paso muy importante el que se dio el jueves, pero insisto: la tranquilidad total de los españoles y la libertad definitiva solo llegará cuando se materialice la disolución irreversible de la banda.

-Insisto yo también: el comunicado pide un diálogo sobre las «consecuencias del conflicto», se entiende que sobre los presos. ¿Establecería un Gobierno del PP ese diálogo con la organización terrorista?

-En ningún caso el Gobierno, si yo lo presido, va a tener ningún diálogo con una organización terrorista sobre nada, aunque haya abandonado definitivamente la violencia. Con ETA no hay nada que hablar. Para que quede más claro; no hay nada que dialogar sobre ninguna «consecuencia» de un «conflicto» que no ha existido. En el País Vasco no ha existido ningún conflicto político; lo que ha habido es una banda criminal que ha querido imponer por la fuerza sus tesis y que ha sido vencida por la sociedad española.

-Queda clara su posición. Pero lo que no está tan claro es si eso significa que en este proceso los terroristas no serán aproximados a cárceles vascas, como hizo el Gobierno del PP en la tregua de 1998, o que cumplirán íntegras sus penas una vez abandonada la violencia..

-En este proceso, como usted lo llama, yo creo que lo único que hay que hacer es utilizar los instrumentos de los que nos hemos dotado, que son nuestras leyes. Y por encima y detrás de las leyes no hay nada. Ni acuerdos políticos ni absolutamente nada. Es decir, yo creo que lo que hay que hacer con los terroristas es aplicarles la ley y punto.

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Merkel exige a España e Italia que reduzcan más la deuda

La cancillera alemana reclama sanciones contra los países que no controlen sus finanzas

Sábado, 22 de octubre del 2011 - 18:58h.

EFE / Berlín

La cancillera alemana, Angela Merkel, ha exigido a España eItalia mayores esfuerzos y nuevas reformas para reducir la deuda, un día antes de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE), que se celebra este domingo en Bruselas.

"España ha hecho mucho, pero tendrá que hacer probablemente más para lograr recuperar la confianza de los mercados", dijo Merkel durante un acto de las juventudes de la Unión Cristianodemócrata (CDU) que preside en Brauschweig, en el norte de Alemania. La canciller advirtió también contra una fallida quita o reestructuración parcial de la deuda griega, ya que la medida debe evitar tanto contagios como efectos de imitación y subrayó la necesidad de proteger y defender en esta crisis a otros países, además de Grecia, y reconoció que "naturalmente flota en el ambiente la pregunta de a quién más habrá que prestar dinero en Europa".

La canciller defendió el principio de subsidiariedad que rige en las administraciones locales alemanas para hacer frente a un creciente endeudamiento.
"Si un ayuntamiento no tiene dinero es obligado a consolidar. Esta posibilidad debe darse también en Europa", declaró Merkel, quien indicó que eso no significa que Bruselas deba encargarse de elaborar los distintos presupuestos nacionales sino que solo aquel país que no sea capaz de controlar su endeudamiento debería contar con una pérdida temporal de sus competencias.

Sanciones a los manirrotos

Merkel reclamó, además, sanciones más severas y la denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE de aquellos socios comunitarios que no controlen sus finanzas y sufran un endeudamiento excesivo. "Bruselas carece hasta ahora de competencias en ese sentido", reconoció, sin embargo, la canciller. Precisó que, si un país viola durante años el pacto de estabilidad y crecimiento, debe poder ser demandado ante el Tribunal de Justicia de la UE, con independencia de la autonomía presupuestaria de los distintos socios.

"Necesitamos más Europa y más capacidad de acción en ese campo", ya que de lo contrario no se llegará a una competitividad equilibrada de los países de la UE, afirmó Merkel.

No vivir del crédito

Pocas horas antes, Merkel hizo un llamamiento a los socios comunitarios a dejar de "vivir del crédito", ante la crisis presupuestaria y de la deuda que afecta a varios países de la zona euro. "Hay que dejar de vivir por encima de las posibilidades de uno", afirmó la canciller en Wiesbaden, en el centro del país, durante un acto de las mujeres de la CDU.

Tras subrayar que esta máxima no es solo aplicable a Alemania, sino a todas las democracias del mundo, aseguró que este país ha conseguido hasta ahora sortear la crisis "bastante bien". Pese a todo se mostró preocupada por el nuevo endeudamiento del Estado para hacer frente a sus presupuestos y resaltó que lo importante ahora es alcanzar crecimiento económico dentro del marco del llamado "freno a la deuda", la normativa constitucional que prohíbe asumir nuevos créditos por encima de un límite estipulado.

Recopilacion de noticias 20/10/2011

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Moody's rebaja la nota de Catalunya y de otras nueve comunidades

La agencia valora la austeridad de la Generalitat y sitúa la deuda de Castilla-La Mancha a la altura del bono basura

También reduce la calificación del Santander, el BBVA, La Caixa y CaixaBank y de la patronal de las cajas, la CECA

Jueves, 20 de octubre del 2011 - 11:58h.

AGENCIAS / Madrid

Dos días después de rebajar la calificación de la deuda española, la agencia de calificación Moody's ha rebajado la calificación de la deuda a largo plazo de Catalunya y de otras nueve autonomías, así como la de la patronal de las cajas de ahorros, laCECA, y de cuatro grandes entidades financieras; Banco Santander, BBVA, La Caixa y CaixaBank. En el caso de las comunidades autónomas, Moody's justifica la rebaja por las presiones económicas pero destaca positivamente los esfuerzos de la Generalitat por reducir costes y estabilizar sus finanzas.

Así, Catalunya baja un escalón y pasa de la nota Baa1 a la Baa2 con perspectiva negativa. Moody's ha valorado las "significativaspresiones de liquidez" que sufre Catalunya a raíz de "un entorno de mercado cada vez más difícil y con un acceso limitado a fuentes de financiación a largo plazo". La agencia menciona expresamente que, a diferencia de otras autonomías, la Generalitat "ha tomado medidas para controlar los gastos y está viendo cómo su trayectoria fiscal se estabiliza progresivamente".

En el otro extremo se sitúa Castilla-La Mancha, cuya calificación baja cinco escalones, de A3 a Ba2 y queda situada al nivel de bono basura. En este caso, la agencia ha considerado la debilidad de esta autonomía para financiarse y ha denunciado que la "mala contabilidad" y "los controles inadecuados" han acrecentado las "deficiencias" existentes dentro del funcionamiento de la Administración. La situación de esta comunidad hará que, para cumplir sus compromisos con los inversores, tenga que endeudarse más aún o solicitar apoyo financiero del Estado, según la agencia.

Voto de confianza a Cospedal

Moody's admite que el nuevo Gobierno de María Dolores de Cospedal ha emprendido unas "ambiciosas" medidas de ahorro, pero que será en la próxima revisión cuando analice su "viabilidad".

También han visto bajar su nota Euskadi, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Andalucía, Castilla y León, Murcia y Comunidad Valenciana, en todos los casos con perspectiva negativa y por "presiones crecientes" en materia de liquidez y "persistentes" desequilibrios en sus presupuestos. La Comunidad Valenciana ha pasado de A2 a Baa2; Murcia cae de A2 a Baa1; Andalucía y Castilla y León de Aa3 a A2; Extremadura, Galicia y Comunidad de Madrid de Aa2 a A1; y el País Vasco de Aa3 a Aa1.

La agencia Moody's siguió el martes los pasos de Fitch y Standard & Poor's y modificó la nota de la deuda española de Aa2 a A1, lo que supuso una rebaja de dos escalones que ahora ha vinculado también con las revisiones a la baja de las autonomías señaladas en el nuevo aviso.

Bancos y cajas

Al mismo tiempo, Moody's ha rebajado la calificación de algunas de los principales entidades financieras españolas, entre ellas el Banco Santander y el BBVA, en un movimiento que vincula directamente con la revisión del rating de la deuda soberana de España. En concreto, las entidades afectadas por este nueve aviso son el Banco Santander, el BBVA, La Caixa y CaixaBank, a las que se suma la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA). 
En todos los casos, la calificación baja un escalón y se sitúa en perspectiva negativa.

Una justicia agil evita muchas incertidumbres

Pleitos por valor del 20% del PIB catalán, atascados en los juzgados

La 'consellera' de Justícia y las patronales exigen reformas en el sistema judicial para agilizarlo

Más de 40.000 millones de euros pendientes de resolución judicial se acumulan en los tribunales

Sábado, 22 de octubre del 2011

J. G. ALBALAT
BARCELONA

los juzgados catalanes acumulan pleitos pendientes de resolución judicial por valor de más de 40.000 millones de euros, una cifra que supone el 20% del producto interior bruto (PIB) de la autonomía o el presupuesto anual de la Generalitat, incluyendo las empresas públicas, según un estudio elaborado por la Conselleria de Justícia. Esta suma es la que está en disputa en los 870.000 litigios que en la actualidad se están tramitando o que están a la espera de la ejecución de sentencia. La consellera de Justícia, Pilar Fernández Bozal, alertó ayer del grave impacto que supone para la economía catalana esta situación y anunció que se están diseñando las bases de una nueva estructura judicial para agilizar los procesos. Los empresarios volvieron a exigir ayer al conocer estas cifras que se tomen medidas para desatascar los juzgados.

«El sistema actual es diabólico». Con esta expresión tan contundente se refirió Fernández Bozal a la situación de la administración de justicia en Catalunya en una conferencia celebrada en el Fòrum Europa Tribuna Catalunya. En la actualidad, según datos del Consejo General del Poder Judicial, hay 870.000 procedimientos en trámite o pendientes de ejecución definitiva (mitad y mitad) en la comunidad autónoma.

Del análisis de las cantidades exigidas en los miles de litigios interpuestos se desprende que actualmente se encuentran en trámite en los juzgados asuntos que suponen, al menos, reclamaciones pendientes del orden de 40.000 millones de euros.Y eso sin tener en cuenta otros procedimientos de cuantía indeterminada, como los que fijan indemnizaciones de accidentes en el momento de dictar sentencia u otros asuntos civiles o contenciosos.

REDUCCIÓN DE LOS PLAZOS / «El equivalente a una quinta parte del PIB catalán está a la espera de saber si ha de cambiar o no de manos; y los correspondientes demandantes o demandados, a la espera de saber si, como consecuencia de una sentencia judicial, obtendrán o no, continuarán o no contando con cierto dinero», aseguró de forma explícita Fernández Bozal. El arreglo pasa por la reducción de los plazos de tramitación y de resolución de asuntos. De los primeros resultados del estudio de Justícia se desprende que el efecto económico de reducir a la mitad el periodo de tramitación de los procedimientos concursales (antiguas suspensiones de pagos o quiebras), que como promedio suelen prolongarse tres años, la economía catalana podría recuperar entre 110 y 135 millones de euros anuales, de forma directa o indirecta.

Salvador Gallego, director de Estudios de Foment de Treball, y Antoni Cañete, secretario general de Pimec, coincidieron ayer con la consellera en la necesidad de modernizar el sistema judicial para agilizar los procedimientos. En consonancia con un documento presentado esta semana por las patronales CEOE y CEPYME, Gallego aseguró ayer a EL PERIÓDICO que debe promulgarse una legislación «con más claridad, calidad y estabilidad», así como promover medios alternativos a los judiciales para solucionar los conflictos, como el arbitraje o mediación. «Hay una excesiva judicialización», sostuvo. «La fijación de tasas en algunos procesos puede hacer reflexionar a las personas si vale o no la pena pleitear, porque los procesos judiciales tienen un coste», agregó.

MÁS CELERIDAD / La administración de Justicia, en su opinión, debe funcionar como la Agencia Tributaria. Con agilidad y con medios para actuar y cumplir su función (en un caso ejercer justicia y en otro recaudar impuestos). «No se entiende la justicia sin la debida celeridad. Pero, para mejorar, los juzgados tienen que estar dotados de las herramientas informáticas necesarias», insistió el representante de Foment.

Cañete apostó por ganar eficacia «en una situación dramática económicamente» como la actual y puso de relieve un dato: «Tres de cada cuatro empresas que cierran lo hacen por impago». Y recurrir a la justicia es lento y caro y, en algunos casos, ineficaz. Menos del 10% de los concursos de acreedores consiguen salvar la empresa. Además, estos procesos están aumentando en comparación con otras anualidades. «En los primeros 10 meses del año la cifra de estos procesos ha superado el total que hubo en el 2010 en Catalunya», destacó el directivo. «La agilización de los procesos concursales generaría un efecto inmediato», insistió.

El copago sanitario castigaría a los pobres y a los enfermos crónicos

Profesores del IESE proponen eximir de tasas médicas a la población vulnerable

Sábado, 22 de octubre del 2011

ÀNGELS GALLARDO
BARCELONA

una hipotética aplicación en Catalunya, y en el resto de España, de una tasa que obligase a pagar de forma indiscriminada 10 o 15 euros por acudir al servicio de urgencias de un hospital, al médico de familia del CAP o al canjear una receta de fármacos conseguiría reducir el uso de los servicios sanitarios y, de forma general, no alteraría la salud de la población, excepto para los sectores más empobrecidos de la sociedad y los enfermos crónicos que necesitan actualizar su constante medicación. Esta es una de las conclusiones del estudio desarrollado por tres profesores de la escuela de negocios IESE, de Barcelona, que proponen estructurar, si llega el caso, tasas que se adapten al nivel de renta y situación personal de los usuarios.

Los sectores vulnerables de la sociedad deberían quedar exentos del copago, o abonar tasas inferiores a las del resto, concluye la investigación de los profesores Núria Mas, Laia Cirera y Guillem Viñolas. El estudio confirma que el copago no tiene sentido si su objetivo es financiar el sistema sanitario -«para eso, hay que subir los impuestos», afirma Mas- pero puede resultar eficaz, dice, si busca disuadir a aquellos ciudadanos que, «al ser todo siempre gratuito», utilizan los servicios de forma abusiva.

LA MAYORÍA / El trabajo analiza los copagos sanitarios que se aplican en Europa (los tienen todos los países excepto Grecia, Gran Bretaña y España) y advierte del riesgo de que al disuadir de la visita médica, los ciudadanos prescindan en primer lugar de los controles preventivos del cáncer -las mamografías-, las revisiones de los niños, la hipertensión o el colesterol, programas que tratan de evitar dolencias graves que no están causando dolor cuando se aplican. En consecuencia, sugieren no incluir en un eventual copago los programas de prevención.

«El copago solo puede aplicarse en las situaciones en que el ciudadano toma la decisión de ir al médico: en los centros de asistencia primaria, en los servicios de urgencia y en el consumo de fármacos -explica Mas-. Pero el usuario no es un experto en salud y si tiene problemas económicos puede tomar decisiones erróneas y perjudiciales». Consideran inapropiado fijar tasas sobre la comida de los hospitalizados.

En caso de decidir un copago, proponen optar en primer lugar por aplicarlo en las urgencias de los hospitales, unos servicios objeto de frecuente mal uso. Desaconsejan aplicar tasas solo en la visita a los CAP, ya que haciéndolo aumentaría la demanda en los hospitales. Estas medidas, alertan los investigadores, deberían ir acompañadas de un profundo cambio en la organización del sistema sanitario. Los estados con tradición en el cobro de copagos sanitarios, explicaron, disponen de sistemas de salud eficaces. En Suecia se paga entre 15 y 25 euros por visitar al médico de familia. Francia aplica una tasa variable.