Alemania se parará en seco y se acercará a la recesión

Los principales institutos de estudios económicos de Alemania esperan que su país sufra un fuerte frenazo en los próximos meses, acercándose peligrosamente a una recesión que sí llegarán a sufrir España y la zona euro. La crisis de deuda soberana, que amenaza con degenerar en una crisis bancaria, tendrá efectos adversos en la economía.

Estas previsiones están en línea con las anunciadas hace unos días por JP Morgan yGoldman Sachs, que rebajaron con mucha fuerza sus pronósticos para las economías de la Eurozona, Alemania y España.

Europa afecta a Alemania

A causa del fuerte endeudamiento de los países periféricos y los problemas de capitalización de la banca,estiman que el Producto Interior Bruto (PIB) alemán crecerá un 2,9% este año y apenas un 0,8% en 2012.

Según el informe de perspectivas de los institutos germanos, considerado un muy importante referente económico, las perspectivas para la economía mundial se "deterioraron notablemente" durante este pasado verano.

"En Europa, en particular, la crisis de deuda soberana amenaza con degenerar en una crisis bancaria. Esto está teniendo efectos cada vez más adverso en la economía alemana. La incertidumbre es mucho mayor y está afectando negativamente en la demanda interna y el comercio exterior ya no contribuir a la expansión debido a la difícil situación de los principales socios comerciales", apuntan.

Los institutos esperan que el aumento de la incertidumbre y el deterioro de la situación mundial conducirá a un estancamiento de la actividad en Alemania, pero, a "diferencia del resto de la zona del euro, posiblemente no experimentará una recesión".

Previsiones para España

Los institutos esperan que España crecerá un 0,7% este año y apenas un 0,1% en 2012. Pronostican que la economía española "se contraerá temporalmente" en los próximos meses, debido "al aumento de la inseguridad" y al "lastre de la consolidación fiscal" derivados de la crisis de la deuda, y que el desempleo se mantendrá en los niveles actuales.

Además, los institutos, que destacan que en la actualidad el PIB español se sitúa aún 3,8 puntos por debajo de lo que crecía antes de la crisis, consideran que el consumo privado permanecerá bajo mínimos por el alto desempleo y el fuerte endeudamiento de las familias.

El paro en España continuará muy elevado, según este pronóstico, que sitúa la tasa de desempleo este año en el 21 % y en el 21,5 % en el próximo ejercicio.

Por su parte, consideran que la inflación española cerrará este año en el 2,9 %, lejos del 2 % que persigue el Banco Central Europeo (BCE), debido al fuerte aumento de los precios de la energía, la presión fiscal y los costes administrativos.

No obstante, el fuerte desempleo y el enfriamiento de la demanda interna presionarán la inflación a la baja el próximo ejercicio, según los institutos, que la sitúan para el conjunto de 2012 en el 1 por ciento.

Estos institutos calculan que el déficit público alcanzará este año el 6 % del PIB y en 2012 bajará al 5,6%.

¿Se ha de cobrar según el esfuerzo y el talento o no? Esteban Ceca Magán, Doctor en Derecho, y Salvador Bangueses Exresponsable de política institucional de CC OO, tienen las ideas muy claras.

Esteban Ceca Magán
Doctor en Derecho

Ambas palabras están de moda. La crisis las ha convertido en realidad cotidiana. Cómo desvincular sueldos e IPC. La polémica está servida: ¿deben fijarse las retribuciones de un trabajador según la productividad y beneficio de su empresa, o atendiendo al coste de la vida? Es la alternativa que debaten los negociadores de la reforma laboral. Gobierno y patronal, intentando fijar sueldos acordes con la productividad y los beneficios empresariales. Los sindicatos, aferrados a la no pérdida de poder adquisitivo, referenciando el salario al IPC. Dos formas antitéticas de examinar una cuestión, condicionada por la crisis que en España ha destruido cinco millones de empleos, cuyos emolumentos se vinculaban al IPC, no a la productividad. Es cierto que la inflación, en hipótesis y con altos índices, puede originar pérdidas de valor adquisitivo; pero nunca ha sucedido aquí: porque los convenios siempre han sujetado los salarios a la inflación: a la prevista, a la real o incluso por encima de ella, con varios puntos de garantía sobreañadida. En cambio, fijar salarios según productividad y beneficios no es que haya sido excepcional, sino inexistente; pues las «cláusulas de descuelgue» de los convenios de sector, relativamente recientes, siempre se han redactado con rigideces, añadidamente interpretadas por los jueces laborales con criterios restrictivos.

Ha habido una cultura de decenios, vinculando salarios al IPC y despreciando productividad y beneficio empresarial. Pues si este último se ha considerado, ha sido para solicitar mayores incrementos retributivos, en una espiral inflacionista. Desandar lo andado no es fácil. Cambiar una mentalidad de años, tampoco. Pero nuestras empresas no pueden soportar la fijación de salarios según la inflación. Valga como ejemplo que hoy, en España, con completa atonía del consumo o en situación negativa en muchos sectores, la inflación interanual ronda el 3,5%. ¿Quiere ello decir que los salarios se incrementen en ese porcentaje? Sería un desatino. Desde el plano de la productividad, la media de un trabajador español está a años luz de la de un alemán, noruego o polaco. Lo que redunda en una pobreza de nuestras exportaciones; que empeorarán, si a esa realidad se añadiera una hiperinflación retributiva. Hay que eliminar esa idea; conservar los puestos de trabajo; crear empleo neto y no jugar con piruetas que generen más paro, cierre de empresas y destrucción de tejido industrial. Los convenios de sector tienen gran culpa de lo sucedido, al fijar los sueldos desatendiendo las singularidades de cada empresa. Tremendo error; pues estos pactos, si no deben desaparecer, sí, al menos, deslegalizarse, cediendo prioridad a los de empresa. Así, cada empleador, con sus trabajadores, fijará esas retribuciones, atendiendo a su productividad y a la existencia o no de beneficios. Lo demás son falacias sindicales arraigadas; pero sofismas que pueden dar la puntilla a nuestra economía.

Salvador Bangueses 
Exresponsable de política institucional de CC OO

El problema nace de que esta relación entre el valor de lo producido y la cantidad/tiempo de trabajo empleado para hacerlo ni es una medida perfecta (de ahí lo de la productividad aparente) ni perfectamente objetivable a la hora de concretarla cuando se desciende de los niveles macro. De ahí que frente a lo que, con poca o ninguna base se afirma, no constituya un indicador tan generalizado y único para dirimir los intereses que concurren en la negociación colectiva en parte alguna. Lo cual no significa que no se tenga que tener en cuenta (no hacerlo generaría malas consecuencias), ni que el indicador más común, como es el de la inflación o su manejo, sea siempre el más correcto.

Quizás si todos discutiéramos con menos afán de derribo y, por tanto, con más sentido práctico, podríamos concluir que:

a) La negociación colectiva es una práctica que compensa el menor poder contractual de los más frente a los menos, y la evolución que ha seguido a lo largo de la etapa democrática en nuestro país aportó más satisfacción y soluciones que problemas, como demuestra la creciente paz social que hemos tenido.

b) Las organizaciones empresariales y sindicales españolas fueron las que, con su creciente y mutuo aprendizaje, la hicieron posible, utilizando los indicadores que nuestros servicios estadísticos proporcionan, y teniendo, por tanto, en cuenta el contexto económico en el que operaban.

c) Lo acaecido en la crisis puso de manifiesto un déficit de agilidad a la hora de encararla, también desde el ámbito salarial. Influyó en ello el mensaje negacionista difundido por parte de potentes emisores; la falta de análisis y asunción (aun hoy) por parte de los responsables de las causas y consecuencias que motivaron y se derivaron del boom y el desplome inmobiliario; de la reordenación económica mundial, con su consiguiente efecto en el mercado exterior e interior, y que hace más urgente aún la mejoría de nuestra capacidad competitiva

Para esto último, la necesidad de ser más productivos colectiva e individualmente es una tarea todavía más ineludible que antes, y convencido como estoy de que solo lo lograremos juntos, abogo por que confrontemos los diferentes enfoques de forma más matizada, viendo cómo ganamos bienestar y riqueza para todos. No vaya a ser que la simplificación sea la cortina que nos impide ver que los que prestaron avariciosamente, los que se lo permitieron y no formularon alertas, y los que se endeudaron con una avaricia equiparable a la de quienes tan irresponsablemente les prestaban, sean los que por no «poder perder», nos hagan a todos no solo más pobres, sino más tontos.

Abogo, pues, porque, con el respeto debido a las partes que negocian, para que lleguen al acuerdo más útil no desprecien nunca el contexto en el que operan, y para ello los indicadores de productividad y de inflación debidamente manejados nos ayudarán a corregir mejor las imperfecciones ineludibles en la formación de precios y salarios y, en consecuencia, a mejorar la producción y distribución como motores de la economía. La imposición doctrinaria y sin matices de ciertos criterios solo puede conducirnos a aquello de: «fácil de decir, difícil de hacer».

La lucha por la justicia me construye

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Lo que el cliente nos dice sin palabras

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La nueva pruebas de resistencia .El nuevo requerimiento de capital deberá ser calculado considerando que la deuda griega mantenida en cartera sufrirá una quita del 60%, la portuguesa del 40% y la italiana y española del 20%.

Jesús Sánchez-Quiñones  18/10/2011 06:00h

La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha llevado a cabo dos ediciones de ‘pruebas de resistencia’ a la banca europea, la última el pasado mes de julio.  El resultado ha sido una enorme pérdida de credibilidad de la EBA y de las autoridades europeas y una incredulidad de los resultados.
Las pruebas no han analizado por igual a los sistemas financieros de los distintos países. Así, frente a un examen que abarcaba más del 95% del sistema financiero español, las entidades alemanas sometidas a examen apenas representaban el 50% de su sistema bancario. Incluso una entidad, Helaba Landesbank, se retiró de las últimas pruebas de resistencia el día anterior a la publicación de los resultados para evitar aparecer entre las entidades suspendidas.
La escasa fiabilidad de los resultados quedó puesta de manifiesto cuandoDexia, que obtuvo una calificación que le situaba entre las entidades más solventes, tuvo que ser rescata apenas dos meses después del examen.
Otro de los motivos de la falta de credibilidad de los resultados del último examen a la banca europea ha sido ignorar en las hipótesis planteadas un eventual riesgo de la deuda pública de determinados países, principalmente Grecia, cuando el mercado ya estaba descontando quitas cercanas al 50% a la deuda helena.
Pues bien, dado que la EBA ha fallado dos veces, parece decidida a equivocarse una tercera vez. Aunque todavía quedan criterios por concretar, se plantea que los bancos aumenten su base de capital hasta un porcentaje todavía por determinar (entre el 7% y el 9%) sensiblemente por encima del 5% exigido en los últimos test de estrés. El nuevo requerimiento de capitaldeberá ser calculado considerando que la deuda griega mantenida en cartera sufrirá una quita del 60%, la portuguesa del 40% y la italiana y española del 20%. Sobre el resto de activos no se aplica ninguna quita.
Se pretende que las entidades que necesiten capital adicional acudan a los mercados financieros. Si esto no es posible deberán acudir a su Estado correspondiente, y en último extremo al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (EFSF).
Esta forma de calcular el capital adicional necesario para la banca puede generar efectos indeseados:
- Tal y como ha aparecido en medios de comunicación durante este fin de semana, parece que la quita del 20% a la deuda española es una realidad, y no ejercicio teórico de cálculo de necesidades de capital en un escenario tremendamente adverso. El efecto desconfianza creado es brutal y perverso.
- Mientras todo este proceso se aplica, los países tienen que seguir emitiendo bonos y financiándose en el mercado. Las entidades financieras europeas, que son los principales compradores de bonos estatales, se lo pensarán dos veces antes de ampliar su cartera de bonos públicos que les va a exigir un 20% de capital exigido. Si invierten será exigiendo mayores intereses.
- El sistema seguido es tan absurdo que una entidad que en lugar de tener deuda pública sólo tuviera préstamos directos a ayuntamientos y comunidades autónomas no se le aplicaría ninguna quita, por lo que no tendría necesidad de ampliar capital, mientras otra que hubiera invertido en bonos del Estado sí tendría que aumentar sus recursos propios.
- Tras el fuerte castigo recibido por las cotizaciones bancarias las entidades preferirán reducir su activo para cumplir con los ratios de capital que emitir nuevas acciones a los precios actuales. Como consecuencia asistiríamos a una contracción todavía mayor del crédito.
- El análisis parece que no se va a aplicar a la totalidad de cada unos de los sistemas bancarios europeos. Por tanto, España sería tremendamente ingenua en términos de imagen de país si aplica las medidas a un mayor número de entidades del estrictamente necesario.
- Si se supone que el problema de la banca es la deuda soberana, y al final los estados se van a ver obligados a emitir más deuda soberana para recapitalizar los bancos, se produce un bucle perverso. Los estados empeorarán su situación financiera al emitir más deuda para capitalizar a la banca; los mercados exigirán más tipo de interés a su deuda; y la calidad de la deuda pública mantenida en cartera por los bancos será peor.
En el caso de la banca española el problema no es la deuda soberana sino la valoración en los balances de los créditos a promotores y construcción con finalidad inmobiliaria, donde la tasa de morosidad de los seis principales bancos se situaba de media en el 19% al final del primer trimestre. El importe total de los activos considerados problemáticos, entendiendo por tales activos inmobiliarios adjudicados o comprados, los saldos deudores y los créditos que pese a estar al corriente de pago se considera que tienen un elevado riesgo de convertirse en dudosos, ascienden a 100.000 millones de euros considerando los seis principales bancos nacionales (sin incluir cajas convertidas en bancos). La cobertura media de dichos activos se sitúa en el 45%. Si se les exigiera una cobertura hasta el 60% necesitarían en conjunto 15.000 millones € adicionales de capital.
Pese a considerar un error la forma en que se ha planteado la recapitalización de la banca europea, el hecho de que exista una entidad como el EFSF que aportaría los recursos en última instancia, puede ser una oportunidad única para limpiar el balance de exposición problemática al inmobiliario de determinadas entidades. De momento sigue la confusión.

La Champions quedó atrás, estamos en la lucha por la permanencia. La teta no da más de sí y es hora de fomentar la actividad, luchar contra el fraude y ajustar servicios a presupuestos realistas.

. McCoy  05/10/2011 06:00h

Corre España un riesgo no suficientemente explicitado. Que llegue un día en que los que se están echando a la espalda este país digan "ahí os quedáis". Y el último que apague la luz. No estamos tan lejos de dicha amenaza. Las cifras son como para poner los pelos de punta. La atención pública se ha centrado en un demoledor dato de paro que, contra sus erróneas previsiones, le ha estallado en la cara al candidato Rubalcaba. Vaya. Fuera de los ecos mediáticos, la realidad laboral subyacente es aún más dramática y exige una reflexión perentoria y radical sobre dónde estamos y dónde podemos estar, qué cesta podemos hacer con estos debilitados mimbres una vez superada la ilusión de riqueza de la que tan bruscamente andamos despertando. La teta no da más de sí y es hora de fomentar la actividad, luchar contra el fraude y ajustar servicios a presupuestos realistas. Será duro pero es que la alternativa, liquidación por cierre del local, es aún peor. No les quepa la menor duda.

Vean si no la cuenta de la vieja que un servidor ha echado a través de la profusión de cifras del Instituto Nacional de Estadística. En España hay 47'15 millones de habitantes, 41'42 nacionales y el resto extranjeros, una distinción irrelevante a los efectos que nos ocupan toda vez que hay prestaciones universales y gratuitas, hasta ahora, que no distinguen entre procedencias. Pues bien, de ellos, 38'5 millones son mayores de 16 años. Eso significa que, para empezar, hay 8 millones y medio largos de ciudadanos que, justificadamente y por razón de una edad inferior a ese rango, no contribuyen al sistema y, sin embargo, son receptores naturales de servicios como la educación y la sanidad que hay que sufragar entre todos. Poco que censurar ya que es inversión en el presente y futuro del propio país, por más que desde estas líneas hayamos defendido la adecuación de los beneficios de tales derechos a las responsabilidades olvidadas e inherentes a su ejercicio. El porcentaje de paro entre los analfabetos es superior al 50%.

De esos 38'5 millones, la población activa asciende a 23'1. Llevamos solo un par de pasitos y podemos ya constatar que solo uno de cada dos habitantes de ese particular planeta llamado España tiene un empleo o se encuentra en su búsqueda. Una sencilla resta sirve para comprobar que los inactivos ascienden, por tanto, a 15'4 millones de personas. Bien. Estos se pueden dividir a su vez en dos categorías: los que reciben prestación y los que no. Dentro de los primeros destacan los jubilados y prejubilados (5'5 millones), las personas con incapacidad permanente (1'15) y los perceptores de otro tipo de prestación (1'72). Otros 8,5 millones, grosso modo, a los que hay que añadir 2'45 millones de estudiantes y 4'1 que desempeñan tareas del hogar. Algunos han contribuido en el pasado, otros no; los más lo hacen de modo indirecto en la actualidad. Pero en cualquier caso todos hacen uso de los mecanismos arbitrados por el estado del bienestar. Los excluidos por edad o actividad suman ya 24 millones en total.

Vayamos ahora esos 23'1 millones teóricamente activos, los restantes. Se dividen entre ocupados y parados. Pues bien, los primeros, es decir aquellos que tienen la fortuna de ir cada día a fichar, son 18'3 que, divididos entre el total del censo de 47 millones, apenas suponen el 40% del total. Más, de esa cantidad 3'2 millones entran dentro de la categoría de “asalariados del sector público”, esto es: son funcionarios o personal laboral que trabajan para la administración central, regional o local (pagan impuestos y cobran de las arcas públicas, efecto boomerang). De este modo el empleo privado, resultado de la iniciativa de empresarios particulares o autónomos, queda en 15'1 millones. Su representatividad sobre el total de la población se reduce al 32%. Sumen a eso gente que desempeña sus tareas en sociedades que contratan fundamentalmente con entes públicos y el porcentaje se contraería aún más. La ratio es de 3 a 7 entre paganinisestrictamente privados y receptores directos o indirectos -vía servicios- de sueldos, facturas y contribuciones de la Seguridad Social o el Presupuesto del Estado. Añadan los pagos derivados del desempleo -esos 2'75 millones de parados que todavía reciben algún tipo de prestación por este concepto- y verán que el estrechamiento por la base de quienes tienen que financiar tal cúmulo de desembolsos hace imposible su sostenimiento en el tiempo.

Ese es el problema al que me refería al inicio de este post. O se rompe esta inercia a través de políticas activas de creación de empleo y estímulo a la iniciativa privada, incluidas rebajas impositivas y de cotizaciones sociales, o esto se va al garete más antes que después. La alta correlación entre nivel de paro, personal público y percepción de prestaciones en algunas comunidades autónomas, caso de Andalucía o Extremadura, aparte de suponer caldo de cultivo ideal para actuaciones irregulares, advierte de un efecto expulsión de la iniciativa empresarial de su economía que seguro acarreará consecuencias graves a medio plazo. Hay que revertir el proceso.No son más tributos sino lucha contra el fraude, denunciado primero por aquellos que asisten indiferentes al expolio fiscal del fruto de su nómina a través de millones de trapacerías diariamente por ellos consentidas, que suponen menor ingreso y más desembolso colectivo para el Estado. ¿Cuándo tomarán conciencia de que su pasividad es su condena? No es menor gasto, sino mejor, ajustado a una realidad que es la que es, no la que algunos se empeñan en creer en sus mejores sueños. La Champions quedó atrás, estamos en la lucha por la permanencia. A ver si nos vamos enterando.

Lo que está por venir: el pago directo por prestaciones públicas al no dar la vaca más de sí.

S. McCoy  18/10/2011 06:00h

Coincide en el tiempo una comida con mi amigo Antonio Rubio -filósofo de vocación al que el destino ha “condenado” gustosamente a la dirección financiera de una compañía cotizada española y cuyo pensamiento plasma esporádicamente en su blog, Piensa en Libertad-, con una charla con un consejero de comunidad autónoma con el que pude departir largo y tendido sobre la sostenibilidad del estado del bienestar en España. Lo curioso es que uno, conscientemente y desde la reflexión, y el otro, de manera intuitiva y a través de la acción política a la que la crisis le obliga ahora, llegan a los postulados ultraliberales de Ayn Rand, Dios pille confesada a la socialdemocracia. Un hecho sorprendente en el caso del político, ya que la autora –cuyo racionalismo acérrimo me aleja de sus postulados- no repara en censurar la acción pública a lo largo de su obra. Cosas veredes, amigoMcCoy.

De un modo u otro ambos concluyen de que hay dos tipos de derechos: los positivos y los negativos, forma avanzada de distinguir entre normas de origen humano o divino. Desde su compartido punto de vista, el Estado se debería limitar a salvaguardar los segundos: que no te roben, que no te violen, que no te maten. Apuntalar de este modo unos estándares mínimos de convivencia. Por el contrario tendría que desmontar la falacia sobre los derechos positivos que son universales pero nunca gratuitos, ya que alguien paga por ellos. De forma directa la administración y de modo indirecto el contribuyente. Deberían rebautizarse como derechos de imposición, que se financian con impuestos. La adopción de esta nueva nomenclatura allanaría el camino a lo que está por venir: el pago directo por prestaciones públicas al no dar la vaca más de sí.

Es revelador conocer la inelasticidad de las cuentas regionales a modificaciones en el gasto. Para una comunidad estándar, entre sanidad, educación y transporte se le va cerca del 80% del presupuesto. En un momento en el que la recaudación brilla por su ausencia, la capacidad de corregir el desequilibrio por la vía del gasto se limita a ese 20% discrecional, no estructural. Problema adicional es que el contenido en tan sensibles materias se define en sede estatal, que identifica prestaciones, mientras que la ejecución es local. “Hemos sido gilipollas”, comenta el consejero, “porquesabiendo esto nos hemos empeñado en acercar el servicio al ciudadano hasta límites innecesarios. No solo eso, le hemos otorgado una calidad tal que lo hemos equiparado a la opción privada. Se ha multiplicado el uso, y por ende el coste, en un momento en el que dinerariamente no damos más de sí. O la calidad se paga o no hay salida más que tomar medidas como las que están aplicando en Catalunya”.

¿Qué es lo que nos deparará el futuro inmediato? Ambos llegan al mismo corolario. Al final, la gratuidad será beneficiencia, es decir: protección de un derecho negativo que es el rol que debería corresponder a la Administración. Todo lo que sea susceptible de ser abonado por el usuario, dentro de unos límites razonables, tendrá que ser cobrado. En su defensa, un doble argumento: es económicamente disuasorio, busca evitar el abuso que se puede estar produciendo (la media de atenciones médicas anuales por ciudadano en la comunidad del consejero se sitúa en 14, más de una por mes, sin incluir la sanidad privada); invita socialmente a la responsabilidad ya que la identificación del coste asociado a la prestación debería conducir a una utilización más racional de la misma por parte del usuario. No me miren, que yo me limito a constatar la senda por la que el pensamiento intelectual y la acción administrativa se están aventurando, sea por voluntad propia o por necesidad aunque personalmente comparto el argumento. Ahora, que se atrevan. Ahí te quiero ver.