Que las relaciones laborales no pueden campar sin ordenación legal es algo admitido hoy en todos los países civilizados. Pero que hay una clara interrelación entre paro y restricciones legislativas, también. En un estudio de la OCDE de 2008 se apreciaba cómo los países anglosajones -con mayor libertad regulatoria- tenían menos paro que los continentales que, con distinta intensidad, bombardean el empleo con continuas e intensas regulaciones.
En un estudio del prestigioso Doing Business Project, se nos indica que España está en el puesto 38 en «regulación favorable a la actividad empresarial». Por debajo de los demás países europeos, de las economías más importantes del mundo e incluso de países en vías de desarrollo.
Para abrir un negocio estamos ¡en el puesto 147! El dato es muy preocupante, pues significa que nuestra legislación es un lastre importante en la creación de empleo y que para poner en marcha una empresa, para abrir un negocio, hay 146 países en los que es más fácil hacerlo.
He dicho en ocasiones que el Boletín Oficial del Estado no crea empleo, pero sí puede destruirlo por acción u omisión; por no poner en marcha mecanismos adecuados o por colocar obstáculos. Y en nuestra tradición laboral la cultura imperante ha sido más de muletas que de palancas.
El leitmotiv más usado ha sido la subvención, más que la eliminación de obstáculos para generar puestos de trabajo. Y eso ha producido una sangría financiera en las cuentas públicas sin resultados positivos. Lo que un emprendedor quiere es un entorno favorable a la creación de empresas: marco financiero, fiscal, administrativo y laboral adecuados al emprendimiento. Desgraciadamente no es así, de modo global, entre nosotros.
Siempre recuerdo, a efectos de la regulación laboral, el consejo de D’Artagnan a su alumno en el arte de la espada: «No la empuñes fuerte ni tampoco flojamente. Como si fuera un pájaro, al que si le aprietas mucho le ahogas y si aflojas se te escapa». Es lo que ahora llamamos técnicamente, flexiguridad.
Pero en esta ocasión no quería referirme a las normas reguladoras del contrato de trabajo, una vez iniciado, sino a su pórtico, a las facilidades o dificultades para que se formalicen contratos, es decir, se cree empleo. Ya puedo adelantar que en esa materia estamos mal. Tenemos muchas trabas administrativas, mucha y pesada regulación. Quizá haya sido Max Weber quien mejor ha estudiado la burocracia y afirma con razón que «es el medio formal más racional que se conoce para lograr un control efectivo sobre los seres humanos». Y también afirma que lo que persigue es la más completa y absoluta previsibilidad del comportamiento de los ciudadanos. Como afirma Gustavo Trelles, la burocracia tiene indudables ventajas como la racionalidad, la uniformidad de procedimientos, la eficiencia, la disciplina, el orden y la continuidad de la organización. Pero también tiene disfunciones, muy frecuentes, como la conversión de las normas y reglamentos en objetivos y no en medios; el formalismo y el papeleo; la despersonalización de las relaciones y la adherencia exagerada a las rutinas y procedimientos. Por ello, la burocracia, los burócratas, que tienen en general mala prensa, deben ser valorados en su justa medida. La burocracia no es mala, lo malo es la idolatría a la burocracia. ¡Dios te libre de un burócrata entusiasmado del reglamento!
Tres son los factores a tener en cuenta para medir la flexibilidad regulatoria en la apertura de un negocio: trámites, tiempo y coste. Pues bien, en un muy meritorio estudio de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas (AEVAL) de 2007, y que ha tenido, desgraciadamente, poca efectividad, se comienza señalando ese cáncer que padecemos sobre la eficiencia y que es la fragmentación de mercado, pues los trámites, el tiempo y el coste varían dependiendo de las comunidades autónomas, y dentro de ellas, en función de los ayuntamientos. Según un estudio de la Comisión Europea de 2007, el coste medio para crear una empresa en la UE es de 485 euros, con un plazo de entre 10 y 12 días. En España, ese coste se eleva a los 617 euros y el plazo a los 30-40 días. Un estudio de la OCDE sobre las pymes, también de 2007, analiza estas variables en países como Reino Unido, México, Austria, Australia y Nueva Zelanda. Los datos extremos son los siguientes: tiempo: un cuarto de hora en Austria y 35 días en México; coste: un euro en Austria y 332 en Australia; número de trámites administrativos a cumplimentar: cuatro en Australia y 11 en México. Como se aprecia, hay notables disparidades.
En lo que a España respecta, el estudio de AEVAL nos dice que la media en todas las comunidades autónomas es: trámites: entre 13 y 15; tiempo: entre 150 y 240 días; coste: entre 1.500 y 3.500 euros. En tiempo y coste, por tanto, estamos en el doble que la media de la UE.
Es evidente que hay que ponerse con urgencia a la tarea, pues lo que nos faltaba en la situación dramática que tenemos es que se pusieran pegas a la creación de empleo, con base en el control y la reglamentación. El artículo 105 de la Constitución obliga al Estado a proteger a los ciudadanos mediante la seguridad jurídica y el respeto a las normas, pero el 38 consagra la libertad de empresa. Hay que buscar un encuentro entre ambos.
La VUE (Ventana Única Empresarial) (1999) y la Sociedad Limitada Nueva Empresa (Ley 7/2003) no han tenido la eficacia debida y debemos seguir avanzando. Por ejemplo, en la licencia municipal única por comunidades autónomas, en la telemática, en las licencias provisionales y en el silencio positivo. Hay que sacudirse el miedo. Hay muchos modos de impulsar la actividad empresarial sin instaurar la ley de la selva. El ejemplo de la Comunidad de Madrid, respecto a las licencias, supone una ráfaga de aire fresco.
No hay comentarios:
Publicar un comentario