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lunes, 22 de agosto de 2011

Roubini predice que "indudablemente España va de nuevo hacia la recesión


"España indudablemente va de nuevo hacia la recesión". Así de categórico se ha mostrado el economista que anticipó la crisis financiera, Nouriel Roubini, durante una videoconferencia dedicada a analizar la crisis en la eurozona.
Y no sólo eso, Roubini considera posible que Italia y España sigan la estela de Grecia y dejen de poder afrontar los intereses que los inversores les piden por su deuda. "Las economías de la periferia de la eurozona se están contrayendo o creciendo muy poco y el riesgo de que Italia y/o España pierdan el acceso al mercado es muy alto, ya que la prima de riesgo sigue aumentando. Nuestros análisis dicen que Irlanda y Portugal, en un año, serán insolventes y que será inevitable reestructurar su deuda y sus sistemas bancarios".
Según Roubini, los recursos del BCE y el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FSEF) pueden afrontar la crisis de Grecia, Irlanda y Portugal, pero no la de España e Italia. "Estos dos países son demasiado grandes para quebrar y para ser rescatados".
En cuanto a la decisión del BCE de comprar deuda soberana de Italia y España, Roubini recuerda que las pasadas compras de bonos sólo tuvieron un efecto calmante temporal y que no evitaron los rescates de Grecia, Irlanda o Portugal.
Por eso, considera que es un parche temporal hasta que se ponga en marcha el FSEF. "Llevará meses hasta que [el fondo] sea aprobado por los Gobiernos nacionales. Puede que ya no se pueda usar para respaldar a Italia y España".

Fondos insuficientes

Aunque se apruebe la flexibilización del FSEF para que pueda intervenir en los mercados secundarios de obligaciones y recapitalizar bancos europeos, los fondos pueden ser insuficientes. Parte del dinero ya se ha comprometido para ayudar a otros países, otra parte se utilizará para recapitalizar bancos y, además, Italia y España dejarían de contribuir. "Los restos para Italia y España serán de unos 150.000 o 200.000 millones de euros. Pero si la prima de riesgo sigue subiendo y pierden el acceso al mercado, el dinero no sería suficiente".
Frente a los que piensan que Italia y España no necesitarán ser rescatados gracias a las reformas fiscales y estructurales que están poniendo en marcha, el analista considera que esas medidas no servirán para restaurar el crecimiento a corto plazo, que pueden empeorar la recesión y que, por tanto, sí que hay posibilidades de que necesiten ayuda.
Una última consecuencia sería la ruptura de la unión monetaria. Para lograr restaurar el crecimiento hay que restaurar la competividad y "eso supone devaluar el euro, algo que los países competitivos no permitirán". Por eso, prevé que puede haber abandonos de la unión monetaria. "La salida de Grecia y Portugal es muy probable en los próxi- mos cinco años".

¿Por qué el Gobierno rebaja ahora el IVA en la vivienda nueva?


El pasado viernes, el Gobierno sorprendió al aprobar una rebaja del IVA del 8% al 4% en la compra de vivienda nueva. El objetivo de esta medida, según explicó, es estimular las operaciones para reducir el stock, cifrado en torno a las 700.000 viviendas. Pero hay otras razones. José Luis Ruiz Bartolomé, autor de Adiós, ladrillo, adiós, las analiza hoy en su blog.
Para empezar, este experto inmobiliario apunta que no hay razón electoral ni recaudatoria. En su opinión, sólo para igualar la recaudación previsible, las ventas de viviendas deberían duplicarse durante los próximos cuatro meses. Y si se repasa lo ocurrido cuando se anunció el fin de la desgravación, a finales del año pasado, el Gobierno tan sólo debería esperar incrementos del 15%, piensa Bartolomé.
A su juicio, tampoco es electoral. "Porque el Gobierno da la impresión de legislar a bandazos e inconsistentemente y porque transmite el mensaje de estar ayudando a la banca, hoy día considerada por muchos como el enemigo público nº 1".
Entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Quién es el que más gana con esta iniciativa? Para el autor de Adiós, ladrillo, adiós el más beneficiado es el Gobierno. A lo que se pregunta: ¿cómo será de urgente y apremiante la situación que se ha visto obligado a sacrificar recaudación, coherencia y argumentación electoral? Además, hay más ganadores.

Los grandes beneficiados

La banca y las grandes inmobiliarias, agrupadas bajo el paraguas del G-14 son otras de las grandes beneficiadas.
La banca es una de ellas porque mejora sustancialmente su tesorería. ¿Por qué? "En la medida en que la banca se adjudica miles y miles de viviendas, la disminución del IVA a pagar es un empujón muy positivo a su flujo de caja", apunta José Luis Bartolomé. "A menos IVA a soportar, menos IVA a repercutir por otro tipo de transacciones".
De esta forma, puede destinar más recursos a financiar la venta de viviendas de "promotoras zombies, cuyos pisos son más baratos gracias a la bajada del IVA sin necesidad de reconocer pérdidas". Las entidades financieras están intentando ayudar al promotor apoyando financieramente la venta de una promoción que, en caso contrario, se incorporaría al balance de la entidad financiera generando más problemas de mora y provisiones, apunta José Luis Bartolomé.
En otras palabras, la bajada va en la línea de impulsar la venta de viviendas de estas grandes promotoras que tienen un problema de precio "y no pueden permitirse vender todo lo que deberían con pérdidas, puesto que verían desaparecer sus ya menguados fondos propios". 
En conclusión, "los tres actores implicados (promotoras-banca-Gobierno) se han puesto de acuerdo en evitar que un efecto dominó se lleve todo por delante", sentencia Bartolomé.

Ámbito temporal de las normas tributarias



Ref. CISS 3589/2005

El artículo 10 de la LGT regula el ámbito temporal de aplicación de las normas tributarias, resolviendo tres tipos de cuestiones que pueden plantearse al respecto:
  • a) cuándo entran en vigor, es decir el inicio de la vigencia;
  • b) durante cuánto tiempo se aplican, o lo que viene a ser lo mismo, el cese de la vigencia;
  • c) cómo despliegan sus efectos tanto para el futuro como en su caso para el pasado (la posible retroactividad de las normas tributarias).
Veamos cada uno por separado.

a) Inicio de la vigencia
Según el artículo 10 de la LGT las normas tributarias entrarán en vigor a los veinte días naturales de su completa publicación en el boletín oficial que corresponda, siempre que en ellas no se disponga otra cosa. La LGT sigue en este aspecto la tradicional redacción del artículo 2 del Código Civil (se computan días naturales). Sin embargo es preciso destacar que en el campo tributario es frecuente que se establezca un día determinado para la entrada en vigor de la norma, o bien incluso su inmediata entrada en vigor al día siguiente de la publicación.

b) Cese de la vigencia
Siguiendo el artículo 10 de la LGT las normas tributarias se aplicarán por plazo indefinido, salvo que en ellas se fije especialmente un plazo de aplicación determinado, sin que precisen ser revalidadas por la ley de presupuestos ni por cualquier otra.
El cese de la vigencia de una norma tributaria puede producirse:
  • 1. Por el transcurso del plazo previsto: sucede esto cuando la norma tiene un plazo de aplicación determinado, como por ejemplo la que establece un beneficio fiscal limitado solo a un periodo determinado de tiempo (por motivos coyunturales).
  • 2. Por derogación de la norma: bien porque una nueva norma (de igual o superior rango) establece otra redacción distinta del precepto, o bien cuando directamente lo anula, aunque la norma derogada se estableciera para su aplicación por plazo indefinido.
En este último caso se plantean dos formas o modalidades de derogación de la norma: tácita y expresa. La derogación se produce de forma tácita cuando la nueva norma dictada es incompatible con lo dispuesto en la antigua. Esta forma de derogación puede plantear problemas para la seguridad jurídica, por lo que en el ámbito tributario se exige una derogación expresa de las normas. Así lo recoge el artículo 9.2 de la LGT con antecedente en el artículo 4 de la Ley 1/1998, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, al establecer que las leyes y reglamentos que modifiquen normas tributarias deberán contener una relación completa de las normas derogadas, y la nueva redacción íntegra de las que resulten modificadas (sin que puedan limitarse a modificar solo palabras o frases sueltas carentes de sentido por sí mismas). De esta forma se intenta facilitar la comprensión del derecho tributario por las personas obligadas a aplicarlo, pero se hecha en falta la determinación de las consecuencias prácticas en caso de incumplimiento de estos mandatos, porque suelen ser frecuentes disposiciones derogatorias del tipo«quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo dispuesto en la presente», que aunque puedan considerarse derogaciones expresas, son demasiado genéricas en perjuicio del principio de seguridad jurídica.

c) Retroactividad de las normas tributarias
El artículo 10 de la LGT siguiendo también al artículo 2 del Código Civil, establece que las normas tributarias no tendrán efecto retroactivo, salvo que en ellas se disponga lo contrario. La aplicación en el tiempo de las normas de los distintos tributos debe efectuarse de la siguiente forma:
  • • En los tributos sin periodo impositivo o con devengo instantáneo (por ejemplo el IVA), se aplicarán a los devengados a partir de su entrada en vigor, es decir a los hechos imponibles realizados a partir de entonces.
  • • En los demás tributos de devengo periódico (por ejemplo el IRPF), se aplicarán a aquellos cuyo periodo impositivo se inicie desde ese momento.
La LGT no prohíbe que las normas tributarias puedan aplicarse con carácter retroactivo, cuestión que había sido tratada previamente por el Tribunal Constitucional en varias sentencias ilustrativas de su alcance, límites y condiciones, antes de que la LGT recogiera expresamente los dos criterios anteriores (STC 273/2000, de 15 de noviembre de 2000). Pueden resumirse los fundamentos de estas sentencias en las siguientes conclusiones:
  • • La Constitución no prohíbe la retroactividad de la legislación tributaria, pues no cabe considerarla con carácter general como sancionadora o restrictiva de derechos individuales.
  • • La admisión de la retroactividad no puede suponer su legitimidad constitucional en cualquier caso, pues puede ser cuestionada si colisiona con otros principios consagrados en la Constitución, como los de capacidad económica, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad.
  • • El elemento clave para enjuiciar la presunta inconstitucionalidad del efecto retroactivo de una norma tributaria, reside en el grado de retroactividad y en las circunstancias específicas que concurran. En la retroactividad de grado medio o impropia, es decir cuando la ley incide sobre situaciones jurídicas aún no concluidas, sería posible ponderando las circunstancias del caso, la licitud de una norma retroactiva. Sin embargo, en los casos de retroactividad auténtica, es decir cuando la norma pretende incidir sobre hechos totalmente desarrollados con anterioridad, la prohibición de retroactividad opera plenamente.
A título de ejemplo la nueva ley del IRPF para el año 2007 (Ley 35/2006, publicada en el BOE de 29/11/2006), modificó el gravamen de las ganancias patrimoniales derivadas de elementos adquiridos con anterioridad a 31 de diciembre de 1994. Pues bien, según su Disposición Final 1ª la modificación afectó también a la ley anterior (Real Decreto Legislativo 3/2004) con efectos para el año 2006, siendo de aplicación retroactiva a las ganancias obtenidas por transmisiones efectuadas a partir del 20/1/2006.
Las normas que regulan el régimen de infracciones y sanciones tributarias, y también el de los recargos, tienen un tratamiento en cuanto a retroactividad completamente distinto. En este caso, las nuevas normas tendrán necesariamente efectos retroactivos cuando su aplicación resulte más favorable para el interesado, aunque sólo respecto de los actos que no sean firmes en el momento de su entrada en vigor (deberán ser objeto de recurso). Esta situación tiene su antecedente en el artículo 9.3 de la Constitución, cuando establece la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. La equiparación de recargos y sanciones a estos efectos, no permite que pueda atribuirse naturaleza sancionadora a los recargos por declaración extemporánea, dada la configuración actual que les otorga la LGT, pero ciertamente tampoco contribuye a su clarificación.

martes, 9 de agosto de 2011

Sin dinero público el sector financiero estaría hundido

Escribe Roberto Centeno

El sistema financiero más sólido de la galaxia junto con el descontrol absoluto del gasto autonómico y local, están llevando a la ruina a esta gran nación. Bancos y cajas españolas han recibido la mayor ayuda de dinero público del mundo desarrollado, entregada a cambio de nada, el equivalente a un 14% del PIB entre efectivo y avales. Aún así presentan el peor balance europeo. Los dos tercios de las entidades suspendidas en los ‘stress test 2’ eran españolas. Y, lo que es infinitamente peor, no solo nadie ha respondido de nada, como en el resto de países, sino que los culpables siguen en sus poltronas viviendo como rajás con el dinero de todos los españoles. 
Se trata del escándalo más sonado en los anales de la historia financiera de Occidente. Esta es la principal conclusión de los ‘stress test 2’.
Como es perfectamente conocido, los ‘stress test’ son simulaciones que tratan de evaluar la capacidad de bancos y cajas, para enfrentarse al deterioro en el valor de sus activos y a escenarios económicos adversos, algo que pone en grave riesgo la solvencia de numerosas entidades. Los primeros ‘stress test’ realizados hace un año a nivel de la UE se encargaron estúpidamente a los bancos centrales de cada país y, como no podía ser de otra manera, la chapuza que salió de ello fue tal que algunas de las entidades que pasaron los test con sobresaliente quebrarían pocos meses después. Por ello ha sido necesario repetir los mismos por una nueva Autoridad Bancaria Europea o EBA, por sus siglas en inglés, constituida al efecto.

La EBA creada el 1 de enero de éste año -para “subsanar, corregir y eliminar las deficiencias de la supervisión financiera previa que regía en Europa”- está compuesta por representantes de alto nivel de las autoridades de supervisión bancaria, es decir, por los mismos que perpetraron la tropelía de hace un año. Como la supervisión financiera europea era deficiente, han intentado corregirla juntando a las mismas personas que hacían que dicha supervisión fuera deficiente… ¿alguien en su sano juicio cree que los mismos perros con distintos collares iban a ser capaces de hacer una simulación seria sobre la situación?


De mentiras, injusticias intolerables y Bankias

Zapatero, septiembre de 2008, Nueva York: “España cuenta con el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional” y “(la economía) recuperará pronto su senda de crecimiento potencial, gracias entre otros factores, al saneamiento de las cuentas públicas”; un mes después: “España saldrá de la crisis en 2009”. ¿Se pueden decir más mentiras y más sinsentidos en menos tiempo? Más ejemplos. Solbes, marzo de 2009: “No hay ningún agujero en Caja Castilla-La Mancha, no hay ninguna caja en crisis, tenemos el sistema financiero más sólido del mundo”. Dos semanas después, el banco sería intervenido. Fernández Ordóñez, marzo de 2009, dos días después de la intervención de CCM, que costaría 9.000 millones de euros a los contribuyentes y sobre la cual nadie ha respondido de nada: “El sistema financiero español se ha mostrado más sólido que el de los países de su entorno”.


"Para el cálculo de los ‘stress test 2’ se ha supuesto una caída de solo el 21,9% para el precio de la vivienda, partiendo de los precios a los que estaba en los balances a final de 2010. La realidad es entre un 30 o 35%, porque hay más de dos millones de pisos sin vender, no los 700 u 800.000 que dicen los interesados"

Estos son los actores principales y sus citas solo pequeñas muestras de toda una trayectoria, donde el gobernador del Banco de España, incumpliendo su función principal como supervisor, cedería a la presión política y no actuaría para frenar la catástrofe inmobiliaria, mentiría conscientemente sobre el crecimiento dos semanas antes de las elecciones para que Zapatero pudiera ganarlas, y afirmaría que “no existe ninguna crisis”. Ocultación, falsedad estadística y mentira pura y dura han sido las tácticas de gobierno del partido socialista. Los tres personajes mencionados son los principales culpables de haber llevado España a la mayor ruina de los tiempos modernos.

Y, como compendio, una injusticia social intolerable que clama al cielo: bancos y cajas, un tercio de las cuales deberían haber sido cerradas, han recibido hasta ahora 150.000 millones de euros en dinero público y 110.000 millones en avales, un 80% del cual jamás podrán devolver. Y clama al cielo porque eso ocurre cuando han reducido la renta disponible de las familias por primera vez desde que existen series estadísticas. Clama al cielo porque han empobrecido al 90% de las familias y situado por debajo del umbral de la pobreza al 23%. Clama al cielo porque mientras el Estado se endeudaba para entregar ese río de dinero al sistema financiero, el Gobierno ha recortado pensiones, degradado servicios sociales, reducido salarios, dejado sin recursos a las infraestructuras, la Sanidad, el Ejército, la Policía, la Justicia y todas las instituciones que constituyen España.


Cuatro duros para recapitalizar el sector

Hace un año, y por mandato de la UE, el BdE hizo unos test de solvencia que fueron de vergüenza ajena. Según éstos, con 1.850 millones de euros de nada bastaba para recapitalizar el sector. Siete meses después, Salgado y MAFO dirían, sin ponerse colorados, que se necesitaban 15.000 millones. Pero, en los doce meses siguientes, el sistema financiero recibiría no 15.000, sino más de 50.000 millones entre dinero público y avales. ¿Y qué tenemos hoy?, ¿un sistema completamente saneado por tan gigantesca cantidad de dinero? Nada más lejos de la realidad. El resultado del  segundo test ha sido el peor de Europa, y con diferencias entre notables y escandalosas con las conclusiones que MAFO emitió en 2010. Solo una excepción, la Banca March, entonces y ahora, ha sido la entidad más solvente de toda Europa. ¡Olé por los March!

Pero debe resaltarse también que si no hubiera sido por la inyección masiva de dinero cinco cajas más habrían suspendido, entre ellas, Bankia, que se hubiera quedado con el 4% de nota. Y aquí hay que subrayar la increíble obscenidad que supone el que sus tres primeros ejecutivos se hayan puesto un sueldo de 10,3 millones de euros con el dinero de todos los españoles, mucho más que Botín y el triple que los tres primeros ejecutivos de La Caixa. En la salida a bolsa casi nadie invierte voluntariamente… ¿y qué dice el demagogo de Rubalcaba y sus indignados del 15-M al respecto, dado que el Gobierno podía (y debía) perfectamente haber impedido esta tropelía?


Los supuestos de los ‘stress test 2’ y la realidad

Para el cálculo de los ‘stress test 2’ se ha supuesto una caída de solo el 21,9% para el precio de la vivienda, partiendo de los precios a los que estaba en los balances a final de 2010. La realidad es entre un 30 o 35%, porque hay más de dos millones de pisos sin vender, no los 700 u 800.000 que dicen los interesados. Luego otros activos inmobiliarios, fundamentalmente suelo, minorados solo un 46,7%. Teniendo en cuenta que la mayoría valen cero, una minoración del  75% estaría más cerca de la realidad. Después está el asunto de la marcha de la economía, en el que cabe desmontar todas las previsiones oficiales: por ejemplo, un crecimiento en 2011 de 1,3%, cuando sería más acertado situarlo entre el -1% y el -3%; un desempleo con cinco millones de parados oficiales, cuando en realidad son seis y creciendo.

Y la otra gran burbuja, la deuda pública. Aquí hay dos partes diferentes: la deuda del Estado y el resto. En la primera, el Gobierno ha supuesto que solo las obligaciones a diez o quince años (344.000 millones) tienen riesgo, mientras que los bonos (127.000 millones), incluso los de cinco años, no tienen riesgo alguno. Las letras están lógicamente excluidas. Para las obligaciones a 10 años la provisión es del 14,6% y a 15 años del 23,2%. El problema es que el valor de mercado hoy es de media un 35% menor en las obligaciones a diez años, un 38% la de 15 años y un 16% en los bonos de cinco. Con España caminado hacia una nueva recesión y con el sector público gastando casi el doble de lo que ingresa, no valorar a mark to market es como hacer trampas jugando al solitario. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? Pues teniendo en cuenta que los bancos y cajas españoles tienen un tercio de las cifras anteriores, de unos 20.000 millones de provisiones  adicionales.

Sin embargo esto no es lo más grave, lo dramático es la otra deuda, la autonómica, la local y la de empresas públicas, 211.000 millones oficiales a finales del primer trimestre con un crecimiento anual del 26% a pesar de su compromiso de estabilidad, y en su mayoría en manos de bancos y cajas, algo que no recuperarán jamás, porque ni las administraciones periféricas ni el Estado, en su nombre, podrán asumirla. El hecho de que esto no se haya provisionado invalida totalmente los test de stress, porque el agujero potencial supera la suma de todo lo anterior. Y la guinda del pastel: la gigantesca deuda del sector con el exterior, 730.000 millones, que nunca podrá devolver. El 80% de los vencimientos se está refinanciando con aval del Estado, sin que nadie se haya molestado en calcular qué entidades entre las avaladas podrá pagar algún día. ¿Qué pasará cuando dentro uno o dos años venzan de nuevo? Pues que  la mayoría de entidades no podrá devolver, y seremos nosotros, el pueblo, quien deberá hacerse cargo del  pago de la deuda. Alguien debería responder por esto. 

Funcionarios

FuncionariosSantiago Niño Becerra

“La Generalitat realizará 1.500 despidos en el sector público” (El País 16.07.2011, Pág. 1), y luego, en Pág. 12: “La Generalitat presentará un ERE para 1.500 empleados de empresas públicas”. Las noticias no se refieren a personal integrado en los cuerpos de la función pública en el más estricto sentido de la palabra: es personal de la Administración con alguna modalidad de contratación laboral, pero que entra totalmente en el rótulo ‘Empleo Público’ y que a los ojos de la gente son ‘funcionarios’.

Es curioso lo que ha sucedido con el factor trabajo ocupado en las administraciones públicas, muy curioso. Hasta hace cinco años un funcionario era ‘un pringao’: quienes sabían, quienes sabían lo que había que hacer, compraban un piso un Lunes y lo vendían un Viernes ganándose 30.000 euritos; o ‘se sacaban en horas tanto como en sueldo’. ‘Pareces tonto tío, yo me levanto al mes cuatro veces lo que tú te sacas en ……..’, decía el que sabía lo que había que hacer al amigo empleado público del negociado de Hacienda o del departamento de vialidad de un Ayuntamiento o de un Gobierno regional.
Y era cierto, los mil o mil doscientos euros, o los novecientos de un empleado público se transformaban en cuatro o cinco mil o en mucho más, en el caso de muchos trabajadores de la construcción, o encargados de barras en bares de copas -‘Y además ligo, tío, cada noche’-, o trabajadores de empresas de transporte -‘Y la mitad en negro’-, mientras, el empleado público hacía sus horas a cambio de sus mil euritos mensuales. Hasta que las cosas cambiaron.

‘¡Estoy hasta los cojones de pagar impuestos como un cabrón para pagar a funcionarios que se pasan el día tocándose los huevos!’ exclamó el empleado de la construcción cuando empezaron a reducirle horas y sueldo, y algo parecido dijo el encargado de la barra del bar de copas cuando empezó a rumorearse que el local podía cerrar, y palabras calcadas pronunció el transportista cuando los encargos comenzaron a descender. De la noche a la mañana aquel pobre pringao al que le daban mil euros a cambio de ocho horas se había convertido en un ‘hijoputa al que había que seguir manteniendo’.
Prácticamente nadie, preguntó: ‘Ese empleado público, ¿qué hace?, ¿a qué se dedica?’. De la noche a la mañana el empleado público se convirtió en el monstruo comegalletas que estaba esquilmando unos recursos que, se decía, estaban escaseando. A día de la fecha, la inmensa mayoría del empleo público, funcionario o contratado, lleva perdido, en dos años, el 8,5% de sus ingresos: la reducción habida más la congelación actual, sin embargo cuando un Gobierno anuncia reducciones de empleo público muchos esbozan sonrisas de satisfacción, ¿por qué?.

Por algo que ha pervertido y lleva pervirtiendo la esencia de una actividad absolutamente esencial, la del empleo público: al funcionario es extraordinariamente difícil despedirle. La inmensa mayoría de la población piensa que es injusto (lo piensa en las recesiones, en esta crisis, le importa un rábano en los booms) que el empleo público sea vitalicio; posiblemente ignore el motivo de que sea así.
Antes no lo era, y pasaban las cosas que el escritor Mariano José de Larra contó tan bien en sus trabajos; para evitar eso se decidió, sabiamente, que el funcionariado sería una carrera técnica al margen de quienes gobernasen y de su color (claro que en España, tras la Guerra Civil, quienes la ganaron hicieron una limpieza, pero eso es otra historia), ¿por qué?, pues para que la administración de las cosas públicas tuviese una continuidad al margen de cambios de Gobierno: al ser profesionales quienes llevaban a término sus tareas pervivían a colores políticos porque lo que hacían estaba más allá de colores políticos: suturar un corte de veinte centímetros producido en un accidente de tráfico no entiende de siglas de partidos).

‘Ya, pero, ¿por qué existen empleados públicos?, ¿por qué el Estado y los Gobiernos locales deben realizar tareas y trabajos?, ¿por qué no se privatiza todo?’, pregunta alguien. Cuando, tras la II Guerra Mundial, el planeta entró en el estado de bienestar en el que ha estado hasta hace poco, se llegó a la conclusión de que existían una serie de bienes y servicios en los que a la iniciativa privada no le interesaba entrar porque por esos bienes y servicios no se podían vender a precios libres debido a que eran bienes y servicios a los que, por definición, todo el mundo debía tener acceso; a la vez que, al hacerlo, se redistribuía renta de los más ricos hacia los más pobres a través de las mucho mayores contribuciones fiscales que aquellos pagaban a fin de financiar los bienes y servicios que todos consumían. En unos países esta sistemática se llevó más lejos y en otros se quedó más cerca, pero en casi todo el planeta ese mundo quedó reservado para el empleo público.

Hoy el funcionario se halla en retroceso porque todo lo que lo justificaba lo está: relean el párrafo anterior. Si a eso añaden un nivel de desempleo megaelevado -y creciendo-, el que un Gobierno central, regional o local anuncie que va a reducir el número de empleados públicos, independientemente de lo que hagan, tiene el vítor asegurado: ‘menos hijoputas que se están tocando los huevos’, y si, encima, se dice que se les va a pagar menos, la explosión de júbilo entre gran parte del electorado está asegurada, esté en paro o no lo esté. Es decir, eliminar funcionarios y pagarles menos se han convertido en arman electorales.
‘Pero, encima, ¿de qué se quejan si no se le puede echar?’, exclama otro alguien. Aquí radica una de las lacras con la que nació la función pública y que nunca nadie ha querido abordar. Empleados públicos los hay buenos y extraordinarios, regulares y mediocres, y jetas, vagos y mangantes, como en toda empresa privada que fuese grande o muy grande. Reparen en que los tiempos verbales son distintos: hoy la empresa privada grande o muy grande ya se ha sacado de encima a un montón de trabajadores (con cargo a presupuesto público, en muchos casos, gran parte de sus percepciones aunque casi nadie reniegue contra ‘los prejubilados’), montón de trabajadores entre los que, por pura lógica, deberían estar los jetas, vagos y mangantes que pudiera tener por pocos que éstos fueran; pero, por estatuto en los cuerpos de la función pública, algo así es inaplicable.

En todos los países, en todas las administraciones públicas españolas van a reducirse, se están reduciendo, empleados públicos, pero aquellas/os con contrato laboral, no quienes tienen estatuto de funcionario. Hoy, en España se están yendo a la calle, se irán a la calle, supereficientes empleados públicos con contrato laboral y seguirán en su puesto jetas, vagos y mangantes por el mero hecho de que son funcionarios, y esto es algo que ningún partido político ni ningún sindicato ha querido abordar jamás. ¡Larra, vuelve, por favor!.

Y no: yo no soy funcionario.

(Y a ver si de una vez nos enteramos: en España HAY POCOS empleados públicos en comparación con Europa. En relación a la población ocupada, la tasa es del 13%, en Francia es de más del 16%, en Suecia del 31%, y dentro de España tampoco es igual en todas partes: en Extremadura la tasa es el triple que en Catalunya. Y no, tampoco los miembros de los Gobiernos que firman despidos de empleados públicos se refieren nunca a esas cifras, ¿por qué será?. ¿Será porque tendrían que hablar de cosas de las que no quieren hablar?).

Santiago Niño-Becerra. Catedrático de Estructura Económica. Facultad de Economía IQS. Universidad Ramon Llull.

España no es un país serio


Ignacio Camacho en ABC: España no es un país serio

País de pequeños caciques ególatras, de políticos incompetentes y corruptos. Un país arruinado, salvajemente inculto, entregado a la telebasura, a las drogas y al vivir del crédito. Pero, ay, amigo... nos han calado.

España podrá ser —ya veremos—un país solvente, pero lo que de ninguna manera resulta
ahora mismo es un país serio



PARA demostrar que éste es un país solvente, como dicen al alimón Zapatero y Rajoy —unidos por una vez ante la amenaza de la suspensión de pagos—, España tendría que comportarse también como un país serio. En los países serios no se arman descalzaperros con las competencias territoriales, ni se disparan las deudas autonómicas como si se tratase de miniestados soberanos, ni se construyen aeropuertos sin aviones ni trenes de alta velocidad sin pasajeros, ni se utilizan las cajas de ahorros para colocar a dirigentes que no han pisado un banco ni para pedir hipotecas. En los países serios no se emite deuda para sostener una Administración hipertrofiada con miles de organismos y empresas públicas inútiles y decenas de consejillos consultivos que no asesoran a nadie. En los países serios no se trocea la caja de la Seguridad Social, no se implantan modelos financieros imposibles de sufragar y no se negocian los presupuestos del Estado con partidos que se quieren separar de ese mismo Estado. Los países serios no construyen a crédito una estructura social de bienestar subvencionado.

‘En los países serios no se trocea la caja de la Seguridad Social, no se implantan modelos financieros imposibles de sufragar y no se negocian los presupuestos del Estado con partidos que se quieren separar de ese mismo Estado’



En un país serio no saldría el presidente de la comunidad territorial con mayor autonomía política a pedir en plena crisis de deuda un estatuto de soberanía fiscal, como acaba de hacer Artur Mas en una Cataluña que dispone de la mayor financiación per cápita de España. En un país serio el Gobierno de la región con la tasa de paro más alta —Andalucía— no dedicaría sus desvelos, cuando la economía y la estabilidad social se escapan por el sumidero, a aprobar decretos urgentes sobre la memoria de la represión de una guerra que acabó hace setenta años. En un país serio a punto de quiebra el Gobierno y la oposición habrían alcanzado hace tiempo un acuerdo sobre reformas estructurales. En un país serio con problemas de credibilidad institucional su presidente no convocaría elecciones a cuatro meses vista para ver si su partido tiene tiempo de improvisar un candidato de nueva planta.
Los países serios son serios porque se respetan a sí mismos y observan con responsabilidad reglas transparentes de conducta política. Guardan las formas democráticas, se atienen a los procedimientos y a las normas y se muestran escrupulosos con el manejo de los impuestos de los contribuyentes. Sus sistemas administrativos se rigen por criterios de austeridad y de eficacia y están sometidos a principios de control diseñados para preservar su neutralidad y evitar su uso sectario o clientelista. Los países serios, en fin, sufren crisis y periodos de inestabilidad, no son en absoluto perfectos ni están exentos de convulsiones, pero abordan los problemas con espíritu de esfuerzo y sacrificio y no se toman los asuntos públicos con frivolidad ni cachondeo.
España podrá ser —ya veremos— un país solvente, pero lo que de ninguna manera resulta ahora mismo es un país serio.

La imprescindible necesidad del ajuste autonómico en España, por Mikel Buesa



La imprescindible necesidad del ajuste autonómico en España
Por Mikel Buesa, viernes, 01 de julio de 2011
 
Cuando se repasan las cuentas de las Administraciones Públicas durante los últimos años, del elemento que más destaca es el referido al elevadísimo nivel del déficit con el que se ha saldado su balance entre ingresos y gastos. Al mediar la primera década del siglo este problema no existía, pues, principalmente como fruto de una expansión de la recaudación de impuestos impulsada por la burbuja inmobiliaria, se obtenían unos ingresos que superaban a las necesidades de financiación del sector público. En 2007, el último año del ciclo de prosperidad en el que se había instalado la economía española desde 1994, el superávit alcanzó una cifra equivalente al 1,9 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). Pero un año más tarde, con el apogeo de la crisis financiera internacional, se habían cambiado las tornas y el conjunto de las administraciones registró un déficit del 4,2 por ciento del PIB. La situación se deterioró aún más al año siguiente, en el que esa ratio ya llegaba a un nivel del 11,1 por ciento, claramente insostenible, por la dificultad de su financiación, a medio y largo plazo. En 2010, llegada la primavera, al Gobierno ya no le quedó más remedio que introducir unas severas medidas de ajuste que permitieron cerrar el año con una reducción de ese déficit hasta el 9,2 por ciento del PIB.
 

Sin embargo, los planes de austeridad, el incremento de los impuestos, principalmente del IVA, y el aplazamiento de los programas de inversiones públicas fueron sobre todo un asunto de la Administración General del Estado, pues, por el contrario, las Comunidades Autónomas, consideradas en su conjunto, continuaron actuando como si la crisis no tuviera nada que ver con ellas. Entre tanto, sus ingresos ya desde 2008 se habían visto severamente afectados por el descenso en la recaudación fiscal; y sus gastos continuaban creciendo impulsados por los aumentos de costes en los servicios —de manera muy importante en la sanidad—, la proliferación de entes, empresas y organismos públicos —que en los años de crisis pasaron de 2.280 a 2.386— y, sobre todo, la contratación de personal —que alcanzó hasta 195.000 personas en ese mismo período—. No sorprende, por ello, que el déficit autonómico, en vez de moderarse, continuara multiplicándose. Y, así, mientras que en 2007 apenas llegaba a una cifra igual al 0,2 por ciento del PIB, en 2008 ya tuvo una entidad equivalente al 1,6 por ciento de esa macromagnitud, un año más tarde había crecido hasta el dos por ciento y en 2010 se situó en el 3,4 por ciento. 


La principal secuela económica del déficit es el endeudamiento. La deuda autonómica se ha duplicado durante los años de la crisis, pasando de un poco menos de 60.000 millones de euros en 2007 a algo más de 120.000 en el momento actual. El endeudamiento ha crecido de una manera excepcional en Cataluña, Castilla-La Mancha, País Vasco, Baleares, Aragón, Murcia, Navarra y La Rioja. Y en algunos casos, como el de Cataluña y la Comunidad Valenciana, su nivel absoluto es tan elevado que las correspondientes Administraciones han encontrado ya severas dificultades para poder refinanciar sus vencimientos. 



Si tenemos en cuenta la dinámica desbocada que han seguido las cuentas públicas en las Comunidades Autónomas, se hace ya imprescindible poner freno a su gasto, reordenar sus competencias y entrar en una nueva manera de conducir el Estado autonómico

Un alto endeudamiento puede comportar unas muy negativas consecuencias para el crecimiento de la economía, especialmente si, como es el caso, la deuda se ha emitido para financiar el gasto corriente de las Administraciones Públicas y no supone, por tanto, aumento alguno en el capital disponible. Digamos que, a través de la deuda, lo que se hace es cargar el gasto actual sobre las generaciones futuras. Éstas dispondrán, por ello, de menos recursos para acumular capital y verán lastrada su capacidad para sostener la expansión de la renta. Además, si el endeudamiento es elevado, la confianza de los compradores de títulos de duda pública disminuirá; y ello hará que se eleven los tipos de interés a los que están dispuestos a prestar su dinero. El Banco de España, en su reciente informe anual sobre la economía española, lo ha recordado con estas palabras:

«Es importante tener en cuenta que los tipos de interés y el crecimiento potencial de la economía dependen de la dinámica de la deuda. En concreto, cuanto mayor es el nivel de deuda y su tasa de crecimiento, mayores serán los tipos de interés a los que habrá que financiarla y menor el crecimiento potencial. Las estimaciones disponibles muestran que un incremento de 10 puntos del PIB en la ratio de deuda genera un incremento de 50 puntos básicos [0,5 puntos porcentuales] en los tipos de interés de largo plazo y una reducción del crecimiento del PIB real per cápita de 0,15 puntos porcentuales por año».

En consecuencia, si tenemos en cuenta la dinámica desbocada que han seguido las cuentas públicas en las Comunidades Autónomas, se hace ya imprescindible poner freno a su gasto, reordenar sus competencias y entrar en una nueva manera de conducir el Estado autonómico si no se quiere que éste acabe lastrando severamente las posibilidades de recuperación de la economía española.

Los cambios en la distribución del poder, tras las recientes elecciones autonómicas, han dado entrada a un planteamiento fuerte de austeridad en el gasto presupuestario de algunas regiones como Baleares o Castilla-La Mancha donde se han anunciado fuertes recortes en el tamaño del cuadro directivo de la administración, además de otras medidas de contención de los costes de ésta. Y parece ser que el Partido Popular, en tanto que partido dominante en el nuevo cuadro regional, ha alentado a los demás gobiernos a seguir por esa senda. Sin embargo, este loable esfuerzo no será suficiente para volver llegar al equilibrio presupuestario si no se añaden a él otros elementos adicionales. Es el caso de la disminución del empleo público, para lo que se precisa restringir al máximo la oferta correspondiente renunciando a la reposición de la mayor parte de las plazas que van quedando vacantes. También ha de añadirse la necesidad de reducir el tamaño del sector empresarial autonómico mediante una política de privatizaciones como la que, en la década de los noventa, se puso en marcha con relación a las empresas públicas estatales, pues no se puede olvidar que ese sector acumula actualmente una deuda superior a los 17.000 millones de euros que se añade a la de las Administraciones de las que depende. Además, deben introducirse reglas de evaluación de la eficiencia en la gestión de los servicios públicos que proveen las Comunidades Autónomas. A este respecto, por ejemplo, recientemente se han destacado las importantes ineficiencias en las que incurren las Universidades españolas como consecuencia de una asignación excesiva de recursos a la oferta de titulaciones que tienen una demanda muy limitada —lo que supone un coste superior a los 2.100 millones de euros—, o también de la insuficiente dedicación de sus profesores a la investigación —dado que la cuarta parte de ellos «no produce resultados científicos que hayan podido ser evaluados y reconocidos» y, por otra parte, «la relevancia de la producción que se realiza está a una distancia de más del 20 % de los valores del entorno europeo»—. Y otro tanto podría añadirse con respecto a los servicios sanitarios o a la educación obligatoria.


Desde mi punto de vista no se trata de limitar la autonomía de las regiones, sino más bien de deslindar claramente las competencias del Estado y las de las Comunidades Autónomas, y de establecer reglas que impidan el ejercicio invasivo de cualquiera de ellas por las Administraciones a las que no les corresponden

Todo ello, a su vez, es necesario enmarcarlo en una reordenación competencial del Estado autonómico. Desde mi punto de vista no se trata de limitar la autonomía de las regiones, sino más bien de deslindar claramente las competencias del Estado y las de las Comunidades Autónomas, y de establecer reglas que impidan el ejercicio invasivo de cualquiera de ellas por las Administraciones a las que no les corresponden. Además, sería bueno reforzar los sistemas de cooperación entre administraciones para disminuir los costes de los servicios —por ejemplo, en el caso de la sanidad, para adquirir centralizadamente medicamentos o equipos médicos—. Y también se requiere dar al Estado un papel más destacado en el control financiero de las autonomías volviendo a reformar la ley de estabilidad presupuestaria y estableciendo para todas las Administraciones un techo anual de gasto mediante la aplicación de una regla común a todas ellas que, como ha propuesto la Comisión Europea, vincule su aumento al del crecimiento nominal del PIB. Asimismo, el Estado debería asumir su capacidad para proceder a la armonización de las regulaciones autonómicas y atajar así la fragmentación potencial del mercado interior nacional, pues como han destacado recientemente los profesores Cabrillo, Biazzi y Albert en una nueva edición de su excelente trabajo sobre la Libertad Económica en España 2011, «si la unidad de mercado se ve amenazada en diversos aspectos se debe a políticas regulatorias e intervencionistas dirigidas a favorecer a grupos de interés con suficiente poder en sus regiones como para influir en sus gobiernos autonómicos para que orienten sus políticas en su beneficio particular».

En resumen, la crisis económica ha puesto dramáticamente sobre la arena política la necesidad de abordar en España la cuestión del ajuste autonómico. No se trata de un asunto fácil ni exento de controversia, sobre todo porque la apelación a sentimientos regionalistas o nacionalistas abre una brecha para el empleo de la demagogia —y no del debate racional— en la confrontación partidaria. En un trabajo anterior, publicado por Ojos de Papel, destaqué que nuestra mejor investigación académica ha puesto de relieve que, en la práctica, no ha existido un dividendo económico de la descentralización, que la autonomía regional no ha añadido ningún impulso al desarrollo económico de España y de sus Comunidades Autónomas. Ahora lo que nos planteamos con urgencia es la necesidad de evitar que el modelo descentralizador que se ha venido configurando durante las tres últimas décadas, acabe pesando de tal manera sobre nuestra economía que ésta quede instalada durante largos años en el estancamiento.

Mikel Buesa en Ojos de Papel
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