Para una aplicación eficiente del sistema fiscal, Jesús Gascón siempre ha abogado, entre otros objetivos, por la profesionalización absoluta dentro y fuera de la administración y el refuerzo de los vínculos entre la administración tributaria y los profesionales del sector.

Jesús

Gascón Catalán

Director General de Tributos

Jesús Gascón Catalán es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y pertenece a los Cuerpos de Inspectores de Hacienda del Estado y de Interventores y Auditores del Estado. Entre otros cargos, Gascón ha sido director adjunto del Departamento de Organización, Planificación y Relaciones Institucionales, Secretario Técnico permanente de la Comisión Mixta de Coordinación de la Gestión Tributaria y Director del Departamento de Gestión Tributaria en la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Desde julio de 2008 es Director General de Tributos, cargo en el que ha puesto de manifiesto su experiencia acumulada en gestión.

¿Cree que existe algún margen para arbitrar medidas  tributarias  de reactivación  de la actividad económica? y, en ese caso ¿cuál debería ser su orientación?

En esta fase de la crisis la prioridad es la consolidación fiscal para reducir el déficit público. Ello no quiere decir que no quepan medidas de estímulo, sino que las que se adopten habrán de tener necesariamente carácter selectivo. Ejemplos recientes en nuestro país de este tipo de medidas son las adoptadas en el  Real Decreto-ley 6/2010,   el  derivado de las negociaciones en el Palacio de Zurbano: la deducción por obras domésticas en el IRPF, la regulación en este mismo impuesto del cheque transporte, la aplicación en el IVA del tipo reducido a la renovación y reparación de viviendas y del tipo superreducido a los servicios de dependencia no exentos, la  flexibilización del concepto de rehabilitación estructural también en este impuesto y la ampliación de la libertad de amortización con mantenimiento de empleo dos años más.

Aunque en estos momentos el margen es muy reducido para nuevas medidas de estímulo, la reactivación de la actividad económica es fundamental y en este sentido se acaban de anunciar dos medidas de impacto: la libertad de amortización hasta 2015  (sin necesidad de cumplir ningún requisito vinculado al empleo) y la exoneración de tributación a las ampliaciones de capital en la modalidad de Operaciones Societarias del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Las empresas son el motor del crecimiento y del empleo y hay que favorecer que inviertan. Por otra parte, frente al excesivo endeudamiento empresarial de los últimos años se debe incentivar la capitalización de las empresas para que refuercen sus estructuras financieras y el gravamen por Operaciones Societarias de las ampliaciones de capital era un lastre.

¿Le parecería  conveniente revisar el rompecabezas de los tributos estatales, autonómicos y locales?

Nuestro modelo territorial, establecido en la Constitución, se define a partir de tres niveles de gobierno: el estatal, el autonómico y el local, y el ámbito tributario no es ajeno a esta realidad.

Las Comunidades Autónomas y los Entes Locales tienen competencias, con ciertos límites, para crear tributos o modificar los tributos estatales, y lo lógico es que las ejerzan.  Ello,  inevitablemente,  provoca dispersión normativa. La corresponsabilidad fiscal es esencial en los países con distintos niveles de gobierno y para ello es necesario que cada nivel de gobierno decida la presión fiscal que quiere que sus ciudadanos soporten, así que tenemos que asumir cierta dispersión normativa.

Dicho esto, la complejidad territorial  de nuestro país no puede ser una excusa para no racionalizar nuestro sistema tributario. En cualquier caso es imprescindible que haya un amplio consenso para ello. No obstante, respecto de los tributos estatales,  la  Administración Central tiene un margen de actuación y es bueno utilizarlo. El ejemplo es evidente, el gravamen por Operaciones Societarias de las constituciones de sociedades y sus ampliaciones de capital es contraproducente en un momento en el que necesitamos recuperar el crecimiento económico y reforzar la estructura financiera de las empresas, y por eso hay que suprimirlo. Por supuesto, aplicando los mecanismos de compensación previstos en el sistema de financiación autonómica en cumplimiento del principio de lealtad institucional.

¿Cómo valora  el aluvión de normas tributarias que se han publicado para paliar la crisis? ¿Le parece que en mayor o menor medida han sido efectivas?

La verdad es que la crisis nos ha desbordado a todos los países. Yo  distinguiría dos fases desde el punto de vista de la política tributaria: un primer momento en el que la prioridad era evitar que se desplomase el consumo y, con él, la actividad económica, y un segundo momento en el que la prioridad es la consolidación de las finanzas públicas intentando que la retirada de estímulos y las medidas de ajuste no perjudiquen el crecimiento económico.

En la primera fase, la de los planes de estímulo, Estados Unidos devolvió impuestos vía cheque a los contribuyentes, Reino Unido bajó dos puntos y medio el tipo general del IVA, España aprobó una deducción de 400 euros para los contribuyentes con efecto en las retenciones y en los pagos fraccionados…Bueno,  el consumo cayó y el PIB sufrió un severo descenso, así que no se consiguió el objetivo, esto es claro, aunque nadie sabe que hubiera pasado si  estas medidas no  se hubieran adoptado, tal vez hubiera sido peor. Pero ahora estamos en otra fase y estos estímulos se han retirado. En particular, en nuestro país, la deducción de los 400 euros ha quedado circunscrita a los contribuyentes con rentas más bajas.

En 2010  los ingresos tributarios están evolucionando favorablemente, lo que es una buena noticia después de dos años muy malos, a lo que han ayudado las medidas incorporadas a Ley de Presupuestos para 2010, pero todavía no tenemos información suficiente para saber el impacto que están teniendo las medidas de estímulo selectivas que se han aprobado este año. Esperamos que den resultado, así como las medidas que se acaban de anunciar y, muy especialmente, la generalización de la libertad de amortización para que las empresas puedan incrementar su capacidad productiva y generar actividad y empleo.

¿Qué opina  sobre la conveniencia del régimen  de estimación  objetiva  en IRPF  y  del régimen simplificado de IVA?

Los regímenes objetivos de tributación, en especial en los países en los que el número de autónomos y microempresas es muy elevado han cumplido un importante papel.

La reflexión que tenemos que hacer es si en la segunda década del siglo XXI dichos regímenes tienen  sentido  en  su  actual configuración que, con ciertos ajustes, data de hace veinte años. Pero, en cualquier caso, cualquier cambio que se pudiera producir en el futuro  debería reunir un amplio consenso y respetar un principio esencial: la simplificación  de obligaciones formales que deben cumplir los autónomos y las microempresas.

También tengo que decir que ahora no es momento de grandes cambios, lo que necesitamos es estabilidad y no incertidumbres que puedan crear inseguridad jurídica y económica en las decisiones empresariales.

¿Qué posibilidades   de desarrollo  le ve al devengo  del IVA  por  criterio   de caja en nuestro país?

Durante la  Presidencia Española de  la Unión Europea impulsamos y conseguimos que se aprobara por unanimidad una Directiva que entrará en vigor en 2013 sobre las obligaciones de facturación, en la que se regula, como opcional para los Estados, el llamado IVA de caja para los pequeños empresarios o profesionales (siempre con el límite máximo de 2 millones de facturación). Hasta 2013,  el régimen de caja en el sentido en el que se va a exponer a continuación, está sometido a autorización por la Comisión.

A este respecto, el IVA de caja, para que tenga sentido, en primer lugar, debe ser un régimen excepcional puesto que el criterio del devengo es y debe seguir siendo la regla general en el impuesto, por eso debe limitarse a muy pequeños empresarios o profesionales (de ahí el límite máximo para los Estados en la nueva Directiva de 2 millones de euros de facturación). En España hay más de 1.700.000 sujetos pasivos que aplican regímenes objetivos de tributación, lo que va mucho más allá del IVA de caja, ya que no repercuten IVA (sector agrario en módulos) o no ingresan los que repercuten (régimen simplificado y recargo de equivalencia). Además, los profesionales, en muchos casos, no tienen este problema puesto que en algunas actividades lo normal es entender que el devengo de la operación, es decir, su realización efectiva se produce con el pago. Si España solicitase antes de 2013  aplicar el régimen de caja tendría que convencer a la Comisión de que la suma de los regímenes objetivos ya existentes más el nuevo régimen no determinaría que la regla general del devengo se convirtiese en residual en nuestro país, lo que no parece fácil.

Además, en segundo lugar, el criterio de caja, para que tenga lógica, lo deberían aplicar las microempresas en sus ventas de bienes y servicios, pero también sus clientes empresarios o profesionales por dichas operaciones. Lo que sería irracional es que el vendedor ingresase por caja y su cliente dedujese por devengo. Esto nos lleva a considerar que todos los empresarios y profesionales eventuales clientes de vendedores en régimen de caja deberían preguntar a éstos el régimen que aplican, caja o devengo, y deducir en función de ello, bien cuando se entienda realizada  la  operación  (devengo), bien cuando se pague (caja). Todo ello  nos obligaría a distinguir en la Ley del IVA entre devengo y exigibilidad y a establecer un doble régimen de deducciones y obligaciones formales para todos los que se relacionen con proveedores en caja.

La pregunta que se desprende de lo anterior es si merece la pena en un momento como este cambiar las reglas del juego en el IVA para todo el mundo. La morosidad es indudablemente un problema, pero el régimen de caja puede no ser la solución más idónea.

Este debate, que se está planteando en términos  excesivamente simplistas,  obviando todos los problemas que acabo de exponer, creo que debería ser más general y enlazar con el futuro de los regímenes objetivos, las restricciones al uso de efectivo en el ámbito fiscal en determinadas transacciones (como ya se ha hecho en el IRPF con la nueva deducción por obras), la distinción entre devengo y exigibilidad y las obligaciones formales en el IVA. Son cuestiones interrelacionadas y no se puede hablar del criterio de caja sin poner todo esto encima de la mesa.

No se puede hablar del criterio de caja en IVA sin poner encima de la mesa sus problemas y las cuestiones interrelacionadas.

¿Le parece que la valoración de operaciones vinculadas  y la documentación exigida al respecto ya no se modificará?

Entiendo que la simplificación,  en especial para las empresas de reducida dimensión, ha sido muy significativa, por lo que no pienso que vaya a haber nuevas modificaciones.

Sé que hay quien opina que deberíamos diferenciar entre operaciones internas e internacionales, todo ello con base en una sentencia del Tribunal de Luxemburgo. En mi  opinión esto no es ni  mucho menos claro y se me hace muy difícil pensar que la Comisión Europea aceptase que modificásemos la norma para establecer un régimen de obligaciones formales más favorable para las operaciones nacionales que para las realizadas en el seno de la Unión Europea.

Ahora tenemos por delante la labor de interpretación de la norma, puesto que, como sucede con todos los temas novedosos, se plantean todavía dudas por resolver.

¿Ante  una posible vuelta  de tuerca en los esfuerzos para reducir el déficit, cómo contempla la implantación de un impuesto sobre la riqueza o el rescate del impuesto sobre el Patrimonio?

Algunos grupos políticos han planteado medidas de este tipo en enmiendas al proyecto de Ley de Presupuestos  Generales del Estado para 2011 y se han rechazado, así que el debate se acaba de producir y se ha decidido que no.

¿Cree que son suficientes  y que se realizan al ritmo deseable los avances en intercambio de información con paraísos fiscales?

Que la inmensa mayoría de los países y territorios calificados como paraísos fiscales haya aceptado los estándares mínimos de transparencia en materia de información tributaria que establece la OCDE es un paso importantísimo.

Gracias a ello estamos negociando y firmando acuerdos de intercambio de información o, según los casos, convenios para evitar la doble imposición con cláusulas de intercambio de información, con países y territorios como Andorra, Gibraltar, Panamá, Singapur y Hong Kong, entre otros. También estamos revisando convenios ya firmados para eliminar las referencias al secreto bancario, como en el caso de Suiza.

El siguiente paso es el intercambio efectivo de información en aplicación de los nuevos acuerdos y convenios y, dentro de algún tiempo, tendremos que hacer balance y evaluar los progresos pero, de momento, el cambio ha sido sustancial y países y territorios que se negaban con rotundidad a la transparencia en el ámbito tributario están firmando acuerdos y convenios con nosotros y otros países, y aceptando que la OCDE revise su normativa y procedimientos para valorar sus progresos.

La burbuja inmobiliaria: causas y responsables

Manuel Arellano (CEMFI)   y Samuel Bentolila (CEMFI)

Resulta que una generación de españoles va a perder sus ahorros porque los ha dedicado a comprar viviendas cuyo precio se está desmoronando. Así que no podremos contar con lo que esperábamos para la vejez y para nuestros hijos. Y muchos se han endeudado tanto que ahora no pueden hacer frente a sus obligaciones. Resulta además que nos hemos especializado en ser albañiles, fontaneros, electricistas, camioneros, cristaleros, fabricantes de puertas, vigas, grúas, baldosas o lavabos, aparejadores, vendedores de hipotecas, tasadores, registradores y un sinfín de ocupaciones relacionadas con la construcción; y que ahora nuestra experiencia laboral ya no vale y tendremos que dedicarnos a otra cosa.

Resulta además que el milagro económico español era un espejismo, porque nos hemos dedicado a construir casas que no habríamos querido construir de haber sabido lo poco que iban a valer en el futuro. Una casa solo vale para vivir en ella y si nadie quiere hacerlo entonces no vale nada. Hemos comprado pisos que están cerrados o a los que vamos unos cuantos días al año, no porque tuviéramos grandes deseos de consumir viviendas sino porque pensábamos que eran una reserva de valor para el futuro.

Resulta además que nuestros bancos y cajas se han dedicado a prestar a empresas promotoras y constructoras, y que muchas de éstas ahora no pueden devolver los préstamos, lo que podría llevar a la quiebra a los bancos y las cajas si es que pudieran quebrar. Resulta además que nuestros ayuntamientos han disfrutado de unos ingresos insostenibles gracias a las recalificaciones de terrenos y que los dispendios a los que nos han acostumbrado se acaban. Resulta además que los coches que hemos comprado en realidad no los podíamos comprar porque éramos menos ricos de lo que creíamos. Y de ahí a una completa distorsión del tejido productivo.

Finalmente, en cuanto este tipo de actividad insostenible se ha parado, la economía ha entrado en recesión. Para contribuir a entender un desvarío de consecuencias tan negativas, en este artículo discutimos la senda que han seguido los precios de la vivienda en España, sus causas, su predictibilidad y lo que podría haberse hecho para evitarla.

El crecimiento del sector de la construcción

El crecimiento de la construcción total ha sido altísimo, del 5% al año en 1996­2007. Entre 1998 y 2007 el parque de viviendas creció en 5.7 millones, casi el 30%. En el tercer trimestre de 2007 la construcción suponía el 13.3% del empleo total, muy por encima, por ejemplo, del 6.7% de Alemania o del 8.5% del Reino Unido.

Varios factores han estimulado la demanda de viviendas. Destacan la expansión económica (en parte debida al propio boom inmobiliario) y la consiguiente caída del desempleo, y la reducción de los tipos de interés hipotecarios tras la integración en el euro, del 11% en 1995 al 3.5% en 2003­2005, que a menudo eran negativos tras descontar la inflación. Además, la competencia bancaria ha facilitado el acceso y mejorado las condiciones del crédito hipotecario. También ha aumentado el número de hogares, en especial debido a una entrada masiva de inmigrantes, de alrededor de 4.2 millones en 1996-2007. Por último, ha crecido la compra de inmuebles de familias no residentes, en una magnitud difícil de calcular.¹

La oferta respondió a la mayor demanda, como los muestran los datos anteriores, pero no pudo satisfacerla completamente, lo que dió lugar a grandes subidas de precios de la vivienda: de una tasa de inflación anual del 1% en 1995-1997 se pasó al 18% en 2003-2004. En media, entre 1995 y 2007 la inflación de la vivienda fue casi del 10% anual.

En realidad, en la medida en que los agentes tengan expectativas de incrementos futuros de los precios de la vivienda y la demanda se vea influida positivamente por ellas, durante un tiempo es posible observar una espiral de crecimiento de la demanda, la oferta y los precios.

¿Ha habido una burbuja especulativa?

Una burbuja se caracteriza por la presencia de altos volúmenes de transacciones a precios muy distintos del valor económico fundamental. No es fácil de identificar, por la dificultad para calcular bien este último valor. A menudo la identificación se realiza a posteriori, tras un colapso brusco de los precios. No obstante, en el mercado inmobiliario, por su escasa liquidez, ese colapso es más lento que en los mercados financieros e inicialmente se manifiesta más en las cantidades que en los precios. En España la venta de viviendas se ha desplomado en 2008, calculándose que a finales del año había entre 650.000 y 1.3 millones de viviendas nuevas sin vender.³

En todo caso, la revalorización de la vivienda en España en 1997-2007 ha sido del 191% según The Economist, la segunda mayor de la OCDE y superior a la de países donde no se duda de la existencia de una burbuja, como el Reino Unido (168%) o Estados Unidos (85%). En cuanto a la caída, según el INE, en el tercer trimestre de 2007 el precio de la vivienda nueva ha subido un 3.7% en términos interanuales y el de la vivienda usada ha caído un 11.4%, frente a tasas respectivas de aumento del 9.2% y el 7.5% un año antes. La rapidez y la magnitud de estos cambios apuntan a una burbuja.

Más rigurosamente, los factores fundamentales antes citados (la expansión, los tipos de interés, etc.) no explican por sí solos los precios alcanzados. Las estimaciones disponibles, por ejemplo las del Servicio de Estudios del Banco de España, indican que los precios observados estaban muy por encima de los niveles justificados por los fundamentos económicos. Esta sobrevaloración se cifraba entre el 8% y el 20% ya en 2003 y entre el 24% y el 35% en 2004.⁴ Así, parece claro que una parte significativa de la inflación de la vivienda se ha debido a motivos especulativos: la gente compraba casas como inversión, porque esperaba que se revalorizasen. Además, se consideraban una inversión segura, frente al riesgo de los activos financieros revelado por el desplome de las bolsas de valores de 2002.

Vale la pena señalar que una burbuja no tiene nada que ver con los estados de optimismo o pesimismo colectivos que puedan asociarse con niveles de actividad económica altos o bajos, por la vía de un mecanismo de expectativas autocumplidas. En el caso de una burbuja los precios no cumplen su función como mecanismo para la asignación correcta de recursos y se producen errores reales. Si la burbuja es grande y duradera, la mala asignación de recursos de ahorradores, empresas y trabajadores puede causar una cuantiosa destrucción de riqueza real.

¿Se sabía que había una burbuja?

Desde 2002 el Banco de España ha alertado sobre la sobrevaloración de la vivienda, aunque ha sido demasiado optimista sobre la probabilidad de que fuera “compatible con una reabsorción paulatina y ordenada”, quizá porque temía pinchar la burbuja. En 2003 The Economist estimaba la sobrevaloración en España en el 52%. En 2004 el Fondo Monetario Internacional la situaba en el 20-30%. Entre los economistas españoles, José García-Montalvo la cifraba en 2003 en un 28.5%, indicando: “En resumen es muy probable que el mercado inmobiliario español sea una bomba de relojería esperando a ser detonada”.⁵ No obstante, tanto altos cargos políticos como empresarios negaron repetidamente y hasta fechas recientes que hubiera una burbuja.

¿Eran los responsables políticos conscientes de la burbuja?

El programa electoral del PSOE de 2004 hablaba de apostar “por un nuevo modelo de crecimiento más sólido que el actual”. Su candidato a presidente del gobierno decía: “Como tenemos un modelo económico basado en la construcción y en la hipoteca, las familias españolas están hoy más endeudadas que nunca en su historia”. Y el entonces coordinador del programa económico del PSOE afirmaba: “Esa política de alquileres que proponemos (…) evita que la gente, ante un cambio de expectativas, se ponga a vender y se produzca un desplome de precios, lo cual sería catastrófico”. Ciertamente, el entonces ministro de economía del PP declaraba: “La verdad es que estamos asentados en un ciclo largo y con pocas incertidumbres. Eso es indiscutible. Y lo importante es que es un modelo duradero”.⁷

¿Podría haberse hecho algo para evitar la burbuja?

Atajar una burbuja es más fácil (técnicamente) si se cuenta con la herramienta adecuada: los tipos de interés. Es más difícil si no se tienen, como en España, que los ha dejado en manos del Banco Central Europeo –que durante mucho tiempo los mantuvo demasiado bajos para las necesidades de la economía española–. No obstante, pensamos que las siguientes medidas, orientadas a conocer realmente el nivel de precios de la vivienda y a reducir las distorsiones fiscales que hacían artificialmente rentable este tipo de inversión, hubieran mitigado la burbuja.

1. Mejorar la información sobre los precios de la vivienda. A diferencia de otros países, en España no existe información sobre precios reales de transacción. Solo desde 2008 se dispone de datos registrales provenientes de las notarías y solo en forma de índice, no de valor monetario (quizá por sospechar una infradeclaración en los valores escriturados). Hasta entonces solo había series oficiales del Ministerio de Vivienda elaboradas a partir de datos proporcionados por empresas que tasan viviendas con cargo a los clientes, a menudo para la concesión de hipotecas. Por motivos obvios, ésta no es una fuente fiable. Y la política informativa oficial ha sido lamentable. Por ejemplo, ese ministerio anunció en octubre de 2004 que suspendía la publicación de datos de precios de la vivienda, aunque luego rectificó. Acto seguido introdujo un cambio metodológico que sesga la medición de los precios a la baja. ¡En la actualidad este ministerio no ofrece en su página web ningún dato de precios por ciudades anterior a 2005! Y en ningún momento se intentó que el público fuera consciente de la posible sobrevaloración de la vivienda.

Sin embargo, sería posible contar con información sobre el valor real de las transacciones inmobiliarias, por ejemplo recabándola en una de las encuestas a los hogares que realiza el INE o llevando a cabo una encuesta específica para ello, y usarla para corregir la medición de precios de los cambios de calidad de la vivienda.

1.                 2. Reducir la desgravación a la vivienda en el impuesto sobre la renta, que sesga fuertemente las decisiones de inversión de los hogares hacia la vivienda frente a otros activos y, junto con la ley de arrendamientos, favorece la vivienda en propiedad (81.3% de los hogares en 2005) frente al alquiler. En 2002, el 79.7% de la riqueza bruta de los hogares correspondía a bienes inmuebles, frente al 75.5% de Italia o el 38.4% de Estados Unidos. En 2005 el porcentaje era ya del 80%.⁸ En 1998 el gobierno del PP redujo la altísima desgravación existente, pero después no se ha avanzado por esta vía.

2.                 3. Aumentar la presión inspectora sobre las empresas y las transacciones inmobiliarias. Estimaciones recientes sitúan a España en 2004-2005 como el tercer país desarrollado con mayor economía sumergida (20.5% del PIB oficial), tras Grecia e Italia. Este porcentaje solo se ha reducido en 2.2 puntos desde 2000. Probablemente una parte importante de la actividad oculta se canaliza a través del mercado inmobiliario. El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda estima la evasión fiscal en el sector inmobiliario en unos 8.600 millones de euros anuales (alrededor del 0.8% del PIB).⁹

¿Por qué no se intentó atajar la burbuja?

En primer lugar, porque la construcción es un sector intensivo en mano de obra, lo que es importante en un país con una tasa de paro estructuralmente alta. En segundo lugar, porque un aumento del valor de la vivienda favorece al votante mediano, que es propietario de su vivienda. Y en tercer lugar, porque el sector inmobiliario genera cuantiosos ingresos fiscales para el sector público, a los niveles nacional, autonómico y municipal. Por ejemplo, en 2004 suponía el 60% del presupuesto (excluyendo pasivos y transferencias corrientes) de la ciudad de Valencia y el 50% del de Madrid.¹⁰

El gobierno del PP se equivocó con su ley de liberalización del suelo de 1998. Creía que con más suelo aumentarían las viviendas y bajarían los precios. Craso error. Se compraban y se construían viviendas no porque fueran baratas sino porque eran caras y se tenían expectativas de que lo fueran aun más en el futuro. Así, la ley del suelo echó leña al fuego de la burbuja, desencadenando una frenética actividad recalificadora gracias a la cual los gobernantes locales veían llenarse las arcas municipales (cuando no sus propios bolsillos)¹¹. Por su parte, los intentos del gobierno del PSOE de fomentar la vivienda protegida y en alquiler y su nueva ley del suelo de 2007 han sido totalmente ineficaces. En realidad se ha limitado a cabalgar la burbuja hasta sus últimos estertores.

En definitiva, ambos gobiernos han fallado en un asunto crucial: preservar a los ciudadanos de desmanes económicos que se lleven por delante sus ahorros, su empleo y su prosperidad. Es un fracaso del que se debe aprender para el futuro y por el que procede pedir responsabilidades.

NOTAS:

¹Banco de España (2008), Informe Anual 2007, capítulo 2.²En 2005 se produce un cambio de metodología en la serie de datos.³García-Montalvo, J. (2008), “El sector inmobiliario español a principios del siglo XXI: entre la demografía y las expectativas”, CLM Economía, 11, pp. 57-79.⁴Banco de España (2005), Informe Anual 2004, pp. 40-41.⁵Banco de España (2005), Informe Anual 2004, p. 41. “Castles in hot air”, The Economist, 29-3-2003.

International Monetary Fund (2004), “2004 Spain Article IV, Staff Report”. García-Montalvo, J. (2003), “La vivienda en España: desgravación, burbujas y otras historias”, Perspectivas del Sistema Financiero, FUNCAS, 78, pp. 1-43.⁶Ver “Los que negaron la burbuja inmobiliaria”,  w.burbuja.info/inmobiliaria/burbuja-inmobiliaria/66764-los-que-negaron-la-burbuja-inmobiliaria.html.
⁷PSOE, “Merecemos una España mejor”, Programa Electoral Elecciones Generales 2004. Entrevista con José Luis Rodríguez Zapatero, “Si la gente que quiere el cambio respalda al PSOE, podemos lograr la mayoría”, El País, 11-3-2004. Entrevista con Miguel Sebastián "El modelo económico del PP es el
despilfarro", El País, 24-2-2004. Entrevista con Rodrigo Rato, "Estamos asentados en un crecimiento duradero", El País, 23-2-2004. ⁸Bover, O., C. Martínez-Carrascal y P. Velilla (2005), “La situación patrimonial de las familias españolas:
Una comparación microeconómica con Estados Unidos, Italia y el Reino Unido”, Boletín Económico, Banco de España, Abril, pp. 112-133. Banco de España (2007), “Encuesta Financiera de las Familias (EFF) 2005:
métodos, resultados y cambios entre 2002 y 2005”, Banco de España, Boletín Económico, Diciembre, pp.30-65.⁹Schneider, F. (2007), “Shadow economies and corruption all over the world: New estimates for 145
countries”, Economics, 2007-9. “La evasión fiscal en el sector inmobiliario ronda los 8.600 millones de euros anuales”, El Mundo, 11-11-2007.
¹⁰García-Montalvo, J. (2005), “Algunas reflexiones sobre la tributación y las desgravaciones a la vivienda”, Economistas, pp. 191-197.
¹¹Ver “Corrupción urbanística en España”,  s.wikipedia.org/wiki/Corrupción_urbanística_ en_España.

Recopilacion noticias 02/06/2011

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Recopilacion noticias 01/06/2011

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Recopilacion noticias 31/05/2011

         ECONOMÍA/FISCAL medio El Ibex se lanza a por los 10.400 Cinco Días El Ibex acelera un 2% gracias al impulso de la deuda y la banca Expansión El déficit del Estado se redujo un 53%, hasta 2.450 millones de euros El Mundo A. Cartens, gobernador del Banco de México: "Europa necesita en el FMI un experto en crisis" Cinco Días Carstens, gobernador del Banco de México: "Tengo más autoridad y experiencia que Lagarde para dirigir el FMI" Expansión Las ventas vía web, a punto de dispararse ABC Cada turista extranjero se gastó en abril 94 euros al día  ABC Académicos tras la especulación El País La «crisis del pepino» pone en riesgo 3.800 millones de euros ABC Las claves de la crisis del pepino Cinco Días El Gobierno cree que las renovables permitirán ahorrar ya en 2015 Expansión Las tabaqueras desafían al Gobierno Expansión Pagar comisiones a un fondo a cambio de nada Cinco Días Las recetas de la industria para mantener las fábricas llenas Expansión Los musulmanes tiran de la economía milanesa ABC Bruselas asumirá la recaudación de impuestos en Grecia ABC EMPRESAS   Vodafone se rebela contra Jazztel y la CMT Cinco Días Cómo crear una pyme euro a euro Expansión Altadis aviva aún más la 'guerra de precios' de tabaco con rebajas Expansión ACS vota en contra de la gestión de Iberdrola en su junta ABC Coca-Cola ve normal su pelea con Hacienda por posible fraude fiscal El País Las grandes marcas ganan poder en la patronal alimentaria ABC Spanair reduce capital por segundo año consecutivo para evitar la quiebra Cinco Días Coca-Cola y Adidas, preocupados por la corrupción en la Fifa Expansión Telefónica estrena el 4G con el primer servicio comercial en Alemania Cinco Días Ataques a Lockheed Martin y Honda hacen temer una escalada de ciberespionaje Cinco Días PROFESIONALES / EMPRENDEDORES   Los colegios presionan contra la Ley de Servicios Profesionales Cinco Días El ICO alcanza los 10.000 préstamos directos a pymes y autónomos Cinco Días LABORAL/PENSIONES/SEGURIDAD SOCIAL   Así prejubilan las grandes empresas Cinco Días Banco de España alerta de la caída del empleo indefinido pese a las reformas El Mundo El paro en la zona euro se mantiene en el 10%, la mitad de la tasa española Cinco Días Casi uno de cada tres parados de la zona euro vive en España ABC Banco de España: el paro se frena y el objetivo de déficit oficial para este año se puede cumplir Expansión El Banco de España constata una desaceleración del alza del paro Cinco Días «La asignatura pendiente de España es la reforma laboral» ABC La Seguridad Social reduce su superávit un 6,4% hasta abril Cinco Días Consiga un trabajo de sol y playa Expansión Trabajo más y mejor si soy feliz Expansión Trabajo legislará la próxima semana en materia de convenios si los agentes sociales no logran el acuerdo Expansión El giro de CEOE deja al borde de la ruptura la negociación colectiva ABC Trabajo admite que el giro de la CEOE complica el acuerdo sobre convenios El País INMOBILIARIA/ VIVIENDA   «Españistán», la teoría de la burbuja inmobiliaria que arrasa en internet ABC El euríbor sube en mayo al 2,147 % y encarece hipotecas 770 euros al año Cinco Días El Euríbor cerrará mayo en su nivel más alto desde 2009 y encarecerá las hipotecas ABC P. Pérez, presidente del G-14: «La vivienda puede volver a dispararse» ABC La construcción de viviendas no toca suelo ABC BANCA   El mayor banco ruso duplica su beneficio en el primer trimestre Expansión Manifestantes revientan la asamblea general de Deutsche Bank ABC Los fondos españoles ven sombras en las salidas a bolsa de las cajas Expansión Sueldos por decreto para la banca ABC VEHICULOS/ AUTOMOCIÓN / TRANSPORTES   Los concesionarios no tendrán que comprar coches por obligación Cinco Días Antón Pradera, presidente de CIE Automotive: "El exterior nos sacará, como siempre, de la crisis" Expansión La solución está ahí fuera El País Las Palmas, Tenerife y Barajas lideran el «top ten» de los retrasos ABC Iberia y AENA se culpan de los retrasos en los aeropuertos El País JURÍDICO La Justicia obliga a un alcalde a pagar con su patrimonio la deuda del Ayuntamiento Expansión El juez aparta a los Ruiz-Mateos de la gestión de Clesa por ir contra su patrimonio ABC ADMINISTRACIÓN   Almunia cree que las autonomías deben fijar una regla de límite del gasto Cinco Días El déficit del Estado se redujo un 53%, hasta 2.450 millones de euros El País Sólo Aragón, La Rioja y Galicia logran superávit El Mundo ¿Auditar las CCAA y los ayuntamientos? Expansión Las comunidades gastan más de lo previsto en el primer trimestre El Mundo VARIOS   Los antinucleares ganan la batalla en Alemania Cinco Días El alumnado de Programas Oficiales de Postgrado crece un 62,7% El País Internet bate un nuevo récord en ingresos publicitarios en EEUU Expansión Los españoles viajaron un 4,8% más en marzo y abril que en 2010 ABC

Deducciones por Reforma Vivienda habitual

En el año 2010, el Gobierno de España tomó la decisión de conceder la deducción por reformas en vivienda habitual en compensación a la reducción drástica de deducciones por compra de casa.  La nueva deducción es aplicable a las cantidades económicas abonadas por obras en la residencia habitual entre el 14 de abril de 2010 y el 31 de diciembre de 2012. A la deducción se pueden acoger los contribuyente con salarios inferiores a 53.007 euros.
Al realizar la declaración de la renta, el contribuyente con una renta igual o inferior a 33.007 euros puede como máximo desgravarse el 10% sobre un otro máximo de 4.000 euros anuales.

Asimismo, la cantidad máxima total sobre la que se puede realizar la deducción podrá deducir un contribuyente por vivienda será de 12.000 euros. Hacienda puede llegar a conceder una deducción por reformas en vivienda habitual, en el caso de los ciudadanos con un sueldo anual de hasta 33.007 euros, hasta 1.200 euros por las reformas en casa habitual. La Agencia Tributaria señala que las cantidades satisfechas en el ejercicio no deducidas por exceder la base máxima anual (4.000 €) de deducción indicada podrán deducirse, con el mismo límite, en los cuatro ejercicios siguientes (a la obra).

Máximo el 10% de 4.000 euros por año.

Al realizar la declaración de la renta, el contribuyente con una renta igual o inferior a 33.007 euros puede como máximo desgravarse el 10% sobre un otro máximo de 4.000 euros anuales. Para el resto, este máximo de 4.000 euros al año se irá reduciendo progresivamente hasta las rentas máximas de 53.007 euros que pueden aprovecharse de esta deducción.

Tope total en todos los años: 12.000 euros

Asimismo, la cantidad máxima total sobre la que se puede realizar la deducción podrá deducir un contribuyente por vivienda será de 12.000 euros. Hacienda puede llegar a conceder una deducción por reformas en vivienda habitual, en el caso de los ciudadanos con un sueldo anual de hasta 33.007 euros, hasta 1.200 euros por las reformas en casa habitual. La web de la Agencia Tributaria señala que las cantidades satisfechas en el ejercicio no deducidas por exceder la base máxima anual (4.000 €) de deducción indicada podrán deducirse, con el mismo límite, en los cuatro ejercicios siguientes (a la obra).

Requisitos a cumplir para acogerse a la deducción por reformas en vivienda habitual:

- No pagar en efectivo. Debe abonarse con tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de crédito a las empresas que realicen estas obras.

- Las reformas deben estar centradas únicamente a la mejora energética de la vivienda, a la sustitución de las instalaciones de electricidad, agua, gas u otros suministros o a la mejora de la accesibilidad al edificio o a la vivienda.

- Para aplicar la deducción se deben guardar las facturas recibidas por las reformas efectuadas en la vivienda habitual.