“Plan de choque para promover el empleo estable y la recualificación”. Este es el nombre que el propio
gobierno ha dado al conjunto de
medidas aprobadas este viernes en Consejo de Ministros y que forman parte del gran pacto social. La verdad que esperábamos algo más que un nuevo paquete de medidas urgentes. Por ejemplo, un empujón a la reforma de las políticas activas. Pero con una simple lectura del nuevo Real-decreto, se puede llegar fácilmente a la conclusión de que no sólo se ha progresado poco en la práctica, sino que en alguna medida se da, muy probablemente, un paso en la dirección equivocada.
El Plan consta de cuatro programas:
1- “Programa excepcional de empleo para la transición hacia la contratación estable” o bonificación de los contratos a tiempo parcial.
2- “Programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo” o ayuda de 400 euros condicionada al compromiso de realizar un itinerario “individualizado” de inserción laboral.
3- “Acciones de mejora de la empleabilidad que combinen actuaciones de orientación profesional y formación para el empleo”: itinerarios para jóvenes, parados de larga duración mayores de 45 años y personas de baja cualificación procedentes de sectores en crisis.
4- Inclusión de personas desempleadas en las acciones formativas dirigidas a personas ocupadas.
Reforma reasignando recursos
El 2º programa viene a sustituir al PRODI (Programa temporal de protección por desempleo e inserción) que finalizaba este mes. Nada nuevo, en realidad. El 3º programa, más de uno pensaría que ya debería estar en marcha. Después de dos años intensos de crisis y cerca de 1,5 millones de parados de larga duración inscritos en las oficinas de empleo, qué menos. Del 4º programa se intuye que el presupuesto de formación ocupacional no da para tanta demanda, teniendo que sacrificar parte del destinado a la formación continua o a empleados.
La reforma de las políticas activas se tiene que producir en un contexto difícil: el presupuesto para el año 2011 es de 7316 millones de euros, un 5,5% menos que en el 2010, sólo un 1% más que en 2007. Por lo tanto, cambiar la orientación de este tipo de políticas pasa por una redistribución de los recursos hacia aquellas que se estimen más eficaces.
En el año 2008, nos gastamos un 0,68% de nuestro PIB en políticas activas. No era esta una cifra muy alejada de otros países europeos. Francia y Alemania se gastaban un 0,80%, por ejemplo, aunque si de Dinamarca (1,2%), Holanda (1.04%) o Suecia (0,93%).
Las diferencias venían sin embargo del tipo de políticas activas por las que hemos apostado en los últimos 15 años: mucho más que los demás en subvenciones al empleo (principalmente bonificaciones a la Seguridad Social), bastante menos en formación y casi nada en orientación a los desempleados. Pero además, al margen de las subvenciones, el gasto por parado también era (y claro ahora es aún más) pobre en términos relativos. Por ejemplo, el gasto en formación por parado era más del triple en Alemania o en Francia (medido en ppa). Según los datos de Eurostat, el porcentaje de personas que recibían servicios de orientación entre los que deseaban trabajar no llegaban al 1%, frente al 94% en Francia (quizás un pelín exagerado), el 71% en Suecia o el 31% en Holanda. Sólo un 4% de estas personas recibía formación para el empleo, frente al 20% en Francia, 26,8% en Dinamarca, o el 15% en Alemania. En definitiva, un sistema que apostó por subvencionar, en especial el empleo estable, y escasamente otras vías como las de la formación y la orientación. A la vista está que esta distribución de recursos en políticas activas ha servido de poco. Además, existe una evidencia bastante consistente de que las subvenciones al empleo han podido tener
efectos perversos sobre las tasas de creación y destrucción de empleo en España.
Las buenas intenciones reflejadas en este nuevo RD de reforzar los servicios de orientación y formación mediante itinerarios son en realidad poco creíbles, dado que no se corresponden con los refuerzos que requerirían los SPE para tal tarea. Desde el inicio de la crisis, sólo se han contratado 1500 tutores adicionales (en 2008, con sucesivas prórrogas de esta cantidad desde entonces). En la disposición adicional cuarta de este RD, de nuevo se establece el compromiso que se reforzarán los servicios públicos de empleo antes de fin de año, es decir, para cuando la mayoría de sus programas estén concluyendo. Con estos recursos, dificilmente se podrá producir una atención personalizada o individual, ya no de todos los parados registrados, sino de los de larga duración.
Por otra parte, aunque se hayan dado los pasos iniciales para la colaboración público-privada en materia de colocación de los desempleados, precisando qué tipo de agencias privadas podrán intervenir, también parece que este proceso esté estancado. Todo avanza despacio, demasiado despacio…
Los contras de la bonificación del empleo a tiempo parcial
Pero detengámonos un momento en la que es una de las medidas estrellas de este “Plan de Choque”. La bonificación de los contratos a tiempo parcial. Sus tres características principales son las siguientes:
- Se bonifican las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social: 100% para empresas de menos de 250 trabajadores, 75% para el resto
- Los contratos han de ser celebrados con trabajadores menores de 31 años o con parados inscritos en la Oficina de Empleo al menos 12 meses en los 18 meses anteriores.
- Las bonificaciones tienen una duración máxima de meses para las contrataciones que se realicen durante el próximo año, para cualquier modalidad contractual a tiempo parcial (50 y el 75% de la de un trabajador a tiempo completo comparable), excepto la interinidad y el relevo. Los contratos temporales deberán tener una duración inicial prevista de 6 o más meses.
Con este programa, en
palabras del Ministro de Trabajo: se espera alcanzar un objetivo de 100.000 contrataciones, con una bonificación media de 235 euros. El coste neto de este programa no sería tan considerable, dado que se reduciría el gasto en prestaciones y esta ayuda evita que se paguen otras bonificaciones para contratos a tiempo parcial. Además, “se trata de evitar la sustitución de trabajadores por los que ahora las compañías cotizan por otros por los que no lo harían”.
Remar con viento a favor y el efecto peso muerto
Durante está crisis, la contratación a tiempo parcial no ha parado de crecer. La destrucción de empleo se ha centrado esencialmente en los empleos a jornada completa. Tal como se puede observar en el Gráfico 1, no es debido a que el empleo femenino (para el que el tiempo parcial tiene más incidencia), se haya comportado mejor que el masculino. Es precisamente para éste para el que se constata un mayor aumento de la contratación a tiempo parcial (aumento de 20 pp desde el 3º trimestre del 2007, por una disminución de 20 pp en el empleo a tiempo completo). En segundo lugar, no se trata de un aumento de la contratación temporal a tiempo parcial, sino indefinida. En tercer lugar, tal como muestra el Gráfico 2, el aumento del empleo a tiempo parcial se ha producido precisamente en las empresas de menos de 250 trabajadores (en especial en las de 1-10 y las de 51-250 trabajadores).
Es decir, se subvencionará un tipo de empleo que está creciendo, incluso en este tiempo de crisis, de ahí que muy probablemente las ayudas tengan un elevado efecto de “peso muerto” o redundante, por lo que será muy difícil ver efectos netos finales sobre la creación de empleo. Básicamente, el objetivo de los 100.000 empleos adicionales ya se alcanzó este año pasado sin necesidad de subvenciones. Está creciendo con contratos indefinidos, por lo que abrir la puerta de un abaratamiento incluso con contratos temporales, no parece la mejor idea en estos momentos. Y está creciendo en las empresas de menor tamaño, las que más se pueden beneficiar de esta nueva subvención, aumentando aún más los riesgos de “peso muerto”.
No es la forma más adecuada de incentivar el empleo a tiempo parcial
El Gráfico 3 muestra además que los trabajadores están aceptando este tipo de empleos no porque lo deseen, si pudieran preferirían un empleo a tiempo completo, y este porcentaje también ha aumentado sustancialmente durante la crisis: cerca de 20 pp, para superar a la mitad de los asalariados a tiempo parcial. Y ahí está un nuevo peligro, y es que con este tipo de bonificaciones se pretenda aumentar la tasa de incidencia a tiempo parcial, que se sitúa por debajo de la mayoría de los países de la UE-15. No es un contrato deseado por los trabajadores. Una posible explicación es que habitualmente está doblemente penalizado salarialmente, por ser temporal y a tiempo parcial (sobre este tema veáse el excelente artículo de
Daniel Fernández Kranz y Nuria Rodríguez-Planas ). Pero, además, no resulta beneficioso para el cómputo de la pensión, ni resuelve el problema de la discriminación de las mujeres en relación con el tema de la maternidad (tal como muestra un nuevo trabajo, aún no publicado de estos mismos autores). En definitiva, la actual legislación no incentiva un aumento de la incidencia del tiempo parcial entre los tres colectivos que mayor demanda pueden hacer del mismo para compaginar la vida laboral con otras actividades: los jóvenes estudiantes, las personas de mediana edad con responsabilidad familiares y las personas de edad laboral avanzada que quieran optar por jubilarse a tiempo parcial.
Formación y contratos a tiempo parcial
Según la última European Working Conditions Survey (2010), después de Grecia, somos el país de la UE15 con menor tasa de formación en la empresa por debajo de los 30 años y con mayor proporción de jóvenes que adquieren formación fuera de la empresa a su propio coste.
Aumentar la incidencia del tiempo parcial entre los más jóvenes que ya han abandonado el sistema educativo no resolverá este problema. Todo lo contrario. Según la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (2009), un 40,3% de los menores de 30 años que trabajan a tiempo completo reciben formación en la empresa, por un 24,4% de los que trabajan a tiempo parcial. Además, por ser una jornada más reducida, también se reduce la probabilidad de recibir formación durante el tiempo de trabajo, 31,8% cuando el empleo es a tiempo completo y 16,6% cuando es a tiempo parcial.
¿Y los contratos de formación?
La ley 35/2010, que ha puesto definitivamente en marcha esta última reforma laboral, reorientó las subvenciones, esencialmente para dar un impulso a los contratos de formación y para la contratación estable de los parados de larga duración (los menores de 30 años con un nivel educativo bajo y los mayores de 45 años). En el caso de los contratos de formación, además, si fueron objeto de reforma recientemente, no se entiende como se fomenta un contrato sustitutivo con una bonificación similar. En realidad, no se ha observado un aumento sustancial de la contratación para la formación desde entonces. Ni tampoco era esta la solución al
problema del empleo juvenil.
Contrariamente a lo que dice el Ministro, no se producirá un gran ahorro en prestaciones, porque los jóvenes no han acumulado derechosa las mismas y los parados de larga duración prácticamente los han agotado. Y si bien no se produciría una sustitución entre personas que ya están en plantilla y los nuevos contratados, si que se pueden producir entre nuevos empleados, algunos de los cuales pueden estar buscando empleo a tiempo parcial. Por ejemplo, parados de edades intermedias que deseen compatibilizar empleo con cuidado de niños o ancianos. En definitiva, aunque sólo se trate de un plan transitorio, no parece ser una buena idea. Y mientras, esperando la reforma de las políticas activas.
