Siempre se ha considerado a Montesquieu como el inventor de la teoría de la separación de poderes tal y como la conocemos en la actualidad, y a juzgar por lo que se nos enseña en los institutos esto debería ser cierto. Pero nuestro sistema educativo tiene tan poco rigor como pueda tener la sabiduría popular. Montesquieu inventó la separación de poderes pero no como la conocemos actualmente sino adaptada a la época en que vivió y a su condición de noble. Le tocó vivir tanto durante el reinado de Luis XIV, quien centraba todos los poderes del Estado en su persona, como durante el reinado de Luis XV, cuya época se caracterizó por una constante lucha de poder entre el rey y la nobleza, que controlaba unos Parlamentos que tenían un carácter diferente a los actuales. Se trataban de tribunales integrados por gente de baja nobleza (sobre todo barones) y que tenían como cometido dar el visto bueno a las decisiones reales y a las leyes.
Así que Montesquieu, como barón que era, defendía principalmente los intereses de la baja nobleza y siempre defendió la idea de que la monarquía debía ser controlada por los parlamentos para evitar los excesos reales frente a la nobleza. Sin ir más lejos el propio Montesquieu era partidario de que la potestad legislativa no se encomendase a una única Cámara sino a dos, una de nobles y una popular de manera que la nobleza pudiese preservar su poder sobre el pueblo. Incluso defendía que la intervención en la legislación de éstas dos Cámaras debería ser proporcional a su peso en los poderes del Estado. Montesquieu era consciente de que si el poder legislativo estaba únicamente concentrado en una Cámara popular, los privilegios de la Baja nobleza desaparecerían.
Por otra parte decía que la potestad ejecutiva debía ser ejercida por el rey y ser lo suficientemente fuerte como para contener los excesos del poder legislativo. Y por su parte el poder judicial debía ser independiente, pero nuevamente diferenciando entre nobleza y pueblo y siendo más relevante el poder que tiene el poder judicial de los nobles que el popular. Pueden comprobar todo esto en “El espíritu de las leyes” y en “Las cartas persas” Sí, Montesquieu ideó la separación de poderes, pero no tal y como la conocemos actualmente, como se nos ha dicho en innumerables ocasiones, sino adaptada a los intereses de la Baja nobleza. El sistema actual es hereditario de sus ideas pero no fue ideado por él tal cual lo conocemos ahora. Se trata de una evolución y de una adaptación de sus ideas.
Al fin y al cabo Charles Louis de Secondat no dejaba de ser un ser humano; es decir, siempre buscamos nuestro propio beneficio aunque a veces, en ese proceso, también estemos defendiendo el beneficio común, pero siendo el primero nuestro principal objetivo. De hecho actualmente la separación de poderes se está viendo deteriorada debido a la politización del poder judicial. Se podría decir que en la actualidad el sistema estadounidense es aquel en que la separación de poderes es más evidente.
Vacaciones: Es evidente que nos encontramos en época estival ya que muchos de los blogs están parados debido a que sus propietarios están disfrutando de unas vacaciones seguramente merecidas. Sepan ustedes que éste blog seguirá activo durante todo el verano ya que no me voy de vacaciones.
Me alegro de ello, victrix. Aquí estaré leyéndole, porque seguramente yo tampoco me ausente más que un par de días. En cuanto a Montesquie: ¿sería apropiado introducir la figura de Alfonso Guerra en el debate?
Un saludo veraniego.
Montesquieu, ¿dónde queda esa separación de poderes, aquí en España? No sé cuál, si el poder legislativo o el ejecutivo, controla a los otros dos, pero así lo hace. La separación de poderes es más aparente que real.
Es interesante otra de las ideas principales de este artículo. Muchos grandes pensadores de la talla de Montesquieu, que nos han sido presentados siempre de un modo simplón y manido (los buenos), o bien barrían para casa o bien tenían algunas ideas que hoy nos parecerían poco menos que escandalosas (a algunos más que a otros). Y esto de Platón y Aristóteles hasta Marx. La Historia es un campo muy maleable, y más cuando no hay nadie dispuesto a descubrir la verdad.
Un saludo
Yo también me alegro, Marta. Y no por egoísmo, o porque desee que usted no tenga vacaciones, por supuesto, sino porque, dado que cree que no las tendrá, al menos podré disfrutar de sus comentarios y leer sus artículos. Si me permite la comento que quizás yo también me ausente, pero llegado el caso no sería más que un día para visitar con mis amigos alguna ciudad cercana. Pero lo que tradicionalmente se conoce por “vacaciones” no tendré, pues considero mi obligación aprobar curso por año y por ahora es más prioritario en mi opinión mi formación que quince días de sol y playa.
En cuanto a Alfonso Guerra supongo que usted se refiere a su famosa frase “Montesquieu ha muerto” Al parecer la formuló refiriéndose a la reforma que en su día llevó a cabo el PSOE de la LOPJ y que abría una puerta al gobierno para poder controlar a la justicia. Al margen de esa reforma, de la investigación judicial del 11-M (...) y de las intentonas de Garzón de entrar en el gobierno con González, el Gobierno tiene entre sus competencias en materia judicial las de proponer dos miembros del TC o nombrar al Fiscal General del Estado.
Dudo que se estuviese refiriendo a la diferencia entre parlamentarismo y presidencialismo. Como comenta el espantapájaros, el parlamentarismo permite una cierta colaboración y control mutuo entre poder legislativo y ejecutivo. De ésta manera el gobierno puede emitir proyectos de ley y el presidente está capacitado para disolver las Cámaras. Y por su parte el legislativo puede presentar una moción de censura contra el presidente del gobierno y obligarle a presentar su dimisión ante el rey. En cambio el presidencialismo, cuyo más claro representante es EEUU, implica una división absoluta de poderes, no siendo posibles de este modo las mociones de censura o la disolución de las Cámaras por parte del presidente. Juzguen ustedes mismos qué sistema es mejor.
Y para concluir es evidente que cada persona suele buscar sus propios intereses, como ya comento, y a veces, en ese proceso, es posible que se esté buscando el beneficio común, pero esto no suele ser prioridad de nadie. Negarlo no sería lógico. Cierto es también que hay pensadores que la gente suele idolatrar sólo porque ha oído que eran famosos. Pero seguramente muchas de sus teorías, quizás por estar sometidas a la cultura de la época, nos parecerían inadmisibles actualmente. Por ejemplo creo que en Roma era perfectamente legal la esclavitud e incluso estaba protegida.
Un saludo a ambos.
Vacaciones, lo que se dice vacaciones a todo plan, sólo las tienen los sociali$tas con dinero público.
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Cuando Guerra asesinó a Montesquieu
12:17 | 28 de noviembre, 2009 Enrique de Diego
La chapuza de la incautación de Rumasa disparó la corrupción y acabó con la división de poderes. El presidente del Tribunal Constitucional sufrió presiones insoportables en La Moncloa.
Madrid.- Es criterio probado que el asesino siempre vuelve al lugar del crimen. En el magnicidio de Montesquieu se confirma. Arrepentido o cínico, Alfonso Guerra declara ahora, frente a la presión mediática catalana sobre el Tribunal Constitucional, que éste “no hace política ni debe medir las consecuencias de sus fallos”. El mismo Guerra es autor del dictamen liberticida: “Montesquieu ha muerto” y el Bruto que dio las más certeras cuchilladas a la división de poderes.
El 5 de diciembre de 1983 se filtró la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la expropiación de Rumasa.
Escándalo sobre escándalo, pues seis magistrados habían votado en contra y otros seis a favor. El empate había sido roto por el voto de calidad del presidente, Manuel García Pelayo.
El Gobierno tenía interés en dar a conocer cuanto antes una sentencia sobre cuestión que se le había convertido en terrible pesadilla y la misma filtración pretendía distraer el debate de la cuestión de fondo. El ejecutivo se escudó en la excusa peregrina de que el invento de la fotocopiadora hacía imposible determinar la fuente de una filtración, que sólo podía provenir del Gobierno o del Tribunal Constitucional. García Pelayo, la víctima colateral del terrible asesinato de Montesquieu, cuyas consecuencias aún pagamos de manera muy elevada, declaró que “una sentencia votada y firmada no puede variarse”. Nada se podía hacer. Ruiz Mateos declaraba que “toda la propiedad privada queda en el aire”.
Estricta incautación.
El 23 de febrero de 1983 el gobierno socialista se había incautado, manu militari, con un despliegue policial sin precedentes, de Rumasa. Se trataba de un holding de 700 empresas, con una plantilla superior a las 65.000 personas, y con una facturación anual superior a los 350.000 millones de pesetas de la época(más de 2.000 millones de euros).
La incautación había venido precedida por amenazantes declaraciones del vicepresidente económico, Miguel Boyer. Las razones del asalto a Rumasa son confusas y confluyen varias motivaciones. Las excusas económicas fueron: reiterada falta de auditorías externas, obstrucción a la actividad inspectora del Banco de España, desproporcionados riesgos asumidos por los bancos que financiaban internamente a las empresas del propio grupo y una política expansiva considerada imprudente.
El partido socialista acababa de acceder al poder (diez millones de votos el 28 de octubre de 1982) y la expropiación fue un ejercicio de autoritarismo, que aterrorizó a la sociedad española, aunque fue comedidamente aplaudida por la cúpula bancaria que consideraba a Ruiz Mateos un peligroso outsider.
Es muy posible que la pertenencia entonces de José María Ruiz Mateos al Opus Dei fuera determinante para un gobierno en el que Alfonso Guerra hacía ostentación de rabioso anticlericalismo, con paranoica obsesión contra La Obra, a la que situaba como el principal foco de resistencia al nuevo poder socialista.
Autoritarismo.
No había cobertura legal para la medida y todo se hizo en medio de una gran frivolidad, al amparo de las previsiones contenidas en los artículos 33.3 y 128.2 de la Constitución. Se improvisó un decreto-ley ad casum. El ejecutivo, con su todopoderoso vicepresidente, Alfonso Guerra, actuó como el gobierno de un régimen totalitario. Expropiar Rumasa implicaba –tal era la chapuza- acabar con la propiedad privada en España, someterla al capricho gubernamental.
Sólo quedaba como dique el Tribunal Constitucional y a él acudió con recurso de inconstitucionalidad, elaborado por José María Ruiz Gallardón, el grupo parlamentario de AP.
Al frente del Alto Tribunal estaba un jurista de muy reconocido prestigio, referencia del Derecho Constitucional comparado, y de fuertes credenciales democráticas. Manuel García Pelayo (1909-1991), nacido en Corrales del Vino (Zamora), licenciado en Derecho por la Complutense, había sido capitán del ejército republicano y había permanecido luego en las prisiones franquistas hasta 1941. En 1951 emigró a Argentina y de ahí a Venezuela, donde fundó el Departamento de Ciencia Política de la Universidad Central de Caracas. En 1980 el Rey le invitó a formar parte del Tribunal Constitucional, lo que representó su vuelta a España. La sentencia del caso Rumasa amargaría sus últimos años.
Presión en Moncloa.
Se trataba, pues, de un hombre incorruptible y de sólida trayectoria. Nada indicaba en su perfil que fuera el arma que el vicepresidente Alfonso Guerra utilizaría para hundirla en el corazón mismo de Montesquieu.
Empezó a saberse que el Alto Tribunal estaba muy dividido y se fue abriendo a la convicción de que todo dependería de si el presidente ejercería o no la prerrogativa del voto de calidad.
Manuel García Pelayo fue llamado a Moncloa. Acudió con el vicepresidente del Alto Tribunal, Jerónimo Arozamena. Por parte gubernamental ejercieron intensísimas presiones Felipe González y Alfonso Guerra, correspondiendo a éste el papel de poli malo, en lo que adquirió características de interrogatorio policial. El Guerra arrogante de entonces exhibió voceando las más altas y, al mismo tiempo, las más chuscas razones de Estado: de echar abajo la incautación de Rumasa, la indemnización a pagar sería multimillonaria, representaría no sólo el fin del proyecto socialista sino también la quiebra del Estado.
“Te vas a cargar el Estado y la democracia”, gritaba un exasperado y exasperante Guerra. De aquellas reuniones, que se pretendían mantener en el más absoluto secreto, informé en exclusiva gracias a lo suministrado por los escoltas de Manuel García Pelayo.
Éste había salido de Moncloa en estado de extrema agitación, muy nervioso, con lipotimia y al borde del infarto, ante una presión que se le había hecho insoportable y para la que -hombre curtido pero sensible y académico- no estaba preparado.
García Pelayo cedió. Cumplido el pedido, pasó a ser una sombra de lo que había sido. En 1986 dimitió, sin cumplir el periodo de nueve años previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Regresó de nuevo a Caracas en 1987, donde murió, olvidado, en 1991, tras una larga enfermedad.
La privatización de las empresas de Rumasa significó la introducción en España de la corrupción en gran escala. Además el Gobierno no quería sobresaltos como los que había pasado y reformó la Ley del Poder Judicial situando a todo el Consejo General bajo tutela de los partidos. De esa manera, la carrera judicial pasaba a ser cuestión de favor político.
La división de poderes había muerto. Nadie trató después de resucitar el cadáver de Montesquieu. Aunque los cómplices del asesinato son múltiples, no hay duda de que el sicario, el asesino directo fue Alfonso Guerra. ¡Ojalá se haya arrepentido, como parece, aunque ya es tarde!
Rumasa | 
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