Fuego apagado, al menos de momento. El agravio comparativo que aparentaba la autorización a Cataluña para refinanciar su deuda parecía tan flagrante que sólo era cuestión de tiempo que el Gobierno matizara su oferta al presidente d e la Generalitat y, al final, habrá café para todos.
El propio presidente, Rodríguez Zapatero, ratificaba ayer en el Congreso que la posibilidad de refinanciación está abierta a todas las comunidades. Un volumen de deuda a refinanciar que, en conjunto, y de acuerdo con los datos facilitados a elEconomista por los responsables autonómicos, se eleva hasta 13.700 millones de euros, mora que corresponde a los vencimientos pendientes en 2011.
No obstante, las fuentes consultadas subrayan que la necesidad total de financiación autonómica (con deuda nueva) alcanzaría los 24.500 millones de euros, lo que significa que todavía quedan cerca de 11.000 millones sin colocar. La pelea no será fácil. Pero como reconocen los afectados, "algo hemos logrado".
El tema estrella
Ayer, la refinanciación era uno de los temas estrella en los pasillos del Congreso, y todas su señorías, independientemente de su filiación , coincidían en asegurar que el Gobierno "no ha hecho ninguna excepción con Cataluña". Mientras que, todavía con los ecos de las revueltas de los presidentes autonómicos en los oídos de Moncloa, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, aseguró que el Ministerio de Economía autorizará todas las peticiones que hagan las comunidades autónomas para refinanciar los vencimientos de su deuda en 2011. Eso sí, Salgado matizó que el Gobierno siempre autoriza estas emisiones porque no suponen un aumento del volumen general de la deuda, sino que simplemente se hacen para ampliar los plazos vencimiento.
El Gobierno recula, pero insiste en que no se trata de un "cheque en blanco al endeudamiento", sino una autorización limitada para las refinanciaciones: es decir, se permite recurrir de nuevo al endeudamiento para hacer frente a los préstamos que vencen este año si no se pueden saldar de otra forma. Y parece, a tenor de las cifras publicadas, que no hay otra forma.
La marca España
Sin embargo, no será tan fácil, porque la deuda emitida lleva la marca España, proceda de donde proceda. De hecho, la agencia de rating Standard & Poor's (S&P) continúa firme en sus perspectivas negativas al considerar que el deterioro presupuestario de las regiones españolas ha sido más "intenso" que el de otras regiones europeas. Además, prevé que en uno o dos años la media de ratings podría descender hasta en dos escalones, aunque sin alcanzar el nivel 'BBB'.
Pero no toda la deuda tiene la misma carga. Cataluña, Murcia y Castilla-La Mancha son las tres comunidades que de momento han incumplido claramente los objetivos de déficit de 2010.
Castilla y León fue ayer una de las comunidades más duras en sus críticas a las concesiones de Zapatero a Artur Mas. La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, arremetió contra el presidente del Gobierno por permitir que Cataluña pueda emitir deuda para refinanciarse "por un puñado de votos" y exigió la rápida convocatoria del Consejo de Política Fiscal.
La Comunidad que preside Juan Vicente Herrera es un de las menos endeudadas de España en relación al PIB (7 por ciento), informa Rafael Daniel. El Gobierno autorizó hace unas semanas a la Junta a endeudarse en algo más de 1.000 millones de euros, lo que permitirá la emisión prevista de 747,4 millones de deuda nueva. El Ejecutivo regional refinanciará además otros 157 millones de deuda antigua. La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo aseguró que la decisión de Zapatero "supone un paso atrás en la credibilidad de la deuda soberana de España" en los mercados internacionales, desde donde "están muy pendientes de lo que ocurre en las comunidades".
Desde Canarias, el Gobierno insular insiste en que el esfuerzo realizado en las últimas cinco semanas de 2010 ha sido extraordinario tanto en la contención de gastos como en el aumento de ingresos.
El Ejecutivo que dirige Paulino Rivero exige se actúe con coherencia y solicita una revisión de la distribución del objetivo en función del stock de deuda de cada autonomía y de su ciclo económico. Canarias podría cerrar 2010 con un déficit de 3 por ciento.
Con las cifras en la mano, incluso entre las filas del Partido Popular se coincidía con las explicaciones del Presidente del Gobierno, y confirmaban que la LOFCA, la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, permite la refinanciación y la posibilidad de nuevo endeudamiento, siempre acompañado de un de un plan creíble de ajuste o saneamiento. Y esta es la clave del asunto, en que el Plan sea creíble.
Responsables económicos de los principales grupos parlamentarios confirmaban a elEconomista que no parece tan sencillo. En el caso de Castilla-La Mancha el ajuste presentado "no es creíble" y si no hay un cambio sustancial no obtendrá autorización.
Recuerdan, a este respecto, que tanto el Gobierno como el Consejo de Política Fiscal y Financiera están obligados a ser "tremendamente escrupulosos" en el análisis de los planes de saneamiento presentados por las comunidades, porque Bruselas está muy atenta a cualquier movimiento que se hace en España y, "no podemos olvidar que seguimos bajo vigilancia".
La obligación de que sea el Consejo de Política Fiscal y Financiera el encargado de dar el visto bueno a los planes de ajuste permite a los expertos asegurar que "muy probablemente no se producirá ninguna autorización de refinanciación antes de final de marzo".
Distinto es el caso de los ayuntamientos, que no se rigen por la LOFCA, sino por la Ley de Bases de Financiación Local. Portavoces autorizados del Partido Popular confirmaban, también ayer, que su grupo no se opondrá a ninguna petición de refinanciación siempre y cuando se cumplan los requisitos de que vayan acompañados de un plan de saneamiento riguroso y que no haya discriminaciones en función del color político del gobierno de cada autonomía.
Hay que estrecharse el cinturón más y Mas, el presidente de la Generalitat. Las autonomías, según sus defensores, no fue un mal invento y sirvió para fraguar un mínimo de cohesión territorial y evitar un modelo federalista de una España de dos velocidades. Es cuestión de equilibrio.
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