Según han indicado hoy en un encuentro con los medios de comunicación, consideran que se incumple el derecho comunitario y pedirán que se abra un procedimiento de infracción contra España.
Los recursos serán individuales y colectivos y se dirigirán contra el real decreto 1565/2010 de noviembre y el real decreto ley 14/2010 de diciembre. En ellos, entre otras medidas, se recortan a 25 los años con derecho a prima y se limita en cerca del 30 por 100 el número de horas con derecho a retribución.
Asimismo, las asociaciones han creado plataformas de afectados y han encargado a la consultoraDeloitte un estudio que demuestre que no son los responsables del déficit de tarifa que arrastra el sector eléctrico.
Pero las asociaciones tienen abierto otro frente: el político. Han emprendido contactos con los diferentes grupos para evitar que la semana que viene se convalide el real decreto ley 14/2010 que se presentó en el último Consejo del Ministros del año. El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, hará lo mismo, aunque en este caso pedirá el voto a favor.
Juan Laso, presidente de AEF, exigió al Gobierno “seguridad jurídica” y aseguró que “la actuación arbitraria es lo peor que puede hacerse contra la credibilidad”.
** Real decreto 1565/2010
** Las fotovoltaicas llevarán su norma al Supremo
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