El día 22 de enero de 2012, se ha publicado en el Diario ABC, un artículo de Antonio Garrigues Walter, en el que el autor declara que España tiene que afrontar todavía muchas e importantes asignaturas pendientes, y entre ellas destaca la ausencia de una “ley de transparencia y acceso público a la información” que está en vigor desde hace tiempo en la práctica totalidad de los países europeos. Transcribimos íntegramente el texto del artículo.
CORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA
Tres ideas básicas sobre uno de los problemas más graves que hoy afronta la Humanidad: La corrupción daña gravemente el crecimiento económico y perjudica de manera especial a las clases menos favorecidas y a los países pobres. Es, según el Banco Mundial, “uno mayores obstáculos al avance económico y social”. Esta es, sin duda, la idea clave.
La corrupción no está descendiendo. Aumenta sin cesar, tanto en los países más desarrollados como en los emergentes. El mapa mundial de la corrupción que publica anualmente Transparencia Internacional demuestra gráficamente el dramatismo del problema.
Siempre habrá algún grado de corrupción, pero su dimensión actual podría reducirse sustancialmente, incluso a corto plazo, con medidas relativamente simples y sencillas. Bastaría con superar -y son superables- algunos obstáculos y actitudes perversas en el mundo político y sobre todo las resistencias de grupos financieros.
Una institución pública, el Banco Mundial y una organización privada. Transparencia Internacional, lideran la lucha contra este fenómeno, y en ambos casos su mensaje es muy claro y muy firme: la transparencia no elimina radicalmente la corrupción, pero la vigila y la dificulta grandemente. Hay que lograr, por e todas las instituciones internacionales y nacionales, que todas las comunidades autónomas, todos los ayuntamientos, todas las asociaciones y empresas públicas y privadas, todas las organizaciones sindicales y empresariales y, desde luego, todos los medios de comunicación y todos los partidos políticos ofrezcan la máxima transparencia en cuanto a organización y funcionamiento. Los ciudadanos deben tener, no ya la posibilidad, sino un auténtico derecho a conocer cualquier dato de esas entidades, incluyendo retribuciones y salarios, compras o ventas de bienes y servicios, transacciones significativas, y en general, cualquier información que pueda interesarles, sin otro límite que el que se derive de temas de seguridad o protección justificada de la privacidad.
En este terreno España tiene que afrontar todavía muchas e importantes asignaturas pendientes, y entre ellas destaca la ausencia de una “ley de transparencia y acceso público a la información” que está en vigor desde hace tiempo en la práctica totalidad de los países europeos. Existe, en principio, una voluntad política positiva para implantar esa ley en nuestro país, pero el tema se ha ido demorando sin ninguna justificación clara. Es todo un ejemplo de pereza política irresponsable.
Los partidos políticos, que se han convertido desde hace tiempo en el tercer problema de preocupación nacional, son también en este aspecto una verdadera remora. Gozan magnificando la corrupción de sus adversarios, minimizando o ignorando la propia y culpabilizándose unos a otros, pero el hecho es que han sido incapaces de alcanzar pactos mínimamente eficaces en la lucha contra la corrupción, tanto la externa como la interna, permitiéndose incongruencias como la de incorporar a sus listas electorales a personas procesadas por este delito que además suelen alcanzar resultados positivos al amparo, entre otros factores, del sistema de listas cerradas.
El informe Greco (Grupo de Estados contra la Corrupción) y el informe ENIS (Sistemas Nacionales Europeos de Integridad) ponen de manifiesto la opacidad creciente y cada vez más sofisticada de las cuentas de los partidos políticos españoles y la necesidad de reforzar su democracia interna -entre otras cosas eliminando las listas cerradas y desarrollando el sistema de primarias- no solo para vitalizar y garantizar el dinamismo político y evitar la oligarquización, sino también para promover y facilitar la transparencia y la integridad.
Los partidos políticos españoles tienen que cambiar el “chip”. La condescendencia y la tolerancia tienen su límite. La desafección ciudadana podría alcanzar niveles peligrosos y poner en cuestión el vigor y el sentido del propio sistema democrático. El Partido Popular ha obtenido una amplia mayoría absoluta que le permite actuar con fuerza y con decisión en los grandes temas nacionales, aunque también le obliga -aún más que si no tuviera esa mayoría- a buscar consensos ejerciendo sin cesar el instrumento decisivo del diálogo. Está, en todo caso, en condiciones ideales de promover un pacto serio -es decir no “de boquilla”- con los demás partidos políticos para combatir la lacra de la corrupción, pacto al que podrían incorporarse empresarios, sindicatos y medios de comunicación. En estos momentos de crisis un acontecimiento como este generaría un clima de confianza en el futuro y mejoraría decisivamente la imagen del estamento político, que no es ciertamente un tema menor.
Es incluso posible que este pacto pudiera poner en marcha un proceso auténtico de regeneración ética, tema que siempre aparece en determinados momentos en nuestra historia. Se podría pensar que el momento es favorable para ese proceso. Lo ético parece estar de moda. El número de centros académicos y no académicos dedicados a este tema crece sin cesar, y lo mismo sucede con los ensayos, seminarios y debates sobre el mismo. Pero detrás de tanta palabra no hay nada realmente serio. Es, en efecto, una moda, que acaba defendiendo una ética aparente y formal. Una ética demasiado “light” para poder cambiar actitudes, conductas y hábitos muy arraigados. Necesitamos un tratamiento terapéutico más intenso.
Por causas diversas -secuelas de la borrachera económica, vulgaridad abusiva en los medios, desprecio o menosprecio de valores positivos, sectarismo fanático, generalización de la doble moral, etc.- hemos creado un clima en el que la convivencia se hace cada vez más incómoda porque crecen sin control el pesimismo, la desesperanza y, sobre todo, la indignación ciudadana, un sentimiento que no debe minimizarse porque tiene raíces y fundamentos sólidos y podría alcanzar niveles inquietantes. Hay que ir por otros caminos. En una época de crisis -en la que nadie en el mundo conoce con certeza la solución segura- es necesario reforzar ciertos principios básicos: la solidaridad, la unidad de acción en temas decisivos, la positividad, la energía moral y sin duda el esfuerzo colectivo. Ahí está -y todos sabemos que está- la solución. La creación de un clima psicológico adecuado es más importante que las recetas técnicas.
De esta crisis -que tiene su origen en un proceso de corrupción financiera, aún básicamente impune, en el mundo anglosajón- tenemos que aprender al menos tres cosas: que no se puede gastar más de lo que se tiene; que todas las burbujas explotan; y que sin ética no hay sostenibilidad, no hay futuro. La lucha decidida en favor de la transparencia y en contra de la corrupción -incluyendo la lucha, tantas veces anunciada en falso, contra el fraude fiscal- tiene que ser la clave de esta nueva época. Y el liderazgo puede y debe asumirlo el Gobierno actual. Es el momento y es su momento. Y lo hará.
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