La banca española era titular de 86.670 millones de euros en créditos concedidos a las Administraciones Públicas ¿Qué valor tienen dichos créditos?

No hay nada como hablar con unos y otros para pulsar el sentir general de un determinado sector. La banca española está deprimida. Pone un circo y le crecen los enanos. Se siente abandonada por el ejecutivo, condenada por la sociedad, herida por un entorno terrible y apuntillada por la presión internacional, que busca cabezas de turco que distraigan la atención. No entiende que, a estas alturas de la película, tenga que pelear porque se incluyan las obligaciones necesariamente convertibles en las ratios de capital o que la provisión genérica quede al margen del cómputo de solvencia cuando no deja de ser una protección frente al deterioro del patrimonio neto. Tampoco se explica que les quieran obligar, mediante la captación de recursos reales, a hacer frente a un ajuste contable del valor de sus posiciones en deuda soberana española, que aún cuenta con un rating de doble A y que acumularon incentivados por el propio Gobierno y la financiación barata del BCE. Pena, tengo pena…

Es precisamente la concreción final de esta última propuesta la que están siguiendo los banqueros con mayor atención. No solo por las obligaciones que lleva aparejadas en términos de captación de recursos y reducción de tamaño del balance, sino por las implicaciones que tiene para otros elementos del activo.

Y es que –piensan- puede ser que a algún iluminado se le ocurra hacer un recorrido por nuestras entidades financieras y descubrir partidas equivalentes a las carteras de renta fija pública en términos de deudor final, Administración Pública en sus distintos escalones; ausencia de consumo de capital para el cálculo de la ponderación por riesgo; o exclusión de cualquier tipo de contingencia asociada a su evolución futura por el falso motivo de que los gobiernos siempre pagan. Un axioma que solo es válido para aquellas naciones que controlan su política monetaria y, por ende, son dueños de la maquinita de hacer esos papelitos con teórico valor fiduciario llamados billetes. Pero no para las que han delegado tal potestad en un tercero sometido al yugo de un estado fuerte de circunstancias económicas antagónicas a quien necesita tal tabla de salvación, léase BCE-Alemania. Un genio el supervisor.

Pues bien, a cierre del pasado mes de agosto, la banca española era titular de 86.670 millones de euros en créditos concedidos a las Administraciones Públicas. Para las lumbreras de Basilea, responden a las características de solvencia teórica plena y ausencia de provisiones a las que hemos hecho referencia con anterioridad. Así lo entienden los bancos y cajas:apenas 400 son contabilizados como dudosos de acuerdo con el Cuadro 4.99 del Boletín estadístico del Banco de España. Su volumen total supone menos del 5% de la financiación concedida al sector privado de la economía. Pero que tiene a las instituciones patrias en un sin vivir.

Y es que buena parte de los destinatarios finales de dichos fondos son entes regionales y locales cuyas finanzas distan mucho de ser las más saneadas a día de hoy. Cuando carecen del dinero necesario para pagar servicios básicos como la sanidad o la limpieza, pensar que van a hacer del abono de lo debido a los bancos una prioridad es ilusorio. De hecho, tras doblar la exposición en importe desde finales de 2007 a abril de este año -frente al estancamiento de la actividad con particulares- se percibe un estancamiento en los últimos meses (Cuadro 4.1). El cierre del grifo administrativo está en el origen de los llamados "bonos patrióticos", comercializados entre sus clientes a cambios de jugosas comisiones por... esa banca que no quiere tal posición en su balance. Pena, tengo pena...

¿Qué valor tienen dichos créditos? Aceptemos como válido, por más que sea discutible, que es razonable aplicar un recorte a las posiciones de bonos españoles en el balance de nuestras instituciones. En términos puramente intelectuales da igual que sea del 2% o del 20%, no así a efectos prácticos obviamente. Lo importante es la aceptación colectiva de que no se trata de un valor seguro. Vale.

Si el criterio es correcto para títulos con garantía estatal, líquidos y con cotización diaria, sujetos a la protección más o menos acertada de unos seguros de crédito que también se negocian en los mercados, cuánto más para ese otro riesgo ilíquido y desguarnecido que depende de deudores que en ocasiones ya se han declarado en bancarrota, cuyas posibilidades de cumplimiento en tiempo y forma son más que limitados y para los que el aval tradicional del estado no tiene valor, tal y como queda acreditado en la discusión primera sobre la capacidad de éste para hacer frente a sus pagos (el desglose por regiones es recogido por elCuadro 4.29, Cataluña se lleva la palma).

En algún despacho comunitario podrían pensar, en un momento dado y como quien no quiere la cosa, que siendo así estaría justificado aplicar a esos 86.670 millones (de los que 2.400 corresponden al ICO, Cuadro 4.11) un recorte a la griega del 30%, para empezar. Simplemente haciendo una extrapolación de lo que ha estado sobre la mesa de los líderes europeos a las características de estos créditos. Y a más de uno le parecería poco. Con toda seguridad el argumentario para este ajuste sería mucho más extenso y razonado del que se proponía para bajar el valor de la deuda soberana ya en mercado.

Un recorte de este tipo supondría, para las cuentas de las entidades, alrededor de 26.000 millones de euros, esto es: un 11% del capital y reservas del sistema a agosto (232.014 según el Cuadro 4.7). Y vuelve a remar otra vez, querido banquero. Recapitaliza que algo queda. Y es quedeterminadas concesiones, por nimias que sean, pueden abrir la puerta a consecuencias indeseadas. No aprenderán. El rezo delVirgencita, virgencita que me quede como estoy se ha convertido en letanía bancaria de moda. Necesitan un milagro para que así sea. No parece que vayan a dejar que ocurra. Pena, tengo pena, pena de perderte...