La crisis económica ha puesto de manifiesto la imperiosa necesidad de realizar una reforma en profundidad de la financiación local. Para ello, planteamos algunas cuestiones:
1. Las competencias que se denominan impropias, que no pertenecen a los consistorios, deberían o ser asumidas por las CC.AA. o por el Estado Central o, mejor aún, financiarse por esos entes. Para ello, sería necesario que Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos realizasen una delimitación clara de los servicios que debe prestar cada uno de ellos, pues en muchas ocasiones se duplican creando gastos innecesarios y para ello sería necesario que se aprobara una nueva Ley de Bases de Régimen Local (la anterior data de 1985) y una nueva Ley de Haciendas Locales.
2. Según el indicador de rigidez del gasto corriente, los municipios tienen la posibilidad de realizar un esfuerzo de reducción del gasto corriente que equilibre sus presupuestos sin acudir, como está sucediendo, al endeudamiento o al recorte de la inversión.
3. Para aportar transparencia y mejorar el control de la gestión, podría estudiarse completar o auxiliar la labor que realiza la Intervención General, mediante auditorías externas de todos los municipios, con diferente periodicidad en función de su tamaño. Con ello se conseguiría mejorar el control del gasto público y su acercamiento hacia planteamientos de rentabilidad económica a través del análisis coste-beneficio.
4. Como no todos los municipios son iguales, debería aprobarse un nuevo modelo de financiación local para que, al igual que ocurre con los municipios turísticos, se contemplen las características especiales, teniendo en cuenta especialmente la situación de los municipios de menos de 5.000 habitantes pues son el 85% del total y debería plantearse la gestión de la prestación de los servicios básicos de manera consorciada para reducir costes..A estos efectos debería de implantarse un Plan Estatal de mejora de la eficacia recaudatoria y de la gestión, generalizando y unificando herramientas telemáticas de gestión tributaria, con lo que se conseguirían importantísimas economías de escala.
5. No parece sostenible la discriminación de los contribuyentes de diferentes municipios, en función de que puedan acudir o no a la vía económico-administrativa, por ello debería generalizarse este procedimiento de revisión.
6. Establecer un catálogo general de tasas para intentar homogeneizar, en la medida de lo posible, las mismas, evitando que, como ocurre ahora, tasas que tratan de financiar servicios muy parecidos se exijan con parámetros totalmente dispares. Ello contribuiría notablemente a la reducción del personal que debe dedicarse al estudio individualizado en cada municipio y que podría atender a otras cuestiones.
7. Revisar determinados tributos como el IIVTNU que, según creciente opinión, puede producir una doble tributación con el IRPF. Si no se opta por la supresión del mismo, el legislador debería plantearse gravar las transmisiones de menos de un año, puesto que éstas son las más especulativas y, por lo tanto, para las que tendrían más justificación la argumentación hacendística al gravamen de las mismas.
8. Modificación del IVTM y del IAE. El primero para que el gravamen sea proporcional a la contaminación del vehículo y para eliminar la deslocalización. El segundo habrá que modificarlo o eliminarlo, pero la situación actual, en la que sólo lo soportan algunas sociedades no parece muy conveniente.
9. Fijar la participación de las Entidades Locales en los tributos de las CC.AA., o sustituir parte de la financiación que se pierda por la eliminación de tributos obsoletos con recargos sobre tributos estatales como el IRPF que es personal y más perfecto técnicamente y hacer depender la cuantía a percibir por parte de los Ayuntamientos de variables simples que atiendan a la realidad local y su gestión.
8. En una reforma global de la tributación local sería conveniente potenciar el establecimiento de contribuciones especiales y precios públicos que reforzarán la equidad del sistema en el sentido de que paguen más los que más se benefician de ciertos bienes y servicios.
11. Siendo conscientes de que por el número de entidades locales y por la situación económica y política no es sencillo acometer una reforma integral de la financiación local y, en especial, de sus ingresos tributarios, sin embargo es una tarea inexcusable teniendo en cuenta la situación financiera, lo arcaico del sistema y su difícil gestión.
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