Periodo democrático
[editar]Transición Española (1975-1982)
- Caso del aceite de colza: venta fraudulenta de aceite adulterado, que provocó el envenenamiento de 60.000 españoles y la muerte de 700.
[editar]Gobierno de Felipe González (1982-1996)
Durante los últimos años del gobierno de Felipe González (especialmente en la IV y V Legislaturas de España), se sucedieron diversos escándalos de corrupción:
- GAL: creación y financiación ilegal de una organización terrorista que asesinó a 27 personas del entorno de ETA entre 1982 y 1987, con implicación de policías, guardias civiles y altos cargos del gobierno socialista, entre ellos el ministro del Interior José Barrionuevo, el secretario de Estado de seguridad Rafael Vera, el gobernador civil de Vizcaya, Julián Sancristóbal, el secretario general del PSOE en Vizcaya, Ricardo García Damborenea y el General de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo. El propio González fue acusado de ser el "señor X", el dirigente del entramado GAL.
- Caso Naseiro: financiación ilegal del Partido Popular a través de la exigencia de pagos a empresas inmobiliarias.
- Caso PSV: fraude y apropiación indebida de 18.588 millones de pesetas, para enriquecimiento personal y financiación ilegal de la UGT a través de esta cooperativa de viviendas y de su gestora, IGS.
- Caso Hormaechea: prevaricación y malversación de caudales públicos por parte del popular Juan Hormaechea, ex alcalde de Santander y ex presidente de Cantabria, condenado en octubre de 1994 a seis años de prisión mayor y 14 de inhabilitación.
- Caso FILESA: Grupo de Empresas que financiaban ilegalmente al PSOE.
[editar]Gobierno de José María Aznar (1996-2004)
Durante el gobierno de José María Aznar (VI y VII Legislatura de España) trascendieron los siguientes:
- Caso del Lino: en 1999 la Junta de Castilla-La Mancha denunció un presunto caso de ayudas irregulares al cultivo lino y desvío de fondos en favor de altos cargos del gobierno popular, entre ellos la ministra de Agricultura Loyola de Palacio. En julio de ese mismo año, la Comisión de Investigación constituida a solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, no halló ninguna irregularidad. No obstante, el Fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo redactó un informe denunciando la existencia de un“fraude generalizado”. Tras una instrucción de 6 años a cargo de Baltasar Garzón, el 23 de abril de 2007 la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional absolvió por completo a los 18 imputados, no hallando ninguna prueba de fraude o falsedad, y confirmando las conclusiones de la Comisión de Investigación. Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea halló en 2009 deficiencias en el sistema de control de las ayudas al lino, y condenó a España a devolver 129 de los 134 millones de euros cobrados.6
[editar]Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero
Listado de actividades de corrupción o de presunta corrupción llevadas a cabo por los partidos políticos durante las dos legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero. Solo se incluyen noticias contrastadas:
Caso Brugal
Caso Brugal es un caso en el que se investigan delitos de soborno, extorsión y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos públicos en concursos de gestión de los servicios de recogida de basuras en varias localidades gobernadas por el Partido Popular en la provincia de Alicante (España). La investigación comenzó en el 2006, realizándose seis detenciones en mayo del 2007, tres de las cuales terminaron en condenas de cárcel. En julio del 2010 se retomó el caso con nuevos implicados.
[editar]Origen del nombre
Brugal es un acrónimo que viene de "Basuras RUrales Gestión ALicante". Como otros nombres de operaciones policiales en España, el nombre de la operación "Brugal" guarda conexión los hechos sobre los que se indaga -en este caso, la gestión de la recogida y almacenamiento de basuras en municipios de Alicante.1
[editar]Primera etapa del caso en 2006-2007
La investigación sobre el Caso Brugal se remonta a marzo de 2006, cuando el empresario oriolano Ángel Fenoll reveló una grabación con un concejal en la que se hablaba de un intento de soborno al alcalde, José Manuel Medina, y otros regidores de Orihuela por parte de la empresa competidora Urbaser, en relación a la adjudicación del contrato de los servicios de recogida de basuras en Orihuela, en la comarca alicantina de la Vega Baja del Segura. La empresa de Ángel Fenoll era una de las cinco empresas candidatas para gestionar la basura de este municipio, y Fenoll grabó con cámara oculta cintas en sus reuniones con empresarios y responsables políticos alicantinos. Esas cintas fueron después las que dieron pie a la investigación de la trama.
En mayo de 2007, la Policía Nacional detuvo, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, a Ángel Fenoll y a otras cinco personas, por una supuesta trama de sobornos en la adjudicación de los servicios de recogida de basuras en la Vega Baja. Junto a Fenol, fueron detenidos el hijo del empresario, Antonio Ángel Fenoll; su hermano Ramón Fenoll; el ex edil de Centro Liberal, Jesús Ferrández; el concejal de Turismo del Partido Popular de Albatera, Javier Bru; y un detective.2
Tras esta primera detención, sólo Ángel Fenoll, su hijo Antonio Ángel Fenoll, y Javier Bru (quien era también administrador de las empresas de Fenoll) permanecieron un mes en la cárcel, por delitos de extorsión con grabaciones y cohecho, de donde salieron previo pago de un total de 260.000 euros en fianza.
En declaraciones a la prensa, Ángel Fenoll dejó claro ya en el 2006 que sus relaciones con los responsables del ayuntamiento de Orihuela se remontaban a muchos años antes y avisó que alguna de las grabaciones que guardaba podía llevar a la cárcel a mas de uno. Citó a modo de ejemplo a Luis Fernando Cartagena, alcalde de Orihuela entre 1987 y 1997, con quien Fenoll colaboró en 1993 en actos delictivos que dieron lugar en 2002 al escándalo del donativo del Hospital San Juan de Dios. Fenoll falsificó facturas para sacar a Luis Fernando Cartagena del apuro, y en agradecimiento por su lealtad, Luis Fernando Cartagena adjudicó a Fenoll el contrato de basuras de toda la costa, que este siguió disfrutando durante numerosos años. En 1997, no obstante, el delito fue denunciado y, en 2002, la Audiencia de Alicante encontró a ambos culpables de delitos de falsedad en documento mercantil ymalversación de caudales públicos. Fenoll fue condenado a un año de prisión, por lo que, al ser la pena inferior a dos años, no tuvo que ingresar en prisión, pero Cartagena, quien fue condenado a cuatro años, ingresó en el Centro Penitenciario Alicante II de Villena el 17 de julio de 2008. 3
[editar]Segunda etapa del caso en julio del 2010
El 6 de julio de 2010 se realizaron once nuevas detenciones conectadas con el caso. El arrestado de mayor calado fue José Joaquín Ripoll, presidente del Partido Popular de Alicante y titular de la Diputación provincial. Ripoll quedó en libertad con cargos tras declarar en la comisaría de Alicante. Junto a Ripoll, los agentes arrestaron a otras 10 personas, entre ellas tres ediles del PP de Orihuela y siete empresarios.4
Paralelamente, en una de las intervenciones telefónicas, se dice que Enrique Ortiz, máximo accionista del Hercules CF]] presuntamente soborna al Córdoba CF por dejarse perder en el último partido de Segunda División de la temporada 2009/10, el equipo alicantino se jugaba el ascenso a Primera división.5 Finalmente el Cordoba C.F. perdio por cuatro a cero. También aparecieron conversaciones de otros intento de compra de partidos, unos llegaron a buen puerto y en otros casos no, pero al final el Hercules C. F. ascendio a primera división, y debido al exceso de celo de un juez de Alicante que no traslado las conversaciones a las autoridades deportivas no se pudo sancionar al equipo de Alicante. El empresario alicantino Enrique Ortiz, que estaba imputado por el caso, buscó la intermediación del político alicantino José María Pajín, padre de la ministra de Sanidad, Leire Pajín, para que consiguiera la firma del director general de Carreteras de Fomento, necesaria para la aprobación del plan Rabassa de Alicante. En una conversación entre Ortiz, también dueño del Hércules, Luis Díaz Alperi, que entonces era el alcalde de Alicante, e incluida en un informe policial que forma parte del sumario, el empresario, preguntado por cómo iban los trámites, señaló que quedó con "Chema Pajín" para que le hiciera "una gestión" para conseguir la firma del director general.6
Alperi dijo a Ortiz que Leire hablase con el director general, a lo que el empresario respondió que estaba en ello, que a ver si se lo hacía ya. Las conversaciones revelan, también, los contactos de Ortiz con Alberto de Rosa, hermano del entonces consejero de Justicia y actual vicepresidente del Poder Judicial, Fernando de Rosa, para conseguir adjudicaciones en las infraestructuras del área judicial.6
El Fiscal anticorrupción, Felipe Briones, acusó a Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, en octubre de 2010, de estar implicada en la trama de corrupción del Caso Brugal en la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, junto con su antecesor, el popular Luis Díaz Alperi. Les imputó delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada, señalando que fueron retribuidos con regalos. Sonia Castedo señaló que "Ortiz no consiguió nada de lo que pidió", admitiendo uno de los regalos: un viaje en yate a las Islas Baleares. También imputó a dos directivos de Bancaja, al ex presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Vicente Sala y a otro directivo de la misma.7
Caso Margüello
El caso Margüello se basa en los contratos supuestamente ilegales firmados a partir de 1996 entre la sanidad pública vasca y empresas ligadas a tres médicos que los firmaron. Debe su nombre a uno de estos médicos, el Dr. José Carlos Margüello, entonces jefe de la Unidad de Calidad del Hospital de Cruces, perteneciente a Osakidetza - Servicio Vasco de Salud. Este opinó que el caso debe resolverse en los tribunales.1
Según informaciones en prensa, Margüello habría recibido comisiones de hasta un 30% sobre intervenciones realizadas por su empresa a pacientes en lista de espera de Osakidetza.2
Actualmente, una comisión del Parlamento Vasco está investigando estos contratos, firmados entre la Consejería de Sanidad y Osakidetza, por un lado, y empresas privadas participadas por estos 3 médicos. El PNV ha intentado extender esta comisión para investigar las supuestas irregularidades en las adjudicaciones de contratos sanitarios realizadas por el gobierno de PSE, sin éxito.
[editar]Empresas implicadas
Las empresas implicadas en las supuestas contrataciones irregulares (1996-2009) son las siguientes:
- Medical Dom S.L.: contratos por 25'6 millones de euros para asistencia médica urgente a domicilio en toda la comunidad. Estos contratos suponen alrededor de la mitad del negocio declarada por la empresa en los últimos años.
- Gestión de Servicios Sanitarios XXI: intermediaria en los contratos y gestión de la derivación de pacientes en listas de espera.
- La UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Gestión de Servicios Sanitarios XXI, Rehabilidom y Clínica Indautxu.
- Progenika Biopharma: subvencionada con 3'5 millones de euros por la Consejería de Industria, y contratos con Osakidetza por valor de 715.000 euros ignorando el procedimiento administrativo por ser "la única empresa que fabrica el material requerido". Presidida por Juan Miguel Retolaza, militante del PNV. Inauguró en enero de 2010 un centro de I+D.3
[editar]Personajes
Médicos implicados:
- Dr. José Carlos Margüello Amblar, médico ex jefe de la Unidad de Calidad del Hospital de Cruces y apoderado de Gestión de Servicios Sanitarios XXI y Medical Dom, de la que es también fundador y presidente. Suspendido por falta disciplinaria muy grave. Según registros mercantiles, ocupa 27 cargos en 17 empresas, siendo presidente de cuatro de ellas, consejero de 9 y apoderado de 8. Estas empresas son de servicios sanitarios en su mayoría (Medical Dom, Hospidom, Medical Prevención, Sodime 98, Gestlab 98, Progenika Biopharma, Análisis Clínicos Ru, Recard 2000, Bilbao Medical Fitness, Rehabilidorm, Bilbao Laser Vision, Sersanit), así como hostelería, tratamiento de suelos, fincas, tratamiento de suelos, etc. En muchos casos, la plantilla se reduce oficialmente a uno o dos empleados.4
Cargos públicos durante los hechos:
- Gabriel Inclán (PNV), entonces consejero de Sanidad y amigo de Margüello.
- José Ramón Elorriaga, entonces director territorial de Sanidad en Vizcaya. Se abrió en 2009 un expediente informativo sobre su gestión.
Cargos públicos actuales (2010):
- Rafael Bengoa (PSE), consejero de Sanidad.
- Jesús María Fernández (PSE), viceconsejero de Sanidad.
- Xabier Elexpe, jefe de Inspección Médica e instructor del expediente a Elorriaga.
- Laura Garrido (PP), presidenta de la comisión de investigación parlamentaria sobre el caso.
[editar]Acusaciones
Entre 1996 y 2009, estas empresas recibieron 33'5 millones de euros en contratos con Sanidad y Osakidetza. Según la resolución del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y las declaraciones ante la comisión parlamentaria de Jesús María Fernández, actual (2010) viceconsejero de Sanidad, 28 millones corresponden a contratos con graves irregularidades:5 6
- Incompatibilidades de los médicos firmantes.
- Procedimientos de contratación irregulares.
- Incrementos tarifarios injustificados.
- Varias prórrogas otorgadas.
Según Fernández: "A mi juicio, hay una intencionalidad de crear un monopolio. (...) Estamos hablando de 14 años en los cuales no ha habido prácticamente concurrencia en los concursos".
Según Inclán, la resolución del TVCP era previsible, ya que está compuesto por dos consejeros nombrados por el PSE, dos por el PP, y tres por el PNV (el PSE gobierna con el apoyo del PP).
[editar]Incompatibilidades
Los tres médicos implicados firmaron contratos a pesar de que sus cargos creaban incompatibilidades para realizarlos. Según el TVCP, las incompatibilidades se deberían a trabajar al mismo tiempo para estas empresas y Osakidetza; según Fernández, se deberían a ser accionistas de ellas.
[editar]Procedimientos de contratación
Según el TVCP, las contrataciones se hicieron de forma directa y sin respetar "los principios de publicidad y concurrencia", por procedimientos de emergencia. El procedimiento de contratación por el que se contrató con la UTE fue modificado, pasando de ser por concurso público a ser un procedimiento negociado. José Ramón Elorriaga, entonces director territorial de Vizcaya, lo justificó en la comisión parlamentaria por las necesidades del plan de reducción de listas de espera que se llevó al parlamento en 2007, alegando que se hizo porque otras empresas estaban saturadas de trabajo y carecían de recursos para prestar estos servicios.
Además, la autorización de funcionamiento expedida por la Dirección Territorial de Sanidad de Vizcaya para Gestión XXI en 2006 ha sido declarada nula de pleno derecho por la Comisión Jurídica Asesora (Cojua) al tener errores irreparables por carecer de procedimiento alguno, y por no cumplirse además por parte de la empresa los requisitos necesarios. Esta autorización se basó en un informe del Director de Régimen Jurídico del gobierno, emitido el 14 de junio; pero la resolución de la dirección territorial fue aprobada antes, el 9 de junio, mismo día en que se solicitó, teniendo en cambio como fecha de salida el día 19.
Elorriaga ha solicitado amparo al Ararteko, considerando que Sanidad no le ha permitido explicarse. El Ararteko aún no se ha pronunciado.
[editar]Incrementos tarifarios injustificados
Las tarifas se incrementaron de forma injustificada.
En el caso de Medical Dom, aumentó algunas tarifas hasta el 19%, sin existir una resolución "que aprueba los precios abonados". Según la prensa, el contrato inicial era de 1'25 millones, incrementándose a 1'56, 1'74, 1'77, 2'1, 2'18 y 2'67 en los siguientes años, prorrogándose en 2008. Así, desde su firma hasta 2008 el importe ha aumentado en un 130%7
La UTE, por su parte, ha superado en 175.000 euros las tarifas máximas.
Los incrementos de tarifas fueron revisados por las delegaciones territoriales. En tres de los ocho casos analizados, se habrían debido a las subidas salariales en Osakidetza por la introducción de la carrera profesional, ya que al cobrar más los médicos, Medical Dom se veía obligada a ofrecerles más dinero.
[editar]Sanciones
El 15 de junio de 2010 la dirección del Hospital de Cruces decide suspender de funciones durante 6 años a Margüello por falta disciplinaria muy grave al considerar que violó incompatibilidades, beneficiándose así económicamente e incumpliendo su horario laboral. Por ello, queda inhabilitado para trabajar para la administración pública o cualquier entidad dependiente de ella durante ese tiempo, perdiendo por tanto su trabajo en el hospital.8
Caso Plaold
Plaold e Indesis son dos empresas que, según acusaciones desde sectores nacionalistas, podrían haber recibido importantes contratos de forma ilegal por sus vínculos con dos altos cargos del departamento de Sanidad del Gobierno Vasco del PSE. El Gobierno Vasco ha rechazado en varias ocasiones que haya habido alguna ilegalidad, alegando que las acusaciones son una cortina de humo por parte del PNV, anteriormente en el poder, para ocultar el caso Margüello.1 Desde el PP, con cuyo apoyo gobierna el PSE, han pedido que se investiguen estos contratos.2
[editar]Personajes
- Pablo Arbeloa López (antes Pablo López Arbeloa):
- 2002: apoderado de B&F Gestión y Salud, consultoría fundada en 1997 por Rafael Bengoa y Jesús María Fernández.
- 2003: administrador único de B&F Gestión y Salud.
- 2004: el domicilio social de B&F Gestión y Salud se traslada a su domicilio particular. Al parecer, Bengoa y Fernández le han vendido la empresa.
- 2009: director gerente de Osatek. Al parecer, accedió a este puesto tras rechazar el cargo de director de Planificación y Ordenación Sanitaria.
- Paloma Acevedo: directora general de Farmacia.
- Rafael Bengoa (PSE): consejero de Sanidad del Gobierno Vasco.
- Jesús María Fernández (PSE): viceconsejero de Sanidad del Gobierno Vasco.
[editar]Plaold
Plaold (nombre comercial: Innovasalud) es una empresa de asesoría sanitaria, perteneciente en:
- 8'8% a Inqual XXI, empresa de la cual un 25% es propiedad de Pablo Arbeloa.
- 8'8% a Moracho Consulting, empresa de la cual un 49% de Paloma Acevedo y su marido, el Dr. Óscar Moracho del Río.
- El resto, a la empresa Indesis Consultoría Sanitaria S.L., tras venderle sus fundadores (Arbeloa y Acevedo) la mayor parte de sus acciones poco antes de entrar en el Gobierno Vasco tras llegar al poder el PSE. Indesis es propiedad de Orencio López Domínguez, amigo y socio de Arbeloa y Acevedo.
En menos de un año, ambas empresas han pasado de no tener ningún contrato con la sanidad vasca a tener 3 (Plaold) y uno (Indesis), por un total de 146.140 euros, de los cuales 20.880 son para Indesis, todos ellos adjudicados por el procedimiento negociado sin publicidad. Este procedimiento consiste en invitar a al menos tres empresas a presentar sus ofertas; pudiendo retirarse por el motivo que sea del concurso.3 Nótese que la ley vasca de incompatibilidades de 1983 define como incompatibilidad "la participación superior al 10% en sociedades que tengan conciertos de prestación de servicios, cualesquiera que sea la naturaleza de estos, con la entidad en la que se preste la función pública".4 5
La Dirección de Régimen Jurídico del Departamento de Sanidad ha confirmado que no hay incompatibilidad por la propiedad de parte de estas empresas por Arbeloa y Acevedo, al estar su participación por debajo del máximo legal.
La sede social de Plaold, Inqual XXI y B&F Gestión y Salud es el domicilio particular de Pablo Arbeloa.6
[editar]Osatek
Osatek es una empresa de participación pública fundada en 1992 para realizar resonancias magnéticas para Osakidetza. En aquella época, las resonancias se contrataban con sanidad privada, lo que las hacía muy caras. En 2009 facturó 16'4 millones de euros, con una plantilla de unas 120 personas. Tiene su propio consejo de administración, convenio colectivo y sede, situada en el Edificio Plaza Bizkaia de Bilbao, cerca del edificio de Osakidetza.7
Con el PSE, se ampliaron sus objetivos, pasando a ser la "prestación/provisión de servicios de apoyo al sistema sanitario vasco, especialmente aquellos que tengan un carácter corporativo o cuya aplicación conlleve procedimientos de alta tecnología. Será asimismo objeto la docencia e investigación en el régimen y condiciones que se determinen en el marco de la política sanitaria del País Vasco". Así, pasó a hacerse cargo de la contratación de servicios que antes hubiera gestionado personal de Osakidetza o de la propia consejería de Sanidad. En 2009 obtuvo el proyecto O-Sarean Osakidetza en Red, que adjudicó por 12 millones de euros a la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Telefónica, Accenturey PricewaterhouseCoopers. Se trata del proyecto estrella sanitario del gobierno vasco del PSE, que consiste crear una plataforma multicanal que permita a los usuarios de Osakidetza acceder por teléfono, Internet y correo electrónico a servicios como consultas médicas o el seguimiento de pacientes crónicos. En junio de 2010 empezó la prueba piloto en Bilbao, con la previsión de extenderse a toda la población vasca a finales de 2011.8
Caso Filesa
El llamado caso Filesa fue un caso de corrupción consistente en la creación de una trama de empresas (Filesa, Malesa y Time-Export) cuyo fin era la financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español, para hacer frente a los gastos originados por las campañas electorales del año 1989, hechos todos ellos establecidos como probados por la Judicatura.
Esta financiación ilegal consistía en inflar contratos públicos para recibir la comisión correspondiente. Muchos de los cargos fueron retirados porque en el momento de los supuestos hechos delictivos no existía el delito tipificado como "finaciación irregular" de los partidos políticos.
[editar]Investigación
Fue realizada por Marino Barbero, magistrado del Tribunal Supremo. El 5 de mayo de 1995, el juez instructor del “caso Filesa” dictó auto de conclusión del sumario contra 39 personas, imputadas por los presuntos delitos de falsedad ideológica en documento mercantil, fiscal, malversación de fondos públicos, apropiación indebida, falsedad en documento público, delito monetario, tráfico de influencias y asociación ilícita. De la investigación se desglosó posteriormente el Caso Ave.
[editar]Juicio
Comenzó en 1997, con el número de acusados rebajado a 12 (José María Sala y Grisó, Carlos Navarro Gómez, Luis Oliveró Capellades, Alberto Flores Valencia, Aida Álvarez Álvarez,Miguel Guillermo Molledo Martí, Luis Sánchez Marcos, Francisco Javier Iglesias Díaz, Julio Calleja González Camino, Juan Antonio Molina Vivas, Eugenio García Mansilla y Diego Ramos Ramos) por los delitos de falsedad en documento mercantil, asociación ilícita, fiscal y apropiación indebida, entre otros.
La sentencia se dictó el 28 de octubre de 1997, después de que el instructor inicial rechazara el caso para dejarlo en manos de Enrique Bacigalupo. José María Sala, condenado a tres años de prisión cumplió sólo dos de sentencia, al suspenderla el Tribunal Constitucional.
Caso del Lino
El Fraude del Lino o Caso del Lino fue una trama de presuntas irregularidades en el cobro de subvenciones agrícolasde la Unión Europea al cultivo del lino en España,1 que salieron a la luz en 1999. Estas presuntas irregularidades se atribuyeron entre otros a altos cargos del Ministerio de Agricultura, del que entonces era ministra la dirigente del Partido Popular Loyola de Palacio. Los hechos fueron juzgados por la Audiencia Nacional, que absolvió a todos los acusado sel23 de abril de 2007.2 confirmando el Tribunal Supremo dicha absolución. El caso del lino fue objeto de una intensa controversia política en la que el PSOE, entonces en la oposición, atribuyó la responsabilidad política del caso a Loyola de Palacio.
[editar]Antecedentes
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En 1994 una comisión de responsables comunitarios detectaba las primeras irregularidades en el sector del lino. Para frenar estos abusos la Comisión Europea modificó en 1996 el régimen de ayudas de forma que a partir de la 1997/1998 las subvenciones sólo pudieran obtenerse si los productores de lino suscribían contratos con industrias de transformación.1
Más tarde, entre abril y mayo de 1999, se produjeron varios incendios en fábricas transformadoras de lino españolas, lo que puso sobre aviso a las comunidades autónomas de la posibilidad de que estuviese produciéndose fraude. De la comparación entre las cantidades que los agricultores declaraban como producidas y la capacidad de las industrias transformadoras, las comunidades autónomas dedujeron que estaban existiendo irregularidades.1 El escándalo saltó a la palestra cuando la responsable de agricultura, Loyola de Palacio, encabezaba la lista popular al Parlamento Europeo José Bono acusó a Loyola de Palacio de haber consentido que en la cúpula de su ministerio un grupo de personas se estaban aprovechando de las subvenciones comunitarias al cultivo del lino.3
[editar]La denuncia
La denuncia plantea un delito de falsedad documental concertada para repartirse subvenciones europeas para el cultivo del lino, cuya superficie cultivada se incrementó considerablemente.
El escándalo provocó las dimisiones de Nicolás López de Coca y Fernández-Valencia, director del Fondo Español de Garantía Agraria(FEGA), y de Gonzalo Ruíz Paz, director financiero de la empresa pública Mercasa, y salpicó también a Carlos Moro, delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha. Estas personas aunque finalmente fueran exculpadas, quedaron como implicados en el negocio del lino.
El Gobierno Regional de Castilla La Mancha presidido por José Bono denuncia el caso ente la Fiscalía.
[editar]Comisión de Investigación
Se constituyó una Comisión de investigación en el Congreso de los Diputados de España, bajo la presidencia de Luis Mardones Sevilla. Con los votos del Grupo Parlamentario Popular y con los votos de sus socios de Gobierno, CiU y CC, se consideró como no existió trama organizada ni tampoco uso de información privilegiada por altos cargos de Agricultura, trasladando toda la responsabilidad correspondía a las Comunidades Autónomas afectadas. 4
[editar]Oficina Europea de Lucha contra el fraude
A finales de 2001, la Oficina Europea de Lucha contra el fraude (OLAF) confirmó el cobro indebido de ayudas para la producción de lino sin salida comercial , reclamando la devolución de unos 21.000 millones de pesetas, entregados como subvención entre 1996 y 1999. El Gobierno de España recurrió tal reclamación.5
En 2009 se produce el fallo y por deficiencias en el sistema de control de las ayudas al lino condenó a España a devolver 129 de los 134 millones de euros cobrados.6
[editar]Instrucción de Garzón
La denuncia que dio origen a la investigación fue interpuesta por Loyola de Palacio.
El juez reduce a 25 el número de personas que finalmente podrían ser juzgadas por estos hechos, entre las que figura el ex director general del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Nicolás López de Coca, de quien dice que podría haber incurrido en un delito de tráfico de influencias del artículo y/o en uno de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios.7
Garzón imputa a Nicolás López de Coca quien resultó absuelto. El juez considera que, "prevaliéndose" de su cargo en el FEGA, organismo de coordinación de las ayudas y de interlocución del Estado Español ante la Unión Europea, López de Coca "habría desarrollado determinadas acciones" en relación con Castilla-La Mancha, donde dos de sus hijos cultivaban y transformaban lino textil a través de la entidad COLISUR, S.L.
Garzón archiva el procedimiento respecto de otras 28 personas, medida que a lo largo de la instrucción ya había acordado para nueve más, por lo que el número de imputados en el procedimiento llegó a ser de 62.
- La esposa de Quintiliano Pérez Bonilla, director general de Ganadería, cultivó lino en 1995 y 1996, percibiendo un total de 41.208,73 euros.
- Carlos Moro, delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, poseía 200 hectáreas de secano y cobró, en cinco años, 492.829,93 euros.
- La familia de Gonzalo Ruiz Paz, director financiero de Mercasa poseía en Castilla-La Mancha una empresa agraria qaue cultivó lino en 1995 percibiendo 41.469,84 euros de subvención bruta.8
[editar]Conclusión
La sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional absolvió a los 18 imputados tras seis años de investigaciones. Los delitos relatados en la instrucción de Baltasar Garzón eran los de falsedad continuada en documento mercantil, estafa y obtención indebida de fondos comunitarios. La acusación provenía del Ministerio Fiscal y las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, Castilla-León, Aragón, Extremadura y las Comunidades Europeas.
El 5 de mayo de 2008 Tribunal Supremo de España confirmó la absolución dictada por la Audiencia Nacional de los 18 agricultores y empresarios imputados.9
[editar]Cronología
[editar]En 1999
- 30 de abril: La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha abre una investigación sobre ayudas al lino y paraliza el pago de 4 millones de euros.
- 18 de mayo: El PSOE abre investigación parlamentaria en Cortes de Castilla-La Mancha.
- 20 y 27 de julio: Intervenciones de los representantes legales de Transformadoras Agrícolas y Ganaderas, S.L. y Colisur 2000, S.L., acordada por la Comisión de investigación para analizar la política desarrollada mediante ayudas comunitarias al cultivo del lino en el marco de la política agraria común , para informar sobre temas relacionados con el objeto de la misma.
[editar]En 2000
- 19 de diciembre: La Fiscalía Anticorrupción a cargo del juez Carlos Jiménez Villarejo estudia acciones penales y comunica a la Comisión Europea la existencia de un fraude generalizado en la aplicación en España del régimen de ayudas comunitarias en el sector del lino textil.
[editar]En 2001
A finales la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) confirmó el cobro indebido reclamando la devolución de unos 21.000 millones de pesetas, entregados como subvención entre 1996 y 1999.
[editar]En 2003
- 22 de mayo: Garzón concluye la instrucción del 'caso del lino' y exculpa a las Comunidades Autónomas.
[editar]En 2007
- 23 de abril: Sentencia absolutoria de la Audiencia Nacional.
[editar]En 2008
- 5 de mayo: El Tribunal Supremo de España ha confirmado la absolución.
[editar]En 2009
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea halló deficiencias en el sistema de control de las ayudas al lino, condenando a España
[editar]Consecuencias
Tras los escándalos por fraude la superficie cultivada en España se ha reducido más del 99 por ciento, al pasar de las 100.000 hectáreas de 1999 a las 902 hectáreas cultivadas en 2000. La Dirección General de Agricultura de la Unión Europea exige la devolución de 116,4 millones de euros. 10 El asunto está pendiente de la sentencia del Tribunal Europeo de Luxemburgo y el gobierno de España ha planteado un recurso contra la decisión comunitaria admitiendo como no hubo fraude generalizado.
Para Jaime Ignacio del Burgo, portavoz del Partido Popular en la comisión del Congreso que investigó aquel caso, se trata de una operación política que contó con la cobertura de la Fiscalía irresponsable y de un juez instructor.
Javier Otano
| Javier Otano | |
|---|---|
| 3 de julio de 1995 – 19 de junio de 1996 | |
| Predecesor | Juan Cruz Alli Aranguren |
| Sucesor | Miguel Sanz Sesma |
| 20 de junio de 1994 – 20 de junio de 1996 | |
| Predecesor | Gabriel Urralburu |
| Sucesor | Juan José Lizarbe |
| 8 de mayo de 1983 – 20 de junio de 1996 | |
Datos personales
| |
| Nacimiento | 25 de enero de 1946, 65 años Tudela (Navarra)  España |
| Partido | Partido Socialista de Navarra |
| Profesión | Profesor de Literatura |
Javier Otano Cid (Tudela, Navarra, 1946) es un político navarro. Fue secretario General del PSN-PSOE entre 1994 y 1996 y presidente del Gobierno de Navarra entre 1995 y 1996.
Licenciado en Filosofía y Letras y Profesor de Instituto. En 1983 y 1987 fue elegido Parlamentario Foral en la candidatura del Partido Socialista de Navarra. También obtuvo escaño en las elecciones de 1991; en esa ocasión alcanzó la Presidencia del Parlamento de Navarra, cargo que desempeñó hasta 1995.
En 1995 encabezó la lista del PSN-PSOE en las elecciones al Parlamento de Navarra, que obtuvo once escaños. Designado candidato a la Presidencia del Gobierno de Navarra, fue elegido presidente con los votos de PSN, CDN y EA.
En julio de 1995 tomó posesión como Presidente del Gobierno de Navarra, cargo que ocupó hasta junio de 1996, momento en que dimitió debido a acusaciones de corrupción por el llamado "Caso Otano".
Tras de abandonar la política volvió a dar clases de Lengua Castellana y Literatura en el instituto "Benjamín de Tudela" de Tudela.
[editar]El "Caso Otano"
En junio de 1996 Otano dejó de ser presidente del Gobierno de Navarra, parlamentario foral y secretario general del Partido Socialista de Navarra, cargos de los que dimitió al conocerse que la juez Marisol Alejandre había descubierto una cuenta bancaria en Suiza a su nombre y al de su esposa.
Esta cuenta podría estar relacionada con la llamada "trama navarra del caso Roldán", que llevó a prisión al ex presidente socialistaGabriel Urralburu y al ex consejero del Departamento de Obras Públicas, Antonio Aragón.
Otano admitió haber aportado su firma a esa cuenta. Aseguró que no había tocado el dinero, que desconocía la cuantía, el origen y el destino de sus fondos, y sostuvo que su participación y la de su esposa se limitaba a haber accedido a figurar como titulares de la cuenta a petición de Urralburu, quien le aseguró que era un dinero reservado para "futuras necesidades del partido".
Los hechos que dieron origen a las diligencias judiciales tuvieron lugar entre 1989 y 1990, cuando la multinacional alemana Bosch Siemens abonó aproximadamente 1,2 millones de euros por la venta de la factoría Safel. La documentación remitida por la justicia suiza permitió conocer que en julio de 1989 Bosch Siemens ingresó 4.998.053 marcos alemanes en la cuenta 52.437 del Discount Bank, de titular desconocido. Desde dicha cuenta se transfirió esa cantidad a otra cuenta cuyo titulares eran Antonio Aragón y Jesús Malón (ex presidente del PSN-PSOE). Parte de ese dinero fue posteriormente transferido a cuentas de Antonio Aragón, Javier Otano y su esposa Teresa Arcos.
El proceso judicial finalizó sin aclarar muchos de los extremos de la acusación debido a que la sentencia dictada decretó la prescripción de los delitos imputados.
| Predecesor: Ninguno |  Vicesecretario general del PSN-PSOE 1991-1994 | Sucesor: María Asunción Apesteguia Jaurrieta |
| Predecesor: Ignacio Javier Gómara Granada | .svg){kind=small} Presidente del Parlamento de Navarra 1991-1995 | Sucesor: María Dolores Eguren Apesteguia |
| Predecesor: Gabriel Urralburu | Secretario general del PSN-PSOE 1994-1996 | Sucesor: Juan José Lizarbe |
| Predecesor: Juan Cruz Alli | Presidente del Gobierno de Navarra 1995-1996 | Sucesor: Juan Cruz Alli (en funcione |
Urbanor
Urbanor es la sociedad que construyó las torres Kio de la Plaza de Castilla de Madrid, conocidas también como la Puerta de Europa de Madrid.
La empresa se convirtió en protagonista del llamado "Caso Urbanor", considerado como uno de los mayores escándalos económicos de los años 1980 en España.[cita requerida]
Urbanor se convirtió en un caso judicial extraordinario cuando los querellantes (el arquitecto Pedro Sentieri y el constructor Julio San Martín) denunciaron a sus ex socios Alberto Alcocer y Alberto Cortina alegando que los otros socios obtuvieron más dinero en la operación, a pesar de que éstos eran socios mayoritarios y cobraron el pago de Kio en acciones del Banco Central, debido a que la operación había sido instrumentada para lograr el control de dicha entidad.1
Los querellados Alberto Cortina y Alberto Alcocer, empresarios conocidos popularmente como "los Albertos", pagaron 50 millones de euros según sentencia judicial, por lo que los denunciantes obtuvieron beneficios multimillonarios, logrando multiplicar sus inversiones por más de 27 veces su valor, en apenas nueve meses, según publicaba e-defensor.2
El Caso Urbanor convirtió a "los Albertos" en protagonistas de un intenso debate mediático durante más de 10 años,[cita requerida] hasta ser finalmente absueltos -primero por el Tribunal Constitucional en febrero del 2008 y luego por el Tribunal Supremo en junio de este mismo año, como antes había hecho la Audiencia Provincial de Madrid-.3 Dicha absolución les otorgó también el derecho a reclamar a sus ex socios la indemnización millonaria que pagaron en su momento, cuestión que mantiene viva la polémica del Caso Urbanor ya que, tanto Pedro Sentieri como Julio San Martín, continúan recurriendo el caso.4
Sin embargo, en marzo de 2010 el Tribunal Supremo cofirmó la pena de 4 meses de cárcel para Alberto Cortina impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid en 2009.5
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Corrupción urbanística en España
La corrupción urbanística es el abuso del poder de los cargos públicos vinculado a la especulación inmobiliaria y el incumplimiento de las normativas urbanísticas y medioambientales con objeto enriquecimiento ilícito.
Sus causas son muchas y muy diversas, y un punto clave es la financiación de los ayuntamientos. El proceso de descentralización en España que trajo consigo el Estado de las Autonomías, ha llevado a que los ayuntamientos se hayan visto obligados a prestar a los ciudadanos servicios que antes ofrecía el gobierno central.1
Competencias Urbanísticas: La constitución española en su artículo 148. permite a las comunidades autónomas asumir competencias en materia de ordenación de territorio, salvando los derechos estatales dictaminados en el Art 146 de la constitución Española.
Constitución española Artículo 148. año 1978 Las comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias:
-Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
-Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio.
-ETC
Por lo tanto las comunidades autonomas tienes potesta única y exclusiva de la ordenación de suelo.
Intentos de cambio en la Ley de Suelo
Sentencia 61/1997 del Tribunal Constitucional
Artículo principal: Sentencia derogatoria 61/1997 del Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional, en sentencia del 20 de marzo de 1997, derogaría casi en su totalidad la ley de 1990/92. Los recursos presentados por varias Comunidades autónomas se basaban en que la ley invadía sus competencias sobre ordenación del territorio.
Sentencia 164/2001 del Tribunal Constitucional Artículo principal: Sentencia derogatoria 164/2001 del Tribunal Constitucional
Deroga parte de la ley del Suelo del 98, por invadir parte de las competencias de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos.[
Recae de nuevo toda la responsabilidad sobre las comunidades Autónomas, generando los nuevos planes urbaniticos en su territorio, sin que el estado tenga potestad sobre ellos.
Esta descentralización buscaba una mayor eficacia en la prestación de dichos servicios, a través de la cercanía entre la administración y los ciudadanos. Sin embargo ha planteado desafíos en cuanto a la financiación que, según el criterio de diversos colectivos, no han sido bien respondidos.2 Como los ayuntamientos tienen una gran cantidad de gastos, en lugar de recaudar impuestos directos han ideado una forma imaginativa1 de recaudar impuestos indirectos, y es con la potestad de decidir qué suelo es urbanizable y cuál no. La financiación a partir de la recalificación de suelo implica aumentar la presión fiscal de manera heterogénea, haciendo cargar con el mayor peso de la financiación municipal a familias con hipotecas a 30 y 40 años.
La diferencia de precio entre un tipo de suelo y otro puede ser de hasta 20 veces, así que los ayuntamientos encontraron su particular filón en la recalificación del suelo.3 Los promotores y constructores pagaban a los ayuntamientos cuantiosas sumas por obtener la calificación de "suelo urbanizable". Por supuesto que esas cuantiosas sumas las acaban pagando los compradores de viviendas, por lo que al final pocos son conscientes de que se trata de un enorme impuesto encubierto, que va incluido en el elevado precio de la vivienda.
La consecuencia indeseada es que al igual que un ayuntamiento recibe enormes sumas de dinero de los promotores y constructores para poder pagar los servicios municipales que presta (transporte público, polideportivos, limpieza de calles, etc), también los políticos que gobiernan esos ayuntamientos son susceptibles de cobrar a título personal, fenómeno que constituye el núcleo de lo que se conoce como corrupción urbanística.4
La ONG Transparencia Internacional en su informe del año 2.006 señaló: “el ámbito donde la corrupción es más elevada es el del nivel local de Gobierno”, sobre todo “en la costa (...) o en las inmediaciones de las grandes ciudades”. La causa de este fenómeno, según Transparencia Internacional, hay que buscarla en “la calificación del suelo urbano”, lo que ha provocado que España sea el país de la OCDE “donde el precio de la vivienda ha subido más en los últimos años”.
Esta situación fue también denunciada en el Parlamento Europeo en 2009 por el Informe Auken5 (elaborado por la eurodiputada verde danesa Magrete Auken) elaborado tras 5 años de estudios con la colaboración de plataformas y ciudadanos españoles. Este informe (aunque no vinculante) pedía, entre otras cosas a las autoridades regionales competentes que declaren una moratoria de todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, recordaba que laComisión [...] está facultada a interrumpir la provisión de fondos estructurales y de cohesión y criticaba los poderes con frecuencia excesivos otorgados a los urbanistas y promotores inmobiliarios por parte de determinadas autoridades locales. La aprobación del Europarlamento se llevó a cabo a pesar de la campaña de los partidos mayoritarios españoles PP yPSOE en su contra.6 7
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[editar]Casos denunciados
Actualmente se investigan judicialmente los siguientes casos de corrupción urbanística.8
[editar]Andalucía
- Carboneras: El 10 de mayo de 2007 el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, comunicó que la Junta de Andalucía va a comprar los terrenos sobre los que se asienta el hotel ilegal El Algarrobico, y los terrenos adyacentes con el fin de restaurar la playa del Algarrobico para devolverla, en la medida de lo posible, a su estado original (situada en el Par). El hotel era el primero de lo que estaba proyectado como un complejo de ocho hoteles, 1.500 apartamentos y un campo de golf. Su construcción se inició gracias a una licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento de Carboneras, en base a una modificación municipal que convirtió en urbanizable una playa virgen situada a cuatro kilómetros del casco urbano.[8]
- Cuevas del Almanzora: En la pedanía de Villaricos, Ecologistas en Acción y la Plataforma Salvemos Villaricos denunció la construcción de viviendas a 10 metros de la playa. En dicho solar se encontraron también restos arqueologícos de la época visigótica. [9]
- Zurgena: Concejales del Ayuntamiento de Zurgena (Almería) serán llamados a declarar por el Juzgado de Huércal Overa, a petición de la Fiscalía, como presuntos autores de delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, por conceder licencia de obras a 1.300 chalés en zonas no urbanizable. El presidente del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública, Ceacop, Tomás Zurano, también presidente del grupo inmobiliario 'Dizu' y que integró el Comité de Expertos para la redacción del programa electoral del PSOE de Almería en las pasadas elecciones autonómicas, es una de las seis personas detenidas por su presunta implicación en la la trama urbanística de Zurgena (Almería). [10] El alcalde de Zurgena Cándido Trabalón, fue detenido por la Guardia Civil en una operación coordinada con el Fiscal de Medio Ambiente de Almería que investiga desde hace más de un año diferentes delitos de prevaricación, cohecho y contra la ordenación del territorio. También fue detenido el concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras, también del Partido Andalucista, el arquitecto municipal Carlos Berbel, además del arquitecto técnico y un constructor de la comarca de la Almanzora.[11]
- Chiclana:En la operación policial "Obra Nueva", agentes de la Guardia Civil desmatelaron un entramado formado por técnicos del Ayuntamiento y agentes inmobiliarios. Los autores de la trama se acercaban a los propietarios de parcelas de zonas como El Marquesado, el Pinar de los Franceses o Los Gallos (parajes urbanos no consolidados) y se ofrecían a gestionar la venta del terreno. Para ello, el propietario les entregaba un poder notarial que les daba vía libre para actuar. Así, dividían la finca en parcelas y emitían un certificado garantizando la existencia de varias viviendas que en realidad no existían, aunque en los documentos figuraba que tenían más de cuatro años de antigüedad.
De este modo conseguirían eludir responsabilidades penales o económicas, puesto que el delito había prescrito. El arquitecto imputado, había ya sido condenado por el mismo delito con anterioridad. [12].
- Puerto de Santa María: El juzgado número 3 del municipio del Puerto de Santa María ordenó las detenciones de cinco imputados por un presunto caso de corrupción urbanística en el municipio. Entre los detenidos figuran el exconcejal de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez (del grupo Independientes Portuenses) y el actual jefe del servicio de licencias urbanísticas del Ayuntamiento, Fernando Jiménez Fornell. [13]
- Alcaucín: La Guardia Civil detuvo el 28 de febrero de 2009 a 13 personas en una operación contra la corrupción urbanística que se está desarrollando en las provincias andaluzas de Málaga y Huelva[14]. El alcalde de la localidad malagueña de Alcaucín, el socialista José Manuel Martín Alba, se encuentra entre los arrestados. Además entre los detenidos estaban, dos hijas del alcalde y José Mora, jefe del servicio de arquitectura municipal de la Diputación de Málaga, dos arquitectos, empresarios dedicados a la promoción y construcción de viviendas y un intermediario. A los detenidos se les imputó por parte de la Fiscalía, entre otros, varios delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental, contra la ordenación del territorio y estafa, según la información facilitada por la Guardia Civil. La 'operación Arcos' continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones. La investigación, en la que colaboró activamente el SEPRONA de la Guardia Civil de Málaga, ha permitido desarticular una importante trama organizada dedicada a la promoción, construcción y posterior comercialización de urbanizaciones y de viviendas aisladas, principalmente a extranjeros, sobre suelo no urbanizable en la sierra malagueña de la Axarquía.
- Alhaurín el Grande: En la llamada Operación Troya, el alcalde y el concejal de urbanismo, ambos del PP, fueron detenidos bajo los cargos de cohecho y prevaricación. La juez decretó prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros. Otras 18 personas, en su mayoría empresarios de la construcción, han sido detenidas bajo la imputación inicial el delito de cohecho.9
- Almáchar: El juez imputó al Presidente de la Diputación, y anterior Alcalde de Almachar, el delito de prevaricación omisiva, al permitir la construcción de viviendas en suelo no urbanizable. Están imputados en la causa, además de Fernández España, un ex técnico municipal del Ayuntamiento de Almáchar y otras tres personas, todas ellas por acción u omisión en la edificación de varias viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable entre 2003 y 2007.[15]
- Estepona: El ex-alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), tuvo que dar marcha atrás a un convenio urbanístico para aumentar la edificabilidad del campo Atalaya Golf para construir 135 viviendas, en una operación vinculada a Emilio Rodríguez Bugallo, imputado en la Caso Malaya. Barrientos tuvo que rectificar en varias ocasiones por operaciones sospechosas. [16]
- Guillena: Justo Padilla (PSOE) está imputado en un presunto delito contra la ordenación del territorio por permitir construir una serie de naves industriales en un suelo reservado para zona verde y suelo no urbano, junto al polígono industrial El Cerro.[17]
[editar]Aragón
- La Muela: El Gobierno de Aragón ha decidido recurrir ante los tribunales un plan para edificar 2.340 viviendas, que forman parte de un proyecto aún mayor que ha quedado paralizado. El 18 de marzo de 2009, la alcaldesa de La Muela (Zaragoza), María Victoria Pinilla, del PAR, y otras 17 personas, entre las que se encuentra su marido, fueron detenidas por su presunta implicación en un delito de corrupción urbanística, llevada a cabo por orden del juzgado de instrucción de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), que abrió este caso a raíz de una denuncia particular. [18]
[editar]Baleares
- Palma Arena: El pabellón polideportivo de Palma Arena, sufrió un desfase presupuestario de más de 60 millones de euros (de 48 a 110 millones de euros),11 por lo que la Fiscalía Anticorrupción sostiene su principal acusación en el caso Palma Arena, la de la malversación de caudales públicos, basándose en el peritaje técnico elaborado a petición del juez José Castro por los actuales responsables del Consorcio para la Construcción del velódromo palmesano.12
- Llucmajor: El ex-alcalde Lluc Tomàs y ex-Policia Nacional, Joaquín Rabasco son condenados por el Tribunal Supremo por malversación de fondos públicos y alzamiento de bienes.13
[editar]Canarias
- Firgas: El alcalde, Francisco Ponce, fue condenado en 2002 a 9 años de inhabilitación por un caso de prevariación, estando pendiente en otro caso por irregularidades en la concesión de tres licencias urbanísticas.[http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=130091
[editar]Cantabria
- Arnuero: Una sentencia del Tribunal Superior exige la demolición de la urbanización El Encinar, construida sobre suelo no urbano, según denunció el grupo ecologista Arca (Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria). Quien era alcalde cuando se empezó a construir la urbanización, José Luis Rey Villa (Unión para el Progreso de Cantabria), fue condenado a 14 años de inhabilitación por otro caso urbanístico.14
- Castro Urdiales: A mediados de enero de 2010 el juez imputó a un total de 32 personas, entre concejales, funcionarios, empresarios y técnicos, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y urbanística, falsedad documental, estafa y delito contra la ordenación del territorio.15
- Piélagos: A finales de febrero de 2011 el juzgado de lo penal número dos de Santander ha condenado al alcalde a prisión e inhabilitación por un delito continuado de prevaricaciónurbanística, cuya consecuencia ha sido la orden de demolición de casi 400 viviendas en cinco urbanizaciones de Liencres y el Alto del Cuco.16
[editar]Castilla-La Mancha
- Chinchilla de Montearagón. Izquierda Unida y Ecologistas en Acción, denunciaron la urbanización a realizar en el término municipal de Chinchilla, y conocida como La Losilla, de más de 2.000 viviendas con campo de golf, por considerarla una modificación encubierta del Plan de Ordenación Municipal de Albacete.17 Así mismo, Ecologistas en Acción presentó denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha, por haber concedido licencias de edificación sin carecer de los correspondientes permisos para el abastecimiento de agua potable.18
- Albacete: Los tribunales anularon, a raíz del Contencioso Administrativo interpuesto por Izquierda Unida, los presupuestos del año 2.006, al no destinarse el dinero generado por los convenios urbanísticos a su fin de comprar suelo para ejecutar vivienda protegida.19
- Elche de la Sierra: La la alcaldesa socialista Carmen Ruiz Escudero, y de su teniente de alcalde, Juan Carlos Belmonte Merenciano, con registro de entrada en el Ayuntamiento el pasado 14 de noviembre de 2008, presentaron su dimisión, tras ser imputados por las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Hellín por prevaricación urbanística continuada en el municipio20
- Casas de Juan Núñez: El alcalde socialista de Casas de Juan Núñez, Abencio Cutanda, declaró el día 14 de Noviembre de 2.010, junto a otras tres personas, imputado en un caso de presunto delito contra la ordenación del territorio. El informe de la Guardia Civil, tras realizar un estudio de la situación, la obra, la documentación y otros testimonios de las personas que participaron, apuntaba la posible existencia de dos presuntos delitos. Uno contra la ordenación del territorio, y otro supuesto delito de falsedad documental, ya que en algunos documentos el suelo aparecía como 'urbano' a pesar de no tener esta condición. El atestado realizado por la Guardia Civil consideraba que los informes técnicos se utilizaron de forma parcial, obviando aspectos fundamentales como los condicionantes de diversos trámites a que la construcción sólo podría realizarse cuanto se aprobase el PAU de la zona. Apuntan incluso a que toda la tramitación de la licencia (que se concedió finalmente en noviembre de 2007) pretendía «facilitar a toda costa» la concesión.21
- Ocaña: El 19 de septiembre de 2009, el juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Toledo, declaró ilegal un Programa de Actuación Urbanizadora aprobado por el Ayuntamiento, tras recurso presentado por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Se da la circunstancia de que existían informes desfavorables de la Secretaría municipal y en el propio acta de la sesión en la que se adoptó el acuerdo se reconoce el desaguisado.22
[editar]Cuenca
- Cuenca: El presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez Pérez, reveló que tanto el servicio jurídico del Estado como la Fiscalía de la institución "tienen conocimiento" de irregularidades en el Ayuntamiento de Cuenca entre los años 2004 y 2005, donde se había detectado falta de control urbanístico e insolvencia de las cuentas públicas. El caso se encuentra ya en la "sección de enjuiciamiento" del Tribunal a la espera de que puedan atribuirse responsabilidades penales y contables.[19]
- Sisante: Noticias Quatro grabó un presunto soborno para conseguir la adjudicación de un polígono industrial en el municipio. [20]
[editar]Castilla y León
- Caso de la Ciudad del Golf: El ayuntamiento de Las Navas del Marqués dio permiso para talar un pinar para construir un complejo de golf y chalés. Se trata de una zona crítica para la cigüeña negra. El alcalde, el secretario del Ayuntamiento, el director de Medio Natural de la Junta y el ex delegado de la Junta de Castilla y León en Ávila están imputados por existir indicios racionales de la comisión de varios delitos.[21]
- El Tribunal Superior de Justicia anula por segunda vez el Proyecto de Actuación del sector S-7 del Plan General de Ordenación Urbana de Burgos. Desarrollado por el Sistema de Concurrencia, no incluia el urbanizador propuesto ni tampoco la adjudicación del concurso para la selección del urbanizador.23
- Arroyo de la Encomienda: el PSOE denuncia un pelotazo urbanístico, que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid. La trama relaciona al alcalde de la localidad, José Manuel Méndez, y al una promotora gallega. El alcalde firmó con la representante de la promotora Mahia, María Iluminada Miguel, el cambio de uso de suelo industrial a suelo residencial para edificar 3.410 viviendas en 335.000 metros cuadrados en el sector nueve del Plan de Ordenación Urbana aprobado en 2003.24
- Villalba de los Alcores: es un pequeño pueblo de no más de 500 habitantes, a 30 km de Valladolid. En un referéndum popular, los ciudadanos mostraron su rechazo a los planes de la empresa Desarrollos Naturales Siglo XXI de construir un hotel de cinco estrellas, campo de golf y equitación y coto de caza mayor en sus terrenos. El proyecto tenía el visto bueno de la corporación municipal (PSOE), aunque la presión popular obligó al alcalde, Emiliano Rico, a someterlo a consulta para que no se asociara con los actuales casos de corrupción.25
[editar]Cataluña
- Cataluña: el ex presidente de la Generalidad Pasqual Maragall, sacó a la luz pública las presuntas comisiones que miembros de CIU cobraban en los ayuntamientos donde gobernaban. A cambio de licencias para construir, los cargos de dicho partido hubieran recibido el 3 por ciento del precio final de las viviendas.26 De tal acusación, se retractó inmediatamente.
- Estafa en la remodelación (PERI) de las Viviendas Gobernador en Barcelona [22].
- Santa Coloma de Gramanet: (PSC) El alcalde de la ciudad, Bartomeu Muñoz junto con el concejal de Urbanismo, han sido detenidos por un posible caso de blanqueo de capitales, tráfico de influencias y cohecho. También se está investigando el Consistorio de Badalona (PSC) y el de San Andrés de Llavaneras (CIU). La operación judicial, está a cargo del juezBaltasar Garzón, y gestionado por la Audiencia Nacional.27
[editar]Comunidad Valenciana
- Torrevieja: El Tribunal Supremo, confirmó la ilegalidad del Paseo Marítimo Juan Aparicio , ya que el mismo se había construido en zona de Dominio Público, incumpliendo la Ley de Costas, e imponiendo una sanción económica al Ayuntamiento de 833.000 euros. Se da la circunstancia, que a raíz de la mala ejecución de dichas obras, una niña de dieciséis años, quedó tetrapléjica el 30 de junio de 1999, por lo que también se condenó al Ayuntamiento a una sanción de más de 600.000 euros como responsable de dichas obras.[23]
- Benitachell. El alcalde del municipio de Poble Nou de Benitachell, Juan Cardona, y a su primera teniente de alcalde, Hannelore Rheindorf, ambos independientes bajo las siglas del Partido Independiente Democrático de Benitachell (PIDEB) fueron detenidos por la Guardia Civil el 9 de julio de 2008 acusados de un delito de corrupción urbanística. [24]
- Denia: el ex-Gerente de Urbanismo de este municipio fue imputado por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos públicos, tras la denuncia presentada por la Alcaldesa, la popular Ana Kringe. Se da la circunstancia de que el propio Ex-Gerente de Urbanismo denunció a la actual alcaldesa por prevaricación en su despido, así como al Concejal de Hacienda, por injurias.[25]
- Villajoyosa: La promotora del Hotel Atrium Beach, ha sido sancionada por por la Consejería de Territorio y Vivienda de la Comunidad Valenciana por un exceso de edificabilidad, sanciones en base a las cuales la promotora tiene que derribar 14.470 metros cuadrados del hotel, además de hacer frente a una multa de 12 millones de euros.http://www.hosteltur.com/noticias/30123_promotora-atrium-beach-villajoyosa-estudia-recurrir-judicialmente-sancion-impuesta-gobierno-valenciano-derribo-parte-hotel.html
- Montroy: El 3 de febrero de 2009 es detenido el que fuera alcalde de la localidad, Javier Carrión, del PP por delito urbanístico y prevaricación.28
- Valencia: la Asociación de vecinos del barrio de El Cabanyal, lleva años oponiéndose al plan de la Corporación municipal de demoler parte del barrio y ampliar la Avenida Blasco Ibáñez hasta llegar a la playa.[26]
[editar]Galicia
- Caso Orquesta: En 2011 se detiene a los alcaldes de Cee, Fisterra y Mazaricos y a una constructora de Muxia de Daniel Ogando por cohecho y prevaricación en adquisiciones de solares.29
[editar]Comunidad de Madrid
- Brunete: el director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto (PP), dimitió después de que el PSOE le acusara de tener intereses personales en el desarrollo del Plan General de Urbanismo de Brunete (Madrid).[27]
- Getafe: La Concejal de obras de Getafe declara en los juzgados como imputada por un caso de presunta corrupción urbanística30
- Las Rozas: Las confesiones de David Merino, ex Director General de DICO31
- Lozoyuela: Reclasificación irregular de la dehesa de Lozoyuela32
- Madrid: La Guardia Civil desmanteló en la Operación Guateque una trama de funcionarios del Ayuntamiento que exigía dinero a cambio de acelerar las licencias de actividad a diversos locales de ocio y restauración en dicha ciudad. De resultas de dicha operación, se detuvieron a 16 funcionarios y técnicos de dicho Ayuntamiento.[28]
- Villanueva de la Cañada: el alcalde, Luis Partida (PP), ordenó en 1997 la compra de una finca de los constructires Francisco Bravo y Francisco Bravos Vázquez, que apoyaron al 'tránsfuga' Eduardo Tamayo Barrena cuando en 2003 impidió la formación de un gobierno del PSOE en Madrid junto a María Teresa Sáez. Los constructores compraron la parcela en 268.674 euros, y meses después, el ayuntamiento en 963.349 euros. Los Bravo recibieron a cambio suelo municipal tasado en 965.899 euros, que vendieron en tres meses por 2,5 millones, según El País. En un auto de fecha 16 de enero de 2006, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Móstoles ha decidido inhibirse en favor del número 4 de la misma localidad en relación a las diligencias previas 6598/2006 iniciadas a partir de la presentación de una querella criminal de la Fiscalía Anticorrupción en relación al llamado caso Porto Rey en Villanueva de la Cañada. El motivo de la inhibición es que se ha comprobado que existe una denuncia anterior, de febrero de 2005, de Ecologistas en Acción que estaba en trámite en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Móstoles. Dicha denuncia había pasado inadvertida inicialmente para el Decanato de los Juzgados. Ecologistas en Acción denunció el 20 de febrero de 2005 una larga lista de irregularidades en el proceso de aprobación de los Planes Parciales del sector 1 “Los Pocillos” y también del sector 3 “El Castillo” de Villanueva de la Cañada. Entre ellas estaba, la recalificación de facto de montes preservados y de áreas del Parque Regional del Guadarrama, el aumento de la edificabilidad que ello comportaba y la falta de informes ambientales básicos en el procedimiento de aprobación.[29]
[editar]Región de Murcia
- Cieza: el alcalde, Antonio Tamayo (PP), ha sido denunciado por falsedad en documento público y prevaricación en relación con el 'caso Golf Benís', unos convenios urbanísticos para recalificar 270 hectáreas y construir 5.000 viviendas y un campo de golf que podrían haber beneficiado al primer edil, su nuera (propietaria de la mayoría de los terrenos) y la concejala de Urbanismo (hermana de la nuera del alcalde), entre otros. En este municipio, Greenpeace denuncia la recalificación de 20 millones de metros cuadrados para su urbanización. El alcalde, Antonio Tamayo declaró además en el Juzgado número 3 de Cieza por el denominado caso Cláufer, por la presunta concesión irregular de una licencia de ampliación a una granja porcina ilegal propiedad del jefe de Sanidad Animal de la Comunidad Autónoma, tras observar indicios de una supuesta prevaricación y tráfico de influencias. También están citados a declarar la responsable de Urbanismo y dos técnicos municipales. [30]
- San Javier: el gobierno autonómico es responsable de la construcción de un puerto deportivo de 1.000 amarres que supone un importe de 6.000 millones de pesetas. Están en marcha dos contenciosos administrativo presentados por el Ministerio de Medio Ambiente, ANSE y Greenpeace contra el Gobierno Regional, por actuar en Dominio Público Terrestre. El juez ha paralizado de forma cautelar el proyecto mientras dura el proceso. También en San Javier el PSRM-PSOE ha presentado una querella contra el alcalde de la localidad, José Hernández, del PP, por las presuntas relaciones mercantiles del primer edil con las principales promotores que construyen en el municipio.33
- Librilla: cinco personas fueron detenidas en el marco de una operación contra una supuesta trama de corrupción urbanística, en la que están implicados el ex funcionario de la Comunidad Autónoma José Luis Cano y el ingeniero de caminos Domingo Peñalver, ambos encargados de redactar el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de Librilla.[31]
- Murcia: la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia ha decidido admitir a trámite la querella presentada por el fiscal jefe del TSJ de Murcia, Manuel López Bernal, contra el ex jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento de Murcia, Joaquín Peñalver, en la actualidad en excedencia. Bernal denunciaba que Peñalver habría favorecido a varias constructoras en la valoración del suelo. Además, el Colegio de Arquitectos abrió un expediente al arquitecto municipal hace más de un año, por presunta incompatibilidad entre su puesto en la Gerencia de Urbanismo y la actividad profesional del estudio de su familia. Esta presunta incompatibilidad fue denunciada por seis estudios de arquitectos. Según un informe hecho público por el PSOE en marzo y elaborado por los colegios de arquitectos, tras hacer una valoración de la edificabilidad de uno de los convenios de la zona norte suscrito por el equipo de gobierno con las empresas Urbamur, Visionaria y Obralia, que el Ayuntamiento de Murcia dejará de ingresar en las arcas municipales más de 126 millones de euros.[32] [33]
- Totana. La Guardia Civil, detuvo a seis personas por una supuesta trama de recalificación de terrenos en dicho municipio. Entre los imputados se encuentra el ex-alcalde. Actualmente, dicho caso está en fase de instrucción sumarial.[34]
- Torre Pacheco. El alcalde de Torre Pacheco (Murcia), Daniel García Madrid, del PP, detenido, está acusado de presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, informaron fuentes de la investigación. Además, han sido llamados a declarar, en calidad de imputados, José Luis Hernández de Arce, presidente del grupo empresarialPolaris World, y Juan Marcos Fernández Ferrugia, que hasta hace un año fue el director financiero del citado grupo.[35]
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- Egüés: el ex alcalde Ignacio Galipienzo, de Unión del Pueblo Navarro (UPN), dimitió a finales de 2003 por el escándalo de un cobro de comisiones por vender a Construcciones Flores una parcela en Gorraiz que era de uso escolar y en la que la constructora quería erigir un hotel. En noviembre, el juez encargado del caso dio por cerrada la instrucción y atribuyó a Galipienzo un delito de cohecho y seis de prevaricación, e imputó a otras nueve personas.34
Publicado el día
31 Mayo 2011
por Socrates en Política, corrupción, mapas
Hay datos sobre la
corrupción en España que son contradictorios.
Por
ejemplo desde la web pro pepera llamadavotoenblanco.com nos dicen lo siguiente:
(decimos
pro pepera por sus artículos antiPSOE-ProPP y por que o bien son unos
inconscientes que no se han mirado la ley d’Hondt, o bien intentan que la gente de izquierdas voten en blanco y así favorecer al
PP en las elecciones).
<<El
fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, reconoce que el PSOE supera
al PP en corrupción al revelar que en la actualidad hay un total de 730 casos
de corrupción, entre procedimientos judiciales y diligencias de investigación,
abiertos contra partidos políticos, de los que 264 son procedimientos penales
abiertos contra cargos públicos o políticos del PSOE y 200 contra miembros del
PP.>>
<<También
hay 43 causas abiertas contra miembros de Coalición Canaria, 30 contra miembros
de Convergencia i Unió, 24 del Partido Andalucista, 20 de Izquierda Unida, 17
del Grupo Independentista Liberal (GIL), 7 de Unión Mallorquina, 5 de Esquerra
Republicana de Catalunya, 3 del Bloque Nacionalista Galego, otros 3 de PNV, uno
de ANV y otro de Eusko Alkartasuna, además de otras 67 investigaciones seguidas
contra miembros de otros partidos de implantación local.>>
Esta
noticia anterior, apareció en numerosos medios de comunicación. Desde
solosequenosenada.com hemos decidido verificarlo y nos hemos encontrado unos
datos diferentes, así que hemos decidido verificar si es verdad y sobretodo
saber qué partido es el más corrupto de España según la documentación de la
prensa.
Gracias
a las recopilaciones documentadas que realizan las webs como las siguientes,
cualquiera puede verificarlo :
- Mapa de corrupción de España en Google Maps (de
Corruptódromo). Aparece el PSOE con 128 casos de corrupción y elPP con 146 casos de corrupción)
- Ppleaks y su Mapa de corrupción del PP (más actualizado que
Corruptródomo). Aparece el PP con 177 casos de corrupción.
- PSOEleaks.com
(misteriosa web que se copió los datos de la web de Leo Bassi, se hizo
autopropaganda y desapareció).
- Entrevista a Leo Bassi (afirma que ya tienen
documentadas en su web más de 500 casos de corrupción del PP en España).
Con
las listas públicas, hemos sacado el siguiente “ranking de partidos corruptos”
en España:
- Partidos
políticos con 1 caso de corrupción: Alternativa dos Veciños, ASI, Bloc
Progresista, Centro Canario Nacionalista, ERC, GIM, IP (Independientes
Portuenses), PIL, PIM, Sineuers Independents, UC (Unión Cordobesa), Unión
Bagañeta.
- Partidos
políticos con 2 casos de corrupción: GIL, Nueva Canarias, PA, PAL, UPN.
- Partidos
políticos con 3 casos de corrupción: BNG
- Partidos
políticos con 6 casos de corrupción: Unió Mallorquina (ahora Convergencia
per Illes Balears)
- Partidos
políticos con 8 casos de corrupción: IU
- Partidos
políticos con 9 casos de corrupción: Coalición Canaria
- Partidos
políticos con 10 casos de corrupción: PAR
- Partidos
políticos con 13 casos de corrupción: PNV
- Partidos
políticos con 14 casos de corrupción: CiU
- Partidos
políticos con 128 casos de corrupción: PSOE
- Partidos
políticos con 177 casos de corrupción: PP
Mapa de corrupción política PP, PSOE y otros, en España
Ahora ponemos el mismo listado de números de casos de corrupción pero ordenado por partidos políticos, por si a alguien le interesa:
- Alternativa
dos Veciños 1
- ASI 1
- Bloc
Progesista 1
- BNG 3
- Centro
Canario Nacionalista 1
- CiU 14
- Coalición
Canaria 9
- ERC 1
- GIL 2
- GIM 1
- IP
(Independientes Portuenses) 1
- IU 8
- Nueva
Canarias 2
- PA 2
- PAL 2
- PAR 10
- PIL 1
- PIM 1
- PNV 13
- PP
177
- PSOE
128
- Sineuers
Independents 1
- UC
(Unión Cordobesa) 1
- Unió
Mallorquina (ahora Convergencia per Illes Balears) 6
- Unión
Bagañeta 1
- UPN 2
En
definitiva, el PP gana el “concurso de corruptos en España” según la
información documentada. Pero entonces…
- ¿porqué
el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido dice que “gana” el
PSOE en “causas abiertas”?
- ¿Quizás
se deba a que habla de “causas abiertas” y Corruptródomo se refiere
más a “causas comprobadas y judgadas”?
- ¿hay
alguna web “oficial” de casos de corrupción en nuestro país?
Lo que queda claro es que tanto PSOE como PP son una pandilla
organizada de corruptos.
Si
alguien conoce el motivo de la diferencia de los datos, por favor, que deje un
comentario y nos lo explique.
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